Archivo diario: 21 octubre, 2013
Casi un tercio de los ancianos en España tiene diabetes y el 40% están sin diagnosticar
Casi un tercio de los pacientes mayores de 75 años tiene diabetes, especialmente las mujeres, y cerca del 40 por ciento de los casos no están diagnosticados, según ha alertado el coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Ricardo Gómez Huelgas.
No obstante, a pesar de la elevada prevalencia, los expertos aseguran que el tratamiento de este grupo poblacional ha recibido escasa atención y que existe una carencia de ensayos clínicos específicos sobre el riesgo-beneficio del tratamiento antidiabético intensivo a largo plazo.
Por tanto, mejorar la calidad en el cuidado de este tipo de pacientes es una de las preocupaciones actuales de los especialistas, así como optimizar el uso de los recursos diagnósticos y los tratamientos para los ancianos con diabetes.
Con estos objetivos, cerca de 70 internistas especialistas en diabetes, hipertensión arterial y dislipemias se han reunido en Valencia en el encuentro ‘Choosing Wisely in Management of Cardiometabolic Risk in the Elderly Patient’. Las conclusiones de la reunión, organizada por la Alianza Boehringer Lilly en Diabetes junto con la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), se van a recoger en un documento de consenso en forma de recomendaciones para el tratamiento del anciano con diabetes.
«Dada la alta prevalencia de la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular y el incremento de costes que representan, un uso coste-eficaz de los recursos disponibles resulta esencial para la sostenibilidad del sistema sanitario», ha comentado el director del encuentro, Ricardo Gómez Huelgas.
En este sentido, el experto ha recordado que la clave para abordar adecuadamente esta enfermedad de carácter pandémico, reside en implementar unas «adecuadas» políticas de prevención y realizar un enfoque integral de los factores de riesgo de la población.
Respecto a los ancianos, Gómez Huelgas ha reconocido que tienen peculiaridades que condicionan su diagnóstico y tratamiento como las comorbilidades, el alto riesgo de hipoglucemia o los problemas nutricionales, entre otros.
«Por todo ello, resulta imprescindible realizar un abordaje individualizado, adaptando el tratamiento antidiabético y los objetivos de control glucémico a las características del paciente», ha remarcado. En concreto, ha proseguido, la terapia deberá evitar las hipoglucemias, que suponen el principal efecto secundario del tratamiento antidiabético en los ancianos, y que pueden tener graves consecuencias como la disminución de la calidad de vida, el deterioro cognitivo, el mayor riesgo de caídas y fracturas o los episodios cardiovasculares.
Aerte forma en fiscalidad de la dependencia
La patronal de centros y servicios de la dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha organizado el curso “Fiscalidad de la Dependencia”. Con una duración de seis horas, la jornada formativa tendrá lugar en su sede de Valencia el viernes 25 de octubre.
Abordará todas las novedades legislativas de ámbito fiscal que han surgido durante el último año en el sector sociosanitario como: el análisis de la tributación, las novedades fiscales (IVA, IRPF, Impuesto Sociedades) o la fiscalidad local y de las entidades sin ánimo de lucro.
Federico Javier Varona, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, socio-Director de Varona, será el encargado de analizar estos y otros temas de interés.
Esta jornada se enmarca dentro del módulo formativo que AERTE está desarrollando, dirigido especialmente a ampliar el conocimiento de directores de centros de servicios sociales.
Las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) niegan plaza a un niño de dos años por su discapacidad
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha cerrado la puerta de acceso a las guarderías públicas de la localidad a un menor de dos años que presenta una discapacidad del 67 por ciento, alegando que este grado «no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo» de los centros, algo a considerar conforme dicta una ordenanza municipal. Su hermano mellizo, sin discapacidad, sí obtuvo una plaza.
Según ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevará el caso a la Fiscalía General del Estado, estos vecinos de San Cristóbal de La Laguna solicitaron el pasado mes de marzo plaza de guardería pública para sus dos hijos mellizos, pero sólo uno de ellos figuraba en la lista provisional de admitidos, ocupando, además, uno de los primeros puestos de la reserva.
La familia presentó dos reclamaciones formales al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto.
Pese a ello, las listas definitivas de admisión publicadas por decreto en el mes de agosto dictaron la exclusión definitiva de su hijo porque su grado de discapacidad no era compatible con los recursos del centro: los certificados médicos que los padres adjuntaron a la solicitud de plaza prescribían que el niño habría de necesitar el apoyo de un auxiliar en la escuela infantil en la que ingresase.
Aunque la familia volvió a reclamar al alcalde y llegó incluso a mantener un encuentro con él, con el concejal de Bienestar Social y con el jefe de Servicio y la familia del menor, las autoridades públicas se reafirmaron en su postura y la queja fue desestimada.
El Consistorio alegó la existencia de una ordenanza municipal según la cual, las escuelas infantiles de la localidad tienen que «valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo», según explica el CERMI.
Para la familia, esta ordenanza «fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada». «Supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles», denunciaron.
Tampoco dieron frutos sus reclamaciones ante la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, quien dijo no tener competencias, la Viceconsejería de Educación o la Dirección General de Políticas Sociales, aunque en la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y el diputado del Común del Gobierno de Canarias «mostraron preocupación por el caso».
El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso que a juicio de ambas entidades es de «discriminación». «No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad», señalan.
«El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad», avanza la organización.
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
