Archivo diario: 26 febrero, 2013
Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica, para que este derecho no esté «al albur de los presupuestos generales del Estado» cada año.
«Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha querido revisar», recalcó Marcos para luego matizar: «Sin garantía financiera no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos», ha recaldado durante su comparenencia ante la Comisión en las Cortes, en la que también ha puesto de manifiesto que en estos años, por cada cinco euros aportados por la Comunidad a la Dependencia, «el Estado sólo ha puesto uno«.
En una intervención en la que ha hecho balance de la aplicación de la ley desde que se aprobó hace seis años, Marcos ha demandado también al Ejecutivo que simplifique la tramitación. «Queremos dedicar más esfuerzo a las personas, no al papeleo«, ha indicado, tras subrayar que «no existe procedimiento tan complicado en toda la administración».
«Estabilizar la financiación» es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo, al mismo tiempo que recordó que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros. Por su parte, en 2012, la Junta destinó 367,6 millones y recibió del Estado 107, es decir, 130 millones de euros menos de lo previsto.
La consejera invitó a la oposición a «sumarse» a estas propuestas, aunque no lo hayan «querido hacer en otros momentos», ya que «es la única forma de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años», cuando se aprobó la Ley, «siga como lo está aún hoy, al albur de los presupuestos de cada año».
En su repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, Milagros Marcos recordó, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, que ésta nació con un «insuficiente y lento desarrollo normativo por parte de la Administración General del Estado», lo cual «impedía en la práctica su aplicación efectiva», y que desde sus orígenes estuvo lastrada por «un complejo sistema de financiación».
La dueña de un geriátrico, acusada de estafa, alega que los ancianos le cedían propiedades «a cambio de servicios»
La dueña de un geriátrico de Outes (La Coruña) acusada, junto con su marido e hijo, de estafa continuada, niega haberse aprovechado de la «debilidad mental» y «dependencia emocional y económica» de los ancianos que estaban a su cargo para obtener varios bienes inmuebles y afirma que las cesiones se realizaron «para pagar los servicios» de la residencia.
Al juicio que se celebra en la Audiencia provincial se han llevado cuatro casos concretos en los que los ancianos, a través de cesiones o de contratos de compraventas ficticios, cedían varios bienes inmuebles a la propietaria del centro geriátrico en el que residían.
Sin embargo, durante la sesión, la acusada ha señalado que atendió y cuido a los ancianos para que «llevasen una vida digna» y ha asegurado que si los residentes hicieron testamento a su favor fue porque los hijos no hacían frente al pago de la residencia o sus pensiones no llegaban.
«Los servicios hay que pagarlos y lo pagaron con lo que tenía», ha afirmado durante el juicio en el que, en varias ocasiones, declaró que las cesiones se realizaron «a cambio de servicios» y que en ningún momento se aprovechó de los ancianos. «No me interesaba comprar las propiedades», ha dicho.
«NO SOMOS CRIMINALES»
Así, durante el juicio, se ha referido al caso concreto de una anciana que debía 4 meses de pago de la residencia y sus hijos «no hicieron frente al pago». Según ha relatado, llevaron a la anciana, que «quería pagar sus deudas», al notario donde se realizó un contrato vitalicio por el cual cedía sus bienes a cambio de que la cuidasen.
Asimismo, la acusada de quedarse con los bienes de los enfermos ha señalado que los ancianos vivían en el centro «como nunca antes lo habían hecho». «No somos criminales, aunque nos han puesto como eso», ha dicho antes de asegurar que «nunca echaría a un anciano a cambio de dinero».
La Fiscalía acusa al matrimonio y a su hijo de estafa continuada y pide para ellos una pena de 4 años y 9 meses de prisión, una indemnización para las familias de los ancianos de cerca de 200.000 euros y una multa de 1.800 euros. El juicio está previsto que se prolongue hasta el jueves.
El 16,8% de los pensionistas renuncia a alguno de sus medicamentos tras el nuevo copago
El nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el pasado mes de julio obliga a los pensionistas a pagar por sus medicinas cuando antes las adquirían gratis, lo que ha hecho que hasta un 16,8 por ciento hayan renunciado a alguno de los medicamentos prescritos por su médico.
Así se desprende de los resultados de un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que también ha mostrado como hasta un 58,29 por ciento de quienes consumían alguno de los más de 400 medicamentos que el Ministerio de Sanidad desfinanció en septiembre ya no los consumen.
El estudio, que se ha basado en 992 encuestas a pensionistas realizadas en diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid, ha analizado durante noviembre y diciembre el impacto del copago del 10 por ciento del precio de los medicamentos que ahora tiene que abonar este colectivo en las farmacias.
Esto ha hecho que de no pagar nada hayan pasado a gastarse una media de 11,18 euros mensuales, teniendo en cuenta los topes de 8 o 18 euros mensuales establecidos en función de la renta (8 euros para pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales y 18 para rentas superiores).
Esto ha propiciado que hasta un 16,87 por ciento de los pensionistas hayan dejado de utilizar alguno de los medicamentos prescritos, algo «más habitual en las personas con menos recursos», según ha explicado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP.
De hecho, entre los pensionistas cuya renta por persona de la unidad familiar era inferior a 400 euros uno de cada cuatro (27,29%) renuncia a sus medicinas para no tener que pagarlas.
Asimismo, el estudio también revela como hasta el 60 por ciento de los pensionistas consumía uno o varios de los medicamentos excluidos de la financiación pública, de los que sólo un 41,6 por ciento los siguen utilizando, lo que les cuesta una media de 7,06 euros al mes.
Entre el 58,29 por ciento que ha dejado de usarlos, no obstante, no se especifica si estos pacientes han sustituido estos fármacos por otros sí financiados.
HAY CIUDADANOS QUE PAGAN UNOS FÁRMACOS Y OTROS NO
El estudio muestra además que hay un pequeño porcentaje de los pacientes que han dejado de tomar medicamentos «considerados de mayor utilidad terapéutica» por el copago que, en cambio, sí consumen medicamentos desfinanciados para síntomas menores.
Sánchez Bayle ha defendido que estos datos eran «esperables» y critica que el Ministerio de Sanidad hable de una reducción del gasto farmacéutico. «No se ha reducido realmente el gasto, sino que este se ha trasladado a los bolsillos de los pensionistas», ha censurado.
Además, el portavoz de la FADSP teme que el porcentaje de pacientes que renuncian a sus medicinas puede aumentar en los próximos meses a medida que se vayan implantando otros copagos, como los del transporte sanitario no urgente, las prótesis o los productos dietoterápicos, que «harán que muchos ciudadanos tengan que elegir pagar una cosa u otra».
«Esto tendrá efectos en su salud a largo plazo, ya que la suspensión de los tratamientos prescritos producirá un empeoramiento de las enfermedades de base, una descompensación de las mismas e incluso un aumento de la mortalidad», ha concluido.
