Dependencia
Las CC.AA. deben 46,8 millones por cobros indebidos para dependencia
El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Estado ha transferido «en exceso» fondos a las comunidades autónomas en concepto de ayudas a la dependencia, una cuantía que asciende a un total de 46,8 millones de euros aunque estuvo por encima de los 185 millones de euros, según se desprende del informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de 2006 de la Dependencia, al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, la entidad fiscalizadora ha observado diversas incidencias en relación con el abono de la liquidación del nivel mínimo de protección a las diferentes comunidades autónomas, por ejemplo con beneficiarios fallecidos que estaban dados de alta en el Sistema informático para gestionar los datos relativos al Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SISAAD), así como expedientes duplicados, DNI incorrectos o duplicados, o beneficiarios recogidos en el SISAAD pero no recogidos en las bases de datos de las comunidades autónomas.
De hecho, en el SISAAD figuraban «indebidamente» como beneficiarias del sistema de dependencia 12.055 personas que estaban muertas, «provocando la financiación indebida», por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de un importe estimado por este Tribunal en, al menos, 29,4 millones de euros, a fecha de 30 de abril de 2011.
Eso sí, al detectar la existencia de numerosas personas muertas beneficiarias de las prestaciones durante el ejercicio de fiscalización, la institución avisó al IMSERSO y a las comunidades autónomas, y ya se han logrado recuperar de 140,3 millones de euros, de 41.205 personas que figuraban como fallecidas, quedando pendientes los 29,4 millones antes citados.
Según la institución, que aprobó su informe el pasado 21 de marzo, el director general del IMSERSO manifestó en sus alegaciones que un total de 2.809 expedientes ya se encuentran dados de baja en la aplicación informática del SISAAD y que, con respecto al resto, se está analizando la información remitida por este Tribunal y, en el supuesto de que se detecten personas realmente ya fallecidas, se procederá a reintegrar las cantidades que, en su caso, se hubieran abonado de forma incorrecta en concepto de nivel mínimo de protección.
ABONOS INDEBIDOS A LAS CC.AA.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas resalta que el Instituto de Mayores abonó «indebidamente» un importe, cuantificado en 5,2 millones de euros, como consecuencia de la existencia de un total de 1.363 expedientes que se encontraban duplicados en la mencionada aplicación informática, generando, en consecuencia, un doble abono a las comunidades autónomas.
Igualmente, ha verificado que el IMSERSO liquidó «indebidamente» un importe cuantificado en 1,9 millones de euros como consecuencia de, al menos 2.642 expedientes que tenían reconocido únicamente el servicio de teleasistencia y, dado que este servicio tiene un carácter complementario, no debería haber generado dicha liquidación.
Es más, ha averiguado que este Instituto de Mayores minoró «indebidamente» a las comunidades autónomas un importe de 9,8 millones de euros, como consecuencia de un total de 6.631 expedientes que presentaban un importe acumulado negativo en este concepto, provocando un déficit de financiación en dichas comunidades por el mencionado importe.
El Tribunal de Cuentas ha detectado a su vez que el IMSERSO abonó «de forma indebida» un total de 20 millones de euros como consecuencia de 3.115 expedientes cuyo importe total liquidado, desde el 23 de abril de 2007 hasta la nómina correspondiente al mes de abril de 2011, era «superior» al máximo establecido legalmente para cada beneficiario en ‘Grado III, nivel II’ (12.604 euros).
A 31 de diciembre de 2010, el IMSERSO tampoco tenía reconocido en sus estados contables un importe total de 65,9 millones de euros, derivados del aplazamiento y periodificación del abono del nivel mínimo de protección garantizado a las comunidades autónomas, como consecuencia de la modificación introducida en el decreto ley de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en relación con el aplazamiento y periodificación del abono de las prestaciones económicas recogidas en la Ley de Dependencia de 2006.
AUMENTA EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS SIN PRESTACIÓN
De acuerdo con la información del SISAAD, la entidad fiscalizadora apunta que, a 31 de diciembre de 2010, existían un total de 231.055 personas con derecho a recibir estas prestaciones que, sin embargo, no recibían nada, lo que equivale al 25,68 por ciento del total de personas con derecho a estas prestaciones, siendo especialmente significativa en Canarias, donde ese porcentaje ascendía a un 58,46 por ciento, Valencia con un 43,12 por ciento y Galicia con un 39,49 por ciento.
A fecha de 31 de diciembre de 2011, el Tribunal detecta igualmente que el número total de personas beneficiarias con derecho a prestación se elevaba a 1.057.946, siendo beneficiarias de prestación tan sólo 752.005, es decir, un total de 305.941 personas no percibían ningún tipo de prestación, que supone un 28,91 por ciento.
Igualmente, ve «importantes deficiencias» en el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho a la situación de dependencia, así como en el cálculo de prestaciones derivadas de la misma, en función del territorio de residencia del solicitante.
Según cita, en algunas comunidades autónomas el patrimonio del solicitante no se tiene en consideración a efectos del cálculo de la citada capacidad económica y, en otras, no se tiene en consideración la totalidad de las rentas percibidas por los solicitantes.
Además, subraya que 14 comunidades autónomas han incumplido el plazo máximo de seis meses establecido en la normativa de Dependencia para el reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia, dado que, a fecha de 31 de diciembre de 2010, el plazo medio de resolución se elevaba a nivel nacional a un total de 262 días (casi nueve meses), siendo especialmente significativo en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Valencia, Madrid, Murcia, donde este plazo superó los 300 días (casi diez meses), y en Canarias, donde se elevó el plazo a 577 días (casi 20 meses).
De la misma forma, apunta a la falta de identificación en los presupuestos de gastos de las comunidades fiscalizadas, de la totalidad de los créditos destinados a financiar las prestaciones derivadas de la situación de dependencia, que sí deberían publicarse.
RECOMENDACIONES
Con ello, recomienda al IMSERSO, como responsable del SISAAD, analizar la información de las distintas aplicaciones informáticas, con el fin de homogeneizar el contenido y evitar la posible financiación indebida derivada del pago del nivel mínimo de protección.
En su caso, pide también modificar el procedimiento de justificación y posterior libramiento de financiación del nivel mínimo de protección, exigiendo a los órganos competentes de las comunidades una certificación en la que se acredite que la información del SISAAD se corresponde fielmente con los beneficiarios de las prestaciones derivadas de la situación de dependencia.
Al mismo tiempo, cree que el IMSERSO debe proceder, con carácter inmediato, al procedimiento de reintegro de 6 millones de euros derivados de la diferencia existente entre los créditos totales asignados con cargo al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y las obligaciones reconocidas con cargo al mismo, con respecto a aquellas comunidades que no justificaron la aplicación finalista de estos recursos.
Antonina Sánchez: “Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia»
La teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales de Valdepeñas, Antonina Sánchez, afirmó este martes que los recortes de servicios y el incremento de las tasas a los usuarios de la Ley de Dependencia por parte del gobierno regional, “suponen un brutal retroceso. Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia. Los efectos de las políticas del PP son devastadores. Ha habido cambios en la normativa y recortes que dejan en la calle a los dependientes. Han recortado sus prestaciones”.
Enumeró recortes como el reflejado en el Decreto 174/2011 que modifica el baremo a través del cual una persona se considera dependiente. “Dependientes de grado 3 ahora son de grado 1 y los de grado 2 y 1, la Junta ha dejando de considerarlos dependientes. Supone una pérdida de derechos. También se ha disminuido el número de horas al mes de ayuda a domicilio que recibían los dependientes y se ha establecido la incompatibilidad entre servicios que recibe una persona dependiente, excepto en la tele-asistencia, lo que hace que el dependiente deba elegir entre ir al centro de día o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto supone una situación de desprotección”.
Sánchez apuntó que “otra medida sangrante” es que las personas que tienen reconocido el grado 1-nivel 2 y que tenían derecho a todas las prestaciones y servicios a partir del 1 de enero del presente año, han visto retrasada la atención hasta julio de 2015. Es igual que si una persona que sufre cáncer y necesita quimioterapia le retrasan el tratamiento dos años, es probable que no llegue a recibirlo porque muera. Miles de personas morirán esperando recibir ese servicio que necesitan, porque la esperanza de vida de estas personas dependientes es muy corta”.
Otro recorte es dejar de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar y otro, reducir las prestaciones económicas para dependientes en un 15%.
En cuanto al incremento de las tasas, Antonina Sánchez recordó que las prestaciones dependen ahora de las rentas y el patrimonio. También indicó que el servicio de Ayuda a Domicilio que antes era gratuito, ahora oscilará entre 56 y 186 euros en Valdepeñas.
Asimismo se ha incrementado la tasa del Centro de Estancias Diurnas del Lucero más de un 80%, no se concede el Transporte Adaptado, el gobierno central ha disminuido un 30% desde 2012 el presupuesto para dependencia y la Junta lo ha reducido un 11,17% (93 millones de euros), se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo suprimiendo 178 puestos (93 dentro del ámbito de la dependencia) y se ha aprobado la Ley de Tasas, con lo que el dependiente debe pagar por la gestiones de la administración, como 40 euros por revisar el grado de dependencia o 30 por la revisión del grado de discapacidad.
El nuevo contrato de ayuda a domicilio permitirá atender a 400 granadinos más
El concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha presentado el nuevo contrato con la empresa CLECE, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio que presta el consistorio.
Egea asegura que se trata de un acuerdo que supondrá “importantes mejoras para los usuarios”, empezando por la posibilidad de atender a unas 400 personas mas.
Desde el pasado 1 de abril, y por un periodo de tres años, prorrogable por otros tres, la empresa CLECE, presta el servicio por un precio establecido por ley de 13 euros la hora.
Los servicios sociales evalúan la demanda presentada por los usuarios y determinan las necesidades que se tienen que cubrir y que pueden ir desde llevar a los niños al colegio, por una necesidad puntual, hasta procurar la higiene personal o la asistencia sanitaria a las personas dependientes.
Egea asegura que el nuevo contrato supondrá importantes mejoras entre las que ha resaltado la contratación de servicio de lavandería, peluquería o podólogo a domicilio; la contratación de un fisioterapeuta; el aumento de programas y talleres para los usuarios, los cursos de formación sobre el uso de los medicamentos, o las campañas ante la llegada del frío , el calor, o las alergias.
Se ha acordado además la contratación de un responsable de calidad que supervise la prestación del servicio, un enfermero, un psicólogo, un educador social, un pedagogo, un mediador social o un terapeuta ocupacional.
La designación de las personas que prestan en el servicio se hará por parte de los técnicos que elegirán al trabajador más adecuado para el usuario en concreto que requiera el servicio.
El nuevo contrato contempla también una dotación económica de 15.000 euros para disponer de camas articuladas, sillas espaciales, grúas, y toda a aquella maquinaria que se pueda requerir para atender a los usuarios.
La atención se dará en un plazo máximo de 48 horas, o de 12 si se trata de una causa de extrema urgencia.
También se contemplan protocolos de formación continua del personal. En total 766 trabajadores que se encargan de cuidar y atender en este momento a 1.213 usuarios del servicio de atención a domicilio, más otros 1.890 correspondientes a la ley de dependencia.
Egea se ha mostrado muy satisfecho por este nuevo contrato que mejorará la asistencia a los usuarios para los que también se habilitará un servicio de atención psiquiátrica que permita atender necesidades que hasta ahora no estaban cubiertas.
El concejal ha recordado que los usuarios a penas tienen que hacerse cargo del 1% del coste del servicio siendo incluso gratuito para la mayoría de ellos.
El Imserso aboga por la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo»
El director general del Imserso, César Antón, ha subrayado el papel de la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo», durante la clausura del seminario ‘El desarrollo humano en una sociedad de mayores’, en la sede de Funcas.
En su intervención, Antón ha detallado las previsiones que manejan las administraciones a raíz de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Eurostat. Así, ha recordado que, en los últimos 50 años, la población mayor de 65 años se ha cuadruplicado mientras que la de otras edades ha crecido a un ritmo menor.
Además, la población que se sitúa por encima de los 65 años representa a más del 17 por ciento del censo demográfico del país mientras que la tendencia de esperanza de vida sigue al alza, hasta los 88 años de media en el caso de las mujeres y de 81 en el de los hombres.
Por todo ello, Antón ha señalado que «la atención, el cuidado y la asistencia a las personas mayores se han erigido en prioridad, no sólo con los mayores que necesitan ayuda por su pérdida de autonomía, sino también, y sobre todo, con aquellos mayores a los que una alimentación sana, unos hábitos de vida saludables y una cobertura de los servicios sociales adecuada permitirán envejecer activamente».
En este punto, ha afirmado que se ha logrado «que el concepto de ‘envejecimiento activo’ forme parte del tejido social de una forma tan profunda que cualquier persona, sin importar su edad, sabe ya qué significa y cómo y por qué hay que envejecer bien» y ha recordado el trabajo del Ejecutivo en abrir cauces de participación social para los mayores, en referencia al Estatuto del Mayor, cuya redacción se encuentra en sus últimas fases y que recogerá las demandas, necesidades e inquietudes de este colectivo, según Antón.
El director del Imserso ha añadido que las administraciones disponen de una serie de recursos –como la atención a domicilio, la atención diurna, centros de día para personas dependientes o atención residencial, entre otros– cuya demanda, a tenor de las previsiones, aumentará durante los próximos años.
Por este motivo, ha señalado que «la tarea acuciante» que aborda el departamento de Ana Mato pasa por unificar los criterios de gestión del Sistema de Información «para evitar irregularidades y deficiencias en expedientes», además de dar prioridad a la entrada en el sistema de los dependientes en situación más grave.
Además de la asistencia a las personas mayores, el director del Imserso ha subrayado la importancia de prevenir enfermedades y situaciones que lastran la autonomía física por lo que ha apostado en invertir en hábitos de vida saludable, en paralelo a la inversión en servicios públicos de calidad lo que, a su juicio, «redundará en una mejor calidad de vida de este sector de población».
«IMPRESCINDIBLE MEJORAR DE SERVICIOS»
La jornada también ha contado con la participación, entre otros, de la profesora del CSIC y catedrática de Sociología Económica Mª Ángeles Durán, para quién es «imprescindible que haya una mejora y ampliación en los servicios sociales», que, a su juicio, «están deteriorados», aunque ha reconocido que es «el peor momento para conseguir mejoras ante la falta de ingresos».
En declaraciones a Europa Press, Durán ha pedido «cambiar la actual estructura» de la sociedad ante el envejecimiento de la misma. En este punto, ha apostado por «flexibilizar la edad de jubilación» ya que «no es lógico mantener a la gente el tiempo que están en el mercado laboral si su salud va a ser mejor».
Además, ha destacado que los mayores aportan «trabajo gratuito» a la sociedad en aspectos como «el cuidado de menores o enfermos», sobre todo en el caso de las mujeres –«quienes aportan más»– por lo que ha insistido en la necesidad de «diferenciar la economía real de la que no está vinculada a los recursos monetarios». Por último, ha hecho alusión a la importancia de la autonomía para este colectivo, tanto en el ámbito laboral, en la vida y en el cuidado a los demás.
Aragón, las ayudas de la dependencia a las familias serán excepcionales
Las arcas de la Administración están vacías. Tanto que al Gobierno de Aragón no le queda otra que reorientar el desarrollo de la Ley de la Dependencia. A partir de ahora las ayudas que reciban las familias tendrán un carácter «excepcional». Las partidas presupuestarias se destinarán a las prestación de servicios, como la teleasistencia, o las residencias –pese a que se han destruido ya 2.000 plazas–.
Ante las críticas de la oposición, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, les echó en cara que solo se preocupen de las prestaciones económicas, cuando «lo importante es el dependiente y no la familia. Por ello hay que facilitarles servicios como centros de día o residencias, que garantizan, «además de la generación de empleo, una mejor atención».
Oliván compareció a petición del PSOE. Su portavoz, Mariví Broto, le preguntó por el desarrollo de ley y le recordó que la presidenta Luisa Fernanda Rudi la calificó de «inservible» hace meses. La socialista calificó la situación de «muy grave» y consideró «necesario» que los servicios sociales «se pongan a trabajar».
REVERTIR LA LEY
Oliván reconoció que su intención es cambiar la tendencia de la aplicación de la ley, puesto que en estos momentos el 65% de los ciudadanos que tiene derecho recibe una prestación económica, y el 35% se beneficia de algún servicio. Unos datos que el consejero de Sanidad quiere revertir. Entre otras cosas porque supondrá un ahorro para la Administración, que ganará en capacidad de gestión y resolverá los problemas que se generan con la concesión de ayudas.
Y en esa línea van precisamente los cambios acometidos en el seno de su departamento, que ayer anunció Oliván. Están encaminados a «aplicar criterios de eficiencia en la gestión, ineludibles siempre pero más en las actuales circunstancias», dijo. El cambio consistirá en la supresión de la dirección general de Bienestar Social y Dependencia, que pasará a depender del propio IASS. Irá acompañado con un «amplio proceso de adaptación normativa» en cuestiones como la propia dependencia, la adopción o la homologación de los procedimientos de actuación.
Ninguno de los argumentos convencieron a Broto, que no dudó en señalar que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi está «destruyendo» la dependencia. Justificó esta aseveración con la pérdida de posiciones que Aragón ha sufrido en el ránking de aplicación de esta ley desde que el PP está en el Ejecutivo autonómico.
El Servicio Andaluz de Teleasistencia gestiona más de 16.300 llamadas de media al día
El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha gestionado más de 32 millones de llamadas desde su creación en 2002. En concreto, durante el ejercicio 2012 gestionó una media de 16.384 llamadas diarias, lo que ha supuesto un total de 5.980.158 de llamadas el pasado año, según el balance de actividad de esta prestación que ha hecho la Consejería del ramo.
De las llamadas que las personas beneficiarias han realizado al SAT pulsando el botón de su dispositivo de Teleasistencia, una parte importante se han producido por motivo de conversación y compañía (el 64 por ciento de las recibidas), «de ahí el importante papel que juega esta prestación para paliar situaciones de soledad y aislamiento social». También destacan las llamadas por motivo de emergencia (el 16,8 por ciento) o para solicitar algún tipo de información (19,26 por ciento).
Entre las llamadas gestionadas, según indica en un comunicado, también están las que los propios profesionales del SAT realizan desde la central. Así, por provincias, de los más de 32 millones de llamadas gestionadas por el SAT desde su creación, 1,48 millones correspondieron a Almería; 4,4 millones a Cádiz, 4 millones a Córdoba; 3,6 millones a Granada; casi 2 millones (1,9) de llamadas a Huelva, 2,6 millones a Jaén, 4,8 millones a Málaga y 9,2 millones a Sevilla.
Además de la gestión de llamadas, desde el SAT se han realizado en 2012 más de 10.000 visitas de seguimiento domiciliario, «con el propósito de incrementar la eficacia del Servicio así como la percepción de seguridad en las personas usuarias, revisando y actualizando los datos inicialmente recogidos y el uso del dispositivo de teleasistencia, además de obtener nueva información de utilidad para la gestión del Servicio».
En la actualidad, el SAT cuenta con 177.106 personas titulares. Por provincias, Sevilla tiene el mayor número de personas titulares de este servicio con 44.232, seguida de Málaga con 27.482, Cádiz con 24.852, Córdoba 21.664, Granada 20.567, Jaén 17.820, Huelva 10.440 y Almería 10.049.
COBERTURA A CASI 270.000 PERSONAS
No obstante, son muchas más personas las que se benefician en Andalucía de este Servicio, ya que hay que añadir, como personas beneficiarias del SAT, a aquéllas que conviven con los titulares y que también tienen más de 65 años, así como a los cuidadores de las personas en situación de dependencia que, de igual manera, también disfrutan de las prestaciones del SAT. Teniendo en cuenta a todas estas personas beneficiarias, el SAT daría cobertura en la actualidad a 269.218 andaluces.
A través de este servicio, que funciona de forma ininterrumpida las 24 horas del día todos los días del año, la Consejería de Salud y Bienestar Social favorece la autonomía de las personas mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.
De esta manera, a este servicio de teleasistencia pueden acceder las personas residentes en Andalucía mayores de 65 años con el único requisito de ser titular de la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, personas en situación de dependencia que tengan prescrita la Teleasistencia en su Programa Individual de Atención y las personas con más del 65 por ciento de discapacidad entre los 16 y los 65 años de edad.
Además, el 65 por ciento de las personas titulares se benefician de este servicio de forma gratuita, mientras que el resto de usuarios cuentan con bonificaciones dependiendo de sus circunstancias personales y su capacidad económica.
En general, el perfil de la persona usuaria del SAT se corresponde con el de una mujer de 82 años, viuda, que vive sola, toma medicación diariamente y cuenta con autonomía personal, aunque necesita ayuda sobre todo para la utilización de medios de transporte y hacer la compra. Tiene estudios primarios y no está familiarizada con las nuevas tecnologías aunque comienza a usar el teléfono móvil. De las personas mayores de 65 años, sólo el 3 por ciento es usuaria de Internet. De esas personas, las que más navegan son las que están entre los 65 y los 70 años.
SATISFACCIÓN GENERAL CON EL SERVICIO
La Junta destaca que la satisfacción de las personas usuarias ha ido incrementándose «año tras año a lo largo de su evolución», tal y como señalan los resultados de las encuestas de satisfacción anual, siendo de 9,8 la puntuación otorgada al Servicio en la última encuesta realizada (en una escala de 0 al 10).
Las personas titulares otorgan una valoración muy alta a los diferentes aspectos del SAT, destacando la atención recibida por parte del personal del servicio (el 95,84 por ciento) y la frecuencia con la que se ponen en contacto con ellas, así como a la facilidad de acceso y servicio técnico.
Asimismo, un 99 por ciento de las personas usuarias del Servicio Andaluz de Teleasistencia han valorado como «muy satisfactoria» la atención recibida en situaciones de emergencias y volverían a hacer uso del botón de teleasistencia si se le planteara una situación similar. Este dato se extrae de una encuesta realizada a personas beneficiarias que dieron aviso de una emergencia a través del dispositivo de teleasistencia instalado en su domicilio.
Entre los resultados de estas encuestas destaca la localización de los familiares para avisarles de la emergencia, que es una prestación valorada con la máximas puntuaciones por el 88 por ciento de las personas usuarias.
De las personas que dieron aviso de una emergencia a través del botón de teleasistencia, el 18 por ciento manifiesta que no hubiera podido contactar con los servicios de emergencia por teléfono. En la mayoría de los casos, el motivo que argumentan son los nervios así como la incapacidad física o psíquica. El 64 por ciento considera que sí hubiera podido dar aviso por teléfono, pero que le hubiese sido más complicado.
Por último, el 98 por ciento de las personas beneficiarias valoran de forma muy positiva el apoyo y acompañamiento que se le ofreció durante la emergencia y el 99 por ciento de los encuestados afirmaron que la teleasistencia es el medio más cómodo para dar aviso de una emergencia.
Más de 15.500 asturianos reciben prestaciones de la Ley de Dependencia
Un total de 15.566 personas reciben actualmente en Asturias prestaciones de la Ley de Dependencia, según ha informado hoy consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que ha cuantificado en 14 millones de euros el recorte que el gobierno del PP ha llevado a cabo en materia de servicios sociales.
La consejera ha ofrecido estos datos al comparecer hoy ante la Comisión de Bienestar Social de la Junta General del Principado.
La cifra de beneficiarios es la obtenida a finales de marzo, tras actualizar el número de expedientes incluidos en el registro informático del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD), un proceso que se ha compatibilizado con la incorporación de nuevos beneficiarios.
La consejera ha destacado ante la Comisión de Bienestar Social que el Servicio de Atención a la Dependencia prácticamente ha completado la mecanización de expedientes en el registro del SISAAD y que únicamente quedan algunos por grabar por causas técnicas.
En septiembre de 2012 había 2.500 expedientes que no tenían reflejo alguno en las estadísticas mensuales del Imserso porque no estaban dados de alta en la aplicación informática del SISAAD, según ha informado la Consejería en un comunicado.
Esta situación provocaba que el Principado dejara de ingresar, por parte del Estado, el nivel mínimo garantizado correspondiente a dichos expedientes, que ahora comenzará a recibir.
En el mes de octubre, parte del personal del Servicio de Atención a la Dependencia se dedicó a poner al día el registro.
Díaz ha cifrado también en más de 14 millones de euros el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en su aportación a los servicios sociales en Asturias, que se ha aplicado a la dependencia y los planes concertados, al tiempo que se ha suspendido la contribución económica al servicio de teleasistencia municipal.
La titular de Bienestar Social ha señalado que, a pesar de las grandes dificultades económicas que existen, desde el Principado se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para «minimizar el impacto de los recortes».
El Gobierno de Navarra extiende a los dependientes severos las ayudas para la contratación de un asistente personal
Los dependientes severos de Navarra también podrán beneficiarse de las ayudas económicas que presta el Gobierno de Navarra para la contratación de un asistente personal. Hasta este momento únicamente podían optar a ellas los grandes dependientes.
Asimismo, se han reducido de 120 a 80 las horas mensuales mínimas del contrato para los asistentes personales. Estas son las dos principales novedades que se recogen en la orden foral del consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Navarra, según ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.
Con estas ayudas, enmarcadas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el Gobierno de Navarra pretende fomentar la vida independiente de estas personas, su autonomía personal y favorecer su permanencia en el entorno habitual.
Pueden optar a las ayudas para asistente personal aquellas personas que tengan reconocida una situación de gran dependencia (nivel 3) o dependencia severa (nivel 2), que sean mayores de edad y que desempeñen un trabajo remunerado con alta en la Seguridad Social o participen en cualquier tipo de enseñanza superior.
Asimismo, deberán tener capacidad para determinar por sí mismas los servicios que requieren, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de su asistencia. En caso de incapacidad legal, este último requisito se exigirá a quien ejerza la guarda y custodia de la persona dependiente.
La cuantía de las ayudas, que pueden solicitarse a lo largo de todo el año, variará en función de la capacidad económica de las personas beneficiarias, calculada teniendo en cuenta tanto la renta como el patrimonio, y su grado de dependencia.
De este modo, las ayudas a grandes dependientes podrán oscilar entre los 1.214,83 euros al mes y los 485,93 y las de dependientes severos entre los 723,94 y los 289,58. En ningún caso la ayuda económica será superior al coste de contratación.
Por su parte, las personas empleadas deberán ser idóneas para desempeñar las funciones propias de asistencia personal y la contratación se realizará de acuerdo a las normas generales y con alta en la Seguridad Social.
Casi 60.000 catalanes mueren esperando acceder al cobro de la dependencia desde 2007
Un total de 59.750 catalanes han muerto desde 2007 durante el proceso de acceso al cobro de la prestación por dependencia, que arranca con la presentación de la solicitud y culmina con la percepción de la ayuda, el 15,5% de ellos durante 2012.
Lo ha explicado este miércoles en respuesta parlamentaria la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que especifica el conjunto de personas fallecidas durante todo el proceso, aunque la pregunta del diputado del PP Pere Calbó solicitaba exclusivamente el número de fallecidos que no habían cobrado pese a que tenían el derecho reconocido en vida a través de un plan de atención individualizada (PIA) –que establece el grado de dependencia y la cuantía a percibir–.
Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que la cifra de fallecidos facilitada por Munté tiene en cuenta a todas las personas que han hecho una solicitud, aunque quizás después no cumplieran los requisitos para el cobro, por lo que la han desvinculado de retrasos o errores en los pagos.
El periodo comprendido entre 2008 y 2010 fue el que registró más fallecidos esperando a entrar en el circuito se cobro de la dependencia, con 39.063, el 65,3% del total de los últimos seis años –14.232 en 2008, 13.849 en 2009 y 10.982 en 2010–.
Aunque en 2011 hubo una importante disminución, con 6.862 fallecidos, en 2012 se produjo un repunte de las muertes hasta las 9.301 personas, lo que supone un incremento de un 35,5% en un año.
Todas las cifras desde 2008 quedan muy lejos de las registradas en 2007, cuando murieron 4.521 personas que habían solicitado ser valoradas de su grado de dependencia.
El gobierno catalán impulsa una ley de protección social
El Gobierno catalán ha empezado a tramitar una ley de protección social para «blindar» el estado de bienestar en Cataluña, después de que en los últimos cinco años se hayan disparado la pobreza y la exclusión, que ya afecta al 30% de los catalanes.
Lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, que ha recordado que esta iniciativa es «inédita en democracia», y que la Generalitat entiende el modelo catalán de cohesión social como una estructura de Estado más que se debe proteger.
La ley, que Munté ha considerado «ambiciosa», se gestó el 16 de marzo, cuando el gobierno catalán celebró una reunión extraordinaria tras truncarse la cumbre anticrisis convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Por ahora, la ley no cuenta con un calendario establecido ni con una dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que el Gobierno catalán está «pendiente de que el Estado defina un objetivo de déficit», ha recordado Munté, que ha añadido que las dificultades económicas no deben impedir que se blinde el actual modelo de estado de bienestar en Catalunya.
Ha desvinculado de esta nueva ley la reestructuración del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), que dejará de funcionar como ente autónomo y se integrará a la consejería, porque ahora «lo que se persigue es reorganizar el modelo de prestaciones para hacer lo máximo posible con los recursos actuales», aunque no ha concretado de qué modo se llevará a cabo este proceso.
Sí que ha afirmado que no se eliminarán ninguna de las prestaciones sociales actuales «porque no sobra ni una», aunque ha admitido que es insostenible mantenerlas estructuradas como hasta ahora, después de que la inversión del Estado en este sector ha caído un 92% en los últimos tres años.
MÁS COPAGO
Munté ha apostado por que la nueva ley «garantice la universalidad de los servicios públicos» en Cataluña, aunque ha avanzado que se revisarán los actuales niveles de copago en función de la renta de los usuarios.
«Se trata de potenciar los principios de solidaridad e igualdad», ha dicho Munté, que ha explicado que la nueva ley de protección tendrá incidencia en leyes sectoriales de este ámbito, como la que articula la renta mínima de inserción (RMI) y la de servicios sociales.
La futura ley también irá dirigida a la protección de los ancianos, especialmente después de que hayan incrementado un 6% las denuncias por maltratos a este colectivo, según ha explicado Munté, que ha afirmado que «es un dato muy duro, pero existe».
PACTO CONTRA LA POBREZA
Paralelamente, el Gobierno catalán prevé aprobar durante esta legislatura el ‘Pacto por la lucha contra la pobreza en Cataluña’, un documento que se está consensuando desde hace meses con las entidades del sector para combatir la exclusión a medio y largo plazo, especialmente entre los más pequeños.
El Ejecutivo catalán también está ultimando el ‘Pacto por la infancia’, que desplegará un conjunto de medidas de protección y promoción de los menores, colectivo especialmente castigado por la crisis, teniendo en cuenta que 350.000 pequeños viven en familias que no pueden garantizar su sustento.
La consejera valenciana de bienestar social recuerda que se han pagado 32 millones a asociaciones en las últimas semanas
La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, recordó hoy en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que durante esta semana y la pasada el Gobierno autonómico ha realizado pagos por valor de casi 32 millones de euros que tenía pendientes de abonar a asociaciones y empresas dedicadas a la discapacidad, un sector con el que el Consell mantiene una importante deuda a pesar de que dichos gastos forman parte de los capítulos de gastos corrientes de la Generalitat.
Sánchez Zaplana explicó que desde que su equipo desembarcó en la Consejería de Bienestar Social el pasado mes de diciembre, después de la última reestructuración del Consell de Alberto Fabra, el trabajo que hemos estado haciendo con la Consejería de Hacienda es pagar los servicios y prestaciones de organizaciones y empresas del ámbito de los servicios sociales.
Tenemos que ser capaces de que las empresas que prestan los servicios sociales del ámbito de la discapacidad, las personas mayores, o cualquier familia, mujer, etcétera, puedan cobrar en tiempo y forma, subrayó la consejera durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum.
COMPROMISO CON EL SECTOR SOCIAL
Sánchez Zaplana, que estuvo acompañada en el acto por numerosos representantes del ámbito social, además de compañeros de partido, gobierno y otras administraciones públicas, adquirió un compromiso firme con el sector, al borde del colapso ante los impagos del Consell de Alberto Fabra: Voy a trabajar para que tengan garantizado el pago de los servicios. Creo en ello, aseguró la consejera del ramo.
En este punto, y para concluir su intervención al respecto, Asunción Sánchez Zaplana destacó el papel indispensable que juegan las ONG y el Tercer Sector en general.
Las ONG», manifestó la consejera, «son un reflejo de nuestra sociedad, prestan servicios fundamentales y desempeñan una valiosa articulación de la sociedad civil.
Echániz critica que la Plataforma de la Ley de la Dependencia quiera decir «quién debe» recibirlos
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha criticado este lunes «las amenazas» de la Plataforma de la Ley de la Dependencia –que anunció que le seguirían donde fuera necesario para entregarle sus escritos– y que sus integrantes quieran ser los que decidan «quien debe» recibirlos, cuando esa es una decisión que no les compete a ellos, sino a los servicios de la Consejería en sus distintos «órganos y ámbitos de competencias».
Echániz, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante la inauguración del quirófano número 13 del Hospital General Universitario de Ciudad Real, ha recordado a los miembros de la Plataforma que el Gobierno regional dispone de distintos registros en los que pueden entregar «la documentación que quieran».
Ha asegurado que desde la Consejería se han mantenido ya más de una «docena de reuniones» con esta plataforma en las que los «diferentes directores generales y secretarios conocen perfectamente lo que piden», por lo que ha dicho no entender esta actitud.
Finalmente, Echániz ha hecho hincapié en que el ámbito de la Dependencia ha sido uno de los mejor tratados por el actual Gobierno regional, «ya que se ha mejorado el presupuesto en un 300 por ciento y se les ha dado voz y voto en el Parlamento, con la creación de una comisión gubernamental donde todas las consejerías del Ejecutivo autonómico tienen relación directa con este sector a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
HUELGA DE AMBULANCIAS
En otro orden de cosas, y preguntado sobre los servicios mínimos que la Consejería de Sanidad ha establecido de cara a la huelga de ambulancias convocada en Ciudad Real todos los miércoles de abril, ha asegurado que como administración pública responsable de la salud de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma tienen que velar por «las personas que necesitan diálisis o transporte sanitario urgente o no urgente, y por eso se han fijado esos servicios mínimos».
En este sentido, el consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el objetivo y el criterio con el que se han fijado estos servicios mínimos es el de «tratar de equilibrar el derecho a la huelga de los trabajadores con el derecho a la salud de todos los ciudadanos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha».
El Gobierno prepara un decreto para enterrar la dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de «estrangular» la gestión de la Ley de Dependencia.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acusa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero y acusan al Ejecutivo de “estrangular” la gestión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia a través de un Real Decreto en el que está trabajando a espaldas de las Comunidades Autónomas. Afirman que el Gobierno incumple el acuerdo alcanzado en el último Consejo Interterritorial de Dependencia celebrado el pasado 16 de enero.
En 2012, el Ministerio suprimió la aportación estatal para el nivel acordado, lo que supuso en el conjunto del país una reducción de 283 millones. A ello se unió en julio del pasado año la modificación de la Ley, que incluía otro hachazo en la aportación ministerial para el nivel mínimo de 87,7 millones de euros, es decir, un 13,24% menos de lo que aportaba en 2011.
Para 2013, el presupuesto que maneja el Ministerio según la Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, contempla un recorte para el conjunto de las Comunidades Autónomas de un 22,6% con respecto al presupuesto final de 2012, es decir, 317,3 millones, a los que hay que añadir los 283 que aportaba por el nivel acordado suprimido ya el pasado año. Y es que mientras en 2012 el Imserso destino 1.404.493.590 €, para el nivel mínimo, este año el presupuesto previsto es de 1.087.179.320 euros.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguran que en 2012 y 2013 el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas más de 600 millones de euros, lo que representa un porcentaje muy importante de lo que recibían las Comunidades Autónomas.
El real decreto contempla aspectos que de aprobarse, supondrían, según la asociación, “un estrangulamiento total”, afirman que, “supondría la paralización prácticamente total de la tramitación de expedientes, al tener que trabajar en la incorporación de millones de datos de personas que han estado atendidas desde la entrada en vigor de la Ley, cuyo cumplimiento pretende exigirse para que el Imserso no deje de pagar a las Comunidades Autónomas suspendiendo la liquidación del nivel mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que con la eliminación del nivel acordado se ha eliminado también la aportación económica a las Comunidades para la gestión”.
Añaden que las estadísticas oficiales desde hace siete meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera, “esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido. Si a todo ello le unimos los recortes económicos y las condiciones leoninas como las que se quieren incluir en el real decreto que pretende aprobar el Imserso, parece que esa fecha está marcada y se corresponde con la fecha de publicación en el BOE del citado real decreto”.
La asociación denuncia que sólo en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, entre otros servicios, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del sistema de atención a la dependencia –un 90% mujeres-. Además 3.649 cuidadores familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.
El Ayuntamiento vallisoletano garantiza la continuidad del Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria
La nueva empresa adjudicataria del servicio, CLECE, S.A., se incorporará progresivamente a la prestación del servicio, de acuerdo con un plan de conexión en el que Cruz Roja procederá a desconectar sus dispositivos y la adjudicataria a conectar el nuevo sistema, que posee las mismas condiciones técnicas que tenía el servicio hasta ahora, con un precio máximo para el usuario de 14,11 euros al mes.
En los próximos días, y hasta el día 19 de abril, se procederá a realizar este cambio, de forma simultánea entre las dos empresas. Acudirán a los domicilios de las personas usuarias un técnico de Cruz Roja y otro de CLECE para realizar este cambio de terminal.
El Ayuntamiento, a través de un comunicado, ha lamentado la confusión que haya podido generar esta situación a las personas beneficiarias del mismo y asegura que continúa prestando con total normalidad el servicio de teleasistencia.
Toda la información está llegando de forma progresiva a las personas usuarias de servicio mediante llamadas telefónicas, cauce habitual de comunicación en el servicio de teleasistencia domiciliaria.
En todo caso, si hubiera alguna duda sobre el proceso, se puede obtener más información en el servicio de información municipal 010, o en los CEAS del Ayuntamiento.
Empresarios de la Dependencia presentan un plan para crear plazas sanitarias
La Federación de Empresarios de atención a la Dependencia (FED) ha presentado ante el director del IMSERSO, César Antón, un plan europeo que contempla la creación de 31.000 plazas sanitarias en España y una inversión de 2.300 millones de euros.
El plan, que fue previamente anunciado en Bruselas, parte de un estudio que expone que la ratio de camas en los países europeos es de 7.133 camas por cada millón de habitantes. En el caso concreto español hacen falta 31.000 camas para cumplir con el número estipulado. A nivel europeo, el plan de inversión en sanidad contempla la creación de medio millón de plazas y un total de 800.000 puestos de trabajo en el sector sanitario.
El presidente de la FED y secretario general de la Confederación Europea de Organizaciones de Cuidado del Hogar (ECHO por sus siglas en inglés), José Alberto Echevarría ha expuesto la situación del sector en términos económicos ante el director del IMSERSO. Según el estudio realizado, el sector de la atención a la dependencia tiene un volumen de negocio de cerca de 167.000 millones de euros en la UE y oferta un total de 3.5 millones de camas.
El documento, justifica que el retorno de la construcción en creación de nuevas plazas «no tendría efectos para la Administración hasta el año doce», según han explicado.
Jaén registró el mayor porcentaje de solicitudes de Dependencia entre 2008 y 2011
El presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia (CES Provincial), Luis Parras Guijosa, ha presentado hoy el dictamen ‘Análisis de la aplicación de la Ley 39/2006 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia de la provincia jienense’, un estudio que ha comprendido el período de 2008 a 2011.
Entre las principales conclusiones, en ese período de tiempo el número de solicitudes de acceso al nuevo sistema de atención a al dependencia en la provincia de Jaén supuso el porcentaje más alto de la población en comparación con el ámbito autonómico y estatal, pasando de un 3,84%, es decir 25.586 solicitudes de la población en 2008; al 9,36% en 2011 con 62.825 solicitudes.
En el mes de junio de 2010, el número de solicitudes en Andalucía estaba cercano a suponer la tercera parte del total de solicitudes del país, “lo que da a entender el nivel de conocimiento de la Ley entre la población y la adecuada respuesta que desde la Red de Servicios Sociales Comunitarios se ha dado desde el inicio de su puesta en marcha”, ha valorado Parras Guijosa. Y es que las solicitudes en Jaén suponen el 13,02% de las solicitudes de Andalucía.
Con relación al porcentaje de dictámenes realizados respecto al número de solicitudes, de nuevo en 2011 el porcentaje en la provincia fue del 97,80%, frente al ámbito autonómico (91,90%) y estatal (93,55%). Fue mayoritario el número de dictámenes de Grado III, pasando a ser mayor el numero de los Grado II en 2011.
En cuanto a los servicios y prestaciones recibidas por las personas usuario del sistema, en el período 2008 a 2011 es mayoritario con gran diferencia el número de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, seguido del servicio de teleasistencia domiciliaria y el servicio de ayuda a domicilio. “Es importante señala cómo se refleja la apuesta realizada por la Junta de Andalucía para ofrecer su propio servicio de Teleasistencia en un elevado número de personas”, recuerda Parras Guijosa.
En cuanto a la diferencia por sexo, el número de solicitudes de mujeres dobla al de hombres, siendo en ambos sexos el mayor número correspondiente a personas mayores de 80 años, tanto a nivel provincial como nacional.
En el mes de junio de 2010, el 75% de las personas con valoración de Grado III o Grado II están recibiendo un servicio o una prestación del catálogo de la ley. El número de auxiliares domiciliarias en el servicio de ayuda a domicilio se había triplicado en el mes de junio de 2010, respecto al período anterior a la Ley.
Con relación a los recursos disponibles en la provincia, el mayor número de plazas corresponde a las residencias para personas mayores, siendo los recursos con el menor número de plazas disponibles los destinados a personas con discapacidad.
Por todo ello, el dictamen concluye que “un sistema publico tan reciente y que tantos ingresos genera a la economía de un país merece su reforma, su mejoramiento, pero nunca su debilitamiento”, emplazando a un próximo informe ante los últimos recortes a la Ley de la Dependencia.
Las consecuencias de la crisis: Geriátricos al límite
“La veo mejor del resfriado. Me voy a casa tranquila”, comenta Mercè Gómez al salir del geriátrico Les Palmeres. Esther, su madre de 97 años, vive allí desde hace seis. Otros 26 ancianos, mayoritariamente mujeres, habitan en esta casa en Santa Maria de Martorelles (Barcelona). Les atiende un equipo de 18 trabajadores (médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de geriatría…) dirigido por Quima García y la propietaria, Manolita Catalán. Llevan 22 años gestionando geriátricos. “Es mi vida y mi profesión, pero estoy al borde del colapso. He puesto mis ahorros y los de mi madre en el negocio. Aun así, debo parte de la nómina a los trabajadores y facturas a proveedores. Lo voy aplazando y los intereses me crujen, porque tiro de Visa. No sé cuánto aguantaré”, dice Manolita, que en verano se llevó un disgusto. La directora le informó de que la Generalitat no podía pagar la factura de junio. La deuda de la Generalitat con Les Palmeres a finales de 2012 era de 68.000 euros.
El impago de conciertos y subvenciones a los proveedores de servicios sociales, que asciende a 70 millones de euros, mantienen al límite a los geriátricos catalanes. Sus representantes aseguran que el 80% corresponde a los servicios que prestan. A finales de 2011 había 61.966 plazas para ancianos (34.907 públicas y 27.059 privadas). Las últimas incluyen las 10.728 en régimen de prestación económica vinculada (PEV), la ayuda personal que recibe el dependiente por ocupar una plaza privada. Esta ayuda debe cubrir los gastos de la plaza (entre 1.384 y 1.864 euros). El pago se reparte, en teoría, en tres partes. Un tercio lo abona el dependiente. El resto, la Generalitat y el Estado, mitad cada uno. En realidad, “pagamos el 79% y Madrid solo el 21%”, se queja el departamento de Bienestar y Familia.
No es el único dolor de cabeza de los geriátricos. Hay que añadir el retraso en cobrar las ayudas a los dependientes. En Cataluña están atendidas en geriátricos, bajo la ley de dependencia, 17.639 personas según el Ministerio de Sanidad. Cuando el dependiente entra en el centro, la Administración “tarda hasta siete meses en abonar el primer pago”, explica Cinta Pascual, presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. ACRA calcula en otros 50 millones de euros más estos retrasos. “Ahora, además, se han puesto de moda los anticipos”, explica Susanna Santías, directora de la residencia Nature de Castellterçol. Por ejemplo, “si una anciana es muy dependiente (grado III), el coste de su plaza es de 1.864 euros. Si paga 600 euros, los 1.200 restantes los abona la Administración. Sin embargo, anticipa 1.000 y sigue debiendo 200, que se van acumulando”. El Gobierno catalán reconoce el retraso, pero dice que es de entre dos y cuatro meses.
Los 25 trabajadores del geriátrico que dirige Santías cuidan a 52 ancianos (44 en plazas públicas y ocho en privadas). Un empleado por cada dos residentes. “Somos un centro colaborador y por ello cumplimos los mismos requisitos de los públicos en ratio de personal, espacios comunes, medidas de las habitaciones, barreras arquitectónicas…”. La Generalitat debe a la residencia Nature casi 90.000 euros. Santías asegura su cajón para imprevistos “está agotado” y negocia con sus proveedores para reducir gastos como el mantenimiento del ascensor o los extintores, porque hay “cuestiones intocables, como la calidad del servicio asistencial y las nóminas, impuestos y suministros”. Desde 2010 los costes laborales han subido un 9% mientras que el precio por plaza está congelado.
El asunto es “preocupante porque está en juego el impago de la ayuda a los dependientes fijado por ley”, sostiene Iñaki Antón, vicepresidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD). Añade que “la deuda asciende a 1.850 euros por plaza pública en centro colaborador”. El ICASS lo niega, dice que tras los problemas de tesorería de julio la situación se ha normalizado. Esta semana el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció que pedirá un plan ICO para “eliminar” la deuda pendiente con proveedores.
ASCAD también denuncia el retraso en la gestión, desarrollo y resolución del PIA. La organización presentó el pasado 21 de febrero una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament que pide que se prioricen los pagos a los ancianos dependientes. Los consultados también se quejan de que los recortes han llegado a los medicamentos como laxantes y mucolíticos y pañales. Santías, en cambio, considera lógico que se haya racionalizado.
Sector sin planificación
En 2012 cerraron 22 centros, según datos Bienestar y Familia, que rechaza que sean atribuibles al impago de julio y los retrasos, porque la media en años anteriores es “similar”: entre 18 y 25 al año desde 2008. Los 106 cierres en cinco años “se produjeron por decisión del centro o por orden judicial. Entre otros casos por incumplimientos contractuales”.
Las residencias también han vivido su burbuja. Durante la época de crecimiento económico, surgieron como setas, algunas con servicios de alto nivel que ahora la Administración ni está dispuesta a pagar ni puede hacerlo. Tampoco hubo planificación, se crearon en lugares sin demanda. Santías subraya la necesidad de racionalizar el gasto y que las plazas públicas sean para las familias sin recursos.
“El sector”, en palabras de Pascual, “trabaja con gente mayor y hay mucha, lo que es una ventaja, pero si no alcanza el 90% de ocupación no es rentable”. Antes la ocupación estaba garantizada, pero ahora pocas familias se lo pueden permitir. Los privados tienen un 12% de plazas vacías. Mientras, hay 15.000 esperando, según el sector. ACRA propone que la mitad de las ayudas a cuidadores no profesionales se destinen a las residencias. Se cubrirían todas las plazas públicas en espera y se crearían 10.000 empleos, aseguran.
Sanitas Residencial Gerunda, acreditada como ‘Centro Libre de Sujeciones’
El director de Sanitas Residencial Gerunda, Roger Busqué, ha recibido la acreditación de manos del vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organización de Mayores (CEOMA) Antonio Segura. El acto también ha contado con la presencia del director de Operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez.
Busqué, ha destacado que “el éxito del proyecto se debe principalmente al exhaustivo estudio que se ha realizado en cada uno de los casos a través de reuniones interdisciplinarias en las que se ha elaborado una valoración integral en cuanto a tratamiento, sujeciones, diagnóstico, caídas, conducta, etc.”.
Para Segura, “es evidente que existe un uso elevado de sujeciones físicas y de fármacos psicotrópicos en residencias y que su uso tiene efectos nocivos en las personas mayores, somos conscientes de que con formación y asesoramiento se puede cambiar esta realidad”.
Por su parte, Sánchez se ha referido a que “gracias al proyecto puesto en marcha por la compañía, actualmente menos del ocho por ciento de los residentes necesitan utilizar mecanismos de sujeción, cuando la prevalencia en España supera el 30%”.
Actualmente, doce centros Sanitas Residencial son ya Centros Libres de Sujeciones, acreditados por CEOMA. Asimismo, cinco residencias más han completado la certificación como centros no sujeción de LIBERA GER y once centros más se encuentran en proceso avanzado de reducción de las sujeciones.