Autismo
Aumenta el número de personas mayores afectados por Trastornos de Espectro Autista
La Junta de Castilla la Mancha y Autrade analizan aumentar la atención residencial a personas con autismo.
La consejera de Bienestar Social de Castilla la Mancha, Aurelia Sánchez, ha trasladado hoy el reconocimiento del Gobierno regional a la Asociación Regional de Afectados de Autismo y otros trastornos del desarrollo, Autrade, con la que ha tratado sobre la necesidad de ir generando dispositivos residenciales para este colectivo.
En la reunión mantenida en la Consejería de Bienestar Social, Aurelia Sánchez ha estado acompañada por el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Javier Pérez; el presidente de Autrade, Pedro Ugarte; la vicepresidenta, Pilar Álvarez; el vocal Francisco Castellanos; la socia Carmen de la Vieja y el gerente, Fernando Ávila.
En la reunión, según ha informado la Junta, se ha analizado la necesidad de atención residencial del colectivo de personas a las que atiende Autrade, debido al incremento en la edad de las personas con autismo y las elevadas necesidades de apoyo que requieren las personas afectadas por Trastornos de Espectro Autista (TEA) y los problemas conductuales que se generan.
La consejera de Bienestar Social ha recogido la demanda y ha coincidido con Autrade en el aumento de la prevalencia de casos de personas con TEA y la necesidad de ir generando dispositivos residenciales a través de pequeñas unidades convivenciales.
La entidad también ha propuesto la posibilidad de incrementar la financiación de la vivienda actual de respiro a fin de poder facilitar más periodos de respiro a las familias con casos de problemas de conducta y amplia necesidad de apoyos.
Finalmente la consejera ha informado a la directiva de Autrade de que se está valorando, dentro de la futura nueva normativa en Dependencia, la posibilidad de flexibilizar las cuantías de las ayudas vinculadas al servicio para posibilitar, mediante prestaciones económicas, el acceso a plazas de financiación pública en los diferentes centros y servicios especializados.
Autrade es una asociación regional de Castilla-La Mancha, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública que nació hace 21 años, con el objetivo de proporcionar una respuesta integral y flexible a la problemática de las personas autistas o con otros trastornos del desarrollo severamente afectados.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, en el marco de los primeros «Reconocimientos a la Iniciativa Social» de la región, que premian las actividades de personas físicas, ayuntamientos y entidades privadas que hayan fomentado valores de altruismo, libertad, tolerancia y solidaridad, ha concedido en 2016 a Autrade el Reconocimiento a la Iniciativa Social en Dependencia.
La colaboración desde la Consejería de Bienestar Social con Autrade se materializa en dos convenios para el desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad, uno de ellos en el ámbito residencial para una vivienda de apoyo al respiro familiar con cinco plazas; además del fomento de la autonomía personal en las 25 plazas del Centro de Día de la entidad.
El segundo de los convenios es para el mantenimiento de un centro de desarrollo infantil y atención temprana (CDIAT) que pertenece a la red pública regional de Atención Temprana, donde se atienden anualmente a más de 80 niños.
Fuente: CLM24
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
