Archivo diario: 2 octubre, 2013
Las personas mayores, en «grave riesgo» de «pobreza y marginalidad» por la crisis
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha advertido del «grave riesgo» que sufren las personas mayores de caer en situaciones de «pobreza y marginalidad» por los efectos de la crisis económica, agravados por los recortes y medidas como el copago farmacéutico y sanitario, la reducción de ayudas a la dependencia y la pérdida de poder adquisitivo que, a juicio de la organización, «previsiblemente» se producirá como consecuencia de la reforma de las pensiones.
Con motivo del ‘Día Internacional de las Personas Mayores’, que se conmemora este martes, la unión de asociaciones ha recordado que el colectivo de personas mayores representan el 17,4 por ciento de la población total española –según los datos del INE publicados en 2012–, lo que supone que son más de 8 millones de personas.
«Un día como hoy, no hay muchos motivos para la celebración», según ha indicado la presidenta de UNAF, Teresa Blat, que ha subrayado que «los derechos más básicos de las personas mayores no están siendo garantizados» y ha reclamado que el colectivo «sea un grupo prioritario de atención por parte de los poderes públicos».
En este sentido, ha pedido además que, para ello, se tomen medidas para «continuar avanzando hacia su reconocimiento social, su derecho a la participación y, en definitiva, su plena ciudadanía».
Por otra parte, Blat ha alertado de la posibilidad de que, debido a las situaciones de vulnerabilidad a que se ve expuesto el colectivo y al «progresivo» envejecimiento de la población y de su situación de dependencia tanto funcional como emocional, las personas mayores corren el riesgo de «convertirse en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir situaciones de abuso y malos tratos».
Por todo ello, ha reiterado su petición a las administraciones públicas para que destinen recursos y desarrollen medidas para proteger a las personas que forman parte de este colectivo y, por lo tanto, son susceptibles de sufrir situaciones de pobreza, violencia o marginalidad.
Las residencias de mayores del sector social denuncian impagos por parte de siete comunidades autónomas
La Federación Lares, que representa a las residencias para mayores y dependientes gestionadas por entidades sociales –fundaciones, Cáritas y ONG–, denuncia en su último informe que hasta siete comunidades autónomas acumulan «grandes bolsas de deuda» con los centros residenciales por el impago de las plazas residenciales que tienen concertadas y que mantienen reservadas, se ocupen o no.
El nivel más «crítico» se da en Andalucía, donde la deuda supera los 14 millones de euros sólo para los centros de Lares y el pago de plazas, que debería abonarse a los treinta días, se está ejecutando con retrasos de hasta 4 meses. Para poder seguir funcionando, los centros han tenido que solicitar a los bancos anticipos de las facturas emitidas a la Junta, con un interés del 4%, así como pólizas de crédito.
En esta región, casi el 14 por ciento de las plazas concertadas con los centros Lares están vacantes y desde julio de 2012 «sólo se reponen las plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos», mientras las valoraciones están «prácticamente paralizadas y cuando se realizan reflejan índices a la baja». «El sistema está prácticamente paralizado, siendo los más afectados los usuarios sin acceso a los recursos que necesitan», explica el informe.
En Baleares, el nivel también se considera «crítico» en el informe. «Hay una importante deuda acumulada de 340.000 euros del impago de las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza (única de Lares con plazas concertadas) desde el 2011 y hasta mayo de 2013», explica la organización, para incidir en que ha sido necesario contratar una póliza de crédito de 500.000 euros. El peso de esta deuda puede «hundir» el centro.
RIESGO DE DESAPARICIÓN EN CANARIAS
En la misma línea, las Islas Canarias, con un nivel igual de «crítico» por el adeudo de hasta siete meses de plazas concertadas a los centros residenciales más pequeños. «Es este un volumen muy importante para su dimensión empresarial», explica el informe, para incidir en que, también en este caso, la deuda se soporta con la suscripción de pólizas de crédito «que conllevan intereses importantes».
«Así las cosas las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer: En la actualidad los mayores atendidos en ellas no llegan a las 100 personas y mientras, el diálogo con las Administraciones es absolutamente deficiente», dice el informe sobre Canarias, donde, según afirma, «la Ley de Dependencia está totalmente paralizada».
Mientras, en la Comunidad Valenciana, los centros aún no se han recibido los importes correspondientes al 2013, es decir, el 60% del importe de las plazas concertadas, y se acumula una deuda «importante». Por un lado, los centros asociados a Lares de titularidad municipal tienen pendiente desde 2012 recibir 270.000 euros. Por otro, se adeuda a todos los centros 5,5 millones de euros por las plazas concertadas desde enero del 201) y 527.000 euros de subvenciones para equipamiento desde 2010.
Asimismo, en Castilla La Mancha se deben entre 3 y 4 meses tanto en los conciertos como en las residencias que funcionan por convenio, aunque está previsto que se salden con los mecanismos de pago a proveedores que están en marcha. En Extremadura, por su parte, las plazas se pagan en un plazo de dos a tres meses y se acumula una deuda actualmente de 12.000 euros, y en La Rioja, donde los pagos son a 90 días, se acumulan 3 meses de retraso, según el informe.
PLAZAS VACANTES, DEPENDIENTES INFRAVALORADOS
«La crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes», señala Lares, Lares, que agrupa a más de 950 entidades en las 17 comunidades autónomas.
En este sentido, denuncia que la reforma de la Ley de Dependencia por la que se suprimieron los niveles intermedios que se utilizaban para clasificar la situación de la persona necesitada de atenciones, ha desembocado en «una extendida tendencia a la baremación a la baja» por lo que un beneficiario con gran dependencia es catalogado, por ejemplo, con un grado medio y quien estaba en esta situación, a su vez, puede ser considerado moderado.
Lares sostiene que esta medida «provoca que los centros perciban importes inferiores al coste de la atención real que prestan» a los dependientes que están ingresados en ellos. «En Aragón, por ejemplo, apenas hay mayores valorados con el Nivel III (Gran Dependencia)», explica el informe.
Otro de estos «desajustes» que señala la organización es la desocupación de plazas residenciales por la falta de reposición de los dependientes que fallecen. Según explica el informe, en Aragón el 46% de las plazas concertadas en centros Lares está vacante y las plazas por defunción no se cubren desde el 2010. Mientras, las plazas vacías en Andalucía son el 14% y no se producen reposiciones desde julio de 2012.
Asimismo, refiere una «bajada o congelación extendida en los precios de las plazas concertadas», aunque las Administraciones muestran cierta tendencia a flexibilizar parámetros como ratios de personal y de servicios que ayuden a los centros a soportar estas bajadas de precios. En algunas comunidades, en cambio, los precios de las plazas concertadas han subido ligeramente como es el caso de Asturias (1%) y Euskadi con un porcentaje cercano al 5%.
Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».
Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.
El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.
Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.
A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.
Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.
22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.
En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.
También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno, se ha «renegociado» el contrato y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.
14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER
Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.
Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.
El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.
