Dependencia
La mayor esperanza de vida también alarga la duración de las parejas e iguala los roles
Los cambios sociales suelen ser lentos, pero una vez emprendidos es difícil pararlos. Las grandes transformaciones registradas en las últimas décadas desde el punto de vista demográfico, especialmente por la prolongación de la esperanza de vida, están modificando la estructura de los hogares y, en consecuencia, los roles que cada integrante tiene en ellos. Diversos estudios ponen de manifiesto que el papel tradicional de la mujer como cuidadora principal y casi exclusiva de los familiares con alguna dependencia tiene visos de desaparecer, al menos, cuando supera los 65 años. De hecho, este fenómeno ya se ha empezado a producir. El varón está asumiendo a partes iguales (o casi) el trabajo de cuidar al dependiente, hasta tal punto que los investigadores llegan ya a hablar de “igualdad entre hombres y mujeres en el cuidado”, una tendencia que se agudizará en el futuro inmediato. Esto, indican, supondrá una auténtica revolución en el cuidado a los dependientes mayores.
Así se recoge en un capítulo del Informe España 2017 (Universidad de Comillas) sobre dependencia y cuidados, elaborado por los investigadores Antonio Abellán, Julio Pérez, Alba Ayala, Rogelio Puyol y Gerdt Sundström, quienes apuntan a la “feminización” de los hombres de más edad, “al menos en cuanto al cuidado de su pareja”.
¿Cómo se explica este cambio? Por el aumento de la esperanza de vida, que, al nacer, ya se sitúa en los 80,4 años en los varones y en los 85,9 en las mujeres, lo que se ha traducido en un incremento de la duración de las uniones de pareja, que ahora duran casi el doble –para las parejas que siguen juntas– que hace un siglo.
Así lo ponen de manifiesto los mismos investigadores (del CSIC y el INE) en el trabajo Mortalidad y duración potencial de las uniones. Según este, la duración media de la vida en común se sitúa en los 43,5 años frente a los 25 de los inicios del siglo XX, una cifra que se situaría en los 49,9 años si se equiparara la edad media de la unión (en 1920, el hombre se casaba a los 28, y la mujer, a los 25, y actualmente la edad se ha retrasado a 34 en el caso de los varones y a 32 en el de ellas).
Esto, a su vez, ha conducido a que el inicio del estado de viudedad, situado hasta no hace mucho en las edades maduras, ha pasado ahora a ser una transición propia de la vejez. Se llega a los 65 años mayoritariamente con pareja, algo que en el siglo pasado apenas se producía en un tercio de las uniones. Esto, a su vez, ha supuesto una mayor presencia de hogares de parejas sin otros convivientes en la vejez, “hasta convertirlos en mayoritarios, por encima de los hogares unipersonales. Estas tendencias, que son constantes en al menos las últimas dos décadas, se mantendrán en los próximos años”, aseguran.
La progresiva equiparación del cuidado entre hombres y mujeres en la vejez, impulsada por el creciente peso de los hogares de pareja sin otros convivientes, afectará al diseño actual de las políticas sociales, según indican los investigadores en el Informe España 2017.
Los servicios sociales normalmente intervienen en casos de personas mayores frágiles que viven solas, aunque todavía es común que las personas en esa situación de salud convivan en hogares complejos con sus familiares. “Puesto que los hogares de pareja llevan camino de convertirse en la norma y la convivencia es posible hasta una edad cada vez más avanzada, la atención formal y pública a las personas dependientes debería ser revisada consecuentemente, para no dejar cada vez más desatendidas situaciones graves encubiertas por producirse en personas con compañía y cuya salud podría verse arrastrada por las necesidades de atención a su pareja”, indican.
Fuente: La Vanguardia
Aprobada una rebaja del 32% en las tarifas de centros de día de Navarra para personas mayores
La Agencia para la Autonomía y Desarrollo de las Personas del Gobierno de Navarra ha aprobado una rebaja de las tarifas de los centros de día para personas mayores, pasando de una tarifa de 463,98 euros mensuales a otra de 315,5 euros mensuales (reducción de un 32%), lo que afecta a 244 plazas públicas o concertadas.
Igualmente, se ha creado una nueva tarifa de media jornada a un coste de 160 euros al mes, dirigida a flexibilizar e incrementar el uso de este servicio por parte de las personas en situación de dependencia. Con estas medidas, se pretende potenciar este servicio que permite que las personas mayores dependientes puedan permanecer el máximo tiempo posible y deseado en sus domicilios.
Los centros de día para personas mayores en situación de dependencia son un servicio que el departamento de Derechos Sociales está impulsando a lo largo de esta legislatura. En la actualidad se han duplicado las plazas públicas, concertadas o con prestaciones vinculadas a servicio, pasando de 140 plazas en mayo de 2015 a contar a día de hoy con 244 plazas, de las cuales 120 plazas son plazas concertadas, 20 son públicas en el centro de día El Vergel, 57 a través de prestaciones vinculadas al servicio de centro de día, y 47 mediante prestaciones vinculadas al servicio de estancia diurna. Cabe recalcar que estas prestaciones económicas se conceden para acudir a un servicio cuando no existe plaza pública o concertada disponible.
En lo que va de legislatura, el incremento de personas en situación de dependencia que reciben algún servicio o prestación se ha incrementado en un 45,3%. Si en julio de 2015 9.258 personas contaban con prestaciones o servicios de las 13.221 personas con el reconocimiento de dependencia, hoy son 13.453 personas atendidas de las 15.261 personas que cuentan con reconocimiento de dependencia. En el último año, el incremento neto ha sido de 950 personas más activas en el sistema de la dependencia, lo que supone un crecimiento del 6,5%. Cabe destacar que este mismo año 2017 se han realizado 7.738 valoraciones y 3.812 personas nuevas se han incorporado al sistema.
Del total de personas atendidas, el 40% recibe algún tipo de servicio, sea residencial, de atención a domicilio u otros, y el otro 60% recibe prestaciones económicas. En cuanto a los servicios, destacar las 4.964 personas atendidas a lo largo del año 2017 en servicios residenciales, 492 en servicios de atención diurna (244 centros de día), las 1.338 personas dependientes que reciben servicio de atención domiciliaria o los 600 menores en situación de dependencia que reciben atención temprana.
Fuente: El Diario Vasco
El 90% de las personas que cuidan a dependientes son mujeres
El 90 por ciento de las personas que cuidan a dependientes son mujeres que muchas veces se ven abocadas a la exclusión social para poder atender adecuadamente a su hijo, padres, hermano o pareja.
La directora de la Asociación de cuidadores, familiares y amigos de personas con dependencia, alzheimer y otras demencias (Acufade), Elena Felipe, ha presentado hoy «El tren de la felicidad» como la primera red de ayuda mutua de cuidadores de personas con dependencia, alzheimer y otras demencias que aglutina a profesionales de todo el archipiélago canario.
Elena Felipe ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que las cuidadoras son, en su mayoría, mujeres que han hipotecado todo su desarrollo personal y sobre todo profesional por el cuidado de los dependientes.
Ha alertado de que muchas veces no existen recursos para concienciar a las familias de la necesidad de que haya una conciliación entre las actividades del cuidado y el desarrollo de la persona que cuida.
«Son verdaderas mujeres coraje y valientes», ha asegurado la directora de Acufade, quien ha destacado la capacidad de las cuidadoras para salir adelante a pesar de la adversidad.
Ha explicado que a la asociación, la única de este tipo acreditada de Canarias, acuden para recibir servicios de promoción de la autonomía personal y participar en actividades terapéuticas especializadas.
Asimismo, ha comentado que «El tren de la felicidad» es un espacio al que acuden las personas que cuidan para reconocerse en otras personas y sentir que no solo les pasa a ellas.
También para apreciarse, aprender a quererse y cuidarse, ha agregado Felipe, quien ha señalado que la asociación ayuda en los trámites para acogerse a la ley de dependencia y asesora a la cuidadora en todo lo que necesite.
«Los grandes olvidados del sistema son los dependientes y las personas que les cuidan, ellos son el gran reto de la sociedad del bienestar», ha manifestado la directora de Acufate, quien ha denunciado que se están vulnerando los derechos de este colectivo.
Ha lamentado que no se puede consentir que haya un sector de la población tan amplio en el que se vulneran sus derechos.
La cuidadora Elena Reyes ha comentado que «El tren de la felicidad» se reúne una vez al mes y en este foro, del que sale llena de paz, tranquilidad y energía, se habla de «trucos y experiencias» para hacerse sentir mejor y no sentir soledad.
«Si los cuidadores no nos cuidamos, no podemos cuidar», ha aseverado Elena Reyes, quien ha admitido que la «palabra clave» a la hora de cuidar a un dependiente es la paciencia.
La trabajadora social del Ayuntamiento de Santa Úrsula Beatriz Díaz ha indicado que su consistorio ofrece servicio de transporte y cuidados a domicilio a los dependientes para que las cuidadoras puedan asistir a los talleres de «El tren de la felicidad».
En este sentido, la directora de Acufade ha pedido que se extiendan estos servicios a todos los municipios.
El presidente de Acuigranca Aquilino González ha recordado que la asociación nació hace un año en la isla de Gran Canaria, que ha tomado como ejemplo a Acufade, que se constituyó en el año 2005.
Fuente: ELDIA.es
Nuestro sistema sanitario no se adapta a las necesidades de los dependientes
Las enfermedades crónicas y abordar la soledad, primer problema en las encuestas de salud entre mayores.
El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, ha pedido en el Congreso la reorganización del Sistema Nacional de Salud que, a su juicio, no es el adecuado para dar atención a las personas dependientes, un colectivo que ha aumentado en los últimos años y que ya supone el 21 por ciento de los mayores de 65 años.
López Trigo, que ha comparecido este lunes ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, ha explicado que, actualmente, un 18,7 por ciento de la población española es lo que se considera «mayor», es decir, supera los 65 años y ha apuntado que este porcentaje subirá hasta el 35 por ciento en 2066 si la situación se mantiene como hasta ahora.
«Ya no hay pirámide de población, ahora hay un ensanchamiento en las edades medias y finales y un detrimento de las edades más jóvenes«, ha apuntado el experto, a quien le preocupa que este nuevo perfil de la sociedad del país no esté reflejado en los perfiles sanitarios del sistema público de salud y, por tanto, que no recoja las «necesidades» actuales que se reclaman.
Para el doctor, es necesario apostar por un envejecimiento activo porque, a su juicio, ahora hay «muchas personas mayores que quieren trabajar y formarse«, y también por un modelo que adapte el trato al paciente y no al contrario.
«Queremos promocionar el buen trato a la persona mayor, desarrollar programas de prevención para evitar enfermedades crónicas, evitar situaciones de dependencia y abordar la soledad», ha apuntado López Trigo, alertando de que éste último es el primer problema en las encuestas de salud sobre personas mayores.
En definitiva, según ha apuntado el experto, el objetivo final es que las personas mayores de 65 años no cumplan años «a costa de pasarlos en situación de discapacidad», como ocurre actualmente.
Limitación funcional
Según ha explicado el compareciente, la esperanza media de vida de las personas mayores de 65 años es de 20 años para los hombres (hasta los 85) y de 23 para las mujeres (88 años) y, por tanto, son también ellas quienes suponen un porcentaje mayor de aquellos mayores que necesitan de la ayuda de terceros para su vida diaria.
En este sentido, López Trigo ha pedido atención a la «dependencia funcional» que sufre gran parte de la población mayor y que no le permite tener autonomía en actividades como asearse, vestirse, sentarse o levantarse y no centrarse sólo en las patologías.
«Es gente que supone el 70-75 por ciento de la población mayor y que no se beneficia del sistema clásico de salud, que no se ha diseñado para una atención integral dedicada a la persona», ha señalado López Trigo. Así, explica que este tipo de problemas no se atienden en las unidades geriátricas, que además, según ha denunciado, se encuentran sólo en los hospitales.
«No se trata de tener a personas en camas hospitalarias de 700 euros diarios cuando posiblemente estén mejor en su casa con ayuda de un centro sanitario», ha señalado para destacar que «hay modelos de atención infradesarrollados» en España, como es la hospitalización a domicilio que, además, según ha destacado, es una práctica mucho más barata.
Fuente: Heraldo
El 82 por ciento de los mayores españoles tienen intención de quedarse en casa tanto tiempo como puedan
Situación económica y dependencia, factores que influyen en la decisión de cambiar el domicilio.
El 82 por ciento de los mayores españoles tienen intención de quedarse en casa tanto tiempo como puedan, el 4 por ciento cree que se mudará en breve y el 1 por ciento piensa que lo hará en un par de años, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1.380 personas de entre 65 y 84 años, con el objetivo de conocer dónde prefieren los mayores españoles pasar sus últimos años de vida.
Asimismo, los datos reflejan que las personas mayores con dificultades económicas tienen menos claro cómo afrontarán el futuro en relación con sus opciones de vivienda, que aquellos que parten de una situación más acomodada.
Además de la situación económica, la encuesta de OCU señala que el nivel de dependencia es también un factor que influye de forma determinante en la intención de trasladarse a otra vivienda, ya que a mayor dependencia, mayor es la necesidad de cambiarse. Sin embargo, incluso entre quienes tienen un alto grado de dependencia, la gran mayoría (74%) prefiere seguir viviendo en su casa actual.
Por otro lado, de los encuestados que tienen propósito de vivir en otro lugar, sólo el 8 por ciento planea marcharse a una residencia para mayores.
La encuesta muestra que nueve de cada diez encuestados viven en una casa en propiedad, un 4 por ciento vive de alquiler y el 3% reside en una vivienda de familiares. El apego de los mayores a sus casa se refleja también en que la gran mayoría de ellos tiene su vivienda pagada (sólo un 6% aún paga hipoteca), y en que el 63 por ciento lleva más de 30 años viviendo en la misma casa.
Para los mayores españoles, tener una casa cómoda y bien equipada es un requisito indispensable para permanecer en el hogar. En la mayoría de los casos, la vivienda de los mayores cuenta con suficientes habitaciones para los miembros del hogar, incluso con habitaciones de más.
En este sentido, el 86 por ciento afirma que su casa está en buen o excelente estado, mientras que el 2 por ciento considera que está en mal estado. Esta situación afecta principalmente a quienes se encuentran en peor situación económica.
EL 28% NECESITARÁ EQUIPAMIENTO ESPECIAL
Además, la encuesta de OCU refleja que, aunque todavía no les urge, el 28 por ciento de los mayores prevé que en el futuro necesitará un equipamiento especial o infraestructura para moverse por casa, que será de más relevancia según sea el nivel de dependencia que lleguen a tener. A corto plazo, estos mayores tienen intención de realizar algunas adaptaciones, casi todos relacionados con el cuarto de baño (bañera e inodoro) y eliminación de barreras arquitectónicas (instalación de dispositivos elevadores).
La mitad de los encuestados también afirma que sólo podrá quedarse a vivir en su casa si cuenta con ayuda para las tareas domésticas. En estos casos, OCU recuerda que para afrontar los gastos que suponga contar con esta ayuda, así como los derivados de la adaptación de la casa, las Administraciones públicas disponen de ayudas económicas.
Precisamente, la organización recomienda a las personas mayores que necesiten esta ayuda, que soliciten una entrevista con el departamento de Servicios Sociales de su ayuntamiento, para informarse sobre las subvenciones, préstamos de ayudas técnicas y disponibilidad de servicios a domicilio para mayores.
Además, con el fin de conseguir que las personas mayores tengan más protección como consumidores, OCU tiene lanzó la campaña de movilización ‘Consumidor Mayor, Protección Mayor’, con la que pretende conseguir un apoyo que permita la modificación de la Ley de Consumidores en beneficio de los mayores, para que puedan «disfrutar de forma plena y efectiva de todos sus derechos como se merecen».
Fuente: Cuatro
Carmen Balfagón, directora general del Imserso, defiende la dignidad de las personas dependientes
“El Imserso es el organismo referencial en materia de recursos sociales que, a través de sus centros, exporta formación y experiencia además de aportar recursos socio sanitarios necesarios”, ha explicado Balfagón.
La directora general ha destacado la importancia de centros regionales en los que se cuidan a mayores con diferentes problemas como Alzheimer, con daños cerebrales o salud mental. “Son centros de referencia nacional, cada uno con su misión”, ha comentado. Su objetivo: convertirlos en centros de investigación I+d+i en materia social.
Maltrato a mayores
El maltrato a los ancianos es una práctica que necesita ser erradicada de inmediato. Los mayores, por miedo a represalias, no denuncian, lo que dificulta la solución del problema. “Tenemos un problema enorme porque es un hecho delictivo y violento que no se denuncia”, ha señalado Balfagón.
“Todo lo que afecte a los mayores es competencia nuestra; son una prioridad”, ha declarado la directora, haciendo hincapié en que ahora las personas viven más, por lo que hay que asegurar una vida de calidad. “Tenemos que sensibilizarnos”, ha sentenciado.
Ley de dependencia
La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia –conocida como Ley de dependencia– es para Balfagón “magnífica y avanzadísima”, pero necesita diversos cambios: “Quiero que la Ley haga y cumpla lo que el dependiente quiere y se adapte a la voluntad de la persona”. “Se debe mantener su dignidad por encima de cualquier cosa”, ha subrayado.
Fuente: madriddiario
El limbo de la Dependencia aumenta en 8.000 personas en solo un mes
En el último mes se incrementó en 8.031 el limbo de la Dependencia, la lista de espera en las personas que debe atender el Sistema de la Dependencia, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuyos datos apuntan a que actualmente casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes), y que ascienden a un total de 124.600.
“Además de lo injusto de esta situación, que deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención”, la plataforma denuncia que existen importantes repercusiones en clave de financiación: el actual Nivel Mínimo, que fue recortado en 2012 según recuerda esta asociación, hace que las Comunidades Autónomas reciban de la Administración central 44 euros al mes por dependiente atendido de Grado I, 82 euros para el Grado II y 177 euros por dependiente atendido del III.
“Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente, su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas”, explica la plataforma en un comunicado, apuntando que el estancamiento en la atención a los dependientes más severos frente a los leves podría estar en la diferencia de coste que supone para las administraciones regionales.
“La consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia”, critica la asociación, recordando que “cada día fallecen 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.”
Los datos oficiales recogidos por la plataforma reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. Extrapolando estos datos, la asociación estima que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año, asciende a 32.000.
“Es necesario que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en clave de financiación y, hasta entonces, abordar las urgentes necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con más de 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado”, reclama.
Fuente: EL BOLETÍN
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) condenado por no conceder plaza a una dependiente que murió esperando
La anciana pasó casi dos años aguardando; su familia optó por una residencia privada y ahora será compensada.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Murcia ha condenado al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a compensar económicamente a la familia de una anciana, enferma de alzhéimer, que murió tras esperar durante casi dos años una plaza en una residencia que nunca llegó. La juez María Teresa Nortes censura que la Comunidad mantuviese paralizado el expediente de la mujer durante todo este tiempo, incumpliendo con ello el límite legal de seis meses para resolver, como establece la Ley de Dependencia.
Durante los últimos años se han sucedido las sentencias condenatorias al IMAS por la paralización de miles de solicitudes de la Dependencia, pero hasta ahora se trataba, en todos los casos, de prestaciones económicas. Esta es la primera sentencia relativa a la vulneración de los plazos legales por parte de la Administración regional en la concesión de un servicio. En concreto, de una plaza residencial.
El abogado José Román Morales, que ha llevado el caso, considera que se abre ahora una vía para que otras familias puedan reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración en el retraso de la concesión de plazas de residencias o centros de día, entre otros servicios de la Dependencia. «Hay mucha gente que ha superado los seis meses esperando una plaza. Habitualmente no se reclama, pero esta sentencia demuestra que es posible solicitar daños y perjuicios», subraya el letrado.
En este caso, el IMAS tendrá que compensar el coste que la familia tuvo que asumir al pagar de su bolsillo una residencia privada en Cartagena. La plaza costó 1.400 euros mensuales, de manera que la Administración tendrá que abonar la diferencia entre esa cantidad y lo que la dependiente hubiese desembolsado de estar en una plaza pública o concertada. En principio, esa diferencia sería de unos 100 euros mensuales, teniendo en cuenta los copagos vigentes.
La anciana, de 94 años y paciente de alzhéimer, solicitó en mayo de 2014 el acceso al sistema de la Dependencia. El 25 de agosto de ese mismo año, el IMAS le reconoció el grado máximo de Dependencia. El siguiente paso, de acuerdo a la normativa, debería haber sido la aprobación del Programa Individualizado de Atención (PIA) y, con ello, su acceso a una plaza residencial en un plazo no superior a seis meses desde la presentación de la solicitud. Es decir, la mujer debería haber ingresado en una residencia antes del 9 de noviembre de 2014. Sin embargo, falleció el 7 de febrero de 2016 sin que le llegase a ser concedida la plaza.
«Daños antijurídicos»
La juez lamenta «la falta de actuación de la Administración, que no hizo ninguno de los trámites del PIA» pese a «la situación en la que se encontraba» la solicitante, con un grado III de dependencia. «El retraso, o más bien la no tramitación del PIA, ha generado unos daños antijurídicos», por lo que «concurren todos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración».
Durante 2014 y 2015, en plena época de recortes, la Comunidad mantuvo paralizadas miles de solicitudes de la prestación económica de la Dependencia, acogiéndose a una moratoria de dos años establecida por el Gobierno central. Sin embargo, la juez recuerda que dicha medida no podía ser aplicada a las plazas residenciales ni de centro de día. En todo caso, el IMAS ha sido condenado en numerosas sentencias por retrasos en la concesión de prestaciones económicas que ni siquiera con la moratoria del Gobierno central pudieron justificarse.
Fuente: LA VERDAD
Castilla y León diseña el futuro modelo de atención sociosanitaria a crónicos y dependientes
Las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades se encuentran inmersas en el diseño del futuro modelo de atención sociosanitaria a crónicos y dependientes, cuyo germen reside en una plataforma tecnológica propia que permitirá a estos pacientes recibir cuidados y un seguimiento sin salir de casa. Se trata de un «paso de gigante» en innovación sociosanitaria, sin precedentes en Europa, que pretende resolver en el domicilio los cuidados sociales y sanitarios que precisa una persona de forma simultánea o sucesiva.
El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 6,6 millones de euros, está cofinanciado a partes iguales por la Junta y la Unión Europea, a través del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020, y acaba de entrar en su segunda fase de desarrollo, centrada en la innovación de servicios de teleasistencia avanzada, telesalud, telemedicina, teleseguimiento y telerehabilitación, así como soluciones innovadoras que mejoren la comunicación, intercambio y análisis de información entre profesionales, según explicaron a Ical fuentes de la Consejería de Sanidad.
A partir de ahora, el siguiente paso es ejecutar estas soluciones para gestionarlas a lo largo del próximo año, y en 2019 rematar la configuración de estas propuestas que darán soporte al desarrollo de los proyectos de atención integrada en entornos domiciliarios y residenciales, y que también abordará la interfaz de múltiples dispositivos y configuración inteligente de los entornos o escritorios personalizados para profesionales y ciudadanos, para la interacción con el sistema.
Rondas de diálogo
Para recabar ideas y marcar las fases del proyecto, las consejerías han fijado rondas de diálogo técnico con empresas con experiencia en estos sectores y en las que han participado más de 70. En concreto, en la primera ronda, que sirvió para definir el mapa de la demanda temprana, presentaron ideas más de 50 entidades, y en la segunda, que acaba de cerrarse, lo han hecho más de 20, entre centros de investigación públicos, empresas y otras entidades privadas.
Ademas, desde Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales se trabaja en identificar a los grupos funcionales que se encargarán del pilotaje de las soluciones, tanto profesionales de las dos consejerías, como de las universidades de la Comunidad, Cruz Roja, Fundación Intras, etc. También, en julio se publicaron los pliegos de la primera fase del proyecto que persigue adaptar, mejorar e interconectar los sistemas informáticos que gestionan las historias clínica y social. En este sentido, está previsto el uso de las aplicaciones informáticas Medora, Planes de Cuidados y Gacela como herramientas clínicas también para el personal de servicios sociales. Esta fase contempla, además, el desarrollo de funcionalidades innovadoras que aporten valor a esta integración sociosanitaria y que sirvan para mejorar el acceso a la información sociosanitaria integrada a los profesionales sociales y sanitarios.
Mayor calidad de vida
Con este espacio de experimentación y aprendizaje para ensayar innovaciones organizativas y lograr soluciones tecnológicas innovadoras, Sanidad y Familia buscan dos objetivos globales: mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y de sus cuidadores y mejorar la eficiencia de los sistemas de atención social y sanitaria.
El primero incluye mantener a la persona en su entorno habitual el mayor tiempo posible, al disminuir los ingresos hospitalarios, visitas a urgencias y complicaciones relacionadas con sus procesos de enfermedad que sean evitables; avanzar en la autonomía de la persona en las actividades de la vida diaria; disminuir el riesgo de claudicación del cuidador familiar, así como avanzar en la red de apoyos sociales para la prestación de los cuidados, y en la configuración de servicios y prestaciones sanitarias y sociales más adecuada a cada situación.
Para mejorar la eficiencia de los sistemas de atención social y sanitaria mediante la coordinación e integración de la atención, se busca hacer más accesible el sistema para lograr la atención integrada en cualquier ámbito territorial de Castilla y León (con especial atención a los entornos rurales), y así disminuir las visitas y desplazamientos evitables del paciente, de modo que reciba atención en el primer nivel de los dos sistemas, en el centro de salud y de atención social.
También se quiere mejorar los tiempos de respuesta del sistema de atención integrada en casos que exijan una intervención urgente; aumentar el volumen de población que pueda beneficiarse de un comportamiento proactivo del sistema que mejore las actuaciones de prevención y atención de complicaciones de salud o cambios en la configuración de su red de apoyos, y aumentar el volumen de población que se beneficie del apoyo en el seguimiento de indicaciones para la promoción de la autonomía, seguimiento de indicaciones terapéuticas y de rehabilitación.
Fuente: ileon.com
Usuarios de teleasistencia de Vélez con demencias podrán contar con un GPS para facilitar su localización
El Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga, a través del servicio de teleasistencia, ofrecerá a los usuarios que cuenten con alguna alteración cognitiva, alzheimer y otras demencias la posibilidad de contar con un dispositivo de localización GPS que permita su localización.
El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, y la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Zoila Martín, presentaron los aparatos que facilitan la localización de la persona en caso de desorientación y que estará conectado durante 24 horas con la central de emergencias.
El regidor veleño ha resaltado que a través de los últimos avances tecnológicos se mejora la calidad de vida de las personas, «se garantiza la seguridad y tranquilidad tanto de los usuarios de teleasistencia como de sus familiares, que permita una rápida respuesta en una situación de urgencia».
La concejala de Bienestar Social e Igualdad ha destacado la «importante mejora» que supone para los vecinos y que en este caso garantiza la seguridad tanto dentro del domicilio como fuera de él, «permitiendo que haya un control permanente de la personas usuarias».
Este servicio se presta a través del dispositivo portátil que se denomina MIMOV, suministrado por la concesionaria del servicio Clece, que el usuario pueda llevar consigo fuera del domicilio, y que funciona como un teléfono móvil de uso sencillo, con cuatro teclas, y que permite que las alarmas lleguen a la central de emergencias.
El aparato es de tamaño inferior a un teléfono móvil y de peso ligero, que se puede guardar dentro de un bolsillo o colgado al cuello. Permite que se puedan recibir llamadas así como ser localizado a través de GPS, a pesar de que no se haya establecido ninguna llamada. También contempla la posibilidad de establecer áreas seguras o inseguras, alertas de superación de velocidad, inactividad o caídas y avisa en caso de estar con la batería baja. Dicho terminal se adapta en función de las características y necesidad de la persona, pudiéndose limitar su uso únicamente a la geolocalización si el usuario, por su capacidad cognitiva, no puede darle otro manejo.
Para acceder a este servicio complementario se debe ser usuario del servicio de teleasistencia municipal, solicitándolo según el procedimiento en Servicio Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, presentando documentación de la situación económica y familiar, informe médico sobre la demencia o deterioro cognitivo; y que dada la situación física pueda haber un riesgo constatable de desorientación de la persona.
La Unidad de Trabajo Social de referencia emitirá informe donde se valorará la situación económica, familiar y redes de apoyo del usuario así como la pertinencia del dispositivo, que complemente los cuidados que recibe que la persona de su entorno familiar.
Fuente: 20 minutos
Castellón instala detectores de humo en los hogares de 200 personas mayores
El Ayuntamiento de Castellón ha finalizado la instalación de 200 detectores de humo que empezó a colocar en febrero en los hogares de personas mayores dependientes para proteger a este colectivo de posibles incendios en sus viviendas, pues es uno de los más vulnerables ante estos accidentes.
Esta iniciativa ha sido impulsada por las concejalías de Bienestar Social, Salud Pública y Seguridad Ciudadana, y ha contado con un presupuesto de 2.400 euros, asumido por la Concejalía de Salud Pública, según fuentes del Consistorio.
Servicios Sociales ha remitido a los bomberos municipales, los encargados de su instalación, el listado de las personas mayores de 80 años, que viven solas o con otras también de avanzada edad o en una circunstancia similar, y que se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad.
Este colectivo tiene un mayor riesgo de tener un descuido o sufrir un accidente que puede derivar en un incendio, y por sus condiciones pueden tardar más en darse cuenta de lo que sucede y también en reaccionar, recuerdan las mismas fuentes.
Hasta el momento, aquellos que se han beneficiado de esta iniciativa son los usuarios del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio (SAD) y de la Teleayuda Municipal, además de otras personas de las que Servicios Sociales tiene constancia de su situación.
Los detectores de humo, que han sido instalados en diferentes ubicaciones de los hogares según las características de las viviendas, son unos pequeños aparatos que cuando se produce un incendio o se acumula una cantidad peligrosa de humo emiten una alerta sonora y otra lumínica.
En caso de que ocurra algún accidente, el detector de humo se conecta a una central de alarma que permite activar los servicios de emergencia necesarios.
Los Servicios Sociales son los encargados de la supervisión del proyecto, de los equipos de teleayuda y del seguimiento anual y del recambio de pilas de los dispositivos.
Fuente: EL MUNDO
Aragón creará un observatorio para trabajadores de la dependencia
El Gobierno de Aragón creará un observatorio para controlar y vigilar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se comprometió a ello en la reunión que mantuvo, el pasado jueves, con CCOO después de que el sindicato denunciara la «precaria» situación de los profesionales y exigiera, una vez más, la revisión de las ratios –número de trabajadores por usuario–.
CCOO, que consideró ayer «un avance» la creación de un observatorio que englobe las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, volverá a reunirse con la consejera en septiembre «para comenzar a materializar la propuesta de este sindicato», subrayaron ayer desde el colectivo.
Asimismo, la actualización de la ratio de trabajadoras se abordará que, como CCOO solicitó, contará con la participación del sindicato, cuya secretaria general de la federación de Sanidad, Delia Lizana, agradeció el «compromiso» de la consejera «ya que supone un avance importante para este sector».
En este sentido, CCOO planteó que los compromisos deberían materializarse antes de que acabe la legislatura.
Por otra parte, la propia consejera valoró ayer el avance en la atención a la dependencia en Aragón que refleja en su informe la Asociación de directores y gerentes de los servicios sociales (ADYGSS), pero denunció «la soledad presupuestaria» y el incumplimiento del Estado en la financiación.
Broto, quien visitó las instalaciones del Hogar de Mayores y Centro de Día en el barrio zaragozano de Delicias, mostró su satisfacción por los datos que, como avanzó ayer este diario, revelan que Aragón es la comunidad que lidera el incremento en la atención a las personas dependientes, con un aumento del 41,92% en lo que va de legislatura frente al 21,8% en el conjunto del sistema. «Nos alegra porque refuerza nuestra apuesta clara, tanto presupuestaria como de gestión de la dependencia», señaló Broto, que insistió en que «también nos refuerza en nuestra exigencia para que el Gobierno de España cumpla con la ley de pendencia en relación con la financiación».
Broto recordó que el Gobierno de Javier Lambán ha atendido en estos dos años a 7.000 personas nuevas en el sistema «pero con la nula aportación del Gobierno de España, porque recibimos lo mismo que cuando llegamos, 31 millones», cuando el gasto que la dependencia genera para el Ejecutivo autónomo es de 100 millones de euros, por lo que pidió que el Gobierno central cumpla la ley aportando el 50 % que debe.
Fuente: el Periódico de Aragón
22 de Julio, Día Mundial del Cerebro: una de cada seis personas en el mundo tiene un ictus una vez en la vida
Hace falta un avance y expansión del sistema de protección social para el daño cerebral adquirido.- FEGADACE desarrolla un estudio para determinar las necesidades reales de las personas afectadas.
- La efeméride, proclamada por la Federación Mundial de Neurología, se conmemora el 22 de julio.
La Federación Mundial de Neurología (WFN – WorldFederation of Neurology) y la Organización Mundial del Ictus (WSO – WorldStrokeOrganization) dedican el Día Mundial del Cerebro 2017 al ictus, con un lema tan cierto como alarmante: “una de cada seis personas en el mundo tiene un ictus una vez en la vida”. Esta efeméride se instauró el 22 de julio desde el año 2014.
En Galicia se producen más de 6.000 altas hospitalarias anuales por causa de ictus. Hay más de 35.000 personas con daño cerebral adquirido, y casi el 80% de los casos está motivado por un ictus. Además, es la principal causa de mortalidad. Por este motivo, la Federación Gallega de Daño Cerebral (FEGADACE) se sumase a la conmemoración a escala mundial.
Los avances médicos (nuevas técnicas y tratamientos obtenidos gracias a la investigación) y el desarrollo, en las últimas décadas, del sistema público de salud, mejoraron la atención al ictus, de manera que se salva una enorme cantidad de vidas que hasta hace pocos años ni llegaban al hospital. Como contrapartida, muchas de las personas supervivientes quedan con secuelas más o menos permanentes, es decir, con daño cerebral adquirido.
Además, el proceso de envejecimiento poblacional, sumado al cambio en los hábitos de vida (sedentarismo, mala alimentación, estrés, contaminación…), no hace más que agudizar los factores de riesgo. Una de cada seis personas va a tener un ictus, lo que se traduce en una enorme necesidad de recursos de atención sanitaria y de protección social.
Para determinar cuáles son esas necesidades de atención -y así poder responder a ellas-, actualmente ya desbordadas por insuficientes, FEGADACE está a desarrollar el estudio ‘Analizando el conocimiento de la diagnosis y recursos de las personas con DCA, midiendo la cobertura de las necesidades del colectivo’.
El ictus. Un panorama general:
- Es habitual. Una de cada seis personas en el mundo tiene un ictus en la vida. En Galicia hay 27.890 personas que tuvieron un ictus.
- Puede atacar a cualquiera. Hombres, mujeres, niños y mayores.
- Es repentino. La mayoría de las veces se presenta de golpe.
- Puede ser mortal. Casi en el 30% de los casos.
- Causa discapacidad. Diferentes estudios señalan como causantes de discapacidad entre el 30 y el 50% de los casos.
- Se puede prevenir. Mitigando los factores de riesgo (controlando la presión de la sangre, dejando el tabaco, con una alimentación equilibrada, evitando el sedentarismo…).
- Es tratable. Aplicar el tratamiento lo antes posible puede reducir las tasas de mortalidad y discapacidad hasta un 50%.
- Una vida autónoma es posible. El 70% de las personas que tuvieron un ictus puede llevar una vida autónoma si recibe una atención temprana y rehabilitación.
¿Cómo podemos reducir las tasas de mortalidad y discapacidad causadas por el ictus?
- Identificación y atención urgente. Los/as pacientes con ictus necesitan llegar a urgencias tan pronto como ocurre el ataque. Por eso hace falta que toda la población sepa identificar cuanto antes sus síntomas de alarma.
- Atención temprana en unidades de ictus. Todos/as los/as pacientes con ictus deben ser tratados/as en unidades de ictus. En Galicia existen tres: A Coruña, Santiago y Vigo.
- Ampliar el uso de la rtPA. La administración intravenosa del Activador Tisular del Plasminógeno debe ser usada dentro de las 4,5 horas posteriores a que se produzca el ictus. Cuanto antes se aplique el tratamiento, más efectivo es: “tiempo es cerebro”.
- Trombectomíaendovascular. Para algunos pacientes con una obstrucción severa de los vasos sanguíneos e ictus isquémico. Se debe practicar dentro de las seis primeras horas.
- Rehabilitación inmediata y prolongada. La rehabilitación debería comenzar en la unidad de ictus en el primer día y mantenerse hasta que la capacidad funcional sea recuperada.
Proyecto para el estudio de los recursos de atención al ictus en Galicia:
De acuerdo con las necesidades definidas por la Federación Mundial de Neurología, y constatadas las carencias a nivel de atención existentes en Galicia, FEGADACE puso en marcha en 2016 un estudio para conocer mejor los recursos disponibles para las personas que tienen un ictus. El proyecto se titula ‘Analizando el conocimiento de la diagnosis y recursos de las personas con DCA, midiendo la cobertura de las necesidades del colectivo’ y cuenta con el apoyo de la Fundación Barrié y la Fundación Roviralta, y con la colaboración de la Sociedad Gallega de Neurología (SGN).
Este proyecto tiene un doble objetivo:
a)Incrementar la información de la que se dispone sobre los servicios y productos reales de atención al ictus en los sistemas públicos de salud y de protección social. Se pretende contar con datos certeros para poder hacer una planificación realista de las necesidades efectivas de las personas que tienen un ictus.
- b) Servir de base para la elaboración de un estudio epidemiológico sobre el daño cerebral adquirido (hasta ahora solo contamos con datos aproximados de incidencia y prevalencia). Con estos datos se podrá analizar el retorno social de la inversión (SROI), calculando los beneficios sociales y económicos de la prestación de servicios a las personas con DCA.
En la actualidad la investigación se encuentra en fase de recogida de datos, gracias a la colaboración de los y las profesionales de la SGN, que distribuyen una encuesta facilitada por FEGADACE entre las personas que tuvieron un ictus. Una vez recogidos, se procesarán y se analizarán para extraer conclusiones, que determinarán el conocimiento que tienen las personas sobre los recursos a su disposición y las necesidades objetivas que les surgen durante todo el proceso desde que se produce la lesión cerebral.
Las conclusiones serán presentadas el próximo año en un acto público, y se espera que sean tenidas en cuenta por la Administración. Solo de esta manera se podrá responder a las necesidades de cada persona y de cada familia con daño cerebral adquirido.
Gobierno y comunidades «ultiman» el diagnóstico sobre la ley de dependencia
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha avanzado hoy que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, está «ultimando» el informe sobre el sistema de dependencia, su sostenibilidad y financiación.
Lo ha hecho en el pleno del Congreso en respuesta a la diputada socialista Elvira Ramón, que le ha preguntado por las intenciones del Ejecutivo para financiar «adecuadamente» el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Según ha explicado Montserrat, el grupo de trabajo que se constituyó el pasado 23 de febrero como consecuencia del acuerdo alcanzado en la última Conferencia de Presidentes, se ha reunido en nueve ocasiones para cerrar sus propuestas.
«Y en estos momentos estamos ultimando un informe para elevarlo a la Conferencia de Presidentes», ha dicho la ministra, que ha apelado a la «responsabilidad y altura de miras» para que el sistema «se preserve por encima de los vaivenes políticos».
Sin embargo, Ramón ha recriminado a Montserrat que, a pesar de que el calendario para su aplicación está implantado desde 2015, «hay más de 300.000 personas que están en lista de espera», por lo que ha instado al Gobierno a financiar «adecuadamente» la dependencia «si de verdad» cree en ella.
A ello, la ministra ha contestado que desde 2011 se han incorporado un 84 % de beneficiarios más al sistema, se han creado 55.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con la dependencia y se ha logrado atender «a quienes más lo necesitan, los grandes dependientes y los dependientes severos con una cobertura de hasta el 85 %».
Fuente: La Vanguardia
La figura del asistente personal necesita una legislación
La apuesta de la Junta de Castilla y León por la figura del asistente personal para hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad, pone en evidencia la necesidad de regular esta figura, que en los dos años de desarrollo ha duplicado su existencia, atendiendo ya a 335 dependientes en la comunidad, la segunda de España en este tipo de prestación después del País Vasco.
El debate está abierto en el congreso internacional que se celebra en Valladolid. El argentino Facundo Chavez, usuario de la figura del asistente personal y asesor de derechos humanos y discapacidad de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, reconoce que «se han dado pasos importantes en España, pero toavía muy lejos de actuaciones como en los Paises Nordicos, y la financiación marcha mucho las diferencias».
Los propios asistentes personales exigen esa regulación laboral que establezca criterios salariales, de formación e incluso horarios. Toñi Rodriguez lleva un año como asistente personal y reconoce que «sería importante que se nos vea como profesionales, contar con un reconocimiento laboral en un trabajo en el se requiere gran disponibilidad», según las necesidades del dependiente al que se atienda.
Actualmente esta prestación se incluye en la Ley de Dependencia, y para ser asistente personal, sólo se necesitan 50 horas de formación, el resto del aprendizaje se adquiere con la propia interactuación entre dependiente y asistente.
Fuente: Cadena SER
Las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana no podrán cobrar facturas del FLA por un error de la Conselleria
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha recriminado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, por un error en la contabilidad que deja «a la gran mayoría de entidades» que gestionan estos centros sin posibilidad de cobrar sus facturas de todo el año 2017 -y algunas de finales de 2016- a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
«El pasado lunes la Conselleria de Hacienda informó de que la Tesorería había cargado un total de 34.988 facturas de proveedores sociales valencianos, por importe conjunto de 296.634.333,50 euros una vez puesto en marcha para la Comunitat Valenciana el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)», han recordado desde Aerte.
«El sector privado de servicios sociales respiraba con la noticia, ya que no se había cobrado ninguna factura de todo el año 2.017, incluso quedaba alguna de 2.016 pendiente, pero la alegría ha durado muy poco», han asegurado. La razón es que el listado de facturas que se han incluido en el FLA para su pago inmediato ha dejado fuera a la gran mayoría de entidades que gestionan residencias de personas mayores, o que tienen plazas concertadas con la Administración Pública, porque no han sido contabilizadas desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Además, se está produciendo otra situación que está provocando demoras en los pagos, muchos contratos de residencias están vencidos y no han entrado en vigor los nuevos por retrasos en las adjudicaciones de la Conselleria, según Aerte. En esta situación, para que la Generalitat pueda pagar esas facturas, se debe llevar a cabo un expediente específico, que debe pasar por el Consell, «lo que alarga mucho toda la gestión de pagos», han asegurado.
“Es difícil entender como, a pesar del aumento del presupuesto de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en más de 214 millones en los dos últimos años, los retrasos en los pagos a las entidades que gestionan centros y servicios de la Generalitat o aquellos que tienen plazas concertadas se siguen produciendo», han criticado. «Solo queda que se deba a una gestión administrativa ineficiente de la propia Consellería, tanto en la contabilización de las facturas como en la formalización de los nuevos contratos, lo que resulta inadmisible», ha declarado José María Toro, presidente de AERTE.
De los peores
La ley para evitar la morosidad en las administraciones públicas fija un plazo máximo de pago de 30 días para las facturas, y según el último informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fechado en marzo de 2.017, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma con un periodo medio de pago a proveedores más largo. Con una media de 46,39 días, solo mejora a la Región de Murcia y a Cantabria, según Aerte.
Sin embargo, el periodo de pago no es homogéneo en todos los sectores ya que en el sector de los servicios sociales ya se acumulan casi cinco meses de atrasos en los pagos y todo está pendiente de las liquidaciones del Fondo de Liquidez Autonómica. Hasta ahora, las empresas han ido abonando las nóminas de sus plantillas, pagando las facturas de sus proveedores pero la situación se está volviendo insostenible cada día que pasa sin que se atiendan estos pagos y si los retrasos continúan la situación podría agravarse.
«Seguimos insistiendo en que hay que buscar una solución definitiva al pago de estos recursos que son gastos corrientes y ordinarios de la Administración y que no pueden depender de ingresos extraordinarios como el FLA para ser atendidos. Lo único que provoca esta situación es inestabilidad en el sector y muchísimos problemas de gestión», ha indicado Toro.
Fuente: ABC Comunidad Valenciana
Caldera dice que dependencia es el sector que más empleo puede generar en España
El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera ha sostenido hoy en Salamanca que el sector que más empleo puede generar en España por la inversión realizada es el de la dependencia, cuya regulación está recogida en una Ley, que él impulsó -ha recordado- y que ahora cumple su primera década.
En declaraciones a Efe, Caldera, que ha intervenido en el seminario titulado «Una mirada. 10 años con la Ley de Dependencia» organizado por la Universidad de Salamanca (USAL), ha elogiado la Ley de la Dependencia promovida por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en el que el salmantino estaba al frente de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales.
«Es una norma de última generación que favorece la cohesión social del país y mejora también su actividad económica», ha sostenido el exministro por lo que, en su opinión, conviene que se haga una evaluación desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007.
Desde su punto de vista, ha permitido que en la actualidad casi un millón de personas en España estén siendo atendidas, lo cual, según sus palabras, es una ley esencial sin la que la democracia española «no se podría entender».
No obstante, ha reconocido que la aplicación haya sufrido «algunos retrocesos» que el actual Gobierno de Mariano Rajoy atribuye a la crisis económica.
Una justificación que Caldera no comparte y que ha tildado de «error» por considerar que es una ley de la sociedad española.
A modo de análisis económico, el exministro ha subrayado que para salir mejor y más rápidamente de la crisis «conviene invertir en sectores que tienen un efecto multiplicador en materia de empleo y una tasa de retorno muy elevada».
Entre ellos ha incluido el de la atención a la dependencia por considerar que es el que «más empleo puede generar por la inversión realizada en España y además no se puede deslocalizar».
Ha calificado de «insuficiente» el incremento de 80 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para este año en el ámbito de la dependencia y ha confesado que él hubiera realizado un esfuerzo mayor traducido en 300 ó 400 millones de euros más.
Un aumento que ha acreditado en el sentido de que desde 2011 se han perdido casi 1.000 millones de euros al año de inversión, lo cual ha derivado en una pérdida de 60.000 empleos en el sector.
Ha insistido en «la gran capacidad de dinamización económica» y se ha referido a las 450.000 personas que actualmente trabajan en el ámbito de la dependencia y que una mejor organización se traduciría en que se podría duplicar el número de puestos de trabajo en la próxima década.
En clave autonómica, Caldera ha reconocido que hay una serie de comunidades, entre ellas, Castilla y León que son las que mejor funcionan, aunque desde su punto de vista la clave está en ver «entre todos» cómo se pueden «mejorar los derechos de los españoles y además si se genera empleo, excelente».
Finalmente, ha recordado que leyes de dependencia las tienen muy pocos países en Europa, que en el caso de España permite cooperar al Estado y a las comunidades autónomas, que es una norma «contra la soledad», ya que los servicios que presta «permiten tener un control de las personas ante situaciones de riesgo, y que eleva la calidad de vida de los ciudadanos».
Fuente: La Vanguardia
El Sistema de Dependencia registra «evidentes signos de agotamiento y desaceleración»
CCOO critica el bajo incremento presupuestario previsto en los PGE-2017 y reclama la recuperación del Nivel Acordado de financiación de la Ley de Dependencia, suspendido desde 2012.
El sindicato critica el bajo incremento presupuestario (100 millones de euros) previsto en los PGE-2017 y reclama la recuperación del Nivel Acordado de financiación de la Ley de Dependencia, suspendido desde 2012, para poner en marcha un Plan de choque que garantice una prestación efectiva a los 335.201 dependientes en lista de espera. El proceso de recuperación que comenzó a registrar el Sistema de Dependencia desde las elecciones autonómicas de mayo de 2015, ha comenzado a registrar evidentes signos de agotamiento y desaceleración, por lo que es muy previsible que termine paralizándose.
Carlos Bravo, secretario confederal de protección social y políticas públicas de CCOO, ha valorado los últimos datos de gestión del Sistema de Dependencia publicados por el IMSERSO en los que se confirma que 1 de cada 4 dependientes continúa en lista de espera, a pesar de que la Ley de Dependencia ha superado ya los 10 años de existencia. En concreto, el Sistema de Dependencia presenta una lista de espera de 335.201 personas (el 27,61% del total), a los que hay que sumar las más de 126.000 personas que se encuentran aún a la espera de valoración del grado de dependencia.
Después de los recortes impuestos por el Gobierno en 2012, que llevaron a una reducción de más de 59.000 beneficiarios con prestación efectiva (el 7,5% del total), tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015 se comenzó a registrar una recuperación de la cobertura del Sistema de Dependencia, que hoy atiende a 878.000 personas. Sin embargo, a juicio de Bravo “esta recuperación presenta un ritmo discontinuo y en desaceleración, hasta el punto de que el mes de febrero se llegó incluso a registrar una reducción de beneficiarios atendidos respecto del mes anterior, situación que no se producía desde 2015”. Ello da muestra de la debilidad del proceso de recuperación que vive el Sistema de Dependencia.
Comisiones Obreras considera que la precariedad que presenta la recuperación tiene una de sus causas principales en el escaso compromiso presupuestario que el Gobierno central ha proyectado en los PGE-2017, lo que traslada a las CCAA el mensaje de que tendrán que ser ellas las que asuman en solitario el coste de acabar con la lista de espera.
De hecho, los 100 millones de euros adicionales de financiación del SAAD previstos por el Estado en los PGE-2017 no tendrán ningún impacto en la mejora de la cobertura del sistema, ya que se han computado como nivel mínimo de financiación, y ésta es una partida automáticamente prorrogable sin necesidad del incremento presentado por el Gobierno.
Para el sindicato se hace imprescindible que los PGE-2017 recuperen el nivel acordado de financiación de la Ley de Dependencia, suspendido desde 2012, para poner en marcha un Plan de choque que garantice una prestación efectiva a todas las personas que se encuentran actualmente en lista de espera. El sindicato ya presentó hace meses distintas propuestas en este sentido, señalando que para la plena implantación del SAAD sería preciso un aumento presupuestario de, al menos, 2.500 millones de euros.
Por ello, insta al Gobierno a que en lugar de presentar, como tiene previsto, al Consejo Territorial del Sistema de Dependencia la evaluación del sistema del año 2014, convoque la Mesa de Diálogo Social para evaluar el proceso de implantación completo de los últimos 10 años y, a partir de ahí, refundar el Pacto Social y Político del que nació la Ley de Dependencia.
Fuente: nuevatribuna.es
