AERTE

Aerte denuncia que la Generalitat no ha abonado los 12 millones que se comprometió a pagar en junio

Concentración del sector de la dependenciaLa Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha denunciado este jueves que la Generalitat no ha pagado 12 millones de euros de deuda anterior a 2012, tal y como se comprometió a realizar antes del 30 de junio el propio vicepresidente, José Císcar.

Así lo ha indicado Aerte en un comunicado, en el que ha mostrado su esperanza en que el Ejecutivo valenciano «resuelva durante este mes» el pago de una deuda que, unida a los alrededor de 59 millones de euros pendientes de pago de 2013 a las empresas del sector elevan a más de 70 millones la deuda total.

A esta cifra, continúa la patronal, habría que añadir la deuda con los dependientes usuarios de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), subvenciones individuales directas al usuario que permiten al dependiente elegir qué servicio y en qué centros (dentro de los autorizados por la administración) quiere ser atendido. Estas prestaciones sufragan parte del coste profesional pero no la totalidad, al tener establecidos unos topes.

Ha criticado que «la falta de dotación presupuestaria por parte de la administración central y autonómica, unida a una política de concertación de plazas poco equitativa, está afectando al sector de la dependencia, que ha visto cómo en menos de año y medio se han cerrado en la Comunidad Valenciana varios centros de tres de los grandes operadores, tanto a nivel autonómico como nacional, junto a otros más pequeños».

Según sus cifras, esto supone en total 400 plazas menos y unos 200 puestos de trabajo perdidos «en un sector generador de empleo directo que afecta a un segmento de la población especialmente castigado por la crisis».

En este sentido, Aerte ha lamentado el cierre este mes de julio de otro de sus centros asociados, una residencia de tercera edad en Santa Pola(Alicante) «con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo» que conlleva.

UTILIZAR LAS PLAZAS VACÍAS

La asociación ha insistido en que tan sólo utilizando las 5.000 plazas que actualmente están vacías se generarían 2.500 puestos de trabajo directos en la Comunitat Valenciana (1.750 en Valencia, 500 en Alicante y 250 en Castellón). Actualmente, trabajan en la red de Aerte más de 14.000 personas que dan servicio a más de 22.000 dependientes.

«El sector de la dependencia, que requiere de una alta inversión por parte de las empresas, se está resintiendo de forma especial por la crisis y la lentitud de las administraciones en resolver las dotaciones presupuestarias comprometidas», ha alertado la patronal, que advierte de que esta situación «pone al borde del cierre a más centros, sobre todo de pequeño tamaño que tienen incluso dificultades para poder cerrar, ya que no pueden permitirse gestionar fácilmente los expedientes de cese de actividad».

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES

Para la patronal de la dependencia, la política de la administración valenciana «impide que se cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger de forma libre el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales».

Por otro lado, ha recordado que 11.000 dependientes, en algunos casos anteriores a 2011, tiene reconocido su derecho a recibir asistencia socio sanitaria, «pero no la reciben por falta de resolución de sus expedientes».

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Alertan contra la desprofesionalización de los servicios de ayuda a domicilio

SAD_ZaplanaAerte, principal patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, ha celebrado este miércoles la I Jornada sobre Nuevas Perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: retos y perspectivas, un foro de reflexión que ha contado con la asistencia de Asunción Sánchez Zaplana, consellera de Bienestar Social, de Alberto Echevarría -presidente de la FED- representantes de la Comisión de SAD de Aerte, más de 100 alcaldes, empresarios e interesados en el sector.

La jornada que ha contado con una amplia acogida, teniendo en cuenta el incremento experimentado en la demanda de este servicio, que de desde 1999 hasta 2012, casi ha cuadruplicado su demanda pasando de 112.979 usuarios a más de 400.000, en un contexto en el que que hoy por hoy, más del 78% de los mayores de 55 años nos afirman que en un futuro escogerán permanecer en su vivienda habitual.

La I Jornada de Aerte centrada en el SAD, ha analizado la realidad del servicio desde diversas perspectivas que han permitido analizar factores como la desprofesionalización de los servicios de atención a la Dependencia, su estructura de costes, la reforma de las Entidades Locales y su impacto sobre el SAD, la tecnología que actualmente se está aplicando al SAD, su evolución y tendencias futuras.

En este contexto, José María Moreno -presidente de Aerte– ha calificado al SAD como un servicio polivalente, de gran utilidad, destacando factores de gran relevancia social como su versatilidad y capacidad de adaptación, y su potencial de generación de empleo, sin olvidar su influencia en la calidad de vida de las personas.

En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha denunciado licitaciones publicadas en ayuntamientos de la Comunidad Valenciana cuyos precios no alcanzan tan siquiera los costes laborales asociados a los convenios vigentes, con trabajos realizados por empresas que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, e incluso prestando servicios a la mitad del precio por hora que marcan los convenios, entrando en graves casos de ilegalidad, competencia desleal, intrusismo…

Durante su intervención, José María Moreno ha incidido en el verdadero problema que suponen estas situaciones: la calidad del servicio que reciben lo susuarios, que pone en peligro la atención y el ciudado de la población dependiente, por lo que ha pedido a los alcaldes asistentes compromiso para combatir estas situaciones, aludiendo a las graves responsabilidades que pueden derivarse de haber problemas.

El presidente de Aerte ha concluido manifestando la importancia de este servicio, dirigido a una población en constante crecimiento con una progresiva demanda que genera empleo y es estratégico por el servicio que presta. Por ello, Moreno ha demandado más recursos, teniendo en cuenta la posición que ocupa la Comunidad Valenciana en algunos indicadores de servicios sociales recientemente publicados.

Paralelamente, José María Moreno ha incidido en reivindicaciones clásicas para este sector, pero de gran importancia para cientos de personas, destacando los miles de expendientes de personas en situación de dependencia, con sus derechos reconocidos, pero que tienen su expediente bloqueado en Consellería y por ello, no están recibiendo ninguna prestación, lo que supone un incumplimiento de la Ley.

100.000 normas autonómicas y 10.000 de la Administración central

Por su parte, Alberto Echevarría -presidente de la FED- se ha mostrado crítico en su intervención respecto de la duplicidad de competenias en cuanto a la normativa emanada de las CC.AA. frente a la estatal, aludiendo a las 100.000 normas de carácter autonómico que se han registrado en 2011 frente a las 10.000 de la Administración General del Estado.

Para Echevarría, esta dualidad normativa entorpece y dificulta la actividad del sector, abocado a duplicar en ocasiones el cumplimiento de una normativa que necesita adecuarse en un contexto de criterio único. En este sentido, y aludiendo también al gasto que se general, el presidente de la FED ha demandado la necesidad de racionalizar la normativa, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo y dinero que se alcanzaría con una normativa emanada de una Administración.

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Zaplana aboga por consolidar la colaboración entre sector público y privado

Asunción Sánchez ZaplanaLa consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha abogado hoy por «consolidar la necesaria colaboración entre las diferentes administraciones públicas y el sector privado para prestar los mejores servicios a las personas en situación de dependencia».

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la consellera ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las Jornadas ‘Nuevas perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: presente y futuro», organizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).

Durante su intervención, ha indicado que la profesionalidad en los servicios destinados a las personas dependientes «garantiza una prestación de calidad, y el Servicio de Ayuda a Domicilio es un claro ejemplo de ello porque ofrece una atención integral y especializada a las personas que desean seguir residiendo en sus domicilios».

Durante su intervención, Sánchez Zaplana ha explicado que muchas personas con discapacidad o dependencia «pueden vivir en sus domicilios si cuentan con apoyo familiar y servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día».

En este sentido, ha señalado que el Servicio de Ayuda a Domicilio «se adapta a las necesidades de las personas que lo solicitan y ofrece los cuidados profesionales que requieren, sin olvidar que también constituye un recurso de apoyo a las familias y a todo su entorno».

En la actualidad existen 134 empresas acreditadas para la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunitat Valenciana.

En estos momentos en la Comunitat Valenciana más de 15.000 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

El SAD está gestionado por los Ayuntamientos y ofrece ayuda a domicilio de carácter personal, psicosocial, doméstica, técnica y complementaria. En la actualidad más de 15.000 personas de la Comunitat Valenciana se benefician de este recurso.

Asimismo, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, contempla una prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda Domiciliaria, siempre que la atención a través de la Red de Servicios Públicos y Concertados no sea posible.

Para este año 2013, la conselleria de Bienestar Social destina 11’9 millones de euros para financiar el SAD a través de los dos sistemas.

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El impulso de la ley de la dependencia y el espacio socio sanitario se encuentra en una vía muerta

– La FED ha reiterado que “es una incongruencia reducir presupuesto en dependencia” al tratarse de un sector con oferta y demanda

– El presidente de FES Y FED insisten en que el impulso de la Ley de Dependencia se encuentra en una vía muerta

– La mesa de debate itinerante recorrerá toda España en los próximos meses organizada por FED en colaboración con la Fundación Economía y Salud

II_Mesa_Debate_FED _2013El miercoles 5 se celebró en Valencia la II edición de las MESAS DE DEBATE, organizadas por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), en colaboración con la Fundación Economía y Salud para reflexionar en torno al sector socio sanitario en España y en particular, mejorar la realidad de la dependencia en España desde una plataforma que recorrerá España de forma itinerante.

En su segunda edición,la Mesa de Debate ha contado con la asistencia de los presidentes de las entidades responsables de la organización de esta Mesa – Alberto Echevarria, presidente de la FED y Alberto Giménez, presidente dela Fundación Economía y Salud- José María Moreno, presidente de Aerte y los representantes de Sanidad y Bienestar Social, Manuela García Reboll –Secretaria Autonómica de Discapacidad y Dependencia, Bienestar Social- y José Luis Trillo, Director General de Farmacia dela Conselleria de Sanidad.

Durante la apertura de esta mesa de debate,  el representante dela FED ha manifestado que la Dependencia se encuentra en una vía muerta, con los consiguientes perjuicios que representa para las empresas que integran el sector y en particular, para los 300.000 trabajadores y el millón de usuarios que diariamente reciben ayuda desde el sector.

El presidente dela Fundación EyS-Alberto Giménez- ha destacado el carácter estratégico del sector dependencia así como el potencial que le aportaría una mayor coordinación en su contexto socio sanitario, por las oportunidades que ofrecería una gestión compartida entre las áreas de Sanidad y Bienestar Social.

En la misma línea, Giménez, que considera que el espacio de la dependencia se encuentra en una vía muerta, ha calificado como error recortar en salud, máxime para un sector clave para el desarrollo económico, como el socio sanitario. Jiménez también ha apostado por alcanzar una coordinación socio sanitaria.

Por su parte el presidente de Aerte -José María Moreno- ha apelado a la necesidad de activar la concesión de PEVs (plazas vinculadas al servicio) para garantizar los derechos y la calidad de vida de los usuarios, destacando a su vez las diferencias existentes en los costes de una residencia pública frente a la privada, más económica y rentable. En este sentido, el presidente de Aerte ha destacado el ejemplo que representala ComunidadValencianafrente al resto de España, en cuanto a dependencia se refiere, por su carácter innovador.

Federación Empresarial de la Dependencia (FED)

El presidente dela FederaciónEmpresarialdela Dependencia, José Alberto Echevarría, ha incidido en la necesidad de apostar por la ley de dependencia, así como en los múltiples beneficios tanto sociales como para el ciudadano en particular, que garantizar el sector dependencia, un sector que en el ejercicio de su actividad y según ha manifestado Echevarría, tiene oferta, demanda, genera riqueza y empleo estable, de calidad y no deslocalizable.

El presidente dela FED ha mostrado su contrariedad frente al hecho de que el sector cumpla un servicio social esencial, garantice los derechos de los ciudadanos y a la vez, genere importantes retornos en el ejercicio de su actividad, tanto para el ciudadano como para la Administración, en la forma de fiscalidad, empleo, seguridad social y otras partidas rentables.

Por ello, el presidente dela FED ha calificado como contradictorio que con esta perspectiva, la Administración continúe recortando en dependencia, pues no solo recorta un servicio esencial, sino la posibilidad de crecer desde el sector.

Durante su intervención, José Alberto Echevarría ha destacado la necesidad de incrementar el presupuesto para dependencia, así como la importancia  de las plazas vinculadas al servicio (PEVS) tanto por la asistencia que ofrecen como porque garantizan la libertad del ciudadano para elegir, algo que enla Comunidadn Valencianano se está cumpliendo, pues no se están concediendo PEVS.

Sanidad y Bienestar Social

La mesa de debate promovida porla FEDyla Fundación EyS también ha contado con la asistencia de José Luis Trillo, Director General de Farmacia, y de Manuela García Reboll, Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, quien ha defendido continuar impulsando la Ley de Dependencia, aún en el momento de colapso en el que nos encontramos, por el servicio que cumple.

En este sentido,la SecretariaAutonómica ha justificado la no concesión de nuevas Plazas Vinculadas al Servicio (PEVS) a la ausencia de crédito, destacando que se priorizarán las PEVS frente a la resolución de prestaciones para el entorno familiar.

Mesa Itinerante de Debate

La mesa debate itinerante se ha celebrado hoy en Valencia con la participación de los Presidentes de las distintas asociaciones dela Federación Empresarialde Asistencia ala Dependencia(FED) y patronos y comité de expertos dela Fundación Economia y Salud.

La FED,  fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia.

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La crisis y el parón de la dependencia vacían las residencias valencianas

María José MiraLos geriátricos de Castellón funcionan a medio gas. El largo brazo de la crisis se extiende por todas partes. También ha llegado a las residencias de la tercera edad, sobre todo a las privadas, un nicho de mercado en el que, en plena burbuja inmobiliaria, se embarcaron promotores inmobiliarios, bancos, aseguradoras y otras compañías que vieron la posibilidad de obtener una buena rentabilidad y que hoy afrontan la realidad de ver cómo las camas se están quedando vacías.

A un buen número de familias no les ha quedado otra opción que sacar a sus mayores de la residencia y volver a acogerlos en sus casas, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que supone la estancia en una residencia privada. Una plaza cuesta una media de entre 900 y 1.000 euros mensuales. Eso si es una habitación compartida. En el caso de las habitaciones individuales la tarifa supera los 1.300, una cantidad que pocas familias pueden asumir. Y eso se nota mucho. Prácticamente ningún centro de la provincia ha cerrado su balance anual sin plazas libres. En el año 2008, la mayoría tenía colgado el cartel de completo.

La plena ocupación de que gozaba el sector hace cinco años ha ido disminuyendo poco a poco. En la Comunitat Valenciana, según datos de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte), existen unas 5.000 plazas libres, de las que más de un millar están en Castellón. “La situación por la que atravesamos es mala y lo es por dos circunstancias. La primera porque las familias ya no tienen dinero para costear una plaza y la segunda es por el parón de la ley de la dependencia. La Conselleria prácticamente no concede ninguna nueva ayuda y hay personas que han solicitado la prestación vinculada al servicio, en este caso la estancia en una residencia, y aún no se les ha concedido”, reconoce Francisco Artola, director de Residencial Azahar del Mediterráneo, ubicada en Castellón.

Aunque motivos hay varios, en el sector todos coinciden en afirmar que el culpable de que las residencias funcionen a medias es el paro. “Cuando el subsidio por desempleo se acaba los mayores dependientes son llevados de nuevo a casa, con lo que la pensión se ha convertido en parte del ingreso familiar desde hace dos años. Hemos tenido casos de residentes que han vuelto con sus hijos porque gracias a la pensión podía ir tirando toda la familia”, coinciden en todos los centros privados consultados.

 

2.400 MAYORES EN GERIÁTRICOS // Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en la provincia hay 2.378 personas mayores que viven en alguna de las 35 residencias especializadas existentes. Son muchas menos que hace tan solo dos años. “Ahora mismo tenemos un 40% de plazas libres y no son más porque hemos hecho una política brutal de ajuste de precios”, reconoce la directora de otra residencia de la provincia.

Aerte asegura que en estos momentos existen entre un 30 y un 40% de camas disponibles y para que un centro sea rentable deben tener cubiertas, al menos, el 80% de sus plazas. Conclusión, a algunos centros no les ha quedado otra que echar el cierre. Otros están aguantando como pueden. En Valencia y Alicante ya han cerrado varias residencias por falta de rentabilidad, aunque en Castellón, de momento, todas tratan de aguantar como pueden.

Con ser importante, el de la salida de mayores de las residencias no es el único problema que la crisis ha provocado en el sector. Las ayudas o, mejor dicho, la falta de ayudas de la Administración pública por esa falta de recursos es otro de los grandes hándicaps con los que las empresas del sector deben apechugar cada día.

Y es que, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, los precios de las residencias deberían estar subiendo en lugar de bajando debido a las exigencias que las Administraciones imponen para que los establecimientos cumplan con un sinfín de requisitos a todos los niveles, tanto de instalaciones como de personal. Las empresas cumplieron e invirtieron millones confiando en el respaldo público, pero este no llega.

 

GENERADOR DE EMPLEO// Desde el sector no se dan por vencidos. Con los datos en la mano, reivindican el papel que pueden llegar a desempeñar las residencias de dependientes. “Por cada euro que invierte la Administración hay un retorno en este mismo año de 1,30 euros. Si se llenaran todas las plazas vacías que hay en la Comunitat se crearían más de 2.000 puestos de trabajo”, insiste María José Mira, directora general de la patronal del sector Aerte.

Pero no todas las residencias viven la misma situación. En Castellón hay tres tipos de infraestructuras y las privadas son solo una parte del sector. Las hay que son públicas (bien de titularidad municipal o de la Generalitat) y otras que funcionan vía concierto, es decir, pertenecen a una empresa privada pero el Consell les subvenciona determinadas plazas. Un ejemplo: si la estancia de una persona mayor cuesta 1.000 euros, la Generalitat paga 400 y el usuario los 600 restantes.

Aunque la situación de los centros públicos y con plazas concertadas no es tan mala como la de las residencias 100% privadas (hay varias residencias municipales en la provincia que prácticamente tienen llenas el 100% de las camas), este tipo de instalaciones tampoco pasa por su mejor momento. El Consell les debe parte del concierto del 2012 y todo este año. “Poco a poco van pagando, pero lo que la Administración valenciana adeuda al sector sigue siendo una cantidad muy importante. Muchas residencias siguen adelante gracias a los ayuntamientos”, reconoce el director de un centro público.

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Aerte sienta las bases de la atención en salud mental en la C.Valenciana

AERTEAerte aborda la rehabilitación psicosocial en los centros sociosanitarios de salud mental a lo largo de una jornada que celebrará el 4 de junio en Valencia. La patronal valenciana de la dependencia reúne a todos los profesionales del sector e instituciones implicadas para analizar y explicar la realidad de la rehabilitación psicosocial La Secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, el Secretario de la Agencia Valenciana de la Salud y los presidentes de la FED y CERMI participarán en la Jornada.
La organización reunirá a los profesionales del sector para abordar la realidad de la rehabilitación psicosocial en los casos de Trastorno Mental Grave -TMG-, durante la jornada que Aerte celebra el próximo 4 de junio y en el transcurso de la cual, los participantes analizarán las líneas de trabajo que están aplicando los profesionales especializados en la Salud Mental.
La Jornada de Rehabilitación Psicosocial en Centros Sociosanitarios de Salud Mental, organizada por la Comisión de Salud Mental y Discapacidad de Aerte en la Comunitat Valenciana es un encuentro que contará, entre otras, con la asistencia de Manuela García Reboll „Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia„, Manuel Escolano Puig „Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de la Salud„ y Alberto Echevarría „Presidente de FED„.
A su vez, contará con profesionales con una dilatada experiencia en la atención en salud mental, discapacidad y dependencia. Una jornada donde se analizarán modelos de atención sociosanitaria especializados en personas con TMG.
Para José María Moreno, presidente de Aerte, esta jornada sienta las bases de la mejora en la atención en salud mental en la Comunitat Valenciana.
David Taroncher, coordinador de la comisión de salud mental y discapacidad de Aerte, refiere que hablar de programas de rehabilitación psicosocial y psicoterapia sin hablar de valores tan  básicos como la capacidad de ayuda, la empatía, la eliminación de roles que estigmatizan, la cercanía, el sentido del humor y el respeto, no es admisible para los que más saben en la atención de la Salud Mental: las personas que la reciben. De ahí la importancia de estas jornadas, concluye, que nos permitirán recordar lo importante que es nuestra labor: ayudar a las personas que padecen algún tipo de trastorno mental.

Especialistas y profesionales
Además, de los ponentes ya citados, van a intervenir especialistas y profesionales de la contrastada solvencia de María José Mira, directora general de Aerte; Rubén Otero, coordinador de la comisión de Salud Mental y Discapacidad de FED; Begoña Frades. Psiquiatra Jefa de Sección del Área de Salud Mental del Hospital Pare Jofré; Pilar Lázaro Jefa del Servicio de Valoración y Ordenación de la Conselleria de Bienestar Social; Cristina Martínez, Responsable de Centros de Valencia del Grupo SARquavitae; y María José Perruca, responsable de Salud Mental y Discapacidad de Eulen Servicios
Sociosanitarios.
También está prevista la participación de Arcadio Reig, Coordinador de Centros de Grupo El Castillo; Juan José Moreno, Jefe del Servicio de Salud Mental de la Conselleria de Sanidad; Raquel Llop, Psicólogo-forense y Directora del Centro Rascanya; José Miguel Bort, Magistrado Juez de Primera Instancia Número 13 de Valencia; Carmen Miguel, Jefa de Servicio de Atención a Personas con Discapacidad en Conselleria Bienestar Social Valencia y Francisco Pérez, Coordinador de USM Malvarrosa de la Red de Marítimo Malvarrosa.
Por último, asistirán, Antonio Miguel Gómez, usuario de Salud Mental Comunitaria; Llum Moral, coordinadora de Feages Comunitat Valenciana.; y Alfonso Rodríguez Hurtado, presidente de Feafes CV y vicepresidente del Cermi.

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Aerte recurre el bloqueo de los expedientes aprobados que no reciben prestación

AERTEAerte ha reclamado un acuerdo estatal que implique tanto a Gobierno Central como a CCAA, y en general, a todos los agentes involucrados en el sistema para evitar la desaparición de la Ley de Dependencia y con ello, el abandono en que entrarían miles de personas cuya atención no es compatible con los recortes que aplica el Gobierno, ni con los retrasos en los pagos, ni con la ausencia de resolución de expedientes que  han sido aprobados.

Esta es la posición fijada por Aerte, en un contexto de recortes aplicados sin contar con los agentes del sector que, contradiciendo los argumentos esgrimidos por el Gobierno, no suponen una aplicación de la Ley de Dependencia con criterios de calidad y racionalidad, ni implican una derivación hacia la contratación de servicios profesionales, ni tampoco la incorporación de dependientes reconocidos al  sistema,  más bien al contrario, se han disminuido a los dependientes las cuantías de las prestaciones sin justificación aparente alguna.

Frente a esta situación, calificada como grave error por Aerte -a tenor de la rentabilidad que supone para la arcas públicas  la inversión en Dependencia- en la última Asamblea de Aerte, se aprobó la ejecución de acciones jurídicas en contra de la actual política en materia de dependencia llevada a cabo por la Administracion Valenciana consistente en una actuación pasiva en la resolución de los expedientes, algunos de ellos desde el año 2009. Esto provoca que en algunos casos, personas dependientes fallecen sin haber visto resuelta su ayuda.

En respuesta a esta situación,  la patronal ha pedido a sus asociados que soliciten a la Administración una interpretación del silencio administrativo en aquellos expedientes con un plazo superior al que establece la Ley, esto es, de los seis meses desde el inicio del mismo sin haber recibido resolusión de la PVS a pesar de tener derecho a ésta según establece la Ley de la Dependencia.

A su vez, Aerte ha puesto a disposición de los Dependientes, un servicio de asesoramiento jurídico para aquellos que se encuentren en esta situación de desamparo por incumplimiento de la ley por parte de la Administración y que posteriormente puedan interponer un Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Consellería.

Con respecto a la minoración de las cuantías de las PVS sin comunicación previa, Aerte esta trasladando cada una de dichas disminuciones al Sindic de Greuges, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana ha sido la única autonomía donde se han aplicado recortes  sin notificación ni aclaración previa a la población dependiente, dejando en una situación de indefensión a los receptores, de pleno derecho, de dichas ayudas.

Para Aerte, las medidas de “ahorro” anunciadas por el Ejecutivo no están alineadas con la voluntad de potenciar la Atención Profesional en el sector de la Dependencia, sino que tal y como se han planteado, suponen un claro recorte muy perjudicial para la población en situación de dependencia, y a su vez, insostenible para el sistema.

Así lo ha manifestado la Directora General de Aerte, María José Mira, para quien el Gobierno aplica medidas en teoría más racionales y equitativas pero al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana no resuelve las prestaciones vinculadas al servicio de los dependientes con expedientes aprobados desde hace años, y disminuye las cuantías de los que ya tenían un derecho reconocido por tener una resolución administrativa, sin comunicarlo previamente, hechos que sumados a los retrasos que ha experimentado y aún experimenta el sector, hacen insostenible la atención profesional.

Frente a esta situación de dificultades económicas que sufre el sector y el bloqueo en la resolución de expedientes, Aerte considera necesarios acuerdos políticos, económicos y sociales que hagan viable el sistema de atención a la dependencia, que afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Ayer se puso en marcha en IESE la Mesa de Debate sobre Dependencia, promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Depenencia (FED) y la Fundación Economía y Salud. Un espacio de reflexión de carácter itinerante que contó con la presencia de César Antón, Director General del Imserso, quien negó la existencia de nuevas medidas de ahorro en el sistema de dependencia, en alusión a los 1.108 millones anunciados en el Plan de Reformas que, según el Director del Imserso, proceden de actuaciones acordadas en el Consejo Territorial de Junio 2012.

En el curso de su intervención, César Antón transmitió su intención y compromiso de impulsar y continuar con la profesionalización de los servicios para atender a las personas en situación de dependencia”.

Estas palabras han sido valoradas positivamente por María José Mira, Directora General de AERTE, para quien ha calificado de contradictorio que la Comunidad Valenciana sea la única autonomía que no sigue las directrices del Imserso relativas a salvar la Ley de Dependencia mediante resoluciones de Prestaciones Vinculadas al Servicio, el tratamiento igualitario de personas con mismo nivel de dependencia y capacidad económica y en particular, reconociendo a todas  estas personas los servicios profesionales acreditados como dentro de la red de servicios sociales y no sólo a una parte de esta población dependiente.

Frente a la necesidad de establecer unas reglas igualitarias en el sector que redunden en un mejor servicio global al dependiente, la directora general de Aerte ha aludido a un contrato que ha aportado a diez empresas importantes beneficios, concertándoles 2. 000 plazas que deberían haber salido a concurso público y que por ello, está llevando a la muerte de las empresas del sector y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

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El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo

impagosEl Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.

La norma impulsada por el Consell en 2007 y aprobada por las Corts el 27 de diciembre del mismo año fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así.

Para el TC la disposición adicional que denegaba ayudas por silencio administrativo «se encuentra fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos autonómica». Además de tumbar el argumento de la Generalitat, el TC considera que «la norma se reputa contraria al artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica)».

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunció ayer la interposición de recursos contencioso-administrativos por el bloqueo de los expedientes aprobados que no han recibido prestación. La patronal de la dependencia pide un acuerdo «estatal» que implique al Gobierno y a todos los agentes competentes para evitar que desaparezca la ley de Dependencia.

Más de 3.000 personas contra los impagos
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar el retraso por parte del Consell en el pago de servicios y entidades que atienden a personas con discapacidad, centros cuya situación consideran «dramática» debido a que algunos trabajadores llevan cinco meses sin cobrar. La manifestación fue convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia (CDD) y fue desde la estación del Norte de Valencia hasta la Conselleria de Bienestar Social y la Generalitat. Más de 3.000 personas, según fuentes de la organización, participaron en una marcha que iba encabezada por una pancarta con la frase «Por el respeto, la dignidad y la justicia social» y durante la cual se gritaron frases como «la dependencia no se vende» o «dignidad para la discapacidad».

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Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»

aertePara Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.

Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.

Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.

Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.

Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.

Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.

María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.

Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.

Aerte anuncia demandas judiciales

Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.

Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.

La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.

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Aerte consolida su presidencia y Junta Directiva en una Asamblea Anual que determina una asociación más implicada

Aerte designa a José María Moreno como presidente de la Asociación y apuesta por una Asociación más activa con una mayor participación del asociado

La Asociación reconoce la labor de Alicia de Miguel, del periodista Vicente Useros y del técnico de la Conselleria  Carlos Chapa durante 2012 hacia el sector Dependencia con sus Insignias de Plata

AERTEAerte, patronal del sector Dependencia en Comunidad Valenciana, ha celebrado hoy su Asamblea anual en el marco de un acto que ha contado con la presencia de M. Manuela García Reboll -Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia- Alberto Echeverría -Presidente de la FED- y de otros agentes sociales relacionados con el sector quienes, junto a los asociados, han valorado el trabajo realizado por Aerte durante el pasado 2012.

La Asamblea anual de Aerte se ha caracterizado por las expectativas que ha generado el anuncio de la nueva presidencia de la asociación, que ha recaído en la figura del empresario José María Moreno -quien asumió la presidencia de forma provisional tras la dimisión de Alberto Giménez-  y la designación de una nueva Junta Directiva.

Durante la apertura de esta Asamblea, José María Moreno -presidente de Aerte- ha aventurado a los empresarios asistentes una asociación más activa, que cubrirá más necesidades y lo hará de forma más ejecutiva gracias, según ha manifestado Moreno, a una mayor implicación de los asociados a través de las comisiones y grupos de trabajo ya creados, con una representación más ejecutiva que descansará en la figura de la Directora General, María José Mira.

En el curso de su intervención, el presidente de Aerte ha citado el ejemplo de responsabilidad que ha demostrado el sector de la Dependencia valenciano durante 2012, reconociendo de esta manera el esfuerzo “casi vocacional” de unas empresas que han dado servicio a más de 20.000 dependientes durante todo el año 2012, sin haber cobrado ni uno de los pagos correspondientes por parte de la Administración.

También ha reconocido el trabajo realizado por la Junta Directiva gracias a cuyo esfuerzo, se ha conseguido resolver el 70% de la deuda pendiente, tras lo cual ha aludido al plan de pagos pactado con la Administración y a la necesidad de cumplir los compromisos sin resolver y en particular, establecer un nuevo calendario de pago para la deuda ya acumulada correspondiente a 2013.

José María Moreno ha concluido destacando la responsabilidad asumida con la Administración, en pos de cumplir con los objetivos y las responsabilidades necesarias para que el sector pueda funcionar con normalidad y continuar prestando la labor que desempeña para con la población dependiente. También ha agradecido el esfuerzo que se está realizando desde el sector para aportar normalidad a la importante labor social que desempeña, tras el año transcurrido.

Por su parte María José Mira, gerente de Aerte, ha querido enfatizar el trabajo que la Asociación ha realizado durante 2012 y los objetivos conseguidos, esenciales para el funcionamiento del sector dependencia, en alusión al porcentaje de deuda cobrada por los asociados correspondiente al año 2012, superior al 70% del total.

La gerente de Aerte ha destacado el papel de una asociación cuya razón de ser es el empresario del sector de toda la vida, así como la población dependiente a la que presta servicio, hacia quien ha manifestado un claro compromiso para que la Ley de Dependencia se aplique de una forma equitativa en la Comunidad Valenciana, tanto para los profesionales como para los dependientes y sus familias.

Mira ha hecho alusión a la situación por la que han atravesado muchas empresas a lo largo de 2012, axfisiadas por los impagos de la Administración, el riesgo de la pérdida de puestos de trabajo, el trato diferenciado y discriminatorio que se ha dado a las empresas del sector, y a muchos enfermos dependientes, cuyos expedientes continúan paralizados en Bienestar Social sin ninguna respuesta.

Reconocimientos desde el sector dependencia

Uno de los momentos más destacados de la Asamblea anual de Aerte ha sido la entrega de las Insignias de Plata, un reconocimiento que esta asociación realiza cada año con el objetivo de premiar el trabajo realizado a favor de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, que la asociación distribuye en tres categorías diferentes.

Con la entrega de las Insignias de Plata, Aerte reconoce a una persona destacada por su labor desempeñada al frente de la Conselleria de Bienestar Social en favor del sector de la Dependencia valenciano. A un periodista por su labor mediática y de investigación relacionada con la Dependencia, y el trabajo y esfuerzo realizados por un funcionario en su relación con el sector dependencia, desde la Administración valenciana.

En esta ocasión, las insignias de plata han recaído en la figura de Alicia de Miguel, por los efectos de la labor que desempeñó como Consellera al frente de Bienestar Social durante los años 2003 a 2007, y su impacto en el sector y en la población dependiente.

La insignia al periodista, destacado por la imparcialidad y objetividad demostrada a la hora de afrontar temas informativos relacionados con la Dependencia y en particular, ha recaído en Vicente Martínez Useros, redactorjefe del diario El Mundo.

Por último, la insignia en reconocimiento al trabajo, el esfuerzo y la dedicación diaria realidada desde la Administración a favor del sector de la Dependencia valenciana y su población, ha recaído en la figura de Carlos Chapa, técnico de la Dirección Territorial de Bienestar Social en Valencia.

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Aerte asegura que la Generalitat se compromete a liquidar la deuda de 2012 en junio como «mes límite»

José María Moreno  La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, ha asegurado este jueves que la Generalitat se ha comprometido a liquidar la deuda de 2012 en junio «como mes límite» y que a partir de julio se resuelva la de 2013 «hasta que todos los centros queden en una situación de pago de 90 días».

   Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha indicado que estos han sido los compromisos «más apremiantes» asumidos por la Generalitat en el transcurso de una reunión mantenida este miércoles con la entidad, que contó con la presencia del vicepresidente del Consell, José Císcar y la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, con varios miembros de la Junta Directiva de Aerte, encabezados por su presidente, José María Moreno, y Alberto Echevarría, presidente de la Federación Española de la Dependencia.

Aerte planteó en el encuentro, del que ha destacado el «clima cordial favorable al entendimiento mutuo», la resolución de los expedientes pendientes. En este sentido, ha asegurado que los responsables de la Administración valenciana vieron «viable» la resolución de las Prestaciones Vinculadas al Servicios (PVS Residenciales), de Centro de Día y de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) «en un corto plazo de tiempo», un compromiso «que condicionaron a ser ratificado con Hacienda, por tratarse de un asunto presupuestario, pero que fue bien recibido por la capacidad de generación de riqueza y empleo que se reconoció al sector de la dependencia».

La asociación ha calificado como «viable» su objetivo de que al menos 4.000 prestaciones –entre Bonos y PVS Residenciales– y otras 1.400 prestaciones existentes –entre Bonos y PVS de Centro de Día– «puedan resolverse y mantenerse en el sistema, a pesar de que la asociación esperará los 30 días de plazo solicitados para recibir una respuesta en firme por parte de la Administración».

«PASO ADELANTE ESENCIAL»

José María Moreno ha valorado haber podido trasladar «de primera mano» la problemática del sector a «altos niveles» del Consell, así como los compromisos asumidos por parte de la Generalitat valenciana, «de gran relevancia pues garantizan la supervivencia del sector dependencia valenciano, de las empresas y centros representados por Aerte y en particular, garantizan la atención a los más de 20.000 pacientes a los que presta servicio».

El presidente de Aerte ha mostrado su «gratitud» a los miembros del Consell presentes en la reunión «por su disposición, la voluntad de resolución de problemas manifestada y en particular, su actitud positiva frente al carácter estratégico del sector dependencia».

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Aerte reclama a la Generalitat Valenciana un plan de creación de empleo y atención a dependientes

María José MiraLa Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) va a mantener un encuentro este miércoles con el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para transmitirle una batería de propuestas que palien la situación que atraviesa el sector y que cuenta con el aval de la propia Consejería de Bienestar Social.

Según ha explicado a Redacción Médica la gerente de Aerte, María José Mira, el punto principal sobre el que gira su propuesta es el desbloqueo de los expedientes que están pendientes desde 2009 y que afectan a personas en situación de dependencia que cuentan con valoración positiva pero a los que, “según la Generalitat, no se les adjudica la prestación por falta de presupuesto”. La propuesta de Aerte pasa por resolver estos expedientes y poner en marcha de un plan de empleo y de creación de plazas, “porque los retornos que supondrían para la administración la creación de esas plazas son más elevados que lo que gastaría”. En este sentido, Mira recuerda que según un informe elaborado por la propia patronal “cada euro que invierte la administración en dependencia, el retorno es de 1,3 euros, además de la generación de empleo”.

Así, Aerte propone “equilibrar las plazas existentes entre las concertadas, con un mismo número de plazas con prestaciones que reciben los usuarios”. Esta medida supondría el establecimiento de alrededor de 1.000 nuevas plazas en un tiempo prudencial, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, medida que para Aerte generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo estables, evitaría la destrucción de empleo actual en los centros, así como unos retornos económicos vía tributaciones que revierten en la administración.

“Hay 11.000 personas en la Comunidad Valenciana con prestación vinculada al servicio profesional reconocida, pero que no la reciben”, explica Mira. De ellas, “solo 2.000 o 2.500 tendrían acceso a una prestación residencial, el resto son prestaciones vinculadas a centros de día o ayuda a domicilio”. Pero además, “hay otras 8.000 que tienen reconocida una prestación de cuidador no profesional y que también están sin resolver”.  “Creemos que esta propuesta, además de solventar la situación de unas personas a las que están obligados a atender porque tienen el grado de dependencia reconocido, supondría no asfixiar a las empresas más de lo que están”, explica Mira.

Y es que la deuda de la Generalitat con las empresas de Aerte es muy elevada, hasta 50 millones, y viene, en algunos casos, desde 2011. “La deuda no es solo de 2012, sino también de 2011 y todo 2013”, recalca Mira, que asegura que cuando llegó a Valencia el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico se produjo un agravio con ciertas empresas, porque lo que se pagó “fue las plazas de accesibilidad social” que ofrecen “solo 10 empresas”. Es decir, la administración regularizó la deuda que mantenía con esas empresas hasta octubre, mientras que “el resto de empresas no cobró”. En este sentido, Mira considera que “no fue un problema de Bienestar Social”, que de hecho, les ha asegurado que tiene intención de “regularizar toda la deuda hasta diciembre de aquí a junio, y a partir de entonces comenzar a pagar la deuda de 2013”. El problema es que la resolución del problema no corresponde a la Consejería que dirige Asunción Sánchez, sino que depende de Hacienda.

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José María Moreno, nuevo presidente de Aerte hasta la consolidación del proceso electoral en abril

José María MorenoLa Junta Directiva de Aerte, principal patronal de la dependencia valenciana, ha elegido por unanimidad a José María Moreno como presidente de la Asociación, tras la entrada en vigor de la dimisión anunciada por Alberto Giménez el pasado mes de diciembre por la incompatibilidad con nuevos proyectos profesionales y hasta que se materialice el proceso electoral que culmine en el mes de abril.

José María Moreno era vocal de la Junta Directiva de Aerte, por la que ha pasado ocupando diversos cargos desde hace más de 12 años, y por ello conocedor de la realidad y retos del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana. También es un prestigioso empresario con una dilatada experiencia en el sector y cuenta con amplios como conocimientos y voluntad para afrontar los graves problemas por los que atraviesa el sector dependencia.

Durante su presidencia, José María Moreno trabajará para defender los intereses de los asociados de Aerte, quienes actualmente se encuentran en una situación muy compleja por la falta de liquidez y los impagos que arrastran desde 2012, así como por conseguir un serie de reivindicaciones históricas del sector que lleven a alcanzar el restablecimiento del equilibrio entre los distintos agentes implicados.

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Los centros de dependencia valencianos, en pie de guerra

María José Mira AERTE

La patronal Aerte asegura que empezará a cobrar en enero el coste total a los pacientes porque la Generalitat no ha pagado en todo el año los bonos. Se quejan de que el pago realizado con el dinero del FLA -de 63 millones de euros- sólo ha llegado a los centros concertados, no a los privados.

Las empresas privadas de atención a los dependientes han montado en cólera por la distribución de los pagos pendientes. El sector estima que la deuda de la Generalitat era de 124 millones de euros hasta ahora, y con los fondos recibidos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se acaban de pagar 63 millones.

El descontento en una parte importante del sector viene por los conceptos que se han pagado y los que se han dejado fuera. Aerte agrupa a unas 200 empresas privadas, de las que sólo seis -que trabajan con plazas concertadas- han recibido fondos de este pago.

Sí han percibido el importe pendiente los centros concertados, la mayoría agrupados en la asociación Aecas. También parte de las gestiones integradas, agrupadas en la asociación Lares -de centros de mayores-.

Desde Aerte explican que, de los 67 millones que faltan por cobrar, diez millones

corresponden a los bonos que la Generalitat concede a las personas dependientes, pero que abona directamente a los centros, de manera que los pacientes sólo tienen que abonar una diferencia. La gerente de Aerte, María José Mira, asegura que no se ha pagado nada de los bonos en todo el año 2012. El resto corresponde a gestiones integradas, que son centros públicos gestionados por empresas privadas, a los que se les adeudan diez meses, afirma Mira.

La gerente asegura que hace dos días mantuvieron una reunión con el nuevo equipo de la Conselleria de Bienestar Social, en la que se les aseguró que el pago que se iba a realizar ahora con los fondos de FLA se distribuiría de forma equilibrada en todo el sector de la dependencia, pero consideran que el pago realizado no cumple esas expectativas.

Por ello, Aerte ha comunicado a sus centros que gozan de libertad para comenzar a cobrar las plazas de bono integras, «como medida para no estrangular al sector». Es decir, que el dinero que no está pagando la Generalitat se lo van a cobrar a los pacientes.

Mira afirma que «nosotros no podemos bajar las persinas y hacer una huelga, como las

farmacias, y no dar de comer a los pacientes».

Situación de Aerte
Por otra parte, la propia asociación Aerte atraviesa un momento interno complicado. La semana pasada, la asamblea acordó dar de plazo hasta el 31 de enero a la actual junta directiva para solucionar la situación de los impagos; si esto no se solventa, la cúpula deberá dejar sus puestos.

Mira señala que el equipo ha hecho todo lo posible y que «si otros pueden hacerlo mejor, adelante».

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Aerte muestra su repugna frente al uso interesado y tendencioso que determinados agentes del sector de la dependencia están haciendo de informaciones publicadas sobre compromisos sin confirmar por la Administración

AERTEAerte, patronal mayoritaria de la dependencia Comunidad Valenciana, única asociación que representa a las empresas prestadoras de todos los servicios incluidos en el catálogo de la Ley de Dependencia, como son las residencias para la tercera edad, centros de día, salud mental, discapacidad, o ayuda a domicilio, sea cual sea su relación contractual con la administración, ha mostrado su malestar con determinados agentes del sector que, de forma unilateral, anuncian acuerdos alcanzados y compromisos de pago al sector que no han sido oficialmente confirmados por parte de la Administración, con el único objetivo de hacer propio el éxito en la resolución de una situación aún por resolver. Todo ello con el único fin de justificar su posible falta de competencia a la hora de gestionar situaciones y problemáticas complejas como la que atraviesa el sector desde hace casi un año.

Aerte sitúa esta crítica en el contexto de informaciones aparecidas recientemente en los medios, generadas sin el consenso ni la participación de Aerte, que representa al 90 % de las empresas del sector de la dependencia, en las que se notician acuerdos alcanzados entre Bienestar Social y los centros de la tercera edad o dependencia.

En este sentido, Aerte manifiesta que luchará, como ha hecho siempre, contra todas aquellas informaciones hipotéticas y malintencionadas, que no vengan de fuentes oficiales y que presumiblemente persigan beneficios particulares y puedan suponer un grave malestar del sector en general, y de los asociados de Aerte en particular, en un momento delicado como todos sabemos y en que tantos agentes estamos luchando por conseguir una paz social y, ante todo, el bienestar y tranquilidad de nuestros dependientes.

Por último, Aerte informa a sus asociados que ha sido citada oficialmente a una reunión con la Consellera de Bienestar Social el próximo miércoles 26 de diciembre y también que ha sido informada sobre la finalización de los trámites necesarios para que el Ministerio pueda emitir las órdenes de pago de la deuda pendiente con todo el sector de la dependencia.

Estos pagos corresponderían a todo tipo de deuda existente en el sector, y que va desde la accesibilidad social, a las de gestiones integrales, tutelados, Bonos y Prestaciones.

Según la información de Aerte, el reparto entre las partidas se va a efectuar de manera equitativa y aunque la fecha del pago no está clara, puesto que depende del trámite del Ministerio y de las gestiones con los Fondos FLA, se espera que la situación de impagos pueda desbloquearse en las dos próximas dos semanas.

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Aerte liderará las reclamaciones de las personas dependientes

AERTEAerte, la patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, celebró su asamblea general extraordinaria, cuyo contenido ha girado en torno a la situación a la que la administración ha arrastrado a sus asociados por los impagos reiterados de la deuda. Ademas, se debatió sobre la representación de todos los usuarios (personas en situación de dependencia) que bien no han percibido sus mensualidades correspondientes por parte de la administración o que no gozan del reconocimiento y resolución de su situación.
La adopción de una línea jurídica defensiva, en representación de los usuarios que no han cobrado sus prestaciones, resoluciones ni cobros -personas en situación de dependencia- representa el primero de los compromisos adoptados en la asamblea general que Aerte celebró ayer.
En este sentido, la patronal de la dependencia valenciana ha asumido el compromiso de aglutinar las reclamaciones, en nombre de estos usuarios, tanto de las mensualidades que se les adeuda como la retroactividad, el reconocimiento o la resolución.

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Aerte se concede un plazo de cuarenta y cinco días en su Asamblea General Extraordinaria para acordar con la Administración el pago de la deuda pendiente

AerteLa asamblea General Extraordinaria de AERTE, celebrada en el día de hoy ha decidido, a petición de la Junta Directiva, darse un plazo de cuarenta y cinco días, dada la urgencia de la situación, para llegar a un acuerdo con la Administración, en la línea de las negociaciones que se venían llevando a cabo con el anterior equipo de Gobierno.

Estos acuerdos pretenden establecer el procedimiento para el pago de la mayor parte de la deuda pendiente, en el marco de un plan de pagos creíble y seguro para el resto de la deuda no pagada, así como un compromiso firme de atender puntualmente las facturas mensuales que se vayan generando.

Por otra parte se pretenden establecer otras medidas como la creación de 4000 plazas subvencionadas para atender a las personas en situación de dependencia que se encuentran en listas de espera así como diversas cuestiones relacionadas con las acreditaciones de los centros y funcionamiento ágil de la tramitación de la dependencia.

El próximo 31 de Enero de no haber logrado un acuerdo con la Administración se convocarán elecciones para que una nueva Junta Directiva continúe el trabajo en defensa del sector; con independencia de que continúe la actual Junta su trabajo hasta la toma de posesión de la nueva Junta.

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Alberto Giménez se consagra exclusivamente a la Fundación Economía y Salud a partir del 1 de febrero

Alberto GiménezAlberto Giménez, Presidente de Aerte, presentó la dimisión por considerar incompatible su cargo con el recién nombramiento de Presidente de la Fundación Economía y Salud.

La Junta Directiva le pidió que continuara al menos hasta el 31 de Enero colaborando en la consecución del acuerdo con la Administración. Giménez aceptó pero dejó claro que haya o no acuerdo el 31 de Enero dimitirá irrevocablemente.

Todo ello con independencia de continuar su trabajo para la sociedad valenciana y su sector de la salud y sociosanitario desde la fundacion.

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