Dependencia
Centros concertados de Cataluña denuncian que la Generalitat no ha abonado aún los pagos de octubre
Acad·Cat, patronal del sector de la dependencia en Cataluña, ha denunciado públicamente que «a fecha de hoy», algunas empresas proveedoras de servicios del sector de la dependencia de Cataluña en régimen de concierto «todavía no han cobrado las facturas correspondientes a servicios prestados en el mes de octubre de 2013».
Al respecto, han calificado de «deplorable» la situación que vive el sector y «más en las fechas en que se produce, a causa de que las empresas durante este mes tienen que hacer frente a gastos muy importantes como sueño las nóminas extras de sus trabajadores».
Además, portavoces de Acad·Cat critican que la Generalitat no se haya puesto en contacto con las entidades para advertirles de los atrasos en el pago de la deuda. «Creemos que no es de recibo la carencia de información a las empresas por parte de la Administración, puesto que en anteriores atrasos, esta siempre había comunicado a final de mes la fecha posible de cobro, cosa que en esta ocasión no se ha producido», manifestaron.
La asociación ha denunciado, asimismo, que «la falta de explicaciones en este tema deja indefensos a los centros y con un sentimiento de desprecio que, sinceramente, ni empresarios, ni profesionales, creemos merecer».
Por su parte, la patronal defiende su «lucha» por la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia en Cataluña y por que «las empresas de este sector mantengan el máximo posible los puestos de trabajo».
La profesionalización en la gestión de centros asistenciales pasa por la utilización de las herramientas adecuadas
Aegerus nace de la detección de que los centros de atención a la tercera edad, necesitan profesionalizar sus tareas asistenciales, administrativas y de gestión en general, sin que existiese una herramienta informática basada en tecnologías web y de altas prestaciones. Todo ello a costes contenidos y con rápidas implantaciones.
Las soluciones existentes eran adaptaciones de modelos hospitalarios o bien tenían notables limitaciones por obsoletismo tecnológico.
Este proyecto inicial para los centros de Tercera Edad, se amplía a centros de atención a persones con dependencia en general. Cubriendo los requerimientos de centros de días, residencias sociales, centros sociosanitarios, servicios de atención domiciliaria, centros especiales para personas con discapacidades, asociaciones de cuidados a personas con problemas psíquicos o físicos, etc…
El crecimiento y grado de profesionalización que han tenido que aplicar este tipo de entidades en los últimos años ha propiciado al tiempo el crecimiento de Aegerus, adaptando de forma constante sus funciones a las necesidades que los centros le proponen y siendo el referente del sector por el vanguardismo de sus aplicaciones.
En su primer año completo de actividad, 2007, Aegerus daba servicio a 25 centros. En la fecha actual son 640 los centros usuarios de este software. Estos valores suponen que más de 50.000 persones son tratados a través de Aegerus por más de 5.000 profesionales del sector. Las diferentes versiones adaptadas a los sectores relacionados con la dependencia suponen una garantía de presente y futuro para la empresa.
Aegerus cuenta con tres líneas de producto: Residencias Asistidas y Socio-sanitarios, Servicios de Atención Domiciliaria y Centros de Atención de Discapacitados. Con estas tres líneas cubren las totalidad de necesidades que puedan surgir en una gestión profesional de los distintos tipos de centros.
Actualmente, Aegerus ha iniciado su presencia en las redes sociales, podéis recibir sus noticias:
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Unas 20.000 familias andaluzas con atrasos en retroactividad en Dependencia cobran 2012 a cargo del plan a proveedores
Unas 20.000 familias andaluzas de las 24.500 afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia han cobrado lo correspondiente al año 2012 con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central, según los datos oficiales aportados por la portavoz del grupo formado por unas 1.266 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’, Rosa María Guijo Curado.
En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Guijo Curado ha explicado que «en el descuadre de 4.500 dependientes pueden entrar los fallecidos que tienen que cobrar en concepto de herencia en un solo pago; o puede deberse a problemas con los traslados de expediente en los dependientes que se han mudado a otras localidades; o los niños dependientes por problemas de identificación, un caso que sucede porque al tramitar la dependencia de estos niños, como no era obligatorio el carné de identidad, se les puso un DNI ficticio, de manera que ahora, al meter dicho DNI del menor en el sistema, sale que no existe».
«Esto ha hecho que no hayan podido acogerse al plan de pago de proveedores, y lo único que han podido hacer es una reclamación que parece ser resuelto con un parte de incidencias», añade al respecto de esto último Guijo Curado, que apunta que otro de los problemas tiene que ver con aquellas personas que «no han tenido noticias del acogimiento a ese plan de pago porque no se les ha notificado». «Todos estos casos están pendientes de pago a lo largo de lo que queda de diciembre», añade.
Por último, la portavoz ha asegurado que se sienten «esperanzados» tras empezar a cobrar los atrasos de las retroactividad correspondiente al año 2012, al tiempo que afirma que «seguirán luchando por cobrar el 2013», que «se debió de haber pagado en marzo y todavía no se ha pagado». En este sentido, hay que recordar que el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016.
Cataluña apuesta por aumentar el copago de los dependientes ante los recortes
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha apostado este miércoles por aumentar la «corresponsabilidad» de los beneficiarios de la Ley de la dependencia para poder hacer frente a los recortes del Estado en esta materia.
Durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament, Munté ha informado de que su Conselleria ha presupuestado 1.630,5 millones para 2014, un 15,5% menos que en 2012, una caída que se debe principalmente a los ajustes que el Ejecutivo español ha aplicado a la dependencia y la discapacidad, ámbitos que concentran más de un 70% del peso total de este departamento, con 1.401,9 millones.
Para poder hacer frente a esta situación y seguir garantizando la protección social de todos los dependientes y discapacitados, Munté ha abogado por aumentar el copago en función de la renta y del patrimonio de los beneficiarios, a través de un sistema que «siempre garantice la equidad».
«Estos no son los presupuestos que quiere presentar el Govern, pero son los que se pueden hacer con el objetivo de déficit impuesto por el Estado», ha afirmado la consellera, que ha cifrado en un 93,4% el recorte del Gobierno español en políticas sociales en cuatro años.
Pese a que caen la mayoría de partidas políticas del departamento respecto al presupuesto de 2012, Munté ha apostado por priorizar la lucha contra la pobreza y la inclusión social con un montante de 192,4 millones de euros, 2,2 más que hace dos años, con especial incidencia en la protección de la infancia más vulnerable.
Las cuentas prevén, entre otras medidas para 2014, la reconversión a concierto de todas las plazas residenciales, el despliegue del Plan integral de apoyo a las familias, el impulso de la Ley del voluntariado, la aprobación del Plan de Ciudadanía y Migraciones, y la elaboración del Plan de atención integral a la infancia y la adolescencia 2014-2017.
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
Ni CiU ni ERC han presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas del departamento que lidera Munté para 2014, mientras que sí lo han hecho el resto de grupos del arco parlamentario –PSC, PP, ICV-EUiA, C’s y CUP–.
La portavoz del PSC en la Comisión, Eva Granados, ha alertado de que 2014 será el «año negro» de la dependencia en Catalunya, tras alertar de una reducción de 3.572 plazas de residencia y de 20.832 prestaciones menos para cuidadores familiares, entre otros recortes.
El diputado del PP Rafa López ha criticado que el Govern haya «pactado los recortes en un despacho con ERC», y ha criticado la reducción de las partidas de ayuda a la familia, los jóvenes y los dependientes.
«Con estas cuentas está claro que el Govern comparte las ideas de la Troika», ha sentenciado la diputada de ICV-EUiA Laura Massana, que ha deplorado los recortes sociales y ha criticado la opacidad del departamento que lidera Munté.
EXCUSAS DEL GOVERN
El diputado de C’s José María Espejo ha criticado que la Conselleria «haya construido un relato basado en culpar al Estado para justificar los recortes», aunque ha alertado de que las entidades sociales ya no confían en las excusas del Govern.
La portavoz de la CUP en la Comisión, Isabel Vallet, ha afirmado que el presupuesto global con el que cuenta la Conselleria para 2014 es inferior a los intereses que el Govern paga por la deuda, y ha criticado que el Ejecutivo catalán «no se dé cuenta de lo que pasa de verdad en la calle» e intente justificar los recortes sociales.
Todos los partidos de la oposición, a excepción de ERC, han reprochado a Munté que haya decidido eliminar el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) sin previo aviso, y han coincidido en alertar de un retroceso de diez años en materia de protección social.
El diputado de ERC Pere Bosch ha destacado el «esfuerzo notable» del Govern para aumentar el gasto en materia de becas comedor y renta mínima de inserción (RMI), y ha destacado la incidencia de las cuentas en la lucha contra la pobreza.
Psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales claman contra los recortes en residencias de Cataluña
Los colegios profesionales de psicólogos, fisioterapuetas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y educadores sociales catalanes han clamado contra los recortes en horas que sufrirán sus especialidades en las residencias catalanas, tras un acuerdo entre las patronales y la Generalitat en el que critican que no han sido consultados.
En un comunicado conjunto, han deplorado el citado pacto porque, a su juicio, favorecerá el aumento de la dependencia de los usuarios de centros residenciales y disminuirá la atención y calidad de vida de los ancianos.
Esta medida provocará la existencia de «dos modelos diferenciados de atención», entre los de titularidad pública del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), donde no se aplicarán estas medidas, y los centros concertados y colaboradores, donde sí se podrán aplicar.
Han manifestado comprender la situación económica del sector, pero han criticado que esta política perjudicará la atención de los usuarios y los programas de autonomía.
También han alertado de que este pacto no se puede aplicar hasta que no se modifique la cartera de servicios, lo que se puede hacer con una orden del Govern o bien con un decreto ley debatido en el Parlament.
Han apoyado la segunda opción por entender que deben ser los representantes de los ciudadanos quienes decidan si el pacto alcanzado entre Generalitat y patronal es bueno.
Han firmado el documento el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya y el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya.
Campaña para pedir a la Generalitat las ayudas de la Dependencia
El colectivo Pendientes de la Ley de la Dependencia ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas en Internet, a través del portal Change.org, para solicitar al Gobierno catalán el pago de las ayudas reconocidas y todavía no abonadas.
El colectivo asegura que muchas familias catalanas tienen reconocida una prestación por ley pero a pesar de ello no la cobran, con diferentes casuísticas que incluyen personas con mayores a cargo, familias que deben pagar una plaza de residencia y viudos que no han cobrado las ayudas que tenían reconocidas sus parejas, entre otras.
Por ello, la iniciativa pide a la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y a los partidos con representación en el Parlamento catalán que resuelvan esta situación y cumplan con sus compromisos.
De este modo, confían en visualizar la situación actual de las familias con personas dependientes a cargo, reunir el apoyo social necesario para presionar a la Generalitat para que haga de esta reivindicación una prioridad y «agrupar a las familias para hacer una queja colectiva» al Portavoz de Greuges.
Pendientes de la Ley de la Dependencia ha animado así a todas las familias afectadas a sumarse a su iniciativa y dar a conocer a través de las redes sociales cada situación concreta.
Sólo un tercio de los 7.380 enfermos mentales de Cantabria están reconocidos como dependientes
Sólo un tercio de las 7.380 personas que en Cantabria tienen una discapacidad atribuida a una enfermedad mental están reconocidas como dependientes, es decir, tienen derecho a una prestación. ¿El motivo? Los baremos por los que se rige la actual Ley de Dependencia estatal valoran el grado de dependencia física, pero no tienen en cuenta la enfermedad mental por sí sola.
Según los datos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), a fecha de mayo de 2013, la cifra de dependientes como consecuencia de una enfermedad mental crónica es de 2.326, siendo en su mayoría (1.637) grandes dependientes o con dependencia severa -grados 2 y 3-. Los 699 restantes tienen reconocido el grado 1 -moderado o leve-, pero porque fueron valorados antes de la moratoria de julio de 2012. El decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impide la incorporación al sistema de dependencia de las personas con dependencia moderada hasta el año 2015.
La reivindicación de colectivos como Ascasam (Asociación Cántabra de Salud Mental) y Amica es que «estos filtros desaparezcan», como se ha hecho ya en otras comunidades autónomas, para que los afectados por trastornos mentales puedan acceder a los recursos de rehabilitación psicosocial, ocupacionales y residenciales y recibir el apoyo terapéutico que precisan para que la enfermedad esté controlada y evitar su deterioro. En definitiva, que puedan beneficiarse de una atención sociosanitaria para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones y facilitar su reinserción social.
El Gobierno cántabro espera dar respuesta a esta situación con el Plan de Salud Mental, que prevé esté listo en marzo. La Consejería ultima ya el documento, en el que un amplio grupo de expertos ha trabajado durante meses. En él quedan bien definidos los objetivos y las líneas estratégicas de este proyecto, que integrará en una única red todos los dispositivos sanitarios asistenciales, ahora dispersos. Jesús Artal, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla y coordinador del grupo de trabajo de salud mental, confirma que el primer paso de esta nueva etapa será la integración, en los próximos meses, del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, que ahora depende de la Consejería de Sanidad, en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). «Uno de los objetivos de este plan es unificar las redes, que todos los instrumentos sanitarios, que ahora tenemos bastante dispersos, dando lugar a áreas de nadie y a duplicidades, se integren en una sola. Será bueno para los profesionales y para los pacientes y familiares, que ya no saben a veces dónde tienen que acudir», explica.
Parayas es el único centro psiquiátrico público de Cantabria, donde se atiende la patología mental más grave, que es la que requiere de una estancia más prolongada. Con un centenar de profesionales y 60 camas operativas, el año pasado registró un centenar de ingresos, con un balance de 17.615 estancias. En sus instalaciones dispone, además, de un centro de día para rehabilitación psiquiátrica ambulatoria, cuyo balance en 2012 fue de 2.580 estancias
El SCS es el principal proveedor de servicios que atienden a las personas con enfermedad mental. El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla presta atención hospitalaria para patología aguda (708 ingresos el año pasado), atención en hospital de día (225 ingresos) y de urgencia (1.409 intervenciones). Además, tiene a su disposición 30 camas concertadas con el SCS para la media estancia sanitaria en el Hospital Padre Menni. Asimismo, la Consejería, a través del Icass, cuenta con varios dispositivos de rehabilitación psicosocial concertados en Santander, Torrelavega, Reinosa y Colindres y recursos para atención en régimen de 24 horas.
El jefe de Psiquiatría destaca la importancia de disponer en Cantabria de un programa regional para atender al enfermo mental grave, en cada uno de los pasos de su tratamiento: el ingreso hospitalario, el acceso a tratamientos ambulatorios y a la rehabilitación psicosocial y las estancias de media estancia? El objetivo es que la integración de todos estos dispositivos en una única red facilite la gestión de los casos y el establecimiento del circuito asistencial, con una historia clínica única y accesible desde el sistema en su conjunto. «En la práctica habitual tenemos que mejorar los protocolos, para que cada profesional tenga elementos para decidir cuándo debe derivar al paciente y qué tipo de atención necesita. La clave es que tengamos una buena continuidad de cuidados», señala.
El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla va a ser el motor de este plan, aunque Artal hace hincapié en que debe ser la Unidad de Salud Mental, y no el hospital, quien supervise todo el recorrido del paciente. «Más del 90% de los pacientes psiquiátricos no tienen que hacer ningún recorrido, les basta con ser atendidos una o varias veces en la Unidad de Salud Mental, porque jamás van a precisar ingreso ni van a tener que ir al hospital de día, ni tendrán consideración de enfermos crónicos. Pero hay un 10% de enfermos que tenemos que conocer, tener registrados y acompañar, porque en algún momento van a necesitar la unidad de agudos, ingresos de media estancia?». Lo que se pretende es proporcionar a las personas con trastorno mental grave un plan individualizado de intervención, que se despliegue desde la atención psiquiátrica hacia los otros niveles, especialmente a Atención Primaria y Servicios Sociales. «Aspiramos a que ningún paciente esté ingresado toda su vida. La idea del manicomio la tenemos que erradicar», subraya Artal. Otra de las prioridades del plan es «atender la patología psiquiátrica mayor, mejorando y apoyando programas que ya tenemos para tratar enfermedades graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad y las depresiones. También estamos trabajando en el tema del suicidio». El proceso de integración que contempla el plan incluye las unidades de atención ambulatoria a drogodependientes, presentes en Santander, Torrelavega y Laredo, y se reforzarán los dispositivos de atención a la salud mental de niños y adolescentes.
Los familiares de personas con dependencia heredarán el copago
Los familiares de personas con dependencia heredarán el copago. Al menos, quienes tengan a sus parientes como usuarios de plazas geriátricas públicas en Asturias. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda ultima una resolución para evitar que sean los beneficiarios de la Ley de la Dependencia quienes tengan que hacer frente «al copago impuesto por el Gobierno central para las personas con dependencia». La fórmula elegida consiste en no cobrar ahora el suplemento, sino que será incluido en la deuda a la que tendrán que hacer frente sus herederos en el momento en el que el beneficiario deje de ser usuario de la plaza geriátrica pública.
Así lo decidió ayer el consejo de administración del organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) y así lo explicó a EL COMERCIO el gerente del mismo, Jesús Suárez. «Cuando empezamos a examinar cómo aplicar la resolución de copago del Consejo Territorial nos dimos cuenta que muchos usuarios quedaban con 3 euros de pensión. O con 5. O con nada. Y eso no es aceptable, ya que todas las personas tienen derecho a disponer de un mínimo para gastos».
«Podían perder la plaza»
Por ese motivo, en la reunión celebrada ayer, y presidida por la consejera de Bienestar, Esther Díaz, «acordamos aprobar una resolución para que los usuarios de las plazas geriátricas sigan disponiendo de dinero en efectivo para atender sus necesidades», y que ese incremento se derive «a la liquidación de la deuda generada» a la que tendrán que hacer frente los herederos.
Suárez desconoce el número de afectados, pero asegura que «son muchos e, incluso, algunos podrían renunciar a la plaza, por no poder pagarla. Eso no lo podemos consentir. Son la prioridad».
Ayuntamientos y diputaciones andaluzas del PP se plantean no renovar los convenios de dependencia hasta que Junta les pague
Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide «por completo» la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán «en función de cada caso» y de la situación económica en que se encuentre cada corporación.
Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de «herir de muerte» los servicios de dependencia en la Comunidad «por la vía de los impagos», cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.
Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como «financieras» de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. «Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta», ha añadido.
La dirigente ‘popular’ ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). «A partir de ahí es competencia de la Junta», ha precisado.
En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.
Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que «generan titulares». Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.
RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES
La dirigente ‘popular’ ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido «drásticamente» las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo «en riesgo» la prestación de estos servicios. «La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario», ha enfatizado.
Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un «gobierno retrógrada», que no tiene «ni un atisbo de progresismo» y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.
En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.
Denuncian que el Consell no paga a la residencia Virgen del Remedio
EU denunció ayer que la Conselleria de Bienestar Social lleva diez meses sin pagar las plazas de mayores en la residencia Virgen del Remedio, lo que afecta a 47 plazas subvencionadas.
Desde EU acusaron a la consellera Asunción Sánchez Zaplana de permitir que se produzcan estas «situaciones de riesgo en los sectores de población más vulnerables».
La diputada Esther López Barceló ha elevado una pregunta a Les Corts para denunciar la incertidumbre a la que trabajadores y residentes se ven abocados debido a la «insostenible» situación financiera del centro.
Desde EU explican que una de las medidas para paliar las desigualdades sociales consiste en la financiación de plazas en residencias de mayores para personas con graves dificultades. La residencia Virgen del Remedio, antiguamente ubicada en el Asilo de Benalúa, cuenta con 47 plazas subvencionadas de las casi 90 de las que dispone.
«En Alicante existe un déficit notable en recursos para nuestros mayores, y los más perjudicados están resultando ser aquellos que mayor grado de dependencia presentan, en el caso de los residentes de Virgen del Remedio, hablamos de personas a las que la administración tiene el deber de amparar, dadas sus condiciones», señala el concejal de EU Daniel Simón. «No permitiremos que se lesionen derechos fundamentales», añadió.
«Todavía estamos esperando saber qué va a ocurrir con el bloque terminado y reformado que ocupaba la Residencia Aitana en la calle Capitán Segarra y que lleva varios años cerrado a cal y canto. ¿A qué espera Conselleria, a que se caiga por desuso?», se pregunta el edil. Simón explica que «desde que en 2009 cerraron la única residencia céntrica que tenía la ciudad, nos hemos quedado con únicamente dos centros públicos y es inexcusable que no se paguen las plazas».
Munté abonará la mayor parte de su deuda a las entidades sociales esta semana
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha anunciado este viernes que su departamento pagará la semana que viene –el 20 y 21 de noviembre– cerca del 70% de los 70 millones de euros que la Generalitat debía a las entidades sociales y mercantiles en julio de 2012.
Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, Munté ha remarcado que la segunda fase del pago está prevista para 2014, según ha reiterado en la inauguración en Lleida de las nuevas instalaciones de la Asociación Antisida
«Nos felicitamos de que finalmente lleguen estos pagos aunque consideramos que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo por el camino», ha afirmado la consellera, en un acto en el que han participado el alcalde, Àngel Ros y el presidente de la Diputación, Joan Reñé.
PEDERASTA DE CASTELLDANS
Munté ha evitado concretar la evolución del expediente abierto por su Conselleria a la Fundació Concepció Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados por la Generalitat del presunto pederasta de Castelldans detenido en junio.
«Sobre eso no contestaré, no hay ninguna novedad», ha señalado la consellera a los periodistas que le han preguntado sobre el caso, precisando que este viernes se había desplazado a Lleida para otras cuestiones.
Lo ha dicho en alusión a la sede de la Asociación Antisida y a los actos de Asociación Down Lleida, que este viernes ha entregado los premios anuales a las empresas que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Las cifras de la dependencia tras el tijeretazo de 2012: 100 millones más de gasto, 40.000 ayudas menos
El BOE recoge las cuentas de 2012 del Instituto de Mayores y Servicios sociales, encargado de gestionar las pensiones no contributivas y las de invalidez, las ayudas a la dependencia y los programas para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, entre otras partidas. En total, el organismo ha gastado más de 5 mil millones (mil más que en 2011) entre el pago de ayudas, subvenciones y pensiones y su funcionamiento ordinario (nóminas, suministros). Detallamos algunas de las cifras más significativas:
1. Las personas que recibieron el nivel mínimo de protección establecido en la ley de dependencia fueron 751.364, 10.000 más que en 2011. Pero en realidad el número de beneficiarios es menor de lo que marcaba la previsión inicial: 790.000 personas. La memoria de las cuentas lo justifica por el «descenso de nuevos reconocimientos» por parte de las comunidades autónomas, es decir, porque aprueban menos nuevas altas de las esperadas.
2. El recorte de estas ayudas para cada grado y nivel, tras el tijeretazo incluido en el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, fue de un 13%. Pese al recorte y a que el número de beneficiarios no cumplió las expectativas, el gasto en ayudas del nivel mínimo de protección fue de 1.404 millones, 117 más de lo presupuestado, ya que el Gobierno suponía que el gasto se iba a mantener estable con respecto a 2011 (1.280 millones).
3. Los cuidadores no profesionales (familiares o cercanos sin trabajo que reciben una ayuda por hacerse cargo de una persona dependiente) que firmaron el convenio para que ese trabajo cotizara en la Seguridad Social fueron 23.933, cuando la previsión era muchísimo mayor: de 193.000 personas. ¿A qué se debe ese desajuste entre las previsiones y lo que finalmente ocurrió? Hasta el 1 de agosto de 2012, esos cuidadores cotizaban a la Seguridad Social a cargo del Estado. A partir de entonces, gracias de nuevo al recorte aprobado en julio, si querían cotizar debían pagar el 85% de su bolsillo (a partir del 1 de enero de 2013 pagan el 100%). Además, la paga que recibían por cuidar de sus familiares también sufrió un drástico recorte.
4. Buena parte del presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se destina a pagar laspensiones no contributivas y las pensiones por invalidez, que sumaron 2.152 millones en 2012, 29 más que en 2011.
5. A cierre de año, en España recibían pensión por invalidez 194.896 personas (casi 200 más que en 2011) y las pensiones no contributivas sumaban un total de 250.382 (3.000 menos que en 2011).
Desciende un 93% el número de cuidadores no profesionales de dependientes en Andalucía
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes cotizantes a la Seguridad Social pasó de 55.182 en julio de 2012 a 3.737 en agosto de 2013 en Andalucía, un 93 por ciento menos, según datos aportados por el Gobierno al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que ha denunciado el «hachazo» producido y la «voladura» de la Ley de Dependencia.
En una rueda de prensa en el Congreso, el coordinador de la interparlamentaria del PSOE-A ha señalado que, además, en los últimos cinco meses, en la región se ha producido un descenso del 15 por ciento de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, es decir, «un recorte progresivo y mayor».
A nivel nacional, el número de cuidadores no profesionales cotizantes pasó de 179.800 en julio de 2012 a 18.191, un 89 por ciento menos; mientras que en el último mes con datos, septiembre, hubo 116 beneficiarios y 800 trabajadores menos cada día.
A la vista de los datos, el PSOE denuncia «el fin de la ley de dependencia tal y como la plantó Zapatero en 2007» y dan por «seguro» la demolición del cuarto pilar del Estado de Bienestar». «La voladura de la Ley de Dependencia se ha culminado, en un solo año el PP ha acabado con la práctica totalidad de la cotización a la Seguridad Social», ha lamentado.
Pero, además, el PSOE atribuye estos recortes «no al dogma de la austeridad y el déficit» sino a un «nicho de negocio para las empresas, quien sabe si cercanas a quienes dictan las leyes, como hemos podido comprobar en la privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid».
En ese punto, el también secretario del PSOE de Málaga ha criticado que el PP vea la Dependencia «como un gasto» y, en último caso, como «un negocio para empresarios y amigos». «Al ritmo que vamos, cuando acabe la legislatura no va a quedar ni un solo cuidador no profesional dado de alta en la Seguridad Social», ha añadido el diputado adelantando que el próximo Gobierno socialista «recuperará» esta Ley.
Heredia ha explicado que su grupo pedirá la comparecencia de la ministra Ana Mato para que explique por qué si la ley fija la cofinanciación al 50 por ciento, la Junta tiene que pagar el 72 por ciento y el Gobierno central solo contribuye con el 28 por ciento y por qué en tres años ha recortado en 314 millones de euros el presupuesto.
«NO TODOS SOMOS IGUALES»
En ese sentido, Heredia ha defendido que «no todos somos iguales» y mientras que el Gobierno de Rajoy ha recortado en un 47 por ciento el presupuesto para la Ley de Dependencia, la Junta incrementará el suyo hasta un total de 1.115 millones de euros, 2,8 millones más que en 2013.
«El Gobierno no cumple con lo que se fija por ley y es importante ver el esfuerzo de la Junta para no dejar en la estacada a los dependientes, sobre todo, teniendo en cuenta la asfixia a la que somete a Andalucía el Ejecutivo», ha denunciado el diputado, que ha recortado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo «obligan» a Andalucía a un recorte extra no previsto, cantidad que es lo que destina la Junta a dependencia y discapacidad.
Andalucía tiene el 24 por ciento de las personas atendidas por la Ley de Dependencia en toda España, el 26 por ciento de las prestaciones y el 37 por ciento de la ayuda a domicilio, porcentajes muy por encima de su peso poblacional en el conjunto del país, casi el 17,9 por ciento.
DENUNCIA DEL CONVENIO EN JAÉN
Por último, Heredia ha calificado de «intolerable» que el alcalde de Jaén, Enrique Fernández de Moya (PP), denuncie el convenio de ayuda a domicilio en la ciudad ya que «sabe perfectamente los recortes a los que el Gobierno somete a la Junta» y que, a pesar de ello, la Administración autonómica hace un «esfuerzo extraordinario» en defender la ley.
«Le pido al alcalde de Jaén y al señor Zoido que tengan la valentía de pedirle al Gobierno de su mismo partido que defienda la Ley de Dependencia y nos dé lo que nos corresponde para desarrollar la ley», ha concluido.
El gasto en dependencia disminuye y el plazo para las ayudas se incumple
El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.
Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.
Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70% del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.
Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.
A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.
El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que «ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo» (antes el plazo era de once meses).
En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.
El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.
En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.
Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.
En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.
Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado «sustancialmente», aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que «el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia».
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a «la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros», afirmó que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, «la crisis no fue la causa fue la excusa», en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque reconoció que ha habido una «leve mejora», remarcó su preocupación porque hay una «mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia».
Amaya Zarranz (PPN), quien reconoció que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley «ya no las tiene».
Unos 8.400 ancianos catalanes están en lista de espera para una plaza pública de residencia
Un total de 8.437 ancianos catalanes estaban en lista de espera el 7 de agosto de este año para poder acceder a una plaza pública en una residencia, de las que 5.816 constaban ingresadas en otros centros pero habían solicitado un traslado.
Lo ha explicado este martes la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, en la que ha añadido que en la misma fecha constaban 557 personas informadas en la lista de espera para acceder a una plaza de centro de día, de las que 424 ya estaban en otros centros pero habían pedido un cambio.
Munté ha concretado que todas las personas que están en lista de espera son beneficiarias de alguna prestación en el marco de la Ley de dependencia, y ha explicado que los ancianos pueden seguir apuntados en una lista de espera pese a estar ya en un centro si desean estar en otra residencia.
El Ayuntamiento de Jaén renuncia a la prestación de la dependencia
El secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, ha lamentado que el Ayuntamiento de la capital «abandona a su suerte» a los usuarios de la Dependencia de la capital al haber «presentado la renuncia» a este servicio mediante un escrito presentado ante la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Con ello, según ha informado el sindicato en una nota, el Consistorio el sindicato demuestra su «total falta de interés y ausencia de compromiso con las personas más necesitadas», llegando incluso a plantear, como es el caso, el «abandono de una prestación a la que por ley están obligados a prestar, como el resto de municipios de más de 20.000 habitantes».
Cazalilla ha criticado que la solución pase por dejar de prestar este servicio y ha pedido al alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), que explique a los usuarios y a sus familiares los motivos que le han llevado a esta decisión y sus posibles consecuencias. Del mismo modo, ha advertido de la «posible irregularidad» de esta medida no sin insistir en la «falta de sensibilidad tanto para los alrededor de 800 usuarios de la capital como para las 200 trabajadoras», al tiempo que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se pronuncie al respecto.
Junto a ello, ha recordado que desde UGT se viene denunciando la deuda que la empresa concesionaria (Multiservicios Jabalcuz) mantiene con las trabajadoras, a las que se «deben las nóminas de septiembre y octubre». Asimismo, ha dicho tener «constancia de la utilización de algunas partidas del dinero pagado por la Junta de Andalucía para este servicio y que se han utilizado para otros «menesteres».
Madrid realiza 2.400 dicatámenes de la ley de dependencia en cinco meses
La atención a personas dependientes tendrá un presupuesto de 990 millones en 2014, 50 más que este año, según ha señalado el Consejero de Familia y Asuntos Sociales. Jesús Fermosel ha hecho balance en la Asamblea de los dictámenes y nuevos beneficiarios en los últimos cinco meses.
En una comparencia en la Asamblea a petición del grupo socialista, el consejero ha informado de que entre mayo y septiembre, en la Comunidad, la teleasistencia llega a 52 personas más (se espera un crecimiento importante este mes), las prestaciones para servicios en centros externos han pasado de 5.400 a 6.200 y para cuidados en el entorno familiar de 13.832 a 23.555. Los dictámenes, por su parte, han subido en 2.412 personas hasta las 170.266. Fermosel ha explicado que el periodo elegido para dar los datos está relacionado con el informe del Tribunal de Cuentas que descubrió que había miles de prestaciones con irregularidades. En el caso de Madrid, 2.400 expedientes. «Esto signfica que nos creímos la ley. Mire las estadísticas y vea quién se cree la ley», ha asegurado Fermosel tras aportar datos también de Andalucía, donde desde mayo ha crecido en menor grado el número de nuevos evaluados y beneficiarios de la ley de dependencia.
El consejero también ha destacado que el presupuesto para 2014 será de 990 millones sumando todas las partidas destinadas a dependencia y que su departamento está trabajando en nuevos convenios marco que unifiquen los convenios con residencias o la teleasistencia, que antes se prestaba desde cada municipio y ahora la ha agrupado la Comunidad en un único contrato para toda la región.
En su turno, la oposición ha mostrado su preocupación por la aplicación del decreto de 2012 que modifica la ley de dependencia y por el recorte de más de 1.000 millones del Gobierno central para 2014, pues afectarán a la aplicación de la ley en las comunidades. Se ha rebajado la aportación a los cuidadores, se pasa de los seis meses a los dos años como plazo para el dictamen y sin derecho a retroactividad, y aumenta el copago, según ha detallado Mauricio Valiente, de IU.
El portavoz de UPyD, Alberto Reyero, ha criticado que, según los datos de los últimos años hay unas 30.000 personas que solicitan esta ayuda y «siguen a la espera». La portavoz del PSOE, Matilde Fernández, ha añadido que en Madrid hay 98.589 personas beneficiarias, pero 82.363 que reciben la ayuda.
Por otra parte, el parlamentario de UPyD ha llamado la atención sobre el aumento de las prestaciones para el servicio en el entorno familiar, frente a las residencias. «Hace dos años éramos la comunidad con más plazas residenciales y hoy nos superan Cataluña y Andalucía», ha dicho. El PSOE también ha mostrado su preocupación por la congelación en las inversiones los centros de día y residencias. «En lo importante no va a haber crecimiento. No se quiere incorporar plantillas», ha indicado Fernández. La diputada socialista también ha asegurado que se hace crecer los beneficiarios de cuidados familiares porque la Administración tendrá que aportar menos a esta fórmula si se aplica el decreto del Gobierno central. Y también le ha recordado al responsable regional de Servicios Sociales que Andalucía tiene 171.013 personas beneficiarios y Madrid 82.363.
Fermosel ha explicado este aumento de ayudas en el entorno debido a que la Comunidad ofrece esta opción a quines están esperando una residencia, algo que, según ha destacado, solo hace Madrid. En estos momentos, esta asistencia se le ofrece a un 23 por ciento de los solicitantes, frente a comunidades que llegan al 70.
La Generalitat valenciana blinda por ley los fondos para la Dependencia, que no podrán desviarse a otro fin
Las transferencias del Estado o de cualquier ente que reciba el Consell para financiar la Dependencia estarán blindadas el próximo año legalmente y no podrán destinarse a otros fines, según una cláusula introducida en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014. Es la principal novedad de las cuentas de la Conselleria de Bienestar Social que ayer presentó en la comisión de Economía de las Corts la titular del departamento, Asunción Sánchez Zaplana. La citada cláusula establece de forma taxtativa que «durante 2014, todas las aportaciones, ya sean del Estado o de cualquier otro sujeto, público o privado, para financiar las prestaciones de la ley 39/2066 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de ésta».
Pero además añade: «En el supuesto de tratarse de ingresos superiores sobre los totales previstos, así como de ingresos no previstos, y que estén vinculados en origen a la materia, habrá de tramitarse la correspondiente generación de créditos con vistas a formalizar la mencionada afectación». De este modo, se pretende impedir legalmente una práctica del pasado, que permitía gestionar temporalmente a lo largo del ejercicio transferencias recibidas para financiar la Dependencia con el fin de cubrir otros huecos. Aunque a finales de año esos recursos se dedicaran finalmente a la Dependencia, la inversión se producía con un retraso de meses. No obstante, como no eran fondos finalistas, podía desviarse una parte a otros objetivos. La consellera Sánchez Zaplana ha peleado por la inclusión de esta cláusula que blinda por ley los recursos de que dispondrá para Dependencia.
En la comisión, Sánchez Zaplana defendió que su conselleria incrementa su presupuesto para 2014 en un 2,1 % para «mejorar la gestión y mantener los niveles de atención social a los colectivos más vulnerables». Con 703,8 millones, centrará su actuación en discapacidad, menores, cooperación e integración. Admitió que le hubiera gustado que sus presupuestos de 2014 «subieran más» pero defendió que son «ajustados a la realidad social».
El socialista José Manuel Sánchez calificó las cuentas de «decepcionantes, ineficientes e injustas con los más débiles» y lamentó que la Cooperación suponga un «exiguo» 0,4 %, así como que no añadan «ni un euro más» para la violencia de género. Según el socialista, pese a los «datos dramáticos» de paro y pobreza, el presupuesto es «más de lo mismo: lleno de recortes».