Una joven, en Murcia, entra a la consulta de atención directa de los servicios sociales locales, deja a su bebé en su canastilla y con varias mudas de repuesto sobre la mesa y dice, con cara avergonzada, que no tiene recursos para mantenerlo. “Cuídenlo bien”. Y se va. La escena se produjo hace pocos meses. La relata José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “En 30 años de carrera nunca había conocido esto”, asegura.

Los profesionales empiezan a alertar de que situaciones como esta son cada vez más comunes. El caso de unos padres que el pasado junio dejaron a sus hijos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), aduciendo carencias económicas, abrió un escenario repleto de interrogantes. Cuando unos padres no pueden mantener a sus hijos, ¿qué deben hacer? ¿Están los servicios sociales y los poderes públicos preparados para actuar cuando la pobreza aprieta hasta este límite? ¿Es lo mismo dejar a unos niños abandonados en la calle que entregarlos a una institución pública?

Consuelo Madrigal, fiscal coordinadora de menores, responde con rotundidad: “No es lo mismo ni mucho menos”. Independientemente del motivo. Lo primero, explica, es un delito, “porque pone en peligro al menor, incluso su vida”. Eduardo Esteban, ex fiscal provincial de Madrid, tampoco duda: “Es distinto dejar a unos niños en una institución pública o incluso en una iglesia, donde sabes que van a estar atendidos, que dejarlos en un parque”, dice. “Puede haber un incumplimiento de las obligaciones. Pero para que haya delito tienen que dejarlos solos, en una situación de riesgo. Ese es el matiz”, apunta. “No se culpa a los padres porque no hay dolo, no hay mala intención, sino una situación de pobreza”, explica Madrigal. “Pero cuando la situación pasa de riesgo a desamparo, porque al niño le falta sustento material o moral, la Administración asume la tutela”, detalla la fiscal. A partir de ahí, “se investiga y se intenta apoyar a la familia para evitar la separación”.

Ramírez añade que la Administración “debe tener en cuenta la actitud de los padres, si han pedido ayuda y no han dejado de atender a los niños pese a la miseria” antes de asumir su tutela y separar al menor de su familia. Almudena Escorial, portavoz de Save the Children, cree que “no se debería llegar a esa situación”. Pero la realidad es compleja.

Todos los agentes implicados en este tipo de procesos sostienen que la pobreza nunca puede ser el único motivo para que unos padres pierdan la tutela de sus hijos, ni tampoco para impedir que puedan recuperarla. Así lo aseguran el Ministerio de Sanidad, los servicios sociales, la Fiscalía de Menores, las ONG y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este último, con una sentencia reciente en la que condenaba a España a indemnizar a una madre por separarla de su hijasolo por su precaria situación económica. Tras presentarse con la niña en los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir “trabajo, comida y alojamiento”, la pequeña fue trasladada a un centro de menores, la declararon en desamparo e impulsaron su acogimiento preadoptivo en una familia.

Lo prioritario, dicen los expertos, es sacar a las familias de la miseria. “La ley prioriza la protección del menor, pero apoyando a los hogares para que no se produzca el desamparo. La retirada tiene que ser solo porque haya un riesgo muy elevado”, detalla Idelfonso Sánchez, técnico de protección de menores en Almería. Marta Arias, responsable de políticas de infancia de Unicef, añade: “Unos padres sin recursos no son malos padres. Hay que ayudar a las familias porque es donde mejor están los pequeños, salvo que haya malos tratos”.

Pero la crisis no perdona y 2,2 millones de niños viven, según un informe de Unicef de 2012, en hogares por debajo del umbral de la pobreza en España (con menos de 16.400 euros anuales para dos adultos y dos menores). La Guía para las Ayudas Sociales para la Familia 2013, publicada por el Ministerio de Sanidad, prevé distintas prestaciones para colectivos en riesgo, como las rentas mínimas de inserción, los centros de acogida para “personas, familias o grupos carentes de un medio adecuado”, y recursos para personas sin hogar de “alojamiento, alimentación, vestido e higiene”.

Esta es la teoría. Pero en la práctica, los recursos para reflotar a las familiashan pasado por la tijera, desde las becas de comedor en colegios hasta las ayudas de emergencia. Esta última, además, llega con un retraso de hasta ocho meses en algunas autonomías. En este sentido, la asociación que preside Ramírez denuncia la situación de “desamparo de las familias”. Lo que, según esta organización, supone una vuelta al modelo de la beneficencia. “En vez de recibir una ayuda de la Administración, la gente se ve abocada a salir en la televisión, dar lástima y que un alma caritativa les asista”, se queja Ramírez. “Conocí a dos inmigrantes con tres hijos. Él trabajaba en la construcción y se quedó en paro. A la madre le diagnosticaron esquizofrenia. Cuando fueron a pedir ayuda a ella le dio un brote psicótico y él, abrumado, huyó. Los pequeños pasaron a protección de menores. Pero esto no hubiera pasado si hubieran tenido un salario social y ayuda psicológica. El padre hubiera tenido un colchón para mantener a la familia y no sentirse desbordado”, relata.

Santiago Agustín, psicólogo con experiencia en centros de menores de Madrid, asegura que el trabajo con las familias “es muy pobre”. “La inversión en centros de protección es desmesurada (la estancia de cada menor puede costar hasta 4.000 euros al mes), y en los barrios no se percibe el trabajo con las familias”, afirma.

“La Administración se tiene que adaptar”, reconoce la fiscal coordinadora de menores. “Con la crisis se ha elevado el nivel de marginación y se ha incrementado la demanda de protección. Los servicios sociales y las entidades de protección a la infancia están desbordados, tanto en recursos materiales como profesionales”, afirma. “Las intenciones de la Administración son buenas sobre el papel, pero tienen que estar dotadas económicamente, con profesionales e infraestructuras”, reclama Ramírez. Denuncia que el plan concertado de servicios sociales de Sanidad, en el que se incluyen las ayudas de emergencia, se ha reducido un 65% en los dos últimos años. Las autonomías también han metido la tijera, algunas más que otras. En el País Vasco una de cada 13,5 personas recibe una renta mínima de inserción (cuando se agotan el paro y los subsidios); en Murcia lo hacen una de cada 316 y perciben, además, una cuantía mucho menor.

Cuando la ayuda no llega, ¿qué deben hacer los padres sin recursos? Gustavo García, director del albergue social de Zaragoza, el primero que habilitó módulos para familias en España, subraya: “Lo correcto es solicitar la guarda voluntaria de los niños. Los padres tienen que pedir la guarda a los servicios sociales cuando no pueden hacerse cargo de sus hijos, por motivos económicos u otro tipo de circunstancias. La Administración se hace cargo temporalmente de ellos, y los padres no pierden la patria potestad”.

Esta modalidad de ayuda con los hijos ha descendido desde 2006. Ese año había 9.598 menores en guarda, frente a 4.537 en 2011. La bajada tiene una doble explicación, según García: la salida de inmigrantes del país y el temor de algunos padres a acudir a los servicios sociales a solicitar auxilio porque creen que les van a arrebatar a sus niños. “Algunos pasan hambre por temor a pedir ayuda”, dice. Recuerda que una paciente de un hospital en Zaragoza fue pillada echando la comida al bolso. Cuando los profesionales le preguntaron por qué, ella respondió: “Mi hijo pasa hambre en casa”. García quiere desmontar el mito: “Esa imagen de que vamos retirando niños es falsa”.

José Luis Calvo, vicepresidente de Prodeni, entidad defensora de los derechos de los niños, discrepa. Afirma que en ocasiones sí se producen retiradas de niños por situación de pobreza. “Es evidente que este factor no aparece como único fundamento de ninguna retirada de niños. Tampoco como motivo para que los padres no los puedan recuperar. Pero subyace más o menos explícito en no pocos informes”, afirma. La miseria suele estar acompañada de otros problemas de salud, emocionales o inestabilidad en la vivienda, según Calvo. “Estas circunstancias son las que se alegan como agravantes para quitarles la tutela”, asevera. Y una vez retirada, en su opinión, “no se promueve la reagrupación”. “Para recuperar a los hijos casi hay que pasar una oposición”, ejemplifica.

En la memoria de Calvo hay muchos ejemplos. Su organización defendió recientemente a una madre que pasó siete años visitando a sus hijos, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, una hora al mes. “En ese tiempo su situación económica y personal cambió. Pero tenía la etiqueta de que ‘no era colaboradora’ y no se los devolvían”, relata. Al final, con intermediación de Prodeni, recuperó a los pequeños.

Santiago Agustín opina que “los niños acogidos deberían relacionarse con sus familiares de origen diariamente”. En la mayoría de las regiones, las visitas son, por defecto, de una hora al mes. “Esto solo puede calificarse como maltrato institucional”, asevera. El psicólogo no ve lógico que, salvo que existan malos tratos o riesgo grave, se restrinjan los encuentros y el sistema sea tan rígido para la recuperación.

Con todo, la actuación de la Administración tendrá que adaptarse a una casuística que aumenta con la crisis: padres que no tienen qué llevar a la boca de sus hijos. “Y entender que las situaciones, con el tiempo, cambian”, zanja Calvo.

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