Archivo diario: 7 octubre, 2013
AERTE explicará la última normativa sanitaria de la Comunidad Valenciana aplicada a los centros de dependientes
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes, AERTE, continuando con sus iniciativas de formación, impartirá en su sede el próximo 11 de octubre un nuevo módulo formativo en el que se abordará la normativa sanitaria de la Comunidad Valenciana surgida en el último año.
De seis horas de duración, el curso, dirigido a directores y personal de centros de servicios sociales, analizará con detenimiento normativas como el Decreto Ley 2/2013 y el Decreto 94/2010, comparadas con las existentes en otras autonomías, y su aplicación real en las residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio. Además, abordará la sanidad transfronteriza.
El curso será impartido por Juan F- Peris, Doctor en Farmacia por la Universidad de Valencia y actualmente jefe del Servicio de Farmacia del Centro Sociosanitario la Cañada (Valencia) y María José Mira, Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, directora de AERTE.
AECAS promueve actividades que fomenten la movilidad y menús que potencian la hidratación para evitar el estreñimiento crónico en los mayores
El porcentaje de personas afectadas por estreñimiento crónico se duplica en el grupo de edad comprendido entre los 65 y 75 años.
Tras el buen resultado de los programas de fomento de la hidratación en mayores y dependientes del periodo estival, los centros de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas inician una nueva campaña orientada a mejorar la calidad de vida de los usuarios y reducir la incidencia del estreñimiento crónico en este colectivo.
La reducción de las terapias de exterior y los cambios de temperatura provocan también una reducción de la movilidad y la actividad física de los mayores dependientes que no siempre puede contrarrestarse con las sesiones de rehabilitación, gimnasia y actividades acuáticas, por ello, éstas se refuerzan con la incorporación en los menús de alimentos que potencien la hidratación y las calorías en paralela al cambio de la temperatura, así como propuesta de ocio con monitores y animadores para incentivar la movilidad.
El objetivo de estas actividades es combatir patologías derivadas de la circulación o el estreñimiento crónico, un problemas cuya incidencia en mayores es cinco veces superior que en los adultos jóvenes, especialmente a partir de 64 años de edad.
En la mayoría de los casos, esta patología se puede prevenir modificando los hábitos alimenticios y con programas de ejercicio suave, si bien, cuando el diagnóstico es de estreñimiento crónico, la solución es farmacológica, por lo que en los centros de Aecas se trabaja para reducir la incidencia de esta patología, evitando la ingestión de laxantes y medicamentos que pueden provocar a largo plazo que se convierta en un problema crónico.
Así, se realiza un seguimiento de los usuarios de los centros para detectar posibles síntomas como pasar más de 3 días entre cada evacuación, evacuar menos de 3 veces por semana, o si experimenta dificultad o dolor al defecar heces endurecidas, cuestiones que pueden reflejar un problema de hidratación o trastorno alimenticio previo, pero que pueden derivar en una situación crónica.
Calidad de vida
Hay que tener en cuenta que el porcentaje de personas afectadas por estreñimiento crónico se duplica en el grupo de edad comprendido entre los 65 y 75 años, afectando a su calidad de vida, entorpeciendo su desarrollo social y la capacidad para realizar actividades diarias.
Por ello, los cerca de 100 recursos socio-sanitarios que dispone la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas en la Comunidad valenciana promoverán desde el próximo 1 de octubre nuevas actividades de ocio que fomenten la movilidad, al tiempo que se refuerzan los menús específicos de cada usuario con productos que aporten mayor hidratación. En total, se aplicará este nuevo programa a cerca de 9.000 mayores y personas en situación de dependencia, más del 40% del total de mayores que viven en centros socio-sanitarios en la Comunidad Valenciana.
Dpto. de Prensa: José Antonio Giménez • comunicacion@centrosaecas.com • t.627760487
‘Minusválidos’ en los Presupuestos Generales del Estado
El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo «minusválido» para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo «minusválido» hasta en siete ocasiones y habla de «discapacitados» en otras tres, en lugar de utilizar la expresión «persona con discapacidad», establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.
La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que «las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad», prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.
Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión «minusválido» en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse «de Discapacidad».
El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones «minusválido» y «minusvalía» en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 «debido a su connotación peyorativa». El organismo reconocía así que las palabras «pueden estigmatizar y etiquetar» a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.
La CIF decidió utilizar el concepto de «discapacidad», en tanto que «se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada ‘condición de salud’ y sus factores contextuales (ambientales y personales)», tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión «grado de minusvalía» en favor de «grado de discapacidad».
Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de «persona con discapacidad».
«EL LENGUAJE REFLEJA LA ACTITUD»
Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor».
«Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud», añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que «las leyes están para cumplirlas» y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que «tiene un carácter peyorativo y de desprecio». El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en «un incumplimiento claro», conforme ha señalado.
Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, «y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo». «Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante», ha añadido.
Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra «discapacidad», como «diversidad funcional». «Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos», ha añadido.
La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como «incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.». Discapacitado, por su parte, sería aquella persona «que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas».
El PP pide regular la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes
El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que regule la cualificación profesional de los asistentes de personas dependientes pues considera que actualmente hay un vacío legal.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP advierte de que la cualificación profesional del personal asistente «carece de perfil profesional con reconocimiento oficial», un «vacío legal» que a su juicio está impidiendo la extensión de esta figura entre personas con discapacidad. «Se está produciendo una situación de inseguridad jurídica y laboral, que influye en las escasas contrataciones realizadas», sostiene.
La Ley de Dependencia determina que el personal asistente «realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente» y prevé una retribución para que las personas dependientes puedan contratar un asistente que «facilite al beneficiario el acceso a la educación y el trabajo».
Sin embargo, según datos de abril de este año sólo un 0,13% de las personas dependientes con prestación la utilizaban para contratar asistencia personal, casi todas en el País Vasco.
UN VACÍO LEGAL QUE FRENA LA CONTRATACIÓN
Para el PP, ese vacío legal hace que las personas que se dedican profesionalmente a las tareas de asistencia se encuentran en un régimen de trabajo «que no es acorde con su desarrollo laboral diario, ya que tienen que acogerse a convenios profesionales dentro del sector que no se ajustan a su perfil de trabajo».
«De este modo se propician situaciones contradictorias y difíciles de resolver tanto por parte del empleado como del empleador –añaden–. Por ese motivo es necesario regular la figura del asistente personal para que así puedan disponer, tanto los trabajadores como las personas con discapacidad que quieran contratarles, de un marco legal específico tanto en el ámbito jurídico como laboral».
