Archivo diario: 28 marzo, 2013
La renta familiar cae a niveles del año 2001, el 6.4% de españoles al borde de la exclusión
La crisis y los recortes están golpeando con tal dureza a la sociedad española que las rentas se han desplomado a niveles de hace diez años. Ya hay tres millones de personas en una situación de pobreza extrema, la antesala de la exclusión. Y la capacidad adquisitiva, 18.500 euros de promedio por español en 2012, es inferior a la del año 2001. Los detalles de este retroceso los presentó ayer Cáritas en un informeque habla de una década perdida.
El escenario que dibuja el estudio Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas 2013, elaborado por la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) a partir de diferentes fuentes oficiales, es de una situación de dureza sin precedentes recientes, según la entidad humanitaria. El descenso en la cantidad de dinero que manejan las familias obedece al efecto combinado de la caída de los ingresos (un 4%) y la subida de los precios (10%). Y se traduce en un empobrecimiento que “avanza a la carrera”, añade Carlos Susías, de la Red Contra la Pobreza y la Exclusión Social España (EAPN). Especialmente entre los más desfavorecidos. “Es una verdadera barbaridad la evolución de los últimos años”.
El retroceso de los ingresos afecta de forma especialmente cruenta a las rentas más bajas, una categoría que no deja de reclutar ciudadanos. El 21,8% de los españoles vive en pobreza relativa —en 2008 la tasa estaba en 19,6%—. Son 10 millones de personas. Este índice (que fija Eurostat) corresponde al 60% de la mediana de la renta nacional. Es decir, una persona es pobre si vive con menos de 7.300 euros anuales. Por cada adulto que se suma a la unidad familiar, habría que incluir la mitad de esta cantidad, y un 30% por hijo. De esta forma, una pareja con dos hijos está por debajo del umbral de la pobreza si cuenta con menos de 15.330 euros para pasar el año.
La situación de pobreza severa (30% de la renta mediana, 3.650 euros anuales) también crece, y ya alcanza al 6,4% de la población —4% en 2008—. En total, unos tres millones. Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este último dato es especialmente preocupante. La pobreza extrema es el peldaño anterior a la exclusión social. “Recuperar a estas personas exige una media de 10 años de una intensa intervención social, y esto supone un enorme coste humano y de recursos”, añade este especialista en servicios sociales.
Hay datos sobre los que el informe presta especial atención. Por ejemplo, el que indica que un 38% de los hogares monoparentales con un hijo o más vive por debajo del umbral de pobreza y el 11,7% de pobreza extrema, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2011. O que el porcentaje sea similar (48% bajo el umbral de pobreza) en el caso de familias con dos adultos y tres hijos a su cargo. “No hay que olvidar que la pobreza es el acelerante que lleva a la exclusión”, insiste Susías, “y que esta es mucho más compleja de combatir”.
Hasta hace un año, los informes Foessa, destinados a diseccionar la realidad social del país, no tenían una periodicidad fija. Tras el de 2008 se elaboró el de 2011. Sin embargo, dada “la velocidad de la evolución” de la crisis, sus responsables decidieron no dejar pasar más de 12 meses antes de volver a tomar el pulso de la situación, explicó ayer el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, durante su presentación. “Si el anterior informe revelaba que la pobreza en España era más intensa, más extensa y más crónica, hoy se puede decir que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión”, añadió Mora.
Una de las consecuencias de la crisis y el desempleo es el intenso incremento de la miseria. Otra, “el aumento sin precedentes de la desigualdad de su distribución” en la sociedad. Desde 2006, los ingresos de las personas con menos recursos han caído año tras año un 5% mientras en los hogares más acomodados la tendencia ha sido la inversa. El resultado de ello es que desde el inicio del hundimiento económico, en 2007, la diferencia entre los más ricos (el 20% de personas con mayores rentas) y los más pobres (el 20% con menos ingresos) ha aumentado un 30%.
Esta es la sombría fotografía de la crisis hoy en día. Pero el futuro, una vez vayan desapareciendo los nubarrones y repunte la actividad económica, podría ser igual de malo o incluso peor para los ciudadanos más desprotegidos. Cáritas advirtió que la contundencia y la multiplicación de los recortes sociales están sentando las bases para que el impacto de la crisis se cronifique entre los más desfavorecidos. Y que los “ajustes en bienes básicos, la reducción de prestaciones sociales y la exclusión de grupos de ciudadanos de servicios elementales” pueden convertirse en un obstáculo insalvable a la hora de sacar de la pobreza a la legión de ciudadanos que han quedado atrapados en ella. “Los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer una ruptura definitiva para los más pobres”, insiste el informe. “Corremos el riesgo de abandonar a su suerte a las personas más desprotegidas”, concluyó Sebastián Mora.
La Comunidad de Madrid exige el 25% de su pensión a ancianos que cobran 360 euros al mes para que puedan conservar su plaza en pisos tutelados
En el acogedor apartamento de Ildefonso Gallardo, una docena de pensionistas se reúne una tarde. “Me llamo Ada Romo, pero sin hache, porque si fuera un hada cogería mi varita y me pondría a arreglar todo lo que está mal”, se presenta una de las asistentes. Ada, Gisela, Reina, Héctor, Magdalena, Isabel e Ildefonso son algunos de los 135 ancianos que viven en los pisos tutelados que la Comunidad de Madrid tiene en Leganés, destinados al alojamiento y supervisión de las personas mayores que carecen de una casa adecuada donde vivir.
Ninguno de los presentes es menor de 65 años y todos viven entre el temor y la indignación desde que supieron que a partir de abril tendrán que pagar el 25% de su renta para continuar viviendo en este centro. Ellos y el resto de los 595 usuarios de los seis edificios que mantiene el Gobierno regional pagaban, hasta ahora, solo lo que gastasen de luz, agua y gas: unos 100 euros al mes.
La mayoría cobra pensiones de entre 300 y 400 euros, pero tras aplicarles una nueva tasa aprobada por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012, les quedará unos 200 para pagar sus gastos de comida, higiene, limpieza, ropa, transporte o medicamentos. “Ya no podré ni darme el gusto de comprar un jersey porque no me va a quedar nada”, lamenta Ada, que tendrá que pagar 80 euros de una pensión de 370 con la que se mantienen ella y a su marido.
La Consejería de Asuntos Sociales asegura que los gastos del suministro (luz, agua, calefacción…) irán a partir de abril incluidos en la nueva tasa, pero estos ancianos afirman no haber sido informados de ello. “Al contrario, yo le he preguntado a la directora del centro y me ha dicho que le extraña mucho”, precisa Ildefonso. Tiene 77 años y vive en un apartamento individual. Antes de jubilarse fue guía turístico, habla cinco idiomas y ha trabajado en España, Suiza y Alemania. “En Canarias ganaba bien, pero en 1979 mi madre se puso enferma y me tuve que volver a Madrid”, recuerda.
Desde entonces, solo pudo ganarse la vida haciendo trabajillos de traducción que cobraba en negro. Ahora dispone de una pensión no contributiva de 364 euros. Al restar los gastos y desde el 1 de abril, 106,94 euros más por el piso, de 40 metros cuadrados, le quedarán algo más de 150 euros para comer.
La horquilla de la tasa se sitúa entre un 15 y un 25% en función de los ingresos de cada usuario y de si ocupan un piso con otra persona o en solitario. A Ildefonso le toca el porcentaje máximo porque vive solo y cobra más de 320,19 euros. Este pensionista denuncia la falta de transparencia de la Comunidad porque, calculadora en mano, demuestra cómo le cuentan las 14 pagas anuales para luego dividir el total entre 12 meses, con lo que al final abonará un 29% de su sueldo. “Me salen 91,24 euros pero me han dicho que tengo que pagar 106”. El resto de sus compañeros también abonarán el 25%.
“Lo único que hacemos es equiparar este servicio con el que da el Ayuntamiento, que cobra un precio público desde que lo puso en marcha”, indica una portavoz de la consejería. También recuerda que estas personas no son dependientes y que pueden buscar “otras opciones para vivir” si no están conformes.
Las más combativas son Reina Fernández y Gisela Nodarce, dos cubanas que no pueden ser más distintas y más iguales. La primera, de 73 años, es rubia y de piel rosada —“es que soy hija de asturianos”, dice— y la segunda es mulata y tiene 76. Cobran los poco más de 300 euros de la Renta Mínima de Inserción, y con su inconfundible acento insisten en que no podrán afrontar otro gasto. “Tengo hepatitis C y la glucosa alta, solo puedo tomar una alimentación especial en la que me gasto unos 200 euros al mes, por no hablar de los medicamentos”, relata Gisela. “No nos negamos a pagar una tasa, pero el 25% es demasiado”, completa Reina. “Si fuera un 10% podríamos asumirlo, o si nos incluyeran los suministros”. Ahora esperan que la Comunidad les diga cuándo tienen que dejar su piso.
Los mayores también denuncian con unanimidad presiones de la dirección para firmar los impresos y un procedimiento que consideran una intromisión en su intimidad. Aseveran no haber recibido ninguna información oficial de la consejería. “Podrían enviar una carta como hacen cada año para saber si seguimos vivos”, reprocha Ada. En vez de eso, se enteraron por la directora de los pisos, que no forma parte del personal de la Comunidad de Madrid sino de Eulen, la subcontrata que gestiona el centro. “Nos ha llamado uno a uno a su despacho y nos ha pedido las cartillas para ver nuestro número de cuenta”, advierte Ildefonso. Sus 11 compañeros le dan la razón y se preguntan por qué deben mostrar sus datos bancarios a la empleada de una empresa privada cuando ya aportaron información sobre su renta a la Comunidad al solicitar su plaza.
Según explican estos mayores, una vez en el despacho, la directora les entrega un impreso que informa de los baremos y que avisa de que “la negativa dará lugar a la perdida de condición de usuario”. “La directora nos dice cuánto tendremos que pagar una vez que firmamos, y eso es todo, yo tengo copia del documento porque lo pedí”, dice Ildefonso, al tiempo que señala su fotocopia con el importe que le toca abonar apuntado a bolígrafo en una esquina del folio. Preguntada por este procedimiento, la consejería detalla que Eulen hace la gestión y que ellos supervisarán los datos que reciban, y recomiendan a los mayores pedir copia de todo y resolver sus dudas en la Dirección General del Mayor.
Al día siguiente de la reunión, Ildefonso está apesadumbrado. La directora le ha llamado a capítulo por haber realizado el encuentro en su piso con tanta gente y con una periodista, pese a que el reglamento permite las visitas de amigos y familiares de 10 de la mañana a 10 de la noche. “Dice que he cometido una falta grave y que espera que la Comunidad no tome represalias”. La directora se niega a hablar con EL PAÍS. “Los residentes de los pisos y yo no podemos hablar con la prensa sin permiso de la Comunidad”, espeta antes de colgar. Asuntos Sociales aclara que solamente la directora del centro es quien no está autorizada a hablar.
Ese día, Ildefonso acude al Defensor del Pueblo a pedir ayuda. “Sabemos que no vamos a sacar nada, pero vamos a luchar por nuestros derechos y supervivencia. Quieren ponernos un bozal, pero no lo van a conseguir”.
