Recortes
El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos que el mes pasado
El número de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos en el sistema respecto al mes anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes a febrero.
«El Gobierno acelera en desmantelar el Sistema de la Dependencia y marca una velocidad record de siete beneficiarios menos cada hora», alertan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al tiempo que señalan que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
Asimismo, apuntan que la tasa de reposición solo la mantienen de manera significativa Asturias, Cataluña, Extremadura, y País Vasco, mientras acusan al departamento de Ana Mato de «destruir el sistema por inanición», pues hay 4.264 grandes dependientes menos, 2.389 dictámenes menos que el mes anterior y más de 100.000 pendientes de valoración.
Esta organización señala también que una de cada cuatro personas que tienen derecho a una prestación continúan a la espera de recibirla, una situación que denomina «limbo de la dependencia» y que afecta exactamente a 227.780 personas.
«Esto indica que, al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido», advierte.
Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda, además, que en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, lo que supone «el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia», de los cuales, el 90 por ciento son mujeres.
El parón en la Ley de Dependencia afecta ya a 700 vecinos de Cádiz
Cerca de 700 vecinos de la capital, 689, están pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe los expedientes para obtener las ayudas previstas por la Ley de Dependencia. De este grupo, que no para de crecer desde que se aprobó esta norma en 2007, hay 522 a los que todavía no se les ha asignado el grado de dependencia, medida esencial para optar al Plan Individual de Atención. El resto, aunque ya cuenta con este Plan, que lo elaboran las trabajadores sociales del Ayuntamiento, todavía están a la espera de la propia administración regional pues de ella depende la valoración técnica que les permita optar a la ayuda procedente de la misma Junta.
«Todo el sistema está colapsado ya que desde hace meses la Junta de Andalucía no aprueba ninguna ayuda nueva. Ya no resuelve casos. Ahora la Delegación Provincial de Servicios Sociales se limita a realizar una primera criba para trasladar la documentación en Sevilla. Allí se realiza otra criba pero con todas las solicitudes de la región y para al final aprobar una o dos peticiones para todo el conjunto. Por si fuera poco, además de no ampliar los beneficiarios de la Ley de Dependencia, no cubre tampoco las vacantes que quedan por el fallecimiento del implicado, lo que le permite un ahorro para sus presupuestos pero toca de lleno a la economía de las residencias donde se encuentran alguna de estas plazas.
«La Junta se basa en excusas efímeras e incluso en la falta de dotación presupuestaria para intentar justificar este silencio», se lamenta la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, que destaca que si en 2012 existían 503 personas que disfrutaban el servicio de ayuda a domicilio por dependencias, en la actualidad se ha rebajado a 427 gaditanos, debido al fallecimiento de los restantes quedando sus puestos sin cubrir.
El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha hace unos años, como forma de complementar lo previsto por la Ley de Dependencia y asumiendo que la burocracia podía restar efectividad a la misma, el Servicio de Ayuda a Domicilio.
En la actualidad este programa atiende a 230 personas que le supone a las arcas municipales una inversión de 1,3 millones de euros. Por lo tanto «ese es dinero que la Junta se ahorra y que nosotros pagamos. Pero no solo eso, además tenemos convenios con entidades como la Cruz Roja, que ofrece a través del Programa Urbana un ‘kit’ para personas dependientes, como pueden ser la colocación de agarradores de duchas, barras para escaleras o la dotación de cucharas ergonómicas, así como otros servicios como cursos para las personas que se encargan de los cuidadoras del dependiente. Este servicio de ayuda a domicilio posibilita que haya personal que ayude al dependiente a ir al baño o les haga las comidas o las labores domésticas de las viviendas», destaca la concejala Carmen Sánchez.
Menciona a técnicos en esta materia que «consideran que la mejor opción tanto para mayores como para personas con movilidad reducida es acudir a centros asistenciales, donde la atención al mayor es continuada las 24 horas del día y siempre por personal cualificado. Por lo tanto, es indignante que la Junta no acepte ni una nueva alta ni realice la revisión de los planes individuales de atención.
Mujeres con discapacidad alertan de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis
La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) alerta de que su situación es «dramática» como consecuencia de la crisis económica y pide al Gobierno que cumpla y haga cumplir la normativa nacional e internacional para no incrementar la precariedad y pobreza de este colectivo.
«El Estado de Bienestar es una importante conquista alcanzada a través de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que nos precedieron y que no debemos dejar que desaparezca solamente porque se insista en que se trata de un modelo insostenible», argumenta esta organización con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer.
Por ello, insta a los dirigentes políticos de todos los niveles que remuevan los «obstáculos» existentes, ya sean legislativos o sociales, para el «ejercicio real» en la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres con discapacidad.
Asimismo, pide que se mantenga una red de servicios públicos especializados en materia de prevención y tratamiento de casos de violencia que tengan en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, se garantice la existencia de un sistema sanitario universal, público y gratuito, «totalmente accesible» para las mujeres con discapacidad y un sistema público de pensiones que permita a estas mujeres llevar una vida digna, sin tener que recurrir a modelos privados.
Por último, CEMUDIS pide al Ejecutivo que cuente con los recursos necesarios para dar «plena efectividad» a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, «pilar fundamental para la emancipación y la vida independiente de las mujeres con discapacidad».
ACRA reclama en el Parlamento el pago de la deuda de julio
La presidenta de la Asociación también señaló la necesidad de las empresas y entidades asistenciales de cobrar inmediatamente, de lograr un pacto con las entidades bancarias para todo el sector, y del mantenimiento de los presupuestos de Servicios Sociales
ACRA compareció ayer ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, a petición del grupo socialista y conjuntamente con otras organizaciones del sector, para informar respecto de la afectación del impago del ICASS de las cantidades previstas por julio del 2012 por los centres colaboradores, concertados y de gestión. Respecto de esta deuda, que asciende a los 70 millones de euros al conjunto de colectivos de Servicios Sociales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, apuntó como esenciales las siguientes reclamaciones: Definir el calendario de pago de la deuda de julio, el pago inmediato del resto de atrasos, así como de los nuevos ingresos, que se haga público el detalle de la deuda real con los diferentes colectivos, el establecimiento de una relación más apretón entre el sector y el Departamento de Economía y Conocimiento a partir de la creación de una mesa con reuniones periódicas y el logro de un pacto con las entidades bancarias para todo el sector.
Igualmente, y en relación con la sostenibilidad presente y futura del sector, la representante de ACRA compartió con los grupos parlamentarios asistentes una serie de propuestas prioritarias, de entre las que destaca el mantenimiento de los presupuestos del Servicios Sociales por este 2013, la reclamación al Gobierno central que haga efectiva a la Generalitat la parte que le corresponde (33%) de la financiación de la LAPAD, que los centres colaboradores, concertados y de gestión, tengan la misma consideración que los servicios públicos. Además, Pascual recordó dos medidas por las cuales ha sido trabajando desde la pasada legislatura, como son la flexibilzación de las ratios de los profesionales (para adaptarlas a las necesidades de las personas grandes usuarias de los servicios) y la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% para todos los servicios, sea cual sea su naturaleza.
Por otro lado, la presidenta de ACRA expuso que si el 50% de las actuales ayudas al cuidador profesional se destinaran a la transformación de nuevas plazas de residencia y de centro de día dentro del sistema público se podrían reducir las actuales listas de espera solucionando la problemática de las plazas privadas vacías que hay al sector (12,5%), generando hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo al país. Igualmente, también propuso que se optimicen los recursos existentes para actuar como verdaderas plataformas de servicio.
Contexto y efectos del impago de julio
Pascual, que inició su ponencia recordando la composición del sector catalán de la atención a la gente mayor y haciendo especial mención al hecho que se trata del colectivo con más número de servicios y la partida presupuestaria más importante de la ICASS, enmarcó el impago de julio en un complicado contexto para las empresas y entidades asistenciales que ya arrastraba una congelación tarifaria desde el año 2010, unos importantes incrementos en cuanto a los costes de la actividad (especialmente en cuanto al capítulo laboral con un aumento del 9%), el cierre de crédito por parte de las entidades bancarias, así como también atrasos por parte de la Administración en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se empiezan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS.
En este escenario, el impago de julio generó nuevas dificultades por los centros y sus trabajadores como que, en determinados casos, todavía queden pendientes de pago nóminas de los profesionales de los centros afectados. Aun así y a partir de los datos del IDESCAT, la representante de ACRA explicó la perspectiva de crecimiento poblacional en Cataluña, en concreto en cuanto al incremento exponencial del grupo de edad de personas mayores de 80 años, cosa que hará todavía más insostenible el actual sistema catalán de atención a la Dependencia.
Precisamente, en respuesta a las preguntas de los diputados asistentes, Pascual expuso que un modelo sostenible es aquel en el cual el coste del servicio no es más alto que su precio y, concretamente, se refirió a la delicadísima situación de los centros de día para gente mayor catalanes, la viabilidad de los cuales se complica cada vez más a causa, entre otros aspectos, de las insuficientes tarifas públicas, el incremento en las obligaciones en cuanto al horario de atención y el nuevo perfil de los usuarios, unas problemáticas que ACRA no ha dejado de reivindicar tanto en el pase, como en la actual legislatura.
Los recortes en la ley de dependencia también afecta a menores
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la supresión de la tarjeta roja sanitaria a los menores con discapacidad
APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la medida adoptada por el Gobierno Valenciano de María del Carmen González Asensi, presidenta de la Asociación de Pacientes Pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (APPEII), ha presentado en la Consellería de Sanidad una carta remitida al Conseller Llombart, en la que le solicita la realización de una reunión urgente para trasladarle las gravísimas consecuencias que está teniendo en el colectivo de los menores con discapacidad, la supresión del párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.
Aerte reclama a la Generalitat Valenciana un plan de creación de empleo y atención a dependientes
La Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) va a mantener un encuentro este miércoles con el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para transmitirle una batería de propuestas que palien la situación que atraviesa el sector y que cuenta con el aval de la propia Consejería de Bienestar Social.
Según ha explicado a Redacción Médica la gerente de Aerte, María José Mira, el punto principal sobre el que gira su propuesta es el desbloqueo de los expedientes que están pendientes desde 2009 y que afectan a personas en situación de dependencia que cuentan con valoración positiva pero a los que, “según la Generalitat, no se les adjudica la prestación por falta de presupuesto”. La propuesta de Aerte pasa por resolver estos expedientes y poner en marcha de un plan de empleo y de creación de plazas, “porque los retornos que supondrían para la administración la creación de esas plazas son más elevados que lo que gastaría”. En este sentido, Mira recuerda que según un informe elaborado por la propia patronal “cada euro que invierte la administración en dependencia, el retorno es de 1,3 euros, además de la generación de empleo”.
Así, Aerte propone “equilibrar las plazas existentes entre las concertadas, con un mismo número de plazas con prestaciones que reciben los usuarios”. Esta medida supondría el establecimiento de alrededor de 1.000 nuevas plazas en un tiempo prudencial, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, medida que para Aerte generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo estables, evitaría la destrucción de empleo actual en los centros, así como unos retornos económicos vía tributaciones que revierten en la administración.
“Hay 11.000 personas en la Comunidad Valenciana con prestación vinculada al servicio profesional reconocida, pero que no la reciben”, explica Mira. De ellas, “solo 2.000 o 2.500 tendrían acceso a una prestación residencial, el resto son prestaciones vinculadas a centros de día o ayuda a domicilio”. Pero además, “hay otras 8.000 que tienen reconocida una prestación de cuidador no profesional y que también están sin resolver”. “Creemos que esta propuesta, además de solventar la situación de unas personas a las que están obligados a atender porque tienen el grado de dependencia reconocido, supondría no asfixiar a las empresas más de lo que están”, explica Mira.
Y es que la deuda de la Generalitat con las empresas de Aerte es muy elevada, hasta 50 millones, y viene, en algunos casos, desde 2011. “La deuda no es solo de 2012, sino también de 2011 y todo 2013”, recalca Mira, que asegura que cuando llegó a Valencia el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico se produjo un agravio con ciertas empresas, porque lo que se pagó “fue las plazas de accesibilidad social” que ofrecen “solo 10 empresas”. Es decir, la administración regularizó la deuda que mantenía con esas empresas hasta octubre, mientras que “el resto de empresas no cobró”. En este sentido, Mira considera que “no fue un problema de Bienestar Social”, que de hecho, les ha asegurado que tiene intención de “regularizar toda la deuda hasta diciembre de aquí a junio, y a partir de entonces comenzar a pagar la deuda de 2013”. El problema es que la resolución del problema no corresponde a la Consejería que dirige Asunción Sánchez, sino que depende de Hacienda.
El exalcalde de Oria, en huelga de hambre por el impago a 31 empleadas de una residencia que lleva su nombre
El exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado este martes en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan 31 trabajadoras de una residencia de mayores que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que han realizado una serie de protestas y han iniciado una huelga indefinida.
Así lo ha explicado a Europa Press el propio exregidor, quien con algunos trabajadores ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria, gobernado actualmente por el ‘popular’ Marcos Reche, a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en tres días debería producirse el abono de un décimo salario.
La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.
Así, a pesar de los encuentros mantenidos entre la empresa, los trabajadores y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en los que se pactó que las empleadas recibirían la pasada semana al menos cuatro de las nueve nóminas adeudadas, la sociedad concesionaria no ha abonado las nóminas. En este sentido, Sánchez Moreno ha afirmado que la Junta se mantiene al día en los pagos a la empresa.
«No hay muchas esperanzas de cobrar porque la empresa dice que no tiene ni un duro», ha dicho el exprimer edil, quien añade que la sociedad gestora «no ha justificado» a qué se debe el impago de las nóminas. En este sentido, los trabajadores se han reunido nuevamente este martes con el delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, para tratar de hallar una solución, según Sánchez Moreno.
El exalcalde ha manifestado su intención de permanecer en huelga de hambre hasta que la empresa no abone todas las nóminas a los trabajadores, se atiendan las normas de eficiencia de la residencia y la Junta de Andalucía no retire la concesión de la gestión a la adjudicataria por incumplimiento de contrato y conceda la gestión a otra empresa solvente.
Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica, para que este derecho no esté «al albur de los presupuestos generales del Estado» cada año.
«Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha querido revisar», recalcó Marcos para luego matizar: «Sin garantía financiera no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos», ha recaldado durante su comparenencia ante la Comisión en las Cortes, en la que también ha puesto de manifiesto que en estos años, por cada cinco euros aportados por la Comunidad a la Dependencia, «el Estado sólo ha puesto uno«.
En una intervención en la que ha hecho balance de la aplicación de la ley desde que se aprobó hace seis años, Marcos ha demandado también al Ejecutivo que simplifique la tramitación. «Queremos dedicar más esfuerzo a las personas, no al papeleo«, ha indicado, tras subrayar que «no existe procedimiento tan complicado en toda la administración».
«Estabilizar la financiación» es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo, al mismo tiempo que recordó que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros. Por su parte, en 2012, la Junta destinó 367,6 millones y recibió del Estado 107, es decir, 130 millones de euros menos de lo previsto.
La consejera invitó a la oposición a «sumarse» a estas propuestas, aunque no lo hayan «querido hacer en otros momentos», ya que «es la única forma de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años», cuando se aprobó la Ley, «siga como lo está aún hoy, al albur de los presupuestos de cada año».
En su repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, Milagros Marcos recordó, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, que ésta nació con un «insuficiente y lento desarrollo normativo por parte de la Administración General del Estado», lo cual «impedía en la práctica su aplicación efectiva», y que desde sus orígenes estuvo lastrada por «un complejo sistema de financiación».
El 16,8% de los pensionistas renuncia a alguno de sus medicamentos tras el nuevo copago
El nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el pasado mes de julio obliga a los pensionistas a pagar por sus medicinas cuando antes las adquirían gratis, lo que ha hecho que hasta un 16,8 por ciento hayan renunciado a alguno de los medicamentos prescritos por su médico.
Así se desprende de los resultados de un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que también ha mostrado como hasta un 58,29 por ciento de quienes consumían alguno de los más de 400 medicamentos que el Ministerio de Sanidad desfinanció en septiembre ya no los consumen.
El estudio, que se ha basado en 992 encuestas a pensionistas realizadas en diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid, ha analizado durante noviembre y diciembre el impacto del copago del 10 por ciento del precio de los medicamentos que ahora tiene que abonar este colectivo en las farmacias.
Esto ha hecho que de no pagar nada hayan pasado a gastarse una media de 11,18 euros mensuales, teniendo en cuenta los topes de 8 o 18 euros mensuales establecidos en función de la renta (8 euros para pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales y 18 para rentas superiores).
Esto ha propiciado que hasta un 16,87 por ciento de los pensionistas hayan dejado de utilizar alguno de los medicamentos prescritos, algo «más habitual en las personas con menos recursos», según ha explicado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP.
De hecho, entre los pensionistas cuya renta por persona de la unidad familiar era inferior a 400 euros uno de cada cuatro (27,29%) renuncia a sus medicinas para no tener que pagarlas.
Asimismo, el estudio también revela como hasta el 60 por ciento de los pensionistas consumía uno o varios de los medicamentos excluidos de la financiación pública, de los que sólo un 41,6 por ciento los siguen utilizando, lo que les cuesta una media de 7,06 euros al mes.
Entre el 58,29 por ciento que ha dejado de usarlos, no obstante, no se especifica si estos pacientes han sustituido estos fármacos por otros sí financiados.
HAY CIUDADANOS QUE PAGAN UNOS FÁRMACOS Y OTROS NO
El estudio muestra además que hay un pequeño porcentaje de los pacientes que han dejado de tomar medicamentos «considerados de mayor utilidad terapéutica» por el copago que, en cambio, sí consumen medicamentos desfinanciados para síntomas menores.
Sánchez Bayle ha defendido que estos datos eran «esperables» y critica que el Ministerio de Sanidad hable de una reducción del gasto farmacéutico. «No se ha reducido realmente el gasto, sino que este se ha trasladado a los bolsillos de los pensionistas», ha censurado.
Además, el portavoz de la FADSP teme que el porcentaje de pacientes que renuncian a sus medicinas puede aumentar en los próximos meses a medida que se vayan implantando otros copagos, como los del transporte sanitario no urgente, las prótesis o los productos dietoterápicos, que «harán que muchos ciudadanos tengan que elegir pagar una cosa u otra».
«Esto tendrá efectos en su salud a largo plazo, ya que la suspensión de los tratamientos prescritos producirá un empeoramiento de las enfermedades de base, una descompensación de las mismas e incluso un aumento de la mortalidad», ha concluido.
Nuevo recorte de 200 millones a la Ley de Dependencia
Esta reducción se une a la ya anunciada por el Ejecutivo en los PGE, en los que suprimió 283 millones que recibían las comunidades autónomas.
El Gobierno ha rebajado en un 13% el llamado nivel mínimo, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad, de forma que las regiones recibirán 200 millones de euros menos para atender a los dependientes con respecto al año pasado, según recoge este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este recorte se une al ya anunciado por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que suprimió los 283 millones de euros que recibían las comunidades autónomas para aumentar la protección de los beneficiarios del Sistema de Dependencia.
Del mismo modo, se reduce en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción.
La reforma también modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle. Pero las comunidades autónomas tendrán un plazo de ocho años para pagar a los beneficiarios los efectos retroactivos.
En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de «agilizar la entrada de los grandes dependientes».
Elimina las cotizaciones a los cuidadores no profesionales
Además, el decreto confirma que el Ejecutivo suspenderá el 31 de agosto las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba a aquellos familiares que cuidaban de un dependiente en casa.
Así, a partir del 1 de septiembre el cuidador contará con una bonificación del 10%, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota, y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional.
Y en enero de 2013, el cuidador no profesional deberá hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sociales.
Centros de dependientes valencianos exigen al Consell el pago de 50 millones
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, pedirá al vicepresidente del Consell, José Císcar, un calendario de pagos para las empresas del sector en el encuentro que mantendrán este próximo miércoles. El objetivo de la reunión es “lograr un plan objetivo que permita resolver los pagos aún pendientes, casi 50 millones de euros correspondientes a 2012 y la deuda acumulada durante los dos primeros meses de 2013”.
En el caso de la provincia de Castellón, Aerte representa a 30 centros y residencias de mayores, a los que el Consell todavía adeuda ocho millones de euros. En este sentido, la patronal recalca que la situación económica por la que atraviesan sus empresas asociadas es “insostenible” y algunas de ellas “todavía no han cobrado nada durante el año 2012, otras empresas cuentan con partidas de pago de años anteriores aún pendientes de pago y hay empresas con facturas sin pagar correspondientes de 2011”.
Para los centros y residencias de mayores y dependientes resulta esencial que esta deuda pendiente “pueda incorporarse a la relación de pagos que se prevé puedan activarse durante la próxima semana, así como establecer un calendario de pagos efectivo para este año, con el fin de evitar un incremento de la deuda que termine generando un círculo vicioso”.
PLAZAS CONCERTADAS // Asimismo, considera “imprescindible” una regulación para limitar las plazas concertadas en los centros privados, equivalente a dos tercios de sus plazas autorizadas, y un reconocimiento de las plazas de bono -sistema de concertación de plazas válido desde hace 20 años de la Comunitat- en la red de plazas públicas.
A este respecto, la patronal propondrá medidas que, sin incrementar los costes a la Administración, permitan reducir la lista de espera de dependientes, que en la actualidad roza las 11.000 personas. En un primero momento, se planteará establecer alrededor de 1.000 nuevas plazas, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, lo que, según los cálculos de Aerte, “generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo”.
Cabe señalar que este sector genera en la provincia de Castellón unos 3.000 puestos, entre empleos directos e indirectos.
El Síndic exige a Bienestar Social dotar de presupuesto al servicio de teleasistencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Consell para reclamarle que «unifique» los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria. Asimismo, ha exigido a la Conselleria de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera «imprescindible» por la «gran importancia» que tiene «tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos».Mato niega que se haya eliminado la teleasistencia y PSOE le dice que hay afectados «con nombre y apellidos»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha negado en el Pleno del Senado que su departamento haya eliminado el servicio de teleasistencia a personas mayores y con discapacidad y el PSOE le ha reprochado que hay afectados «con nombres y apellidos».
Mato ha indicado al senador socialista Andrés Tovar que éste y otros servicios se estaban prestando «por dos o por tres administraciones a la vez» y que el objetivo del Gobierno ahora es resolver «con claridad» a qué ventanilla tienen que dirigirse los beneficiarios para que no se «vuelvan locos».
Asimismo, ha señalado que la teleasistencia es una prestación que se incluye en el catálogo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), que, según ha afirmado, «se va a seguir ofreciendo». «Ahora pretendemos que sea una sola administración la que se haga cargo», ha apostillado.
El senador socialista le ha reprochado que el ministerio haya decidido de forma «unilateral» su aportación al convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual, a través de ayuntamientos y diputaciones, llegaba el servicio de teleasistencia a las personas que viven solas y corren un grave peligro de accidente o enfermedad.
«RESUELVA ESTE PROBLEMA ANTES DE QUE LA CESEN»
Tovar ha asegurado a Mato que le puede dar «nombres y apellidas de personas en listas de espera sin estar atendidas por estos servicios de teleasistencia», y ha pedido a la ministra que se entere de «cuál es la situación real» porque, a su juicio, este servicio es «fundamental para la seguridad de las personas y salva vidas humanas».
«Sabemos que tiene serias dificultades para enterarse de los problemas de los ciudadanos, e incluso de algunos que usted tiene cerca», ha indicado el senador, en referencia a las informaciones relativas al ‘caso Gürtel’. «Antes de que la cesen le pido que resuelva este problema porque se lo agradecerán los alcaldes y las familias», ha concluido.
Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto
Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.
Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.
Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».
Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».
Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».
En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
Muere en Cáceres la primera persona por no disponer de ambulancia ni de servicio de urgencias
Tenía 70 años cuando sufrió su primer infarto. Hasta entonces, no había tenido problemas de corazón, pero en febrero de 2009 Antonio Moreno Barrado, un agricultor jubilado de Madroñera —localidad de unos 3.000 habitantes al este de Cáceres—, empezó a notar unos cosquilleos que luego identificaría como los previos a un ataque al corazón. El que sufrió el 28 de ese mes. Por la tarde, cuando avisó de que se sentía mal, un hijo suyo alertó al punto de atención continuada (PAC), que contaba con un equipo médico de guardia y una ambulancia para atender a cinco municipios con 4.500 habitantes. Tras recogerlo en su casa, le reanimaron y trasladaron a Trujillo (a 14 kilómetros, donde está el centro de referencia) y, de allí, al hospital de Cáceres. Se recuperó. Pero esa buena noticia no pudo repetirse el pasado 3 de septiembre, cuando sufrió un nuevo infarto. Con el PAC cerrado y sin ambulancia, su hijo decidió llevarlo directamente en su coche a Trujillo. No aguantó los 20 minutos de distancia. Falleció por el camino.
“Quizá el final hubiera sido el mismo, pero siempre nos quedará la duda de si se podría haber salvado”, explica José Moreno, otro hijo que vive en Alcalá de Henares (Madrid). Sin querer hacer “un circo” de la muerte de su padre, Moreno explica su rabia porque este perdiera la vida sin la atención médica que apenas tres meses antes hubiera recibido. Insiste en que no se puede culpar de la muerte de su padre al cierre del PAC, contra el que el pueblo —como otros 14 municipios extremeños que en junio de 2011 se quedaron sin centros similares, y nueve más en los que se han reducido los horarios— se ha movilizado intensamente, pero también recalca su indignación: “No podemos saber si habría muerto igual, pero al menos hubiera estado atendido por profesionales, no en un coche particular, en brazos de un familiar”.
El fallecido superó otro ataque en 2009 tras ser atendido en Madroñera
El Servicio Extremeño de Salud no recibió denuncias por este caso, pero informa que se cumplieron “convenientemente” los tiempos establecidos por ley en el acceso a una urgencia (un máximo de 30 minutos). Y señala que el tiempo de desplazamiento de Madroñera a Trujillo son 17.
La familia Moreno no denunció el fallecimiento porque no culpa directamente al cierre del PAC. “Lo que me da rabia es que jueguen con la salud de las personas y estén recortando los servicios básicos, además, sin dar ejemplo y sin que dejen de saltar casos de corrupción”, recalca Moreno. Además, recuerda que este “pasó toda la vida cotizando a la Seguridad Social hasta que se jubiló, a los 65 años, y empezó a trabajar en su infancia”.
La Junta de Extremadura anunció el cierre de las urgencias rurales en 15 municipios —entre ellos, Madroñera—, que daban servicio a otros muchos de su entorno, a finales de mayo del año pasado, poco antes de ejecutarlo, el 1 de junio. La medida despertó significativas movilizaciones entre los afectados, que en algunos casos siguen activas, como ocurre precisamente en el municipio del fallecido. “No entendemos que supriman un servicio cuando ni siquiera les supone ahorro, ya que simplemente han trasladado al personal (un médico y un enfermero) y la ambulancia a Trujillo”, explica Isabel Moza, miembro de la plataforma ciudadana contra el cierre del PAC de Madroñera.
Extremadura ha cerrado las urgencias rurales en 15 municipios
El Ejecutivo liderado por el popular José Antonio Monago proclama que “la organización de los recursos sanitarios no puede ser rígida”. Antes de tomar la medida, afirma que constató en un estudio que el 33% de los centros afectados no tenía actividad nocturna o registraba una media de dos pacientes a la semana. Ahora, apenas seis meses después, está preparando un informe sobre la modificación horaria de los 21 centros afectados que espera culminar antes de marzo, sin descartar que algunos PAC puedan recuperar su horario. “Posibilidad siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria”, advierte. El cierre de los PAC ha sido una de las medidas más criticadas por el PSOE e IU, cuya abstención posibilita el Gobierno del PP en la región.
El hijo del fallecido en Madroñera espera que la historia de su padre pueda contribuir a que se replantee esta decisión. “Si sirve solo para salvar una vida en 20 años, por tener unas urgencias cerca, habrá merecido la pena”, proclama. “Nosotros mantenemos la petición de reapertura y no paramos de organizar actividades —la última, un calendario reivindicativo que parodia la pérdida de las urgencias—; todo el pueblo se ha unido”, señala Moza.
Asunción Sánchez Zaplana tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer que el departamento que dirige desde diciembre tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses, aunque prefirió no «garantizar» una fecha hasta que no finalice la negociación que mantiene con la Conselleria de Hacienda.
«Creo que en dos o tres meses vamos a tener respuestas para todos los colectivos. Es lo que creo, pero no lo puedo garantizar hasta que no acabe de trabajar con Hacienda», explicó la titular de Bienestar Social, quien destacó el desembolso de 32 millones realizado por el departamento que dirige el pasado mes de enero, como pago de parte de las deudas que arrastraba con los centros.
Así se mostró ayer Asunción Sánchez Zaplana durante su visita al centro de personas con discapacidad psíquica Camp Santa Faz de Alicante, que depende íntegramente de la Generalitat, atiende residencialmente a 90 personas, con 69 plazas más del centro de día y está especializado en personas adultas con discapacidad psíquica profunda y severa. Durante el recorrido oficial, la consellera señaló que «una de las prioridades» del Consell es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
La consellera -exconcejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante- también se mostró contraria a la eliminación de programas de atención básica hacia los colectivos más vulnerables pese al recorte presupuestario del 9%. «Vamos a intentar que el descenso en el presupuesto afecte lo menos posible. Trabajamos para ser capaces de mantener el 100% de la atención. Nuestro objetivo es priorizar la atención a discapacitados y dependientes. Por ello, en este 2013, pido un esfuerzo a los centros», afirmó Sánchez Zaplana, quien matizó que, en caso de prescindir de alguna actuación, estaría relacionada con algún programa «complementario».
“El Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció hoy el “desmantelamiento” que a su juicio está sufriendo el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.
La organización indicó en una nota de prensa que el sistema de atención a la dependencia ha perdido 4.524 beneficiarios, según los datos publicados por el Gobierno.
La coordinadora critica que “se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia, ya que desde hace seis meses no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, bajan las solicitudes, los dictámenes de atención a grandes dependientes”.
Por otro lado, augura que “el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”.
Solo en este último mes, informó la coordinadora, se han cerrado 494 plazas de residencia, 67 de centro de día, 834 de ayuda a domicilio y 1.488 de teleasistencia, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además, 3.905 cuidadores familiares dejaron de recibir una prestación económica y 1.621 se han dado de baja en el convenio especial de laSeguridad Social, con la consiguiente desprotección y pérdida de todo derecho básico.
Asimismo, la coordinadora afirma que “se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que se conceda un menor grado de dependencia y, por tanto, reducir los costes».