Sanciones
Las acusadas por la intoxicación de cuatro ancianos en un geriátrico almeriense aceptan seis meses de cárcel
Las dos acusadas por la intoxicación con salfumán de cuatro ancianos en el geriátrico ‘Nicolás Salmerón‘ de Alhama de Almería, por la que fallecieron dos de las víctimas, han aceptado penas que suman seis meses de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y sendas multas de un mes con cuota diaria de tres euros por dos faltas de lesiones por imprudencia.
Durante la vista oral celebrada este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 3, la directora del centro, M.P.M.G., y la empleada de la limpieza que dejó olvidada la botella con sosa cáustica en la estancia de uno de los residentes afectados, C.A.A., han admitido los hechos, por lo que el fiscal ha modificado el escrito de conclusiones por el que, de forma provisional, se interesaba una condena de tres años y seis meses de cárcel.
El Ministerio Público ha estimado que concurren las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que los hechos se remontan a 2007, y la de reparación de daño al haberse satisfecho vía subsidiaria la responsabilidad civil e indemnizado solidiariamente a los familiares de las victima que oscilan entre los 76.600 y los 420 euros. Ha cambiado la calificación de delito de lesiones imprudentes por la de falta.
La sentencia, dictada ‘in vocce’ por conformidad, recoge, no obstante, la sustitución de las penas privativas de libertad por dos multas de 540 euros –seis meses a razón de tres euros al día– después de que lo solicitará la defensa y no se opusieran ni el fiscal ni las acusaciones particulares. Cabe recordar que la vista oral se aplazó el pasado lunes después de que se personara un nuevo heredero de una de las víctimas.
El Ministerio Público estimaba en su escrito de calificación provisional que tanto la responsable del centro como la trabajadora obviaron «las más elementales y mínimas normas de precaución y cuidado» con enfermos que «requieren una atención especial» al dejar «olvidada» en un aseo una botella de una marca comercial de agua mineral en cuyo interior habían «rebajado» sosa cáustica.
Según su relato, ambas, de 60 y 48 años, coincidieron en la mañana del día 14 de junio de 2007 en las labores de limpieza del cuarto de baño de una de las habitaciones de la tercera planta, destinada «a aquellos residentes con Alzheimer o demencia senil en estado avanzado». En ese momento, y debido a los problemas respiratorios que padece C.A.A., decidieron mezclar con agua el salfumán para «no usar este producto de forma directa.»
La botella de agua mineral quedaba minutos después «olvidada» en el aseo al acudir las acusadas a un «aviso en otra zona de la residencia» y era usada seis días después por otra empleada del geriátrico, quien la encontró sobre una de las estanterías de aseo, «como era habitual», para dar de beber a los pacientes que, en esos momentos, estaban en la estancia.
De inmediato, según recoge el fiscal, las cuatro víctimas comenzaron a encontrarse mal, por lo que tuvieron que ser evacuados de urgencia hasta el complejo hospitalario de Torrecárdenas, en la capital almeriense, donde fallecía apenas 24 horas después de su ingreso de una mujer de 75 años identificada como M.M.L.
Otros dos residentes recibían el alta médica en la UCI y eran trasladados al hospital de Cruz Roja, en el que fallecía un mes después la segunda víctima, un hombre identificado como J.L.Q. y de 91 años.
La Junta cierra dos residencias sociales en Fuente Vaqueros por «graves deficiencias»
La detección de «graves deficiencias» en la atención prestada y las condiciones de una residencia de mayores y de otra de grandes dependientes en Fuente Vaqueros (Granada), ha llevado a la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Granada a acordar, como medida cautelar, la clausura de los centros, de los que es titular la entidad Instituto Geriátrico Fénix S.L.
Se trata de la ‘Residencia de Mayores Granada II, Grupo BBS’ y ‘Residencia de gravemente afectados, Granada III, Grupo BBS’, con un total de 81 usuarios, que ocupaban una plaza concertada por la Junta de Andalucía con estos servicios y que serán trasladados a otras instalaciones donde se les seguirá ofreciendo atención en las distintas condiciones: 29 en plazas de personas gravemente afectados y 52 en residencia de personas mayores; de manera que no se van a ver afectados por este cierre y seguirán recibiendo la atención en condiciones de seguridad, calidad de la prestación, proximidad y evitar la dispersión.
La clausura de estos centros obedece, según ha informado en un comunicado la Delegación, a la obligación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de velar por las condiciones en las que las personas mayores o personas dependientes reciben la atención en centros e instituciones, para lo que, periódicamente realiza inspecciones en las instalaciones en las que se comprueba la calidad de la atención prestada, las condiciones higiénicas, la adecuación de espacios a las especiales necesidades o la ratio de profesionales respecto a los usuarios.
De esta labor de inspección, según la Administración Autonómica, se desprenden «graves incumplimientos» detectados «que afectan directamente a la atención integral y al bienestar de las personas usuarias del centro», por lo cual, la Delegación de Salud y Bienestar Social «ha venido apercibiendo a la dirección de estos centros para la subsanación de estos problemas sin hallar resultados satisfactorios».
La Junta ha querido dejar claro ante usuarios, familiares, trabajadores y opinión pública en general que esta decisión de cierre «obedece única y exclusivamente a los graves incumplimientos y deficiencias detectadas y que podrían constituir infracciones graves tipificadas en la normativa vigente».
Esto, «unido a la reitera falta de atención e incumplimiento a los sucesivos requerimientos realizados por los equipos de inspección para la subsanación de las deficiencias observadas, tanto en las condiciones, requisitos y obligaciones como en las prohibiciones que se establecen en la normativa reguladora de la atención, seguridad y protección de los derechos de las personas usuarias de estos establecimientos».
La Generalitat detecta once geriátricos ilegales desde 2010, dos de ellos aún en funcionamiento
La Generalitat ha detectado once residencias ilegales desde el 2010 en Catalunya, estando nueve de ellas ya clausuradas, una con cierre previsto para septiembre, y otra más que ha solicitado reconvertir su situación, según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia.
Dos de los centros ilegales clausuraron sus puertas en 2010, tres lo hicieron en 2011 y cuatro más lo han hecho este 2012, siendo uno de ellos el geriátrico Bassegoda de Girona, reconvertido ahora en una pensión en la que siguen viviendo ocho ancianos, tal y como avanzó Europa Press.
La Generalitat está reubicando a los ancianos del centro con expediente sancionador que cerrará sus puertas en septiembre, además de ofrecer plaza pública a todas las personas que lo necesiten.
