AERTE

Lares CV y Aerte se suman a la Marcha convocada por CC.OO. y UGT para defender la supervivencia de la Dependencia

• Para ambas asociaciones la situación de impagos e inacción del Consell está destruyendo día a día el tejido empresarial creado en torno a la Ley de Dependencia

• Lares CV ha solicitado reunión con la nueva consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y espera respuesta urgente antes de tomar medidas

Aerte y Lares CVValencia, 14  de diciembre de 2012 –  Lares CV, la patronal del sector solidario, y Aerte, principal patronal de la dependencia en Comunidad Valenciana se suman a la marcha por la supervivencia de los Servicios Sociales y la Dependencia en la Comunidad Valenciana, organizada por los sindicatos UGT y CC.OO para el próximo jueves 20 de diciembre.

Ambas organizaciones y sus asociados han adoptado la decisión de participar en esta marcha protesta, por considerar que la actual dejación de funciones de la Administración valenciana -cuya deuda con el sector de la dependencia asciende a 120 millones- está destruyendo el tejido empresarial creado en torno a la Ley de Dependencia. Esto está provocando que las empresas no puedan atender a la población dependiente y con ello, se está obstaculizando la prestación de servicios y atención que garantiza la ley, pero que no se va a poder continuar prestando por impago de deuda.

La deuda de Bienestar Social con los centros de Lares CV y de Aerte supera los 130 millones de €, fruto de 12 meses sin haber cobrado nada por parte del Consell. Ambas asociaciones consideran que, de no resolverse la deuda existente, los primeros centros comenzarán a cerrar a comienzos de año, dejando con ello de prestar sus servicios a una población dependiente que se verá en la calle y sin soluciones.

Tanto Aerte como Lares CV subrayan si las empresas no hubieran asumido con responsabilidad las funciones que no está cumpliendo Bienestar Social en la Comunidad Valenciana, hoy día habría ya cientos de enfermos dependientes en la calle, sin ayuda, asistencia de ningún tipo y sin ningún lugar donde poder acudir para ver respetados sus derechos reconocidos claramente en la Ley de Dependencia.

Ante esta extrema situación, Lares CV ha apostado por retrasar la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, como anunció, y da unos días a la nueva consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para que de respuesta a la petición de reunión urgente solicitada por parte de la asociación con el objetivo de que se les presente un Plan de Pagos. Por su parte, Aerte planteará y pondrá en marcha medidas más contundentes en su Asamblea General Extraordinaria del día 18.

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Farmacias y residencias valencianas exigen los 600 millones que les deben

Alberto Giménez

Alberto Giménez

La patronal de la dependencia y de las residencias de tercera edad, Aerte; el Colegio de Farmacéuticos de Valencia; y la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat acogieron de forma respetuosa, y con cierta expectación, por los retos mayúsculos pendientes, los nombramientos de Manuel Llombart, como conseller de Sanitat; y de Asunción Sánchez, en Bienestar Social. Sin embargo, les recordaron a ambos que la administración autonómica debe 600 millones de euros a las empresas y profesionales que representan, y que los pagos por los servicios prestados se retrasan en muchos casos hace más de un año.

Por ejemplo, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, recordó a Asunción Sánchez que la Generalitat debe 150 millones de euros a las residencias y centros de dependencia de la Comunitat Valenciana. Los representantes de Aerte, que agrupan a 200 empresas y representan al 80% del sector sociosanitario, estaban citados para este martes, día 11, en el despacho del destituido conseller Jorge Cabre, con el titular de Bienestar Social; y con el Secretario Autonómico, Joaquín Martínez. «Nosotros —dijo ayer— Alberto Giménez, estaremos allí, porque nadie nos ha desconvocado a este encuentro de trabajo, en el que íbamos a tratar una serie de cuestiones técnicas del sector, y algo muy importante: un plan de pagos para saldar la gran deuda que la Generalitat tiene con las residencias». Respecto a Cabré, Giménez le puso «un suspenso» por no haber podido resolver «los impagos, que han puesto a nuestro sector en una situación insostenible e injustificable». Sobre la nueva consellera, Asunción Sánchez, Giménez —empresario alicantino— dijo que la conoce de sobra: «Es una persona con una reconocida trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Alicante».

Paralelamente, el letrado Vicente Peiró, que representa a la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat, consideró «un poco paradójico que siendo un acreedor de la institución autonómica —cabe recordar que Manuel Llombart, como directivo del IVO, reclama 58 millones a la administración sanitaria— se haya convertido en conseller». «Supongo —dijo— que ahora el IVO cobrará, aunque entendemos que Llombart es un buen gestor, en su condición de economista».

Respecto a Luis Rosado, extitular de Sanitat, Vicente Peiró calificó su etapa como «muy gris» pues «se ha escapado de los compromisos adquiridos con nosotros». El último, el referente al cobro de los 30 millones de euros que les adeudan de 2012. «Estamos indignados —enfatizó— porque han llegado fondos de liquidez autonómicos del FLA, y han servido para pagar intereses de deuda, retenciones del IRPF de los funcionarios, cuotas de la Seguridad Social, algo a las farmacias y algo a las residencias de dependencias, pero nosotros, ni un euro». Rosado, insistió, «nos ha tratado con deliberada maldad al no querer registrar nuestras facturas», lo que supone que no se han contabilizado ni pagado en el vigente ejercicio y tendrán que cobrarse con cargo al FLA estatal de 2013.
A su vez, la Presidenta de los Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, elevó la deuda actual de la Generalitat con este colectivo profesional a 420 millones de euros. «Confiamos y le pedimos —dijo— que el nuevo conseller cumpla el acuerdo suscrito hace apenas 10 días, en el pleno del Consell, donde se fijó un plan de pagos, que si se cumple, liquidará la deuda con las farmacias, en el mes de marzo», remarcó.

120 millones en deudas al campo
Por su parte, Ramon Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, se alegró por el pase de Agricultura a la órbita del vicepresidente José Císcar, «una persona con poder dentro del partido y el Consell». Pero reivindica el pago de lo que se adeuda. Y recuerda que al sector de los productores agrarios se le debe 120 millones desde 2009 en subvenciones. Por último, el presidente de AVE, Vicente Boluda, se felicitó «por la reducción de 10 conselleries a 8, aspecto que en nuestra organización habíamos pedido, porque todos los ajustes son necesarios en los tiempos que estamos».

Hosbec: «Pasamos de tener una conselleria zombi a nada»
Las principales asociaciones hoteleras alicantinas coincidieron ayer en que el sector turístico ha salido especialmente mal parado con la remodelación del Consell. El presidente de la Asociación Empresarial de Hoteles de Benidorm y de la Costa Blanca (Hosbec), Antonio Mayor, aseguró que la fusión ha terminado por aniquilar las políticas turísticas de la Generalitat. «La Conselleria era un zombi y ahora hemos pasado a la nada», sentenció. Consciente de las exiguas posibilidades económicas del Consell, Mayor quiso emplazar al nuevo Ejecutivo a que marque «claramente sus prioridades», ponga en marcha acciones eficientes y apueste de manera decidida «por un sector estratégico». «El turismo puede ser el motor de arranque de la economía», concluyó. Cristina Rodes, de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, remachó: «El Consell ha vuelto a demostrar que no le importa demasiado el turismo».

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Aerte solicita una reunión con la nueva consejera de Bienestar Social para resolver la deuda con el sector valenciano de la dependencia

Aerte, la principal asociación representante del sector de la dependencia en Comunidad Valenciana, ha trasladado su felicitación a Asunción Sánchez Zaplana por su nombramiento al frente de Bienestar Social, a quien ha demandado también agilidad para la resolución de la deuda de casi un año que arrastra el sector y hace peligrar la calidad y asistencia de los dependientes.

Asunción Sánchez Zaplana

Asunción Sánchez Zaplana

Aerte considera un gran acierto por parte del Consell Valenciano la generación nuevamente de una Consellería de Bienestar Social en solitario, así como el nombramiento de una persona experimentada al frente de la misma, y por tanto conocedora de los numerosos temas complejos que este sector tiene pendientes desde hace varios años.

La patronal de la dependencia en Comunidad Valenciana también ha calificado como necesaria la dotación de recursos esenciales para la solución de dichos problemas, un paso necesario sin el que no se conseguirá nada más que desgastar a otra persona válida más, sin ofrecer soluciones válidas para el sector.

Según ha expuesto Aerte en un comunicado de prensa, ni la patronal ni el resto del sector puede concederle los 100 días de gracia característicos para los nuevos nombramientos, dado la situación angustiosa de cobros pendientes que existe desde hace casi un año.

Asimismo, la patronal recuerda que con el anterior equipo de la Consellería de Bienestar Social se estaban ultimando diversos acuerdos que espera tengan continuidad junto con el pago de la deuda. Acuerdos que de ultimarse, iban a ratificarse en la Asamblea General con los más de 200 centros asociados a la patronal el próximo 18 de diciembre. Es por ello que la Junta Directiva de Aerte ha solicitado una reunión urgente con la Consellera.

Aerte se siente «marginada» por el Consell en el abono de la deuda frente a otros colectivos y anuncia nuevas acciones

  El sector de la dependencia representado por Aerte ha asegurado este viernes que se siente «marginado» por la administración valenciana tras la intención manifestada por el Consellde pagar 10 millones de euros a discapacitados, «cuando el Ministerio de Sanidad ha confirmado haber abonado ya más de 339 millones de euros destinados a deuda de servicios sociales de cinco autonomías». En este sentido, ha anunciado que emprenderá nuevas acciones para dar a conocer su «discriminación».

Esta patronal del sector de la dependencia valenciana, que atiende a mas de 20.000 usuarios, ha calificado el anuncio de pago del Consell a discapacitados como un «parche inservible e infructuoso», ya que, según ha apuntado, «solo a los centros que representa –cifra que en su conjunto supera los 200– adeuda más de 100 millones de euros, equivalentes a las facturas impagadas de todo el año 2012». de esta cantidad, la patronal afirma «no haber cobrado aún ni un euro».

En esta línea, ha recalcado que la «decepción» del sector de la dependencia valenciano agrupado en Aerte «se evidencia aún más al conocer que el Gobierno central ha destinado 339,6 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), abonando con ello facturas pendientes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, hasta el 21 de noviembre».

Frente a este dato, Aerte ha exigido «explicaciones» al Consell «por la situación en que se encuentra la dependencia valenciana y en particular, las empresas, trabajadores y pacientes de los centros que representa».

La patronal ha anunciado la adopción de nuevas medidas en su Asamblea Extraordinaria –que celebrará el 18 de diciembre–  para acordar «las acciones oportunas a desarrollar para dar a conocer a la sociedad española en general y valenciana en particular, la situación de discriminación que existe sobre el sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana».

Los centros de Aerte pedirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no abona la administración

Aerte, la patronal representante del sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado este miércoles que sus centros exigirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la administración ya que ha afirmado que, de otra manera, «resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza».

La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta «inevitable» en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.

Aerte ha recalcado que la situación es «inaguantable» y, además, «inminente que muchos usuarios sin familia se verán en la calle dentro de poco ante la imposibilidad de poder asumir el pago de estas facturas». En esta línea, ha puntualizado que esto «se agrava con la situación precaria en la que están inmersos los más de 10.000 dependientes que tienen reconocidos sus derechos por la Ley de Dependencia y no están recibiendo el servicio».

«Tienen derecho de percibir una prestación pública desde hace años en la mayoría de los casos, y  llegan a fallecer en la mayoría de las ocasiones antes de verlo realizado, de nuevo, por incumplimientos», ha criticado. La patronal ha calificado como «muy grave» la «falta continuada de palabra» del Consell hacia la población dependiente que representa Aerte –integrada por los más de 20.000 dependientes y más de 200 empresas– y ha lamentado su «falta de sensibilidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones».

Aerte ha recalcado que el colectivo de la dependencia valenciano, que precisamente está «integrado por el segmento más débil y vulnerable de la sociedad», es el «único sector» que no ha cobrado nada en todo el año 2012. Asimismo, la patronal ha alertado de habrá cierre de empresas de atención a la dependencia, «lo que supondrá dejar de prestar sus servicios en la Comunidad Valenciana«.

En su opinión, «este hecho pone en tela de juicio la aplicación queBienestar Social está llevando a cabo de la Ley de Dependencia, una ley que ha sido recientemente reformulada y validada por el Gobierno central pero que no está siendo aplicada por el Gobierno autonómico», una realidad que califica como «muy grave».

Según la patronal, «son ya once meses los transcurridos desde que la Conselleria de Bienestar Social no paga ni un euro a los centros responsables de la atención y los cuidados de los dependientes y discapacitados, muchos de ellos tutelados por la misma administración, incumpliendo de forma grave y notoria con su compromiso de pago a la población dependiente así como con la palabra dada a la principal patronal de la dependencia valenciana y las empresas que la integran».

CON PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO

Aerte destaca que ya ha manifestado «en muchas ocasiones» las «dificultades» por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, que llevan «casi un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal».

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Aerte denuncia la falta de sensibilidad del Consell

Aerte ha criticado este viernes la «falta de sensibilidad y compromiso» del Consell hacia la población dependiente y ha denunciado que «no se muestra receptivo con la problemática que vive hoy día la población de enfermos dependientes», según ha informado la patronal mayoritaria del sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.

En este sentido, aunque la patronal ha manifestado ser consciente de los múltiples esfuerzos efectuados por la Consejería de Bienestar Social para conseguir el pago, el Gobierno valenciano permanece pasivo ante las constantes súplicas de todos los agentes implicados en el sector de la dependencia, quienes día a día ven cómo la situación de impagos existente deteriora su calidad de vida y dificulta aún más la existencia del sector de la dependencia, las más de 200 empresas representadas por Aerte, sus trabajadores y los miles de dependientes a quienes prestan servicios.

«La dramática situación por la que están atravesando las empresas por los constantes impagos del Consell, teniendo en cuenta que no cobrado prácticamente nada en todo el año 2012, ha sido el detonante que ha conducido a la situación actual de incertidumbre y peligro para la supervivencia de estas empresas, los puestos de trabajo y la atención y la calidad de vida de uno de los colectivos más sensibles de nuestra sociedad: los dependientes», ha señalado.

Los más de 100 millones que la administración autonómica adeuda al sector de la dependencia, no solo dificultan la atención a todas las personas dependientes en un corto plazo, sino que aventuran la desaparición de más de 15.000 puestos de trabajo y la supervivencia de más de 200 empresas que hoy día prestan servicios a unas personas que tienen derecho a ellos por Ley.

Las empresas asociadas a Aerte mantienen un compromiso diario con la prestación de todos los servicios contemplados en el catálogo de la Ley de dependencia entre los que destacan la promoción de la autonomía personal, el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención de las necesidades del hogar, cuidados personales, servicio de Centro de Noche, Centro de Día para mayores, menores de 65 años y de atención especializada, Centro de Noche y servicio de Atención Residencial.

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El sector de la dependencia se plantea los primeros cierres de centros por los impagos de la Generalitat valenciana

Según Aerte, «ya son varios los centros que se plantean la opción de cerrar sus puertas, ante la imposibilidad material de continuar dilatando la situación de deterioro en la que se han visto inmersos por los impagos que ya se acercan al año».

La patronal ha destacado que los trabajadores están sin cobrar varias nóminas, los centros comienzan a tener desabastecimiento de materiales y no hay «ningún horizonte de resolución para este problema» ya que a la situación «se suman a los elevados intereses que muchos centros están pagando por los créditos con los que afrontan esta situación».

Por ello, se presenta un «escenario oscuro» para el sector, «al que se suma la incertidumbre generada por los anuncios en los que Bienestar Social afirma que se ha abonado una parte de la deuda con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico», un extremo que niegan Aerte y sus centros asociados.

Frente a esta situación, Aerte exige «claridad» a la Generalitat y el pago de la deuda existente «como única opción para finalizar una situación perjudicial para los centros, los trabajadores y los dependientes». De no resolverse esta situación, la patronal advierte de cierres de centros durante los próximos meses en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha apuntado que las informaciones sobre la concertación de 2.000 plazas de accesibilidad social, han generado una «notable alarma» entre los asociados de Aerte, que ni apoya ni está de acuerdo con esta posibilidad.

La Junta Directiva ha creado una comisión de trabajo para presentar a la Conselleria de Bienestar Social «una serie de reivindicaciones históricas, de forma que pueda llegarse a un acuerdo global que beneficie a todo el sector». Este acuerdo, según fuentes de la Junta Directiva, deberá ser aprobado y ratificado en una asamblea extraordinaria convocada para ello, que se celebrará durante la primera quincena del mes de diciembre.

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El sector de la Dependencia hará acciones conjuntas por los impagos del Consell

Las patronales del sector de la dependencia Aerte y Lares y los sindicatos CCOO y UGT han anunciado acciones conjuntas para protestar por la «situación límite» a la que los impagos de la Generalitat, que les adeuda cerca de 100 millones de euros, ha llevado a los centros que atienden dependientes y a sus trabajadores.
Además, los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV han convocado para el próximo 31 de octubre una huelga en el sector de atención a personas con discapacidad, ya que a consecuencia del impago del dinero adeudado hay trabajadores que llevan más de cuatro nóminas sin cobrar.
En un comunicado conjunto, Aerte, Lares, CCOO y UGT han denunciado que se prevé el cierre de centros y la desatención a dependientes «si continúa la situación de impagos que está llevando a las empresas a la quiebra y la pérdida de empleo de trabajadores».
«El pago inmediato de la deuda es el único remedio para evitar lo que será una realidad dentro de muy poco», han advertido estas entidades.
Ante esta situación, sindicatos, empresas del sector, familiares, trabajadores y otras entidades sociales realizarán acciones de protesta conjunta, que no han precisado, ante la «inviable situación económica para intentar evitar el cierre de los centros».
Según afirman, «nunca, desde la aprobación de la Ley de Dependencia, el sector que da servicio al conjunto de personas en situación de dependencia se ha visto en una situación tan límite como la actual».
En el comunicado señalan que la «hipotética tabla de salvación» para el sector que suponían los recursos que pudieran llegar al sector de la Dependencia por parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) «también se difumina».
Afirman que el anuncio del aplazamiento de los recursos del FLA al menos de dos semanas, «ha supuesto otro jarro de agua fría para un sector que comienza a ver en el cierre de centros y el despido de personal la única solución a su situación».
Patronales y sindicatos han informado de que los trabajadores llevan meses sin cobrar, los proveedores comienzan a dejar de servir productos de primera necesidad y los dependientes y sus familiares se muestran cada vez más pesimistas por esta situación.
Los sindicatos han exigido el pago inmediato de la deuda y un calendario de pagos estable para el próximo año y han llamado a la unidad de todo el sector y de todos los ciudadanos en su «justa reivindicación».

Aerte combate el intrusismo por los perjuicios para los dependientes

Aerte, Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia, entidad que representa el 80% del sector de la dependencia con más de 150 empresas asociadas y 12.000 trabajadores, ha detectado la presencia de empresas que están prestando el servicio de ayuda a domicilio en varios municipios de la Comunidad Valenciana fuera de la legalidad vigente, con el peligro que implica la falta de garantías en su relación profesional con enfermos, miembros de uno de los colectivos socialmente más sensibles.

Para Aerte, el hecho de que determinadas empresas que muestran un total desprecio hacia las normas existentes – y con ello, hacia la salud y el bienestar de los propios dependientes – estén prestando servicios fuera de la legalidad va más allá de la competencia desleal, poniendo en serio peligro la atención y los adecuados cuidados de los dependientes, con las graves responsabilidades que de ello pudieran derivarse para las instituciones que los contraten, en caso de suceder algún tipo de problema.

En esta línea, la patronal valenciana de la dependencia ha instado a los municipios de la Comunidad Valenciana a realizar un seguimiento del servicio prestado a los dependientes en sus municipios, ante la necesidad de confirmar que ninguna de estas empresas puede estar prestando servicio y poniendo en riesgo la salud de los Dependientes que reciben el servicio. El servicio de ayuda a domicilio es un modelo de asistencia orientado a las personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual.

Por ello, manifiesta Aerte, resulta inconcebible que empresas sin las garantías profesionales que exige la ley estén prestando un servicio necesario para que las personas dependientes puedan sobrellevar su día a día, pues se trata de personas con un grado de enfermedad cuyo tratamiento y cuidados exige de unos requisitos profesionales que determina la ley, que en estas empresas no están cumpliendo. También ha solicitado realizar un seguimiento de aquellas empresas en situación ilegal que puedan presentarse a los concursos, instándoles a recabar toda la información necesaria que justifique que la prestación de este servicio se realiza con arreglo a la legalidad vigente y especialmente, con la autorización adecuada para prestar dicho servicio.

Hoy día, existe un elevado número de dependientes en el marco de la Comunidad Valenciana. Personas que necesitan ayuda para llevar a cabo las funciones más básicas y esenciales del día a día, desde levantarse, asearse, vestirse o alimentarse, como para tratamientos más complejos que empresas ilegales y sin ningún tipo de autorización no deben desempeñar, pues lo contrario pone en riesgo la salud del dependiente, primer y último compromiso de Aerte.

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Alberto Giménez, “Ahorrar en salud y dependencia es un gravísimo error”

Alberto Giménez (Alicante, 1954) es el presidente de la patronal del sector sociosanitario Aerte, miembro de la CEOE y ahora presidente de la recién nacida Fundación Economía y Salud, desde donde pretende llevar a la opinión pública un sector, el de servicios sociales, que considera ninguneado en diferentes ámbitos. Las reclamaciones de estos empresarios de las residencias geriátricas y para discapacitados, a las que Giménez pone voz en esta entrevista, se han entregado en La Moncloa hace unos días. Piden la colaboración de las Administraciones públicas para ocupar 50.000 camas vacías en sus centros y ofrecen al presidente un plan para construir más, a la espera de que sean concertadas, es decir, subvencionadas con dinero público y de gestión privada. No es el mejor momento: las comunidades arrastran una gran deuda con estas empresas precisamente por esos conciertos. Giménez insiste en que es el camino para desatascar el sector y crear riqueza.

Pregunta. Han entregado este informe sobre las posibilidades económicas del sector sociosanitario en Moncloa. ¿Qué receptividad han encontrado?

Respuesta. El Gobierno está inquieto y busca soluciones, pero mi impresión es que este sector no está entre las prioridades. Se habla de sanidad, de educación, de déficit, pero a los servicios sociales no se les escucha como debieran. Pero le hemos entregado datos que confirman que este sector no solo contribuye a la mejora de la salud, también del empleo y de la situación económica. Tendremos una reunión para discutir las cifras.

P. Pide que se subvencione con 700 millones de dinero público la ocupación de 50.000 camas vacías en geriátricos y a cambio, explica, el Gobierno recibiría retornos económicos por valor de 792 millones. Pero quien paga son las comunidades autónomas y quien recibe los retornos es el Gobierno…

R. Es cierto, pero las comunidades deben apoyar este plan, debe haber un gran acuerdo entre el Gobierno central y las autonomías para que todo se desarrolle con la financiación adecuada.

P. Dicen que ustedes podrían ofrecer a los pacientes crónicos o convalecientes de larga duración un servicio casi tres veces más barato que el que reciben en los hospitales. ¿Con qué calidad?

R. España es líder en asistencia hospitalaria para pacientes agudos, pero no lo somos en crónicos y estamos dedicando magníficos hospitales a ese fin, eso es carísimo. Se trata de ajustar recursos y modelos. Cuando ya es más importante cuidar que curar hay que usar otro modelo y para ello se necesitan menos recursos que los que emplea un hospital, con los que se calcula finalmente el coste de una cama. Quizá esos cuidados pueden prestarlos hospitales de media y larga estancia, o quizá centros sociosanitarios, pero hay que cambiar el modelo actual. La idea es unir la salud, que no es algo administrativo en compartimentos estancos: aquí agudos, aquí crónicos. Se empieza por agudos, luego se pasa a crónicos, hay rehabilitación, se recupera o se acaba en dependiente, hay que saber unir la atención de todo eso. Hay que unificar la política dedicada a la salud: salud y calidad de vida y dependencia, porque la salud ya no es como en siglos pasado, la ausencia de enfermedad, es calidad de vida.

P. Ese trasvase de pacientes de un modelo a otro ¿tiene que ser necesariamente de la red pública a la privada? ¿No pueden reformarse los propios hospitales para prestar los cuidados de forma más barata?

R. Lo importante es estudiar el modelo y los recursos, quitar carga ideológica al asunto y pensar en la eficiencia. Habrá que ver cada caso, en algunos será más oportuno lo público con una reconversión de hospitales, en otros, lo privado, y en otros una colaboración entre ambos. Es solo una cuestión de gestión. Ni lo público ni lo privado garantizan por sí mismos la calidad ni la eficacia.

P. Pero ustedes piden un traslado de algo más de 7.000 pacientes crónicos o convalecientes, que necesitan rehabilitación, por ejemplo, para sus centros

R. Lo pedimos así porque tenemos 50.000 camas vacías y eso podría ser una solución inmediata.

P. Y los empleos, ¿serán los mismos en lo privado que en lo público?

R. Ofrecemos un compromiso firme de absorción de personal.

P. Sin embargo, en España los geriátricos y ciertas residencias no acaban de tener la mejor imagen. ¿No cree que el sector necesita un lavado de cara?

R. Cuidado, es posible que nuestra autoestima esté baja en ese sentido. He visitado Alemania, Suecia, Noruega, Inglaterra, Países Bajos y puedo asegurar que nuestros centros son de primerísimo nivel. En Alemania no van los médicos a los centros geriátricos, en algunos de los nuestros sí. El problema es que destinamos pocos recursos: ahí están esos casi 240.000 dependientes sin atender en lista de espera.

P. Usted preside la nueva Fundación Economía y Salud. ¿Qué objetivos tiene?

R. Tratamos de poner en valor el sector de la salud desde un punto de vista económico, que no está bien valorado. Se habla de salud y se menciona siempre el gasto no la riqueza que puede generar y más en un país como España. Hay propuestas del Gobierno para relanzar el sector del automóvil. Bien. Pero es que a nosotros no nos toca nunca. La Fundación quiere dar a conocer que este sector es generoso cuando se le atiende. Necesita estímulo, pero mañana mismo podríamos crear 25.000 puestos de trabajo sin perjudicar a nadie. Hay otra idea que se debe saber: el desarrollo económico no trae salud, es al revés, la salud trae desarrollo económico, porque estar saludable incrementa la satisfacción, la proactividad, las ganas de hacer cosas y de crear riqueza. Ahorrar en salud, como hace el Gobierno, es un gravísimo error, producto de no conocer el sector. No se puede ahorrar en salud o dependencia.

P. En ocasiones ustedes plantean la idea de España como territorio de turismo sociosanitario y de servicios sociales, es decir, como un país que podría hacer negocio combinando su experiencia en turismo y su sistema sanitario de calidad con los servicios sociales para mayores, como ha ocurrido en la costa durante años.

R. Sí, nos referimos a unir dos ideas, el potencial español en turismo y su marca bien conocida de calidad de vida con un sector, el sanitario, en el que también tenemos merecida fama mundial. Deben saber en el exterior que aquí se ofrece calidad de servicio, que sabemos cuidarles y atenderles.

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