Archivo diario: 28 junio, 2012
La brecha digital sitúa a muchas personas en el «analfabetismo digital o funcional»
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha mostrado este jueves su confianza en que con la crisis actual que se está viviendo el trabajo que se lleva desarrollando desde hace tiempo para combatir la brecha digital en el colectivo de personas mayores «no venga a menos».
Así lo ha manifestado el Defensor del Pueblo Andaluz en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Sevilla Jornada ‘Personas mayores y TIC en Andalucía’, donde ha estado acompañado por la directora general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Salud y Bienestar Social, María José Rico. Chamizo ha explicado que hablar de brecha digital hace referencia a la brecha entre hijos y padres y mayores y menores.
En este sentido, ha añadido que la brecha digital sitúa a muchas personas en el «analfabetismo digital o funcional», un problema «importante» que, a su juicio, parece tener una solución porque son «las propias personas mayores quienes quieren participar y estar preparados para el uso de las tecnologías».
Chamizo ha valorado a este respecto la importancia de la red de centros Guadalinfo que la Junta de Andalucía ha desplegado por el territorio andaluz, especialmente por las poblaciones más pequeñas, donde «incluso hay que multiplicar las horas de atención».
El Defensor del Pueblo Andaluz, consciente de la crisis que se está viviendo en estos momentos, ha mostrado su confianza en «todo esto» –en referencia al trabajo en el campo de la brecha digital– «no venga a menos». Así, ha expresado que «estamos preocupados porque el sistema social pueda caerse casi entero, aunque espera que no».
Cabe recordar que abordar esta cuestión está muy presente en la agenda de la Unión Europea, que ha declarado al año 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.
La directora general de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Salud y Bienestar Social, María José Rico, ha valorado en declaraciones a los periodistas el trabajo que, desde hace muchos años, viene haciendo la Junta de manera «integral» para un envejecimiento activo. Así, ha enumerado diferentes programas e iniciativas del Gobierno andaluz en favor del colectivo de personas mayores además de la red Guadalinfo como ‘Andalucía Digital’, las aulas informáticas en centros de participación activa, Teleasistencia o Salud responde, medidas que «nos diferencia con respecto a otras comunidades autónomas».
Por otro lado y en cuanto a la relación de las personas mayores con las TIC, Rico ha señalado que desde el Gobierno andaluz queremos que «los mayores participen de manera activa de las tecnologías, no sólo apostando por los equipos informáticos, sino también con formación y ayuda».
Con la integración se evita, según Rico, que «no haya brecha digital por conocimiento o generacional, esto es, que los mayores no se sientan solos». Para ello, ha reiterado que la Junta hace un trabajo «integral» del que se benefician más de 600.000 personas mayores.
BRECHA COGNITIVA
Por otro lado, uno de los ponentes de la jornada, que cuenta con la colaboración de la Obra Social Cajasol, el presidente de la Fundación para la E-Salud (FeSalud), Julio Lorca, quien ofrecerá la conferencia ‘La brecha digital en el colectivo de personas mayores; políticas activas para la inserción digital’, ha alertado en declaraciones a los periodistas de que la mayor brecha que existe actualmente en las personas mayores es la cognitiva, por encima de la digital, en la que «vamos mejorando con el tiempo».
La brecha cognitiva, según explica Lorca, refleja la diferente en las posibilidades de acceder al conocimiento por no saber utilizar la tecnología. «Nos debe preocupar más la cognitiva que la de no acceder a los dispositivos», ha añadido.
Por otro lado, ha apuntado que existe «una brecha territorial», si bien, ha valorado la labor por contrarrestar este factor de la Junta y la red Guadalinfo, un trabajo «excelente por el que hay sentirse orgullosos». El informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las personas mayores y las TIC, según Lorca, refleja que el factor territorial «no es el más influyente, sino el factor edad».
El Gobierno quiere priorizar la atención a los grandes dependientes frente a los leves
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguiendo un argumentario según el cual, el sistema es ineficaz y hay que modificarlo para, entre otras medidas «priorizar la atención a los más dependientes». La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo –CC.AA y ministerio–, a primeros de mes.
El documento para la «reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia», al que ha tenido acceso Europa Press, expone seis razones por las que «se proponen mejoras» y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de reuniones «a distinto nivel» que arrancarán esta semana, según fuentes de este departamento.
No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro, según fuentes consultadas por Europa Press, se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los Grandes Dependientes (Grado III) y los Severos (Grado II).
Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma que «debe priorizarse la atención de los más dependientes», ya que «es un principio recogido en la Ley de Dependencia» y «más del 50%» de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III. Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.
En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, estos «se ha convertido en la regla general» y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. «El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla. La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos», asegura el ministerio.
Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha venido hablando de la necesidad de simplificar la gestión. En esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que «no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración» ni «en la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia», así como se da una «falta de adecuación entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y prestaciones que reciben».
2.700 MILLONES MÁS DE LOS PREVISTOS
Además, Sanidad considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades autónomas «no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios» ya que las que en estos cinco años, las que han desarrollado una mejor atención «no son las que más fondos han recibido» en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un «desfase» entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.
En cuanto al empleo, el Gobierno afirma en este documento que «no se han cumplido las expectativas de empleo que se anunciaron». Así, expone que las afiliaciones al Régimen de la Seguridad Social de profesionales en el sector de los Servicios Sociales han pasado de 70.546 altas en 2007 a 8.034 bajas en 2011. Por otro lado, apunta a que las altas de cuidadores familiares han sido entre 2007 y 2011 de 174.133. «Todas estas cuotas han sido abonadas con cargo a los PGE, habiendo generado un gasto total de 1.047 millones de euros», argumenta.
LA REFORMA «INTEGRAL» QUE ENVÍA A BRUSELAS
El pasado 30 de abril, en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas, donde detallaba reformas en varias áreas, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) no quedaba exento de futuras modificaciones. Si bien planteaba un nuevo aplazamiento hasta 2014 de los dependientes ‘moderados’ o leves, también anunciaba una reforma «integral» del sistema con el objetivo de «garantizar su sostenibilidad».
Asimismo, planteaba avanzar en la «aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema», es decir, el ‘copago’, mediante un desarrollo «coordinado» de la normativa de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la ley.
El Gobierno señalaba su intención de revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales –familiares de los dependientes, en su mayoría–, cuyas cuotas son abonadas por la Administración General del Estado (AGE), y avanzaba la posibilidad de examinar las cuantías de las ayudas económicas previstas en el sistema, superiores a la asignación de servicios.
