Los colectivos de discapacitados de la provincia de Castellón se enfrentan a un futuro “incierto” y “preocupante” debido al nuevo modelo de financiación que quiere poner en marcha la Conselleria de Bienestar Social. Por tanto, a los impagos que padecen estas asociaciones por parte del Consell, que les adeuda más de dos millones de euros, se añade ahora la incertidumbre a causa del recorte de subvenciones anunciado para este año por el departamento de Asunción Sánchez Zaplana, que no descarta incluir el temido copago a estos servicios.

Está previsto que hoy la Conselleria ponga encima de la mesa sus intenciones, cifre el recorte previsto y clarifique si los discapacitados van a tener que pagar más por recibir atención. Será la directora general de Bienestar Social, Pilar Collado, la encargada de comunicar esta tarde a los discapacitados todos estos aspectos. La reducción se prevé que sea del 5%, aunque no se descarta que pueda ser mayor. “Para los centros más grandes esto supone una disminución importante, que puede perjudicarles mucho”, indicó el presidente de Afanías Castellón, Juan Bru.

En este sentido, Miguel Benages, presidente de la plataforma Cermi Castellón, que aglutina a 12 colectivos de discapacitados de la provincia, espera que el recorte sea mínimo. “Nos gustaría que no tocasen nada, pero si nos quitan parte de la ayuda, al menos que nos la paguen, no como ahora, que arrastramos un impago insostebible”, señaló Benages, quien exigió a Bienestar Social subsanar la deuda. Por su parte, la Conselleria sigue sin pronunciarse sobre cuándo prevé pagar.

COPAGO // Otro de los puntos que plantea este nuevo modelo de financiación es el que hace referencia al copago. Y es que, aunque aún no haya fecha para su entrada en vigor, el Gobierno autonómico abre la puerta a aplicar un sobrecoste a los discapacitados. Así, se estudia restar de la ayuda total lo que pagan los usuarios, es decir, si ahora al mes una familia paga 145 euros por una plaza en un centro de día para discapacitados, la Conselleria restaría esta cantidad de la subvención. “Si nos descuentan estas cantidades, los ingresos se reducirán y las prestaciones mermarán en detrimento de los usuarios”, apuntó a este periódico el presidente de Afanías en Castellón. Actualmente, Bienestar Social sufraga el 80% de los fondos de estos colectivos, mientras que el 20% restante procede de la aportación de las familias y de donaciones.

MEDICAMENTOS // Los impagos y el miedo al copago en los servicios no son los únicos frentes abiertos. UGT anunció ayer que denunciará ante el Síndic de Greuges que los discapacitados tengan desde el pasado día 1 que sufragar parte de los medicamentos, después de que la Generalitat haya decidido eliminar la gratuidad en la prestación farmacéutica para este colectivo. A este respecto, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, explicó ayer que el hecho de que deban pagar parte de los fármacos es una exigencia que viene marcada desde el Gobierno central y que debían aplicar este punto “sí o sí”.

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