Dependencia
La atención a la dependencia seguirá en picado en 2014: 31.000 grandes dependientes menos
El pasado año ha sido probablemente el más duro para los dependientes y sus familias desde que la Ley de Dependencia se pusiera en marcha en el 2006. El Estado ha reducido el nivel mínimo un 13% (aporte a las CCAA), ha suprimido el nivel acordado (se perdieron 283 millones para atención a la dependencia), se ha reducido un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, se ha incrementado el copago de los enfermos, se ha eliminado la cotización a los cuidadores y se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios hasta 2015. Con este panorama, desde que Rajoy llegó a La Moncloa se han contabilizado 62.690 grandes dependientes menos en el sistema.
El año que acaba de comenzar no presenta mejores expectativas para aquellos que están pendientes de una valoración o que ya están dentro del sistema. En octubre de 2011, las personas dictaminadas con un grado III de dependencia (el mayor de todos, llamado ‘Gran Dependencia’, que supone que necesitan ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria varias veces al día con el apoyo continuo de otra persona para lograr autonomía) eran 433.290. En octubre de 2013 han bajado a 332.627 con 37.973 incorporaciones (antes de que se paralizaran), de manera que el total de grandes dependientes suma 370.600.
Estas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que se han perdido 2.588 grandes dependientes cada mes. De seguir la tendencia actual, en 2014 habrá 31.000 grandes dependientes menos, hasta quedar reducido su número a 340.000, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. «Esta reducción se explica básicamente por tres motivos: hay bajas por fallecimientos de las personas, estas bajas no se están reponiendo con nuevos usuarios atendidos y además en algunas comunidades se están realizando revisiones de grado a la baja«, comentaba José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación.
Las mencionadas revisiones de los dependientes han dado lugar enalgunos casos a una reducción de grado, algo que tiene su explicación en la necesidad de recortar las prestaciones económicas principalmente. Según los límites establecidos, un dependiente valorado con un grado III nivel 2 (existen tres grados de dependencia y cada grado se divide a su vez en dos niveles) podía llegar a percibir por cuidados familiares en enero de 2013 un máximo de 520 euros, que quedaban en 387 tras el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Rebajando un grado la valoración, el máximo a percibir sería de 337 euros al mes (268 tras la medida de julio), lo que supone un ahorro neto de 183 euros mensuales. Lo mismo ocurre con la prestación vinculada o con la ayuda a domicilio, en cuyo caso se reduciría el número de horas de ayuda.
«Es cierto que la rebaja de grado supone también una merma en la entrada de recursos estatales, pero les compensa. Por el dependiente de grado III nivel 2 con cuidados familiares la Comunidad Autónoma recibiría 231 euros al mes y una rebaja de grado supondría percibir únicamente 89 siendo grado II nivel 2. Esto con una merma de ingresos de 141 euros pero con cierta ‘ganancia’ neta mínima de 41 euros al mes que se acrecentaría en función del copago por parte del usuario en la prestación económica», explican desde la Asociación Estatal.
También la Administración General del Estado se beneficia de estas medidas, ya que reduce notablemente su aportación a las comunidades para la gestión de la dependencia. Si entre octubre de 2011 y febrero de 2012 debía transferirles 90 millones de euros por el nivel mínimo de las personas con grado III, desde julio de 2013 se ha reducido la cifra a menos de 70 millones, por lo que soncasi 25 millones de ahorro, «unos 23 si tenemos en cuenta ese 10% de grandes dependientes valorados pero sin Programa Individual de Atención (PIA)», comentan.
Lucha incansable
Pese a la pésima situación actual de la dependencialos actores sociales no han dejado de denunciar las medidas adoptadas y la manipulación de datosque dicen que lleva a cabo el Ministerio que ocupa Ana Mato y el IMSERSO, quien el pasado noviembre habría difundido unas estadísticas con un incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas. «Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las Comunidades Autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el “cambio de tendencia” desgraciadamente no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes. Es notorio que tras la supresión de los niveles, las personas dictaminadas con grado y nivel no pueden hacer sino disminuir su número a medida que se producen las bajas por fallecimiento. Por el contrario, los nuevos dictámenes (sólo de grado) son los que deberían mantener una línea ascendente. Si no fuera por lo dramático y serio del asunto,se podría decir que el IMSERSO ha “resucitado” este mes a más de 4.000 personas dependientes», decían desde la Asociación Estatal.
Precisamente para protestar por la suma de todo lo anterior, el pasado 20 de diciembre presentaron en el Congreso, junto con laCoordinadora Estatal de las Plataformas en defensa de las LAPAD,250.000 firmas para pedir al Gobierno que cumpla con la Ley de Dependencia. «Se está produciendo una derogación encubierta y una demolición controlada de la ley. En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, y en noviembre de 2013 se reduce a 940.642. En sólo dos años son 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones. Son 148 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy. El sistema tiene cuatro beneficiarios menos cada día en este periodo. Es inadmisible y cruel revertir esto con eufemismos como «mejora» o «sostenibilidad» del sistema o de la ley», concluye Ramírez.
Fundación Pilares edita un nuevo número de la colección Papeles de la Fundación con el título «Avanzar en Atención Gerontológica Centrada en la Persona» de Teresa Martínez Rodríguez
Documento pensado para facilitar el cambio de modelo en los centros de atención a personas mayores
Avanzar en Atención Gerontológica Centrada en la Persona. Agrupa un conjunto de instrumentos y documentos pensados para facilitar el cambio de modelo en los centros de atención a personas mayores. Se trata de una familia de herramientas sugeridas tras la revisión de distintas experiencias internacionales así como de los aprendizajes procedentes de diversas iniciativas puestas en marcha en nuestro país para avanzar hacia el logro de una atención orientada a las personas.
Este trabajo es una propuesta abierta y flexible que, como tal, irá generando e incluyendo diferentes metodologías y recursos que se consideren de interés para apoyar los procesos de cambio, ciertamente complejos cuando la organización procede de una cultura organizativa centrada en el servicio.
No es un método que deba ser conducido de un modo idéntico en todos los casos ni tampoco ofrece herramientas cuya aplicación excluya otras opciones. Propone una secuencia orientativa de intervención y distintos instrumentos de apoyo para lograr avanzar en algunos objetivos y temas esenciales en la aplicación de modelos de centros afines a la ACP en la que las organizaciones y equipos expresan tener mayores dificultades.
Esta obra de Teresa Martínez Rodríguez, da continuidad a la publicación de la misma autora La atención gerontológica centrada en la personal, e incluye dos partes:
La primera, Marco y fases para liderar un cambio de modelo presenta, como marco de partida el enfoque ACP y un modelo de atención que contempla un total de diez componentes. Además propone un orden secuenciado desde donde contextualizar los distintos instrumentos y metodologías incluidos en la familia Avanzar en AGCP.
La segunda presenta el Instrumento para la revisión participativa Avanzar en AGCP, herramienta que permite llevar a cabo una revisión participativa de los centros de atención a personas mayores. Ofrece para ello un manual explicativo de su aplicación y dos cuestionarios (versión residencias y versión centros de día) para ser auto-aplicados en cada centro mediante una revisión participativa en la que deben implicarse los diferentes profesionales. La versión completa de los dos cuestionarios puede ser descargada en: http://www.acpgerontologia.
Fuente: http://www.fundacionpilares.
Nueva sentencia para aplicar la Ley de Dependencia a internos en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina
Tras una tercera sentencia a favor de los residentes, familiares de personas que se encuentran en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina han creado una plataforma para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Junta.
Y es que las sentencias les dan la razón a quienes habían denunciado que están pagando una residencia pública como si fuera privada.
La plataforma ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera “improcedente” que los residentes de este centro, con los beneficios reconocidos de la Ley de Dependencia, paguen su plaza íntegramente como si fuera privada.
Se trata de una sentencia del mes de octubre, que se une a otra similar de mayo, en la que se falló de manera similar a favor de una persona interna en la residencia, y a otra en el mismo sentido de 2012.
Sentencia para todos
En la nueva sentencia se fija un criterio “extensible” a todos los afectados, que en Ávila podrían ser más de 40, por lo que algunos familiares han decidido adoptar las medidas necesarias para que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Las medidas incluirán el requerimiento para que se deje de cobrar como si estas plazas fueran privadas y se cobre únicamente el precio de referencia en cada caso.
Los promotores de la plataforma reclamarán la totalidad de las cantidades que cada residente ha abonado sin tener obligación a ello.
Según han asegurado en un comunicado, tienen constancia de que las administraciones central y autonómica han ingresado a la Diputación de Ávila “toda o parte” de las cantidades que correspondían a los residentes por aplicación de la Ley de Dependencia, aunque institución provincial no ha transferido esas cuantías a los beneficiarios ni se han aplicado a financiar el precio de la plaza residencial.
Consideran que, “de ser así, se habría producido un hecho gravísimo”, ante lo que consideran una posible “indebida retención”.
La Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Ley de Dependencia del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina anuncia denuncias ante los organismos e instancias judiciales, y han invitado a todos los afectaos a agruparse para “depurar responsabilidades”.
Coto a los dependientes más graves
La dependencia languidece en su séptimo aniversario entre recortes, copagos y reducciones de ayudas. Un ejemplo de ello es la caída del número de grandes dependientes reconocidos por la ley: desde junio de 2011, momento a partir del cual se registra un cambio de tendencia en negativo, el sistema ha perdido cada mes una media de 2.209; son 76 personas menos al día con el mayor grado de dependencia.
En total, la cifra de dependientes de grado III —aquellos que necesitan cuidados continuos para las actividades diarias más básicas— ha menguado en 64.083 personas en dos años y medio, de acuerdo con las últimas cifras publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta situarse en los 374.599. Son un 14,6% menos. Y ello a pesar del cambio de tendencia que se ha producido en los informes oficiales de los últimos dos meses, en los que, a contrapelo de los 27 meses anteriores, ha habido un aumento de grandes dependientes reconocidos. Lo que resulta muy sospechoso para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que no se lo cree: “No se han depurado todas las personas fallecidas en lo que parece una estrategia desesperada para ofrecer datos positivos a final de año”, denuncia esta entidad.
La caída en el número de grandes dependientes en el sistema es tan pronunciada que los datos de estos dos últimos meses apenas maquillan la magnitud del descenso. Lo mismo sucede con el hecho de que los datos de junio de 2011 aún no estaban depurados de las duplicidades que detectó en un informe el Tribunal de Cuentas. Esta institución identificó 13.418 expedientes que tenían errores con repercusión en las estadísticas del sistema de dependencia. Pero esto tampoco altera la dinámica regresiva que sufre la tasa de dependientes más graves. Incluso si estas repeticiones o casos de dependientes fallecidos solo afectaran a casos de grandes dependientes —lo que es virtualmente imposible—, la reducción en la atención a los beneficiarios más graves seguiría siendo muy abultada: 50.665 grandes dependientes menos (el 12%) desde mitad de 2011.
Este descenso se enmarca en el atasco que ha caracterizado a la ley a lo largo de los últimos meses. Parte de las autonomías no son capaces de cubrir las bajas que se dan por el fallecimiento de beneficiarios y de dar de alta a nuevas personas en el sistema porque no tienen fondos para asumir estas prestaciones, lo que resulta especialmente grave dadas las elevadas cifras de espera existentes. Los datos de finales de noviembre indican que hay
193.239 personas aguardando a acceder a unas prestaciones que les corresponden.
¿A qué obedece la disminución del número de grandes dependientes en el sistema? Para Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, uno de los motivos obedece a la aplicación del nuevo baremo que se emplea para valorar el grado de dependencia y que entró en vigor en febrero de 2012. Para Barriga, esta herramienta es más restrictiva que la anterior, lo que “dificulta la entrada al sistema de los grandes dependientes” y evita compensar las bajas que se van produciendo por fallecimientos con nuevas altas.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) —el organismo dependiente del ministerio que dirige Ana Mato encargado de gestionar la dependencia— no niega que la aplicación del baremo tenga que ver en la reducción del número de grandes dependientes. Pero rechaza que sea responsabilidad suya. “El baremo vigente lo aprobó el Gobierno anterior y lo aplican los profesionales. Este Gobierno no lo ha modificado en absoluto; si se reduce el número de grandes dependientes es por la aplicación de las comunidades autónomas del baremo”, comentan fuentes del Imserso.
A este aspecto se suma la “lentitud o ausencia de revisiones de los de grado II para pasarlos a III”, a juicio de Barriga. Es decir, el retraso en el reconocimiento de las personas que sufren un agravamiento de su situación y que evolucionan de un estado de dependencia severa a situaciones de gran dependencia.
Estos dos factores tienen implicaciones económicas directas. El Estado transfiere a las autonomías una suma por cada dependiente atendido. Pero esta cantidad no es igual si se trata de un dependiente con grado II o grado III. Según la última modificación del Gobierno —pendiente de cambiar en breve— , el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad paga a las autonomías 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. De esta forma, este dinero, el llamado nivel mínimo, se reduce si hay menos dependientes, en general, y si hay menos de grado III, en particular.
Hay otro motivo que explica la reducción del número de grandes dependientes, según comentan los especialistas en trabajo social. A pesar de que la tendencia natural es que a medida que los beneficiarios envejecen vayan perdiendo un mayor grado de autonomía y vayan necesitando mayor atención, algunas comunidades autónomas han procedido a revisar a grandes dependientes para rebajar su grado al considerar que se encuentran mejor.
Estos cambios, señalan desde las asociaciones de dependientes, suelen producirse en personas que reciben prestaciones económicas —las que implican una transferencia de dinero, no un servicio como la teleasistencia o una residencia— ya que el cambio de grado conlleva una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que paga las ayudas. En el caso de las prestaciones para el cuidado de familiares, las más frecuentes, la cantidad máxima de la ayuda (tras el recorte de julio de 2012) es de 387 euros al mes para un gran dependiente frente a los 268 euros de un dependiente de grado II. Un cambio de grado a la baja representa en este caso un ahorro de 1.428 euros al año por dependiente.
“Las revisiones se encuentran reguladas en la ley y las aplican las comunidades autónomas”, sostienen desde el Imserso. “El Gobierno no ha cambiado nada al respecto”, añaden.
El director del Imserso, César Antón ha hecho hincapié en distintas ocasiones en el, a su entender, elevado número de personas con gran dependencia que ha reconocido el sistema. Suele destacar, cuando se refiere a esta cuestión, que las estimaciones previas a la puesta en marcha de la ley calculaban unas cifras de unos 205.000 grandes dependientes cuando, a pesar del retroceso que se está produciendo en los últimos años, su número ronda los 370.000.
De mantenerse el mismo ritmo de caída que en la actualidad, en un plazo de poco más de seis años, menos del tiempo que la ley lleva en funcionamiento, el número de personas con una valoración de dependencia de grado III se situaría en las cifras a las que alude Antón.
El Ayuntamiento de Guadix reclama que se mantenga la ayuda a domicilio
El alcalde de Guadix, José Antonio González Alcalá, y la concejala de Servicios Sociales del consistorio accitano, M Carmen Alcalá, han manifestado hoy su adhesión a las declaraciones hechas por parte de la diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, en relación al Decreto de Exclusión Social de la Junta.
Según han explicado, desde el consistorio accitano se atiende a cien personas a través del citado Decreto, en su apartado de Ayuda a Domicilio. Precisamente la finalidad de esta medida es mantener la estabilidad laboral de las auxiliares de Ayuda a Domicilio, así como atender a aquellas personas que están pendientes de una resolución de la Junta con respecto a la Ley de Dependencia, puesto que es ella la que tiene competencias al respecto. Estas personas, que padecen lo que puede entenderse como una paralización encubierta de la Ley de Dependencia, son personas dependientes que se pueden atender a través de este Decreto mientras siguen a la espera de la resolución del recurso de Dependencia por parte de la Junta. Sin olvidar que a través de este Decreto sólo se pueden atender servicios de cuidados personales, lo que da una idea de la situación de dependencia de las personas beneficiarias.
M Carmen Alcalá destaca especialmente el buen trabajo de las profesionales de Servicios Sociales, con el que se ha hecho posible atender al mayor número de personas necesitadas de este servicio a pesar de la complejidad del Decreto y del escaso tiempo con el que se ha contado.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Guadix se pide a la Junta que agilice las resoluciones de la Ley de Dependencia, ya que es competencia exclusiva suya, y que entretanto se mantenga este Decreto que permite atender en Guadix a cien personas. «Han creado unas expectativas a familias en situaciones urgentes y necesarias, algunas esperando desde hace dos años una resolución de la Ley de Dependencia», ha señalado la concejala,al tiempo que ha destacado la importancia de seguir manteniendo la estabilidad laboral de las auxiliares de Ayuda a Domicilio.
Por su parte, el Ayuntamiento de Guadix mantiene su ayuda a domicilio municipal en los mismos términos de 2013, tal y como ha quedado reflejado en la aprobación del presupuesto. «Pero las personas sujetas a la Ley de Dependencia dependen de la resolución de la Junta, puesto que es competencia exclusiva suya», concluye.
Sector de la dependencia valora «positivamente» la subida del Gobierno regional cántabro del 1,6% por las plazas concertadas
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en Cantabria ha valorado «positivamente» la subida del 1,6 por ciento en los precios públicos que paga a las empresas y entidades del sector de la Dependencia por las estancias concertadas tanto en centros de día como en residencias.
Así lo ha afirmado en un comunicado su presidente, Víctor Pandal, quien ha opinado que esta medida aprobada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria se trata de un «pequeño paso para retornar a la senda de la normalidad», tras la bajada de 2012 –que cifra entre el 10% y el 13%– y la congelación de 2013.
«FRAGILIDAD ECONÓMICA» DE LOS CENTROS
Pandal ha opinado que el Gobierno regional «debe ser consciente» de que «muchos centros» se encuentran en una situación de fragilidad económica que «pone en serio peligro su viabilidad ante la proliferación de plazas vacías».
A su juicio, este hecho se vuelve «más acuciante» en los centros medianos y pequeños en zonas rurales, donde la posibilidad de ocupar plazas privadas es «mínima» puesto que la mayor parte de los posibles usuarios no disponen de los recursos necesarios.
Por ello, ha insistido en que el sector sigue reclamando la adopción de más medidas para dar viabilidad a los centros y mejorar la calidad de atención a los ciudadanos que reciben nuestros servicios.
Ha opinado que estas medidas deben ir orientadas a mejorar la normativa vigente, tanto sobre los criterios materiales exigidos como en la obligatoriedad de que todos los centros de Cantabria concertados cuenten con una acreditación que garantice una asistencia regulada y de calidad.
Por ello, y pese al «esfuerzo» que supone a las empresas y entidades del sector, ha considerado una «buena noticia» que a partir de junio de 2014 todos los centros concertados con el Gobierno de Cantabria deberán estar acreditados. A su juicio, «debe garantizarse de alguna forma el tipo de servicio que se presta y como se presta».
Así, ha afirmado que FED Cantabria seguirá colaborando con la Administración «para avanzar juntos» pero «sin renunciar a sus objetivos» en cuanto a la atención centrada en el usuario, la sostenibilidad empresarial y el reconocimiento social.
La Federación Española de Dependencia representa a 2.400 Centros Residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en Centros de Día, 230.000 beneficiarios de Servicios de Ayuda a Domicilio y 315.000 usuarios de Teleasistencia.
El dinero que se gaste en dependencia tendrá que ser certificado
Las comunidades autónomas tendrán que remitir cada año un certificado al IMSERSO para acreditar en qué han gastado el dinero que reciben del Estado para atender a sus ciudadanos en situación de dependencia, una medida que se acordó en el Consejo Territorial del ramo en julio de 2012 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Así lo recoge el proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de financiación –el importe que aporta el Estado– de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento fija esa aportación estatal en los términos recogidos en el Real Decreto de medidas de estabilidad presupuestaria aprobado en 2012, es decir, consolida el recorte de las ayudas, que pasaron de 231,28 euros por cabeza para los casos de gran dependencia Grado II –los más severos– y 157,26 euros para la gran dependencia Grado I, a 177,86 euros en ambos casos.
Asimismo, establece las condiciones en que los gobiernos autonómicos tendrán acceso a ese dinero: tendrán que expedir un «certificado acreditativo de su aportación» para la financiación del sistema «a más tardar el 30 de abril de cada año» que refleje la actividad realizada en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
Así, tendrán que reseñar el número de personas beneficiarias atendidas por cada grado, el número de servicios y prestaciones económicas percibidas por sus beneficiarios y el detalle de los gastos corrientes directamente ejecutados para la atención de los dependientes, tanto los que ya tenían las ayudas, como los que se hayan dado de alta en ese periodo.
«El certificado será expedido por la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma responsable de la gestión de la atención a la dependencia, con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma, para los datos económicos y presupuestarios», concreta el proyecto.
La Administración General del Estado abonará las cuantías correspondientes mes a mes, previa presentación de otro certificado que acredite las altas y bajas de sus beneficiarios, los traslados, las revisiones, la suspensión de la prestación y cualquier otra modificación en los expedientes que se haya producido. Deberá estar firmado por el responsable autonómico de dependencia.
No será el único trámite a realizar. Los gobiernos regionales deberán ‘subir’ al Sistema de Información del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) todos los datos relativos a las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia: el grado de las personas beneficiarias, la prestación reconocida, la fecha de efectividad del derecho, la capacidad económica de los dependientes y su aportación al coste del servicio, en su caso. Sin este trámite previo, no habrá transferencia de fondos.
El Consejo de Ministros aprobará también este viernes otro Real Decreto sobre dependencia que habrá de regular las prestaciones. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge todas las normas de desarrollo de la Ley que se han venido aprobando desde su entrada en vigor, incluidas las de reforma impulsadas por el Ministerio de Sanidad desde el año 2011.
Así, persigue dar uniformidad nacional a asuntos como la documentación necesaria para formalizar la solicitud de ayudas a la dependencia, las intensidades de protección que requieren las distintas situaciones de los beneficiarios, o el régimen de compatibilidades de servicios y prestaciones, conforme los decretos al respecto que ya están en vigor.
AERTE reclama que Bienestar Social abone entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los 25 millones de euros, tal como se comprometió
. La Conselleria de Bienestar Social continúa acumulando deuda con el sector de la atención a la dependencia, al seguir sin abonar las cantidades establecidas mensualmente, cada mes de impago supone 15 millones de euros. La deuda acumulada al final de este mes será de más de 115 millones.
Como en más de una ocasión ya ha denunciando AERTE, la situación de continuos impagos y promesas incumplidas no puede sostenerse más. Centros de atención a la dependencia no han podido hacer frente a la paga extra de Navidad de sus trabajadores y, en algunos casos, tampoco a las nóminas de noviembre y diciembre.
María José Mira, directora general de AERTE, ha reconocido que “a ningún empresario le gusta dejar de abonar la paga de Navidad y las nóminas, sobre todo, en un sector como este, donde la mayor parte del gasto es en personal especializado. En la mayoría de los casos, incluso, es el único sustento de sus familias”. Mira subraya que en representación de las empresas desea “agradecer a los trabajadores del sector su paciencia y apoyo en momentos como estos, dado su compromiso por seguir atendiendo a las más 30.000 personas dependientes a pesar de la situación”.
Reclama que Bienestar Social abone los 25 millones comprometidos
La Conselleria de Bienestar Social comunicó la semana pasada a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), que entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014, abonará unos 25 millones de euros, pertenecientes a la deuda acumulada.
Aunque esta cantidad es insuficiente para solventar la dramática situación, Aerte urge a cumplir con este compromiso en las fechas establecidas, de una forma equilibrada, para dar un puntual respiro al sector. Así mismo, reclama que el pago de la segunda fase del FLA se agilice lo antes posible dada la extrema falta de liquidez de los centros que ahora no recibirán ni un euro.
Plan de pagos
Desde AERTE, su directora general insiste que es “imprescindible que se adquiera un compromiso por parte de la administración para establecer un plan de pagos”, ya que en este sector cada mes que pasa sin cobrar se genera una deuda superior a los 15 millones de euros. La segunda fase del FLA, una vez que se active, únicamente solucionará la deuda anterior a abril de 2013.
Establecer un plan de pagos permitiría, según María José Mira, asegurar un cobro continuo a las empresas y entidades que prestan servicio a la dependencia. Mira aboga por un “plan de pagos equilibrado entre todos los programas que garantice, no sólo la atención a los más de 30.000 dependientes, sino la supervivencia de las empresas del sector y sus trabajadores”.
AERTE solicita reunión con el Presidente Fabra
AERTE ha solicitado una reunión al Presidente Fabra para encontrar una solución consensuada que permita no sólo afrontar el futuro del sector sino establecer un calendario de pagos que se cumpla y también posibilitar la resolución de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas dependientes. En definitiva, para solicitarle que interceda para que la dependencia no siga siendo lo último en el que piense el gobierno valenciano.
El Sistema de Dependencia «está tocando techo», según el IMSERSO, que cifra en 750.000 los que reciben prestación
El número de personas que recibe algún tipo de prestación por dependencia ha crecido desde el pasado mes de enero en un total de 2.693 personas, hasta alcanzar la cifra de 754.244 que reciben algún tipo de ayuda económica, según ha informado el director general del IMSERSO, César Antón.
El crecimiento de este año ha sido menor al del año pasado, cuando la cifra creció en 12.694 personas, aunque Antón ha matizado que la diferencia se debe, entre otras razones, a que el sistema «está tocando techo».
«Las cifras de crecimiento no pueden ser las mismas ahora que cuando se puso en marcha el sistema, en 2007», ha señalado.
El crecimiento se ha producido en un total de doce comunidades autónomas, encabezadas por la Comunidad de Madrid, que han sumado un total de 26.264 beneficiarios de las ayudas, pero la cifra queda reducida por el descenso del número de ayudas que se conceden en otras cinco, entre las que destaca Andalucía, con más del 80 por ciento de la reducción, según ha indicado Antón.
Según el director general del IMSERSO, la reducción de las ayudas concedidas en algunas comunidades y el aumento de un 17 por ciento del número de solicitudes rechazadas en el conjunto del sistema no se debe a un endurecimiento de las condiciones de acceso dado que el baremo para acceder a las mismas «sigue siendo el mismo y corresponde a un Real Decreto de 2010».
Por otra parte, desde que el actual Ejecutivo asumió la gestión del sistema, el número de beneficiarios del mismo ha crecido en más de 180.000 personas y las listas de espera para acceder a las ayudas se han reducido en 112.000 personas (un 35 por ciento menos), ha asegurado el responsable del IMSERSO.
Así, un total de 193.239 personas han sido reconocidos como «beneficiarios» aunque la concesión de prestaciones se encuentra aún «tramitándose», según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la solicitud de otras 296.337 personas ha sido «valorada» aunque el reconocimiento del grado de dependencia aún no es efectivo.
En este sentido, Antón ha señalado que «nadie está contento de que haya tantas personas en la lista de espera», pero ha valorado positivamente el hecho de que se haya reducido cerca de un 36 por ciento.
De hecho, ha recordado que, pese a las críticas recibidas tras la reforma del sistema de pensiones, «los datos están ahí» y ha señalado que el sistema «se ha mantenido» y ha obtenido un leve crecimiento «en el peor momento económico de la democracia».
Además, ha señalado que «ya no habrá más medidas ni ajustes en el sistema de atención a la dependencia más allá de la evaluación y el seguimiento» y ha recordado que tanto la cuantía como el catálogo de las prestaciones y las condiciones de acceso a ellas «se han mantenido intactos», a excepción de las ayudas a familiares, que se redujeron un 15 por ciento de forma pactada con las comunidades autónomas.
CRECEN LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Como resultado de ello, ha explicado que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores del sector de atención a la dependencia en un total de 6.218 personas en lo que va de año, hasta alcanzar los 342.147 trabajadores hasta el 30 de noviembre. «Son pocos, pero es un primer paso», ha asegurado el director general del IMSERSO.
Además, ha señalado que «se está estudiando algún tipo de cualificación» o reconocimiento de las capacidades para ejercer la actividad que sirva como marco regulador y que tenga un posible «efecto llamada» sobre las personas en situación de desempleo que puedan realizar estas tareas.
De este modo, además, se conseguiría tener «no solo una lista de personas que demandan estos servicios sino también una de personas cualificadas para ello. Así se agilizaría el trámite», ha asegurado.
Directoras y gerentes de Servicios Sociales dicen que los datos de la Ley de Dependencia están «manipulados»
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creen que los últimos datos de gestión de la Ley de Dependencia ofrecidos por el IMSERSO, referidos al mes de noviembre de 2013, no depuran todas las personas fallecidas en lo que, a su juicio, «parece una estrategia desesperada para ofrecer datos ‘positivos’ a final de año».
Según han denunciado, a través de un comunicado, es «enfermiza» la «manipulación» de los datos oficiales que mensualmente ofrece el IMSERSO respecto a la evolución de la Ley de Dependencia, y ha indicado que quieren «dar una apariencia de gestión diligente y mostrar las pretendidamente salvíficas mejoras introducidas por nada menos que tres reformas de la Ley».
«Se retuercen los datos hasta conseguir que ya nada sea fiable, comparable o que pueda ser estadísticamente analizado con un mínimo de rigor», señalan.
Así, critican que los datos de noviembre arrojan un «inaudito pero oportuno» incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas que, según han declarado, «ojalá fuera reflejo de la realidad».
«Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las comunidades autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el cambio de tendencia que anuncia el Gobierno, desgraciadamente, no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes», indica la asociación.
Otro elemento que, en su opinión, denota «una manipulación» es el incremento de personas con dictamen de grado y nivel de dependencia cuando desde agosto de 2012 se eliminaron los niveles. En el mes de noviembre respecto al mes anterior este incremento se dio en 4.103 casos:
En cuanto al mensaje de que las «mejoras» producidas en el sistema han reducido a 112.702 personas de la lista de espera, la asociación ha señalado que la «manipulación de los datos es obvia».
Así, ha explicado que la lista de espera se elevaba a 305.941 en enero de 2012 y que ahora, si se dan como buenos los datos de noviembre, se reduciría hasta 193.239 personas. «En el mismo intervalo de tiempo, el incremento de personas atendidas fue de 2.693 personas. Cuando una lista de espera se reduce en más de 112.000 personas con un incremento de atendidos de solo 2.693, es evidente que muchos de esa lista simplemente perdieron el derecho a ser atendidos (cerca de 30.000 personas que tenían grado I y nivel 2) gracias a la primera reforma de Ana Mato», ha indicado, para añadir que, el resto, «en un número indeterminado, han sufrido revisiones de grado a la baja».
«Vender esto como un ‘éxito en la gestión’, además de ser una ficción estadística y una mentira que exigiría más de una dimisión, es de una crueldad insoportable», han denunciado directoras y gestores de Servicios Sociales, que han señalado que «no se puede desbaratar por la vía de la inanición de recursos el desarrollo de una Ley como esta y luego pretender que se ha hecho más sostenible gracias a la ‘eliminación’ de los derechos de las personas y manipulando los datos hasta lo enfermizo».
Simon Senior prevé tener un volumen de ventas de 21 millones de euros en 2017
Simon Senior, compañía especializada en asesorar y equipar el hogar de las personas mayores, se ha consolidado como la marca de referencia en el sector de los mayores en España. Aunque la compañía tiene más de 20 años de experiencia en el sector, opera con el nombre de Simon Senior desde el pasado mes de abril, cuando pasó a formar parte del grupo de empresas Simon Holding, especializado en la venta de material eléctrico de baja tensión, electrónica y domótica, entre otros productos y servicios.
La compañía prevé obtener un volumen de ventas de 3,5 millones de euros en 2014 y crecer de manera importante los siguientes años, hasta llegar a tener unos ingresos de 21,3 millones de euros en 2017.
Según el director general de Simon Senior, Manel Santacana, “nuestro amplio conocimiento del producto y de las necesidades del usuario final nos han dado el liderazgo. Estamos seguros que Simon Senior seguirá creciendo de manera importante en España”.
“Creemos que la entrada de Simon Holding en el negocio es muy positiva porque se trata de un grupo de empresas muy importante, que constantemente apuesta por la innovación y que nos puede ayudar a iniciar un proceso de internacionalización de la compañía en un futuro no muy lejano”, apunta la product manager de Simon Senior, Anna Casanovas.
Simon Senior tiene sus oficinas centrales en Olèrdola, en la provincia de Barcelona, donde dispone de un showroom y un almacén de más de 1.000 metros cuadrados. La compañía también tiene un departamento propio de investigación y desarrollo de nuevos productos para poder satisfacer cualquier necesidad.
Historia de la compañía
El proyecto empezó en 1992, cuando un familiar cercano de los fundadores de la compañía enfermó de Alzheimer. Viendo las pocas soluciones que había en ese momento para personas dependientes y para sus cuidadores, Manel Santacana y Anna Casanovas decidieron crear una empresa que ofreciera productos para ayudar a las personas mayores que vivían solas en su domicilio y a sus cuidadores.
Manel Santacana explica que “viendo las posibilidades de crecimiento del sector de la tercera edad, decidimos apostar fuertemente por él y poner en marcha un negocio que ofrecía soluciones a unas necesidades no cubiertas. Durante estos años hemos ido creciendo de manera sostenida, ganando la confianza de los clientes gracias a nuestro expertise y a la calidad de nuestros productos”.
La primera empresa se llamó “MAM Serveis Seniors”, centrada en ofrecer servicios a personas mayores que vivían en su domicilio. Posteriormente, en 1997, crearon una compañía dedicada al equipamiento de residencias y colectividades: “Equip Integral”. En el año 2000 inauguraron la primera tienda en Sant Sadurní d’Anoia, “La Botiga de l’Avi”, para intentar acercar sus productos a la población en general. No tardaron en expandir la marca a diferentes ciudades de España y Portugal (“La Tienda del Abuelo” y “A loja do Avô”) y, después de algunas alianzas con empresas de otros sectores, decidieron ampliar el canal de comercialización creando la marca “Club Mayores”, que ofrecía productos en farmacias, ópticas, empresas de audiología, dispensarios médicos, etc. Finalmente, en abril de 2013, se creó Simon Senior gracias a la alianza con la empresa Simon Holding.
“Durante estos años hemos tenido experiencias muy gratificantes que nos han ayudado a creer todavía más en nuestro proyecto. En una ocasión, por ejemplo, una señora nos agradeció con lágrimas en los ojos que le hubiéramos vendido un producto para ponerse las medias, solucionándole así un problema que no le había permitido salir de casa en meses”, explica Anna Casanovas.
La tienda on line
El portal web permite ver información detallada y fotografías de todos los productos, y realizar el pedido de una manera rápida y segura. La compra es online, aunque también hay un servicio de atención telefónica para solucionar dudas y recibir más datos sobre los productos. Asimismo, con un blog al que se accede a través de la página web, la compañía ofrece consejos sobre salud y bienestar en su “Consultorio”.
Además de la web, la empresa también ofrece sus servicios a través de profesionales expertos que trabajan en centros especializados repartidos por todo el territorio español y portugués. Entre estos puntos de venta hay farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedias, centros auditivos y ferreterías. Esta red de prescriptores se prevé que crezca de manera importante este 2014.
Por otro lado, además de vender sus productos, la compañía asesora a colectivos e instituciones que tratan a diario con personas mayores y ofrece formación a profesionales del sector. En este sentido, por ejemplo, Simon Senior colabora con el Centre de Vida Independent (CVI), entidad que ofrece asesoramiento a las personas dependientes, formación y talleres, y un laboratorio de investigación para poner al alcance de usuarios y profesionales del sector toda la tecnología ya disponible en el mercado o la que se encuentra en un estado de desarrollo muy avanzado. Simon Senior colabora de manera muy activa con el CVI en Cataluña, así como con otras instituciones nacionales similares.
Simon Senior comercializa productos de marcas de gran prestigio internacional, especializadas en asistencia a la dependencia. Este es el caso de Doro (experta en telefonía adaptada a las personas mayores), Roth (barras de fijación con ventosas), Swereco (artículos ergonómicos para la higiene personal), Maddak (ayudas técnicas para personas con dificultades), Uplift (Estados Unidos, ayudas para la movilización), Kaudex (mobiliario ergonómico) y Goman (fabricante italiano de ayudas para baño).
El 51% de los mayores que atiende Cruz Roja son pobres, pero ayudan a familiares
El 51 por ciento de las personas mayores que atiende Cruz Roja Española en programas sociales viven por debajo del umbral de la pobreza (612 euros al mes) pero un tercio ha tenido que ayudar a algún familiar en el último año, lo que les sitúa en una situación de mayor privación agravada en el contexto de crisis: un 4% ha perdido las ayudas que recibía y un 9,7% tiene problemas para afrontar el copago de los medicamentos.
Esta es una de las conclusiones del boletín sobre vulnerabilidad social que ha presentado este jueves la institución humanitaria y en el que se describe a partir de 1.112 encuestas cualificadas, el perfil de sus beneficiarios mayores de 65 años, 364.199 personas, el 4 por ciento de la población española en este tramo de edad. La cuarta parte de los mayores atendidos vive en hogares donde todos sus miembros están en paro.
Para el coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel, los datos reflejan que «cuanto más pobres, más ayudan» porque si un 4,7% del total ha tenido que acoger familiares en casa en el último año, el porcentaje es del 6% entre quienes se encuentran en una situación de pobreza extrema (el 17,2% de los atendidos, que ingresa menos de 408,59 euros al mes). En el 61,3% de los casos fueron ayudas económicas y en el 18,7%, alimentarias o de productos de primera necesidad.
Los beneficiarios de estas ayudas han sido principalmente los hijos de la persona mayor (59,8%), aunque también los nietos (12,8%) y otros familiares (9,8%). En total, el 15,4% de estos mayores tiene a cargo a personas dependientes y un 2% a niños menores de 16 años de edad. «Sabemos que está creciendo esta situación y claro, si atiendo a mis familiares, tengo menos dinero para mi salud y para mis necesidades», ha destacado Bruel.
Esta situación de privación, que es severa entre casi ocho de cada diez mujeres atendidas, repercute en que un tercio (33,3%) de las personas mayores no pueda ni encender la calefacción durante el invierno, o que casi siete de cada diez (67,9%) no pueda salir de vacaciones una semana de casa ni aunque sea con viajes sociales del IMSERSO. El 72,2% no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros.
Estas personas, de media, ingresan 500 euros mensuales y un 12,7% no consigue llegar a fin de mes. Los hay que están en 408 euros (17,5%) y que no tienen ningún ingreso (6,8%), en su mayoría (83%) mujeres. En el 47% de los casos el dinero es de una pensión de jubilación (frente al 70% de la población general) y en un 37%, de una de viudedad (23% en todo el país). En estos casos, el 17% no puede subsistir sólo con eso. El 3% además, tiene problemas para afrontar los pagos de su vivienda.
Bruel ha explicado que «hasta ahora, las personas mayores eran vistas como privilegiados económicos porque tenían garantía de ingresos con la pensión, pero eso ha cambiado». Según ha dicho, el encarecimiento de la vida y los recortes han empobrecido a estas personas. El 4% ha dejado de recibir las ayudas que tenía, que eran económicas en el 73,3% de los casos y que en un 18,8%, procedían de Servicios Sociales. En total, el 28,8 por ciento necesita ayuda para subsistir.
NO LLEGA PARA MEDICINAS
En este sentido, el informe dice que «la crisis ha influido en el poder adquisitivo del 62,7 por ciento» de los atendidos. Casi el 74% dice que gana lo mismo, pero le da para menos que antes y cerca del 6% reconoce problemas económicos que no había tenido nunca. Además, el 5% tiene problemas financieros: un 2% ha perdido sus ahorros, el 2,1% problemas con el banco y el 1,3%, deudas importantes.
El coordinador advierte de que la situación «no es broma»: el 38,3 por ciento de los mayores atendidos ha tenido problemas relacionados con la atención de su salud, en su mayoría económicos. El 17,7% ha encontrado problemas para sufragar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social y el 9,7 por ciento, para afrontar el copago de los medicamentos que necesitaba. «El impacto de este coste para una pensión de 300 euros es mucho dinero», ha señalado.
Además, un 9,5% ha pasado más de seis meses en una lista de espera, en un colectivo donde los problemas de salud crónicos afectan al 61,5 por ciento de las personas, un 74,4% tiene problemas para caminar (al 29,7% le impiden deambular), un 34,2% dificultades para vestirse o lavarse y un 63,1% siente dolores o molestias constantemente. «Sólo» el 32,3% de los varones y el 23,4% de las mujeres consideran bueno su estado de salud, frente al 39,7% y 30,6%, respectivamente, de la población general.
LA SOLEDAD, UNA EPIDEMIA
En este sentido, el informe destaca que el 22,5 por ciento de los mayores atendidos por Cruz Roja tienen una discapacidad importante, el 40,8% una certificación de minusvalía y el 22%, de dependencia. Bruel ha destacado que estos mayores dependientes y sólos son los que más preocupan a la institución humanitaria, porque la ayuda que reciben, que suele ser de acompañamiento, sólo se da unas horas al día y el resto del tiempo, no pueden valerse por sí mismos.
Precisamente la soledad es uno de los problemas de las personas mayores en el que más incidencia hace Cruz Roja porque agrava el resto de situaciones, especialmente las de salud. El 27% de los atendidos no recibe visitas nunca o casi nunca, el 23% no tiene con quién comentar sus problemas, el 38,8% «no sabría ni a quién pedir ayuda económica» y tienen «la cabeza llena de preocupaciones» el 61% de las mujeres y el 45,8% de los hombres.
Aunque los datos no son extrapolables al conjunto de la población, Bruel afirma que «por lo menos entre un 10 y un 15 por ciento» de los mayores de 85 años en España podrían ajustarse a este perfil y nadie tendría por qué saberlo, ya que se trata de un colectivo «que no demanda servicios» y al que le cuesta pedir ayuda. De hecho, el informe advierte de que los mayores creen que la sociedad tiene una visión «utilitarista» de ellos: o están para ayudar (30%) o son una carga (45,3%).
250.000 firmas para exigir que el cumplimiento la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de LAPAD y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas para exigir el cumplimiento de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en su séptimo aniversario.
Se trata de una iniciativa ciudadana ante la «demolición controlada» del Sistema de Atención a la Dependencia y las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno actual, que según alertan estas entidades, «ha impactado de manera cruel» en las personas en situación de dependencia, «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Por ello, piden a los grupos en la Cámara baja la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente –al menos del 50%– para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma ley.
Estas dos entidades alertan de que más de 200.000 personas se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’ –con el grado reconocido, que esperan a ser atendidos– y del «recorte de más de 1.000 millones de euros» –supresión del nivel acordado y reducción 13% nivel mínimo– y el «abandono» de los cuidadores familiares.
La Generalitat comunica a Aerte el pago de 25 millones de los 100 de deuda acumulada con centros y residencias
La Conselleria de Bienestar Social ha comunicado a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero abonará unos 25 millones de euros los centros, correspondientes a la deuda acumulada que mantiene y que alcanza los 100 millones de euros.
La entidad ha apuntado en un comunicado que, ante este anuncio, las empresas del sector «encontrarán un respiro puntual a la extrema complejidad en la que se encuentran muchos centros y residencias debido a la deuda acumulada que mantiene la administración valenciana, a día de hoy más de 100 millones, y que en algunos casos se mantiene durante más de doce meses seguidos».
Aerte espera que el pago se realice «en los plazos previstos y de una manera equilibrada» entre todas las empresas, de manera que se evite «la asimetría continuamente practicada por Conselleria de Bienestar Social que supone un agravio comparativo continuo entre centros, pero también entre personas dependientes».
En este sentido, ha subrayado que una «gran parte de la deuda no ha sido abonada desde la Conselleria al no haber contabilizado las facturas, y reconocido así la deuda en tiempo y forma». Entre otros, cita como ejemplo las correspondientes a la gestión de centros de titularidad pública o el sistema Bono.
«CONTINUA ESPIRAL DE DEUDA»
La entidad ha recalcado que el abono de los 25 millones «corresponde a deuda acumulada desde hace demasiado tiempo» y ha reclamado la necesidad de que se realice «el pago mensual correspondiente al sector». «Cada mes de impago supone más de 15 millones de euros, lo que conlleva una continua espiral de deuda que no da solución definitiva a la gravísima situación actual del sistema la dependencia en la Comunitat».
Por ello, reclama un plan de pagos para 2014 «que se cumpla, tanto de las cantidades pendientes de deuda acumulada como de las mensuales, de modo que permita a las empresas tomar las medidas oportunas para evitar cierres de centros o el impago a los trabajadores».
13.000 EXPEDIENTES PENDIENTES
Así mismo, ha instado «una vez más a colaborar con la Administración para encontrar aquellos mecanismos que permitan garantizar el abono». Por último, ha reclamado «con urgencia» al Gobierno valenciano «que resuelva los más de 13.000 expedientes que tiene pendientes –2.000 más que hace un año– de personas que han sido reconocidas dependientes y que esperan las prestaciones que por ley les corresponde, en algunos casos desde hace mas de tres años».
Investigadores diseñan un robot de bajo coste que asiste a personas mayores en sus domicilios
Investigadores de las universidades de Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura han diseñado un robot de bajo coste destinado a la vigilancia de mayores o discapacitados. Se trata de un sistema robótico que ayuda a personas dependientes en entornos domésticos inteligentes, espacios están dotados de sensores y actuadores ambientales que ayudan al usuario.
La innovación del robot, aún en fase de prototipo, es su autonomía a la hora de navegar. «Sus capacidades cognitivas permiten que el robot comprenda y ejecute órdenes del usuario. Por ejemplo, si se le pide que vaya a un sitio, el robot busca el camino adecuado para llegar por sí mismo», detalla a la investigadora del proyecto en la Universidad de Huelva, Nieves Pavón.
Además de los algoritmos de inteligencia artificial que aumentan la autonomía, otra de las ventajas es la reducción del coste. «Hasta ahora, los diseños robóticos resultan más costosos porque requieren cables, instalación de cámaras o dispositivos de domótica, que implican hacer obras en el edificio donde van a actuar», explica.
Los investigadores proponen una instalación sencilla, que pueda acometer el propio cuidador. Esto reduce el coste del prototipo, que cuenta con medio metro de altura y unos siete kilos de peso. «El objetivo final es que el robot se compre al mismo precio que un electrodoméstico, entre 500 y 1.500 euros, porque se le pueden añadir extras. Incluso exploramos que se pueda alquilar por un tiempo», adelanta.
Los científicos han desarrollado experimentos en los que el robot se comunica con una red inalámbrica de sensores para realizar tareas de posicionamiento. De este modo, navega de forma autónoma a través del hogar de una persona para acometer tareas de vigilancia del estado de la persona dependiente. El cuidador puede comunicarse con el robot a través de dispositivos móviles y controlarlo de forma remota si es preciso. El siguiente paso es complementarlo con sensores ambientales para mover puertas o desplazar objetos.
Para ello, un software permite al robot entender donde se encuentra. Los investigadores han construido un mapa de donde está y la plataforma robótica va aprendiendo los recorridos de la casa, mediante algoritmos basados en inteligencia artificial. «Le enseñas, acompañándolo, a que recorra el mapa, reconozca las características del entorno y luego lo hace solo», precisa.
Tanto la estrategia de posicionamiento en el mapa como la construcción del mismo se basan en el uso de técnicas combinadas de Inteligencia Computacional y Teoría Probabilística. «La primera consiste en aplicar técnicas que intentan imitar ciertos comportamientos de la naturaleza, como por ejemplo, el comportamiento humano. Por su parte, la Teoría Probabilística se centra, a grandes rasgos, en proporcionar modelos matemáticos que permiten manejar la incertidumbre que siempre existe a la hora de tomar decisiones», explica.
Además, para hacer más robusto el robot, los investigadores han analizado en el artículo ‘A Comparative Study of Parallel Software SURF Implementations’, publicado en Concurrency and Computation: Practice and Experience, distintos métodos para detectar y describir un conjunto de puntos de interés de una imagen en tiempo real.
Los expertos trabajan ahora en experimentos que simulan cómo funcionaría el robot en un domicilio. El siguiente paso es configurar un prototipo más robusto para probar en una residencia o varias viviendas con la idea de comprobar la aceptación del usuario. El robot se ha desarrollado en el contexto de un proyecto liderado por el investigador Joaquín Ferruz Melero, del Grupo de Robótica, Visión y Control de la Universidad de Sevilla.
La existencia de 70 normas diferentes causa inseguridad jurídica a los dependientes
La Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) denuncia en un informe la inseguridad jurídica y la desigualdad territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de 70 normas jurídicas distintas, tanto autonómicas como estatales.
Bajo el título ‘Regulación de la participación económica del beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia’, el informe concluye que la falta de la obligatoriedad de la normativa común genera falta de transparencia, inseguridad jurídica y desigualdades en el colectivo de dependientes y, en concreto, de aquellos con discapacidad.
El Sistema de Dependencia no sólo se rige por la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia de 2006, sino por normativas y desarrollos reglamentarios autonómicos y acuerdos en el seno del Consejo Territorial de Dependencia –integrado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad–.
Todo ello ha provocado la existencia de unas 70 normas que se han ido publicando desde 2007, pero sin derogar o sustituir completamente a las precedentes. Esto ha incurrido una «mezcolanza» normativa que afecta directamente al administrado y familiares, que, según este documento, «no saben de forma clara a qué texto remitirse».
NO HAY UN MÍNIMO COMÚN DE DERECHOS
Además, las diferencias entre regulaciones de las distintas comunidades autónomas determinan, según este estudio, que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación de dependencia varíe «sustancialmente» del territorio en que reside el beneficiario. «No existe un mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español», aseveran los autores de este informe.
El documento pone en evidencia que aunque la Ley de Dependencia establece que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos suficientes, y para ello pone como límite el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en la práctica algunas comunidades autónomas han establecido valores distintos. «Existe una importante falta de homogeneidad», añaden.
Durante la presentación de este informe, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha afirmado que el sistema de Dependencia «ha perdido fuerza» desde su implantación, «primero con los baremos, luego con la carta de servicios y después con el copago». Asimismo, ha subrayado que todos estos cambios unidos a criterios autonómicos dispares «se han lesionado los derechos de las personas con discapacidad».
«Vivimos tiempos difíciles», ha reconocido Martínez Donoso, no sin advertir de que España cuenta con un tejido asociativo que es «la envidia de Europa» y que existe un marco normativo que «ampara» las reivindicaciones del colectivo de las personas con discapacidad, pese a lo «difícil» que «día a día» se lo ponen las administraciones.
REFUNDICIÓN NORMATIVA
Entre las recomendaciones de este informe, realizado por la asesora jurídica de FEAPS, Inés de Araoz, destaca la necesidad de que las comunidades autónomas aborden una «refundición normativa» para que se aclare la situación jurídica de las personas con discapacidad y que ofrezcan en sus webs información actualizada, simplificada y accesible, de tal forma que los beneficiarios puedan consultarla y comprenderla.
Asimismo, propone que en el Consejo Territorial de Dependencia, los responsables autonómicos en esta materia alcancen un acuerdo para homogeneizar las condiciones de participación económica de los dependientes, estableciendo criterios y condiciones que «preserven su derecho a nivel de vida adecuado para ellos y sus familias».
El número de mayores de 65 años que viven solos crece un 25% en diez años
Un total de 1,7 millones de hogares españoles de los 18 millones censados (el 9,5%) están formados por una persona sola de 65 años o mayor de esa edad, una cifra que ha aumentado un 25,8% en los últimos diez años, según revelan los Censos de Población y Viviendas 2011 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, del informe se desprende que tres de cada cuatro de los mayores de 65 años que residen solos son mujeres. Así, el número de hogares formados sólo por una mujer de 65 años o más asciende a 1,2 millones, frente a los 429.700 formados por hombres.
Este es uno de los indicadores del descenso del número de miembros por hogar durante los últimos 40 años, que han pasado de ser casi cuatro personas por hogar en 1970 a 2,58 en 2011. Esta tendencia, según indica el INE se debe «al descenso de la natalidad y al mayor peso de los hogares unipersonales».
Concretamente, el informe muestra que los hogares más frecuentes son los formados por dos personas (30,1% del total), al igual que sucedía en 2001, frente a aquellos formados por cinco o más personas que han pasado de representar el 11,8% del total al 6,5%. Entre las provincias con mayor tamaño medio del hogar destacan Murcia y Cádiz, con más de 2,75, mientras que las de menor número son las tres provincias vascas y ocho de las nueve de Castilla y León.
DESCIENDE EL NÚMERO DE HOGARES CON TRES O MÁS HIJOS
En cuanto a los miembros de los hogares, el censo revela que los formados por una pareja sin hijos han aumentado un 55,4%. Por el contrario, el número de hogares formados por una pareja con tres o más hijos, es decir, las familias numerosas, ha descendido un 32,8% respecto al año 2001.
Atendiendo a los hogares unipersonales, que representan el 23,2% del total, aunque solo al 9% de la población, en el 57% de los formados por un hombre, este es soltero, mientras que en el 48% de aquellos en los que vive sola una mujer, esta es viuda.
CASI 4 DE CADA 10 JÓVENES HASTA 34 AÑOS VIVEN CON SUS PADRES
Por otro lado, hay 333.882 hogares formados por un padre con hijos y 1,3 millones de madre con hijos, con un aumento del 44,8% en diez años. El 43% de estos hogares formados por madre con hijos corresponden a mujeres viudas, el 31,9% a mujeres separadas o divorciadas, el 13,8% a casadas y el 11,3% a solteras, en su mayoría con 40 o más años. Sobre los jóvenes de 25 a 34, el 42% viven con su pareja, el 36,4%, con sus padres, y el 8,7% solos.
Por otra parte, el estudio muestra que, de las 7 millones de parejas con hijos, casi medio millón tiene algún hijo que no es común a los dos miembros de la pareja, una cifra que ha aumentado un 110,8% en los últimos diez años «debido al incremento de las rupturas matrimoniales».
En cualquier caso, las parejas de derecho, un total de 9,8 millones, siguen siendo más numerosas que las de hecho, 1,6 millones. No obstante, en la última década, el número de hogares formados por parejas de hecho con sus dos miembros solteros ha aumentado un 249,5% y los formados por parejas de hecho de otro tipo, un 136,4%.
Además, se observa que el 99,5% del número de parejas son de distinto sexo, aunque los hogares compuestos por parejas del mismo sexo se han multiplicado por cinco en diez años, situándose en 54.920 –17.067 femeninas y 37.853 masculinas–.
ESPAÑOLES CON PAREJA DE SUDAMÉRICA Y ESPAÑOLAS CON EUROPEOS
En cuanto a las parejas extranjeras, han aumentado en diez años hasta representar el 8,9% del total, mientras que aquellas en las que uno de los miembros es extranjero y otro español son el 5%. En un 46% de las parejas compuestas por un hombre español y un cónyuge extranjero, éste procede de un país de América del Sur o Central, y en un 45% de las formadas por una mujer española y un cónyuge extranjero, la procedencia de éste es un país de la Unión Europea.
En esta línea, de los datos se desprende que el 70,1% de la población residía en el mismo municipio que diez años antes y que el porcentaje de personas que hace diez años residían en el extranjero se ha triplicado respecto al censo anterior, pasando de representar el 2,4% de la población en 2001 al 7,3% en 2011.
Además, el estudio revela que del total de personas nacidas en España, 1,3 millones tienen padre nacido en el extranjero y 1,4 millones, madre nacida fuera, siendo los países de nacimiento más frecuentes de los progenitores Marruecos, Francia, Rumanía y Ecuador. Mientras, el número de personas nacidas en España con padre y madre extranjeros es de 797.289, siendo los progenitores de Marruecos, Rumanía y Ecuador, en su mayoría.
SE TRIPLICA EL NÚMERO DE QUIENES ESTUDIAN EN SU CASA
Atendiendo al nivel de estudios de quienes residen en los hogares españoles, se observa que el número de personas de 16 o más años que cursan algún tipo de estudios y no trabajan, ha aumentado ligeramente en la última década y alcanza los 3,2 millones de personas, triplicándose la cifra de personas que estudian en su propio domicilio que ha pasado del 3,5% al 11,1%. Además, el 55,7% de las viviendas principales españolas disponen de Internet.
Concretamente, las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de personas con estudios de tercer grado son la Comunidad de Madrid (23,3%), País Vasco (18,8%) y Navarra (17,6%). Además, los municipios de más de 10.000 habitantes con mayor porcentaje de personas de 16 años o más con formación de tercer grado se concentran en Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Torrelodones (Madrid) con porcentajes superiores al 50%.
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia piden más presupuestos
Con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
Con motivo de cumplirse hoy el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
En un comunicado, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (Lapad), cuyo portavoz es el toledano José Luis Gómez-Ocaña, exigió a los gobernantes que doten a las distintas administraciones de los presupuestos y las herramientas adecuadas para su desarrollo completo.
«Un Gobierno que deja desprotegido a sus ciudadanos más débiles, es un Gobierno injusto y desalmado», según esta Plataforma, que explicó que se ha pasado de «la esperanza» surgida en 2006 con la aprobación de la ley hasta el momento actual, en que los derechos reconocidos «retroceden a pasos agigantados».
La Lapad consideró que los distintos Gobiernos «al amparo de la crisis económica están llevando a cabo toda una batería de recortes presupuestarios en materia de dependencia» con «distintos repagos y copagos» que llevan a en muchas personas dependientes a tener que abandonar tratamientos y terapias que afectan a su salud y su calidad de vida.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló en una nota que la Ley de Dependencia «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
«Los crecientes recortes» han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad», según el CERMI, que hace un balance «negativo» de la legislación promulgada hace siete años.
El CERMI reclamó por ello «un auténtico pacto de Estado que revitalice la ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada».