Bienestar Social
Bienestar retiene expedientes de la Dependencia desde hace tres años
La Comunidad Valenciana se ha convertido en la región de España donde más problemas burocráticos se producen en la tramitación de las ayudas de la Dependencia. En el último informe de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) se detalla que la valenciana es la comunidad que más retrasos sufre a la hora de resolver cada Programa Individual de Atención (PIA) en el que, de forma individualizada, se indica la capacidad económica del beneficiario y el importe de la prestación económica a percibir.
El informe de Aerte urge al Consell a «resolver de forma inmediata todos los PIAS paralizados de los expedientes pendientes desde marzo de 2011, utilizando el presupuesto existente a tal fin».
En el mismo texto, que ha sido remitido con forma de carta al secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, se detalla también que «al menos, se debería notificar a los dependientes los PIAS que se encuentran pendientes desde marzo del 2011, y que han elegido como recurso la prestación vinculada al servicio (PVS) -plaza en una residencia-, ya que esta acción no tiene ningún coste económico, y la situación de intranquilidad de las familias se reduciría».
Esta situación supone un problema para las familias que saben que tienen un dependiente en casa aunque no pueden cobrar las ayudas.
La situación es kafkiana porque aunque el dependiente ya haya sido valorado y se le haya adjudicado un grado con derecho a prestación (2 ó 3) todavía debe esperar la propuesta que conlleva el informe PIA que determina la cuantía de la prestación a la que ya tiene derecho.
Un informe determinante porque sin su resolución las familias no pueden pedir las ayudas con retroactividad cuando fallecen las personas mayores que habían había sido catalogadas ya como dependientes. Se ha de tener en cuenta que tres años para estos ancianos con una esperanza de vida muy acotada supone mucho tiempo y si fallecen sin el PIA las cuantías económicas que sus familias han adelantado a las centros se las queda la Administración valenciana, donde haya paralizados 13.000 expedientes de Dependencia sin que Bienestar Social haya aclarado a qué años se corresponden.
Informe médico
Programa Individual de Atención (PIA) es elaborado por los profesionales (Técnicos PIA) del SEPAD en función del contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y siempre que ésta tenga reconocido un grado y nivel de dependencia que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la Ley. Dicho programa determinará los servicios y prestaciones que le correspondan a cada dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catalogo en cada comunidad, y que sean considerados más adecuados a su situación personal. Una vez llega el PIA y lo acepta la familia sólo queda la resolución de la ayuda. El tiempo entre la resolución y el ingreso de la ayuda no puede superar los seis meses. En otras comunidades los casos de dependencia paralizados se producen una vez ha llegado la resolución PIA.
Dos de cada diez enfermos de Parkinson espera más de cinco años para recibir el diagnóstico
El 52% de las personas afectadas de párkinson en España tarda una media de uno a cinco años desde que aparece el primer síntoma hasta ser diagnosticados. Es más, un 19% espera más de cinco años en recibir el diagnóstico definitivo. Esta es una de las conclusiones que se obtienen tras la realización del estudio Epoca (Encuesta sobre Parkinson Observando Calidad Asistencial), puesto en marcha por la Federación Española de Párkinson (FEP), con la colaboración de AbbVie y un Comité Científico integrado por la doctora Fina Martí, directora de la Unidad de Párkinson y Trastornos del Movimiento del Hospital Clínic de Barcelona; Antonia Campolongo, enfermera del Grupo de Trastornos del Movimiento del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); la doctora María José Catalán, jefe de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; y el doctor Gurutz Linazasoro, presidente de la Fundación Inbiomed y del Centro de Investigación Parkinson de la Policlínica de San Sebastián.
Según los resultados del trabajo, realizado en una muestra de cerca de 1.200 personas con Parkinson, los síntomas de la enfermedad comienzan a desarrollarse antes de los 45 años en el 15% de los pacientes. Dada la incapacidad que generan ya en los primeros cinco años de diagnóstico, un 42% de los pacientes requiere de un cuidador; pasados los diez años de diagnóstico, el porcentaje asciende al 73%.
Estos cuidadores, que en el 81% de los casos suelen ser familiares o amigos de los pacientes, soportan una gran carga física y emocional derivada de la atención que en el 26% de los casos suele ser diaria. En este sentido, en los datos analizados por Epoca se pone de manifiesto que el 65% de los pacientes no recibe ningún tipo de ayuda a la dependencia.
Asimismo, la encuesta revela que, a pesar de que el temblor es un síntoma muy común de la enfermedad, el más molesto e incapacitante para el 61% de los pacientes son las dificultades en la marcha. En segundo lugar se encuentra la bradiscinesia (lentitud en los movimientos), uno de los más molestos para el 59% de los pacientes encuestados.
“La encuesta Epoca es un intento de conocer en qué grado la asistencia sanitaria de la enfermedad de Parkinson en España se acerca o está lejos de un modelo integral y coordinado de asistencia y cuáles son los principales problemas con los que se encuentran nuestros pacientes, valorados por ellos mismos. Los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto algo que otros estudios previos ya habían señalado: la preocupación de las personas afectadas por los síntomas motores que no responden bien a los fármacos y aquellos síntomas no motores en los que, a veces, el neurólogo no profundiza por falta de un tratamiento efectivo o por no tiene suficientes conocimientos para tratarlos. Esta preocupación aumenta a medida que la enfermedad progresa. Creo que esto nos obliga a poner el acento en tratar o aliviar estos problemas, aplicando a nuestra práctica el concepto de equipo multidiciplinar”, destaca la doctora Martí.
Parkinson avanzado
En cuanto al progreso de la enfermedad, en el caso de España aproximadamente un 10% de las personas afectadas presentan Parkinson en estado avanzado. Según avanza la gravedad de la enfermedad, se observa que los síntomas que más les afectan son los que interfieren en mayor medida en su actividad diaria, como son las caídas, uno de los síntomas que más afecta y preocupa a los pacientes (52% de los encuestados). Lo mismo ocurre con la expresión verbal y la salivación, que al principio no suponen uno de los más relevantes, pero trascurridos diez años son de los más molestos para el 46% y el 30% de los encuestados, respectivamente.
Respecto al tratamiento, la encuesta ha puesto de manifiesto que casi el 20% de los pacientes de Parkinson avanzado tienen que desplazarse a otro centro distinto del suyo para recibirlo. En el caso de los pacientes que fueron diagnosticados hace más de 6 años, el 31% ha de desplazarse de su centro habitual. Para el control de los síntomas y la mejora de su calidad de vida, los afectados necesitan un tratamiento farmacológico y unas terapias rehabilitadoras específicas que se van adaptando a sus necesidades en función de la progresión de la enfermedad. Según Epoca, entre el 80-90% de los pacientes se benefician de las terapias complementarias a través de las asociaciones de pacientes. Y entre las más demandadas por los afectados de párkinson se encuentra la atención psicológica (71,7%) y fisioterapia (65,3%). En cambio, conforme progresa la enfermedad, las terapias más demandadas son fisioterapia en primer lugar (63,5%) y logopedia en segundo (52,8%).
Con respecto al seguimiento médico, es significativo que, conforme progresa la enfermedad, el paciente tiene una mayor necesidad de acceder telefónicamente a su médico. Si bien durante los primeros años de diagnóstico sólo un 37% de los afectados lo hace, trascurridos diez años, un 60% de los encuestados ha tenido la necesidad de acceder telefónicamente a su médico.
Fermosel asegura que Madrid está ‘en los puestos de cabeza’ en atención a la dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, realizó una visita a la Residencia y Centro de Día ‘Las Vegas’ en la localidad de Ciempozuelos. Este centro, que fue inaugurado en 2011, cuenta con un total de 98 plazas, donde se ofrece atención individualizada y especializada a personas mayores que están en situación de dependencia.
En su visita, el consejero recorrió la zona donde se desarrollan actividades de terapia ocupacional, de rehabilitación y de fisioterapiam, así como la enfermería y el Centro de Alzheimer. También visitó algunas de las habitaciones de los residentes.
Fermosel aprovechó para asegurar que la Comunidad de Madrid está en los puestos de cabeza en la gestión de la dependencia y se remitió a datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que sitúan a Madrid como la segunda comunidad autónoma en atención de centro de día y ayuda a domicilio, y la tercera en atención residencial y en teleasistencia.
Más presupuesto
La Comunidad de Madrid ha aumentado este año un 4,11% el presupuesto para la partida destinada a la atención de mayores, situándose en 286.750.000 euros, de los cuales la casi totalidad está dirigido a la red de plazas para personas dependientes. El compromiso del Gobierno regional con la dependencia, aseguró Fermosel, se ha plasmado en que las cuentas se han incrementado en 50 millones de euros, pasando de 941 millones en 2013 a 990 millones.
La red de atención para personas mayores dependientes cuenta con casi 29.000 plazas distribuidas entre residencias, centros de día y pisos tutelados, que ofrecen una atención especializada y de calidad. De ellas, más de 15.000 están destinadas a las personas mayores más vulnerables por carencias económicas.
El Gobierno de Aragón elabora una ley para la protección social, económica y jurídica de las familias
El Gobierno de Aragón ha elaborado el proyecto de ley de Apoyo a las Familias con el objetivo de asegurar su protección social, económica y jurídica y para reconocerla «como unidad esencial de la sociedad e instrumento de vertebración y cohesión social».
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, Ricardo Oliván, ha subrayado que el motivo de su realización «radica en que hay una realidad que es necesario reflejar en una normativa, como es la importancia de la familia como sistema protección y ayuda sus miembros».
Además, ha añadido, «se consolida como la institución social mejor valorada y en permanente evolución sujeta a los cambios sociales», a lo que «se une que hay que reflejar los múltiples modelos de familias que existen».
La elaboración de esta norma es uno de los compromisos del Ejecutivo con las familias y para su redacción se ha contado con ellas, así como con otras Administraciones públicas, agentes sociales y económicos, ha informado el Gobierno aragonés en una nota de prensa.
Al respecto, la directora general de Familia, Ana de Salas, ha explicado que para la elaboración del anteproyecto de ley se diseñó un proceso de participación, en coordinación con la dirección general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, con una fase de cáracter interno y otra externa.
En total, ha habido una veintena de talleres y más de 400 participantes. Además, en la página web de Aragón Participa se ha contado con un espacio para esta normativa y se ha dado información continua, mostrando los diversos documentos generados a lo largo del proceso.
HOJA DE RUTA
El Gobierno de Aragón ha precisado que la futura ley pretende reforzar y coordinar las políticas familiares del Ejecutivo bajo la premisa de transversalidad e introducir la perspectiva de familia en las diferentes medidas sectoriales. Además, servirá como «hoja de ruta» estable en el tiempo y, a la vez, adaptable a las condiciones socioeconómicas de cada momento.
Los objetivos específicos de la ley son reconocer a la familia como unidad social básica y como instrumento de cohesión social, potenciando su empoderamiento; favorecer el desarrollo familiar, y garantizar una política coordinada e integrada de apoyo a la familia en el Gobierno de Aragón.
Igualmente, persigue promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; potenciar la igualdad de participación y oportunidades a las familias de especial consideración; promover la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, y fomentar el ejercicio positivo de la parentalidad positiva.
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y APOYO
Las medidas de protección, atención y apoyo a las familias cuenta con acciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, concretamente, con actuaciones de sensibilización social y la coordinación de las diversas instituciones públicas y privadas de la Comunidad autónoma.
Además, se recogen medidas materiales, fiscales y económicas y se define las familias que van a recibir la calificación de especial consideración por sus particulares circunstancias derivadas de su configuración, número o situación social personal o familiar precisando todo ello de políticas familiares específicas de apoyo y protección.
Entre ellas, se incluyen las numerosas, monoparentales y con dependientes o discapacitados, así como en situación de exclusión social o en riesgo de dificultad o exclusión.
También aparecen medidas administrativas de participación y sensibilización, en el que se recogen recursos dirigidos a garantizar la participación social y la transversalidad en el desarrollo de las políticas de apoyo a las familias.
Igualmente, se concede protagonismo al Observatorio Aragonés de Familia y la Comisión Interdepartamental de Familia, este último de nueva creación, han precisado desde el Ejecutivo autonómico.
APOYO A LA MATERNIDAD
La nueva norma incluye políticas públicas de apoyo a la maternidad, que pasan por la información y el asesoramiento, así como por la asistencia especializada, transversal e integral, con atención específica a mujeres embarazadas sin apoyo sociofamiliar, así como a las menores gestantes.
Finalmente, la futura ley posee cuatro disposiciones adicionales sobre referencia de género, asimilación a descendientes, evaluación de su aplicación y bonificaciones fiscales, y tres finales para la habilitación al Gobierno de Aragón, habilitación al consejero y sobre la entrada en vigor.
Nuevas tecnologías al servicio del bienestar
Los cursos y programas ofrecidos para los mayores y desempleados para eliminar la brecha digital en el centro Guadalinfo de Maracena está cosechando buenos resultados.
Según comunicado, por ejemplo, el proyecto «Ayer y ahora de nuestros mayores», que nace de la colaboración del Centro Guadalinfo y el Área de Bienestar Social, está obteniendo una gran respuesta. Se trata de grupos de mayores que entran en contacto con los ordenadores al tiempo que ejercitan su memoria mediante un blog y montajes fotográficos de la historia de sus vidas. A esto precisamente se suman las acciones del taller «Activa tu mente».
En el ámbito de la iniciación a internet, acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación, la organización de conceptos y sobre todo, la iniciación en la búsqueda de empleo con acompañamiento personalizado, creación de correos, currículos y habilidades sociales para las entrevistas de trabajo… el colectivo prioritario son los desempleados de la localidad.
«Se realiza un sobreesfuerzo organizativo para facilitar los recursos a segmentos poblacionales que consideramos prioritarios y que deben poder servirse de las nuevas tecnologías», explica el primer edil, Noel López.
La concejal de Bienestar Social, Ana Belén Molina, ha destacado los beneficios que están conllevando esta serie de acciones para los mayores, que pueden reinventar sus ratos de ocio y convertirlos en momentos de pleno aprendizaje.
Muchas de estas actividades están previstas hasta la llegada del verano y se complementan con otro tipo de talleres y con iniciativas como la presentada ayer, la Zona Wifi, que facilita el acceso a internet libre y gratuito en la zona Centro de Maracena. Esta iniciativa constituye la base de proyectos como «Realidad aumentada», «Market Place» o Puntos de información dinámica que vendrán a fomentar la participación ciudadana y a estimular el tejido comercial local.
Un encuentro aborda el rol de los mayores y la «necesidad» de convergencia «adecuada» entre sistema social y sanitario
El primer ‘Encuentro regional sobre envejecimiento y dependencia: Enfoque y actuaciones para el paradigma actual’ ha sido inaugurado este martes en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en una acto al que han asistido el director el director general de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, Ángel Acuña; el alcalde de la localidad, Manuel Benítez; y el director gerente de Macrosad, Andrés Rodríguez González.
Durante tres días agentes del sector socionanitario, profesionales del ámbito público y privado y usuarios y familias de los servicios de atención a la dependencia y promoción de la vida autónoma de toda la comunidad debatirán sobre el presente y el futuro del envejecimiento, ya que «es necesario que el sistema social y sanitario converjan de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».
Así, durante la presentación, Acuña ha calificado de «acierto» este encuentro por la relación entre envejecimiento y dependencia, toda vez que ha señalado que en la actualidad los mayores de 65 años en Andalucía son 1.200.000 y para 2025 habrá un 1.800.000, lo que «nos da una idea de la importancia que va a tener ese sector de la población». «Nuestros mayores cada vez van teniendo una edad más avanzada, todo lo que hace que necesiten mayores cuidados porque además son más dependientes».
Al respecto, se ha referido a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la que Andalucía «recibe en estos momentos 314 millones menos que se recibían cuando se pensó que la ley iba a ser financiada al 50 por ciento por el Estado y la Junta». Así, continúa, la comunidad «está haciendo frente en la actualidad al 75 por ciento de lo que se gasta, y el Estado aproximadamente a un 25 por ciento», lo que «lógicamente tiene unas consecuencias que estamos viendo todos los días», consecuencias que afectan a una gran cantidad de población porque «el 25 por ciento de los dependientes de toda España están aquí».
Por tanto, cuando «se está actuando contra la ley de dependencia se está actuando contra una gran parte de la población que esta en Andalucía». Pero además, prosigue, la ley de dependencia «también es ley de promoción de la autonomía personal, y es muy importante destacar aquí el envejecimiento activo, en cuanto a un conjunto de actuaciones que permiten al mayor alcanzar esas edades en perfecto estado físico y mental».
Al hilo de lo anterior, recuerda que en la comunidad existe el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, con 130 propuestas y consideraciones que afectan a los mayores desde punto de vista de su salud, la autonomía personal, la formación o la seguridad, un extremo este último que «está directamente relacionado con la pensión que recibe el mayor, y que le da estabilidad». En este sentido, recuerda que la pensión no contributiva «está incrementándose sobre un dos por ciento, con 20 millones de euros destinados por la comunidad, mientras que el Estado ha incrementado las pensiones un 0,25 por ciento anual».
Por último, Acuña ha destacado también otras medidas puesta en marcha en beneficio de los mayores, como el examen de salud a mayores de 65; la Tarjeta Junta 65, que beneficia a más de 1.000.000 de andaluces; el servicio de Teleasistencia, del que se benefician 177.000 mayores; el servicio de orientación jurídica gratuita, que en llega a 17.000 mayores; la importancia de las aulas universitarias, que acogen a más de 8.000 mayores; o el combate contra la brecha digital, con más de 1.800 equipos en los centros de participación activa de toda Andalucía.
Por su parte, el alcalde de Castilleja ha indicado que de los 17.474 habitantes de la localidad, 2.768 tienen más de 65 años, lo que supone un 15,8 por ciento del total de vecinos, según datos de 2013, toda vez que ha destacado que Castilleja está por debajo de la media andaluza y nacional, con un 14,7 y 17,7 por ciento, si bien su cercanía a la capital ha provocado que la población se cuadruplique desde 1970 y «el perfil de familias jóvenes que tienen hijos maquillen unos datos a los que hay que prestarle atención».
Para ello, continúa, se celebra este encuentro de tres días, en el que se hablará sobre envejecimiento y la atención que deben recibir los mayores, porque «independientemente de las dificultades económicas, la apuesta de las corporaciones locales debe ser por las políticas sociales, paliando los desequilibrios a los que la coyuntura económica está abocando a cientos de familias». Por este motivo, «hemos creído en la oportunidad que este encuentro supone para contribuir a mejorar las condiciones de atención e integración de nuestros mayores», convirtiéndose «en un valiente punto de partida».
Por su parte, el director general de Macrosad ha afirmado que «el envejecimiento de la pirámide poblacional debe hacer reflexionar sobre el papel que juegan nuestros mayores, el papel que merecen y el que están reivindicando», con una población mayor «con un peso específico no solo a nivel social sino también económico». En este sentido, señala que más del 15 por ciento de la población andaluza tiene más de 65 años y que «167.000 personas son beneficiarias en Andalucía del sistema, un 22 por ciento del sistema nacional».
Así, afirma que desde Macrosad, con 20 años de experiencia, «se pretende aportar soluciones a las personas que envejecen a lo largo y ancho de toda Andalucía», para lo que «los sistemas sanitarios tienen que dar respuesta eficiente a lo que se conoce como ‘CURE’ y el reto ahora es la cura y atención (CARE), por eso ese necesario que converjan el sistema social y sanitario y que se coordinen adecuadamente».
«Hay mucho mayores en número absoluto, pero también lo que se denomina la cuarta edad, mayores muy mayores que necesitarán una alta intensidad de cuidados»; los sistemas públicos «no llegan a todo e iremos a un modelo híbrido que permita que además no entremos en un sistema dual, y eso habrá que construirlo». De este modo, desde la iniciativa privada «tenemos que ir aportando soluciones, con el objeto de ayudar a sentar una buena base de una sistema sociosanitario, porque lo social y lo sanitario tienen que converger de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».
En este sentido, afirma que habrá que preguntarse si las ciudades y pueblos y los sistemas «están adaptados para los mayores, si son ciudades amigables e intuitivas», y en pro de este objetivo «les toca no solo a las instituciones y personas que tienen responsabilidad de Gobierno sino también a los proveedores que dan apoyo y servicios».
«Es la intención de este encuentro inédito y singular», que está organizado por Macrosad y el Ayuntamiento de Castilleja, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, ayuntamientos del Aljarafe, organizaciones sectoriales y profesionales del ámbito público y privado», afirma Andrés Rodríguez, quien añade que durante tres días expertos andaluces, profesionales usuarios y familiares «van a valorar la situación actual y los retos de futuro mediante conferencias, talleres y mesas redondas».
«En Macrosad buscamos crear desde nuestra humilde experiencia herramientas que aporten soluciones y valor, que faciliten a los agentes que trabajan con las personas mayores mecanismos que permitan un proceso de envejecimiento digno y positivo, orientando nuestras actividades a la satisfacción global», afirma el director general, quien resalta que «esta apuesta por los valores y compromiso a través de la formación e investigación nos hace trabajar con mayor inquietud por más de 6.700 usuarios a cierre de 2013 con una encuesta de satisfacción de 8,15 y 8 sobre diez», concluye.
Las caídas producen más muertes que los accidentes en los mayores de 65
Las caídas entre mayores de 65 años producen más muertos que los accidentes de tráfico, ya que, según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), cada año fallecen más de1.400 personas mayores por esta causa, mientras que, por ejemplo, las personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico en 2013 fueron 1.128.
De hecho, uno de cada tres mayores sufre una caída al menos una vez al año, la mitad de los cuales se producen en un mismo nivel y por tropiezo, tal y como afirma el informe de Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (DADO) del Instituto Nacional de Consumo. Además, un 58 por ciento de los accidentes ocurren en el propio hogar, especialmente en la cocina (24%), en el dormitorio (13%) y en el cuarto de baño (5%).
En este sentido, los expertos han alertado de que muchas personas mayores sufren problemas psicológicos por pensar en la posibilidad de caerse, incluyendo el miedo, la ansiedad, la pérdida de confianza y la alteración de la percepción de la capacidad de caminar de forma segura. El «miedo a caer» es, además, algo que la mayoría de mayores sufre en silencio y que puede afectar a sus capacidades físicas.
«Para una persona mayor reconocer que se ha caído representa admitir una pérdida de la autonomía personal. Al no conocerse ni paliarse el problema, las caídas se pueden repetir y tener consecuencias graves como una fractura de cadera o un traumatismo craneal», ha comentado el especialista en Gerontología y asesor de I+D en Simon Senior, Ricardo Moragas.
Dicho esto, el experto ha asegurado que el miedo a la caída se puede superar si las casas estuvieran adaptadas a las necesidades de las personas mayores, dado que los principales factores de riesgo son la mala iluminación, la presencia de alfombras o cables en el suelo, los muebles con ruedas o los asientos sin reposabrazos.
En concreto, en el dormitorio la mayoría de las caídas se producen por la noche, cuando la persona mayor intenta levantarse de la cama. En estos casos, las lámparas con sensores evitarían accidentes, ya que están dotadas de un sensor de luz que da la orden de encender o apagar de forma automática.
Otro de los espacios en los que se producen más accidentes es la cocina, por lo que es necesario mantener la estancia limpia y ordenada para evitar resbalones y tropezones. Asimismo, es importante utilizar trapos y alfombras antiadherentes o ‘sprays’ antideslizantes, así como instalar asideros.
El programa de prevención del aislamiento inicia una nueva edición
El área de Bienestar social ha organizado una nueva edición del programa de prevención del aislamiento, dirigido a personas mayores residentes en Irun. La delegada del área, Maite Cruzado, presentó la iniciativa acompañada del director de Bienestar social, Juan de Dios Sanz; la técnico Rosa Valle y la psicóloga Mercedes Acera.
Este programa se lleva a cabo «desde el año 2009. Es una de las líneas de trabajo con el colectivo de la tercera edad», concretó Maite Cruzado. Los destinatarios de la iniciativa son las personas mayores de 75 años que viven solas en el municipio. «Nos parece muy importante la detección de casos en los que estas personas puedan encontrarse solas, sin un apoyo social o un respaldo familiar. Tratamos de prevenir situaciones de aislamiento, y que los destinatarios de este programa tengan información sobre todos los recursos que tenemos a nivel institucional y social», afirmó Maite Cruzado.
En las próximas semanas «nos vamos a poner en contacto nuevamente con aquellas personas que cumplieron 75 años el año pasado o que viven solas desde entonces, para darles a conocer este programa de prevención del aislamiento», señaló la delegada de Bienestar social. En ese primer contacto, que se realiza de forma telefónica, «se les ofrece información en torno a los recursos de los que disponemos las instituciones» y que puedan resultar de interés para este colectivo: «teleasistencia, comidas a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio, centros de día y residencias…» En total, en las próximas semanas desde el área de Bienestar social se contactará con en torno a 300 personas.
Mercedes Acera, psicóloga que coordina el programa, explicó que cuando una persona muestra interés por este servicio «les visito en su domicilio, debidamente identificada para que no haya ningún malentendido. Las personas mayores están dispuestas a escuchar y a querer saber qué les ofrece Irun para mejorar su vida. En general, la acogida suele ser muy buena», afirmó la psicóloga. Si se detecta que la persona en cuestión puede encontrarse en riesgo de aislamiento, «se le ofrece participar en un taller para mejorar sus habilidades cognitivas y sociales. El objetivo es relacionarse con los demás, salir de casa y hacer cosas diferentes…», señaló Mercedes Acera.
Uno de los valores de este programa, según destacó Juan de Dios Sanz, es que «si se detecta alguna situación que requiera de una intervención urgente, se comunica al área de Bienestar social para que despleguemos los recursos que tenemos para situaciones de este tipo». De este modo, «podemos intervenir en el caso de personas que estén viviendo situaciones especialmente difíciles», explicó el director de Bienestar social.
En Iraso y Leka enea
El año pasado, desde el programa de prevención del aislamiento se contactó con 323 personas. El 19% de ellas, alrededor de 60, mostraron interés en saber más sobre la iniciativa y recibir más información. Los recursos más solicitados por estas personas fueron la teleasistencia, las comidas a domicilio y el servicio de ayuda a domicilio.
Respecto al taller específico para quienes efectivamente se hallen en una situación de riesgo de aislamiento, en el mismo participan actualmente un total de 36 personas. El taller se imparte tanto en el Centro Social Iraso como en los apartamentos de Leka enea, bajo el título ‘Fomento de las habilidades cognitivas y sociales’.
La tecnología nfc contribuye a generar autonomía y bienestar social para las personas con discapacidad
La tecnología de proximidad NFC (Near Field Communication) ayuda a generar autonomía e independencia a las personas con discapacidad y contribuye al bienestar social, según una de las conclusiones extraídas de un desayuno informativo sobre las posibilidades NFC para la accesibilidad, que tuvo lugar este martes en la sede del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac).
En palabras de Isaac Castiñeira, terapeuta ocupacional en el Centro de Referencia Estatal de San Andrés del Rabanedo (León) sobre Discapacidad y Dependencia, la tecnología NFC puede beneficiar a cualquier tipo de discapacidad, ya que es una herramienta que permite automatizar tareas manuales, al mismo tiempo que da mucha autonomía a personas con discapacidad para, por ejemplo, acceder al Metro o comprar un billete de tren.
Asimismo, existen aplicaciones de la tecnología NFC en el etiquetado de medicamentos para que el móvil te avise a la hora que tienes que tomar la pastilla, explicó Castiñeira, y también sirve para que mediante NFC podamos conocer información de los productos en el supermercado como precio y características; o en un museo, al acercar el móvil al cuadro nos dé datos de la obra y del pintor, precisó el terapeuta.
Por otra parte, Xácome Froufe, especialista en soluciones NFC, indicó que hay en marcha proyectos de identificación de objetos en el hogar y que, gracias a esta tecnología, el móvil se va a convertir en nuestro ratón para hacer clic con objetos físicos.
Para el ingeniero y perito informático, Carlos Aldama, la NFC hace más sencillos muchos procesos y su uso es mucho más fácil que el móvil. Tenemos que conseguir que el NFC esté tan implantado que nadie hable de tecnología sino que la use de manera normal, apostó.
En ese sentido, Alberto Sánchez, consultor tecnológico y director de ABAMobile, apuntó que une dos entornos, el físico y el digital, y abre un mundo de posibilidades a nuevos servicios. Para Sánchez, la tecnología NFC, facilita la vida a una persona que en su vida ha usado un Smartphone.
Entre los usos de la tecnología NFC, Alberto Sánchez habló de lectura y escritura, conexión de dispositivos y emulación de tarjeta o pago por el móvil. Las tarjetas desaparecerán, vaticinó. El motor de la tecnología NFC es el pago por el móvil, reconoció, aunque, por su parte, Isaac Castiñeira destacó que lo importante es facilitar la vida al usuario y que «el pago con el móvil es lo último.
Con respecto a la seguridad, el perito informático Carlos Aldama admitió que los detractores de la tecnología NFC hablan de fallos, pero, para él, es uno de los sistemas más seguros y que el problema está en el entorno.
Por último, Alberto Sánchez comentó que aunque están aumentando considerablemente el número de dispositivos con tecnología NFC, empresas como Apple aún no lo incorporan en sus terminales. Está empezando a ser un criterio de compra, una vez que se instaure el pago por el móvil, Apple tendrá que incorporar la tecnología NFC, concluyó el consultor tecnológico.
Navarra concierta 625 plazas residenciales para personas mayores, divididas en 14 centros
El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, un gasto de 60,6 millones de euros durante los próximos cuatro años para concertar 625 plazas residenciales para personas mayores, correspondientes a catorce centros.
Con la firma de estos contratos, que tendrá lugar el próximo mes de abril, el nuevo modelo de concertación ¨”resideN” se habrá desplegado ya en la mitad de los centros residenciales que tiene plazas concertadas con el Gobierno de Navarra.
Concretamente, las residencias para las que se ha autorizado el gasto, por orden alfabético de localidades en las que están situadas, son las siguientes: Residencia Amma Ibañeta en Erro (25 plazas) y un presupuesto de 2.712.364 euros; Residencia Beloso Alto de Pamplona (22 plazas) y 2.543.867 euros; Residencia Amma Betelu (25 plazas) y 2.778.660 euros; Residencia Carcastillo (8 plazas) y 818.097 euros; Residencia San José de Corella (28 plazas) y 3.198.085 euros; Asilo San Jerónimo de Estella (15 plazas) y 1.650.093 euros; Residencia San Miguel de Funes (14 plazas) y 1.497.017 euros; Casa Misericordia de Pamplona (125 plazas) y 14.174.611 euros; Residencia San Miguel de Peralta, (18 plazas) y 1.878.930 euros; Residencia San José de Valtierra (29 plazas) y 3.352.709 euros, Residencia Virgen del Portal de Villafranca (10 plazas) y 1.051.032 euros. Finalmente, otras 306 plazas, con un presupuesto de 35.382.883 euros se conciertan con Amma Navarra y se distribuirán entre los centros de Mutilva, Oblatas y Argaray.
El pasado mes de diciembre, el Gobierno de Navarra autorizó ya la concertación con el nuevo modelo “resideN” de 462 plazas en otros doce centros. Sumadas éstas a las hoy aprobadas, ascienden a un total de 1.807 plazas en 26 centros, con un presupuesto global hasta 2018 de 104,6 millones de euros.
La cantidad hoy autorizada, 60.673.155 euros se distribuirá de la siguiente forma: 8.186.040 euros en 2014, 10.914.720 euros en los años 2015, 2016 y 2017, y 2.278.680 euros en 2018.
Características del programa
El “Programa ResideN” comenzó a aplicarse el pasado mes de octubre en sustitución del hasta ahora vigente Concerdep, que databa de 2009. Tiene un doble objetivo: disponer de una adecuada red de servicios de atención residencial en condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y calidad de vida de las personas mayores y al mismo tiempo ofrecer un modelo económico más equitativo para los centros, que contribuya a su estabilidad y al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para ello, se han incluido nuevos perfiles de usuarios, como son los denominados dependientes sociales; esto es, personas mayores de 65 años que, sin tener un grado de dependencia, presentan una problemática familiar o personal que les conduce al riesgo de exclusión social. El número de plazas destinadas a estas personas en cada centro no superará el 5% del total.
También se da cabida de forma voluntaria a los discapacitados mayores de 65 años, cuyas necesidades de atención sean asimilables a los de un mayor con dependencia. Y se prevé la posibilidad de concertar plazas con carácter temporal.
Finalmente, se han reorganizado y simplificado los tipos de módulos, que se reducen a dos: dependientes y no dependientes, y se ha flexibilizado la contratación de determinados perfiles profesionales (cocina, lavandería y limpieza).
Crean unos zapatos «anticaídas» para las personas mayores
Las caídas son una de las principales causas de lesiones en la tercera edad. Para evitar estos accidentes, una compañía israelí ha desarrolladoun dispositivo que se incorpora en la suela de los zapatos, lo que que permite a las personas mayores mantener el equilibrio, evitar las caídas y retrasar el uso de bastones y andadores.
El dispositivo posee sensores de presión y un mecanismo de deslizamiento en el talón que detecta el centro de gravedad del usuario cuando se mueve hacia atrás, justo en el momento antes de la caída. El dispositivo hace retroceder un zapato unos centímetros para equilibrar a la persona. Este movimiento imita el paso natural hacia atrás que hace una persona sin problemas de equilibrio.
De esta manera se podrán evitar las caídas, uno de los principales peligros en los ancianos y uno de los motivos de fracturas de huesos y pérdida de confianza para moverse y vivir de forma independiente.
Bienestar Social, el gran desconocido
El Ayuntamiento de Avilés tiene un problema para hacer llegar sus políticas de Bienestar Social a los ciudadanos. Así se pone de manifiesto, con toda rotundidad, en la encuesta realizada por Asturbarómetro para LA VOZ DE AVILÉS. El presupuesto de 2014 del Ayuntamiento aprobado el pasado 2 de enero hace una apuesta clara por el área de Bienestar Social y por los numerosos programas que lo integran para atender a las personas más desfavorecidas y a la llamada tercera edad, hasta el punto de que el dinero destinado para estas políticas ascenderá este año a 14,2 millones de euros, el 23,51% de un presupuesto total de 60,7 millones. Con ello se tratan de atender unas necesidades que han ido en aumento, tanto por el número de demandantes como por la menor aportación del Gobierno central, que suprimió la partida destinada a teleasistencia, o decidió endurecer las condiciones para poder beneficiarse de la Ley de Dependencia, dinero que asumió el propio Ayuntamiento de Avilés.
Pues bien, nada menos que un 69,9% de los encuestados afirma no saber ‘nada’ del programa de Bienestar Social municipal, y un 23,8% lo conoce solamente ‘algo’. Sólo un exiguo 6,3% sostiene que conoce dicho programa ‘mucho’ (2,1%) o ‘bastante’ (4,2%).
Los discapacitados quieren renegociar el copago pese al avance de Bienestar Social
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat aprecia la “buena intención” de la Conselleria de Bienestar Social al ofrecerse a flexibilizar el copago, pero le parece “insuficiente”. Por ello, a partir de hoy elaborará una batería de reivindicaciones que quiere que se aclaren para hacerlas llegar a la Conselleria para que esta las analice con sus servicios jurídicos y seguir negociando. Así lo anunció ayer el presidente del Cermi, Joan Planells, tras la reunión mantenida entre los miembros de las asociaciones representadas en el Cermi para valorar la propuesta que les hizo llegar el lunes el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.
Consideró que, para ellos, el aspecto más importante es clarificar “cómo se determina la capacidad económica” del dependiente. También vio “insuficiente” el “dinero de bolsillo”, la cantidad de libre disposición que queda del copago, que la Conselleria se ofreció a incrementar de los 126 € mensuales iniciales a 213,5 € para los discapacitados en residencias públicas y, en el caso de los ingresados en residencias de mayores, de 101 a 170 €.
Sí calificó de avance el que el Consell se haya brindado a asumir gastos de transporte para usuarios de centros ocupacionales comarcales con una financiación anual de 1.300 € por usuario. También les pareció muy bien la propuesta de la Conselleria de mejorar el cálculo de las prestaciones por dependencia en beneficio de los menores de 18 años, teniendo en cuenta la capacidad individual del menor y no la renta familiar, y mantener la CNP como excepción en la ley de dependencia para estos usuarios.
Planells apeló a que sus reivindicaciones se tengan en cuenta en una reforma del decreto o, lo que consideró más conveniente, un nuevo decreto.
Salud y Bienestar harán frente común al aumento de la dependencia fruto del envejecimiento
El Consell Executiu ha aprobado este martes la creación de un Plan Interdepartamental de Atención Social y Sanitaria (Piass) para «garantizar» que se puede atender con calidad a todas las personas con dependencia debido al envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia, que ya afecta al 6% de los catalanes.
Lo ha explicado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que ha concretado que la iniciativa pretende «reorientar» servicios públicos en una sociedad que cada vez vive más años.
Ha informado que, para lograrlo, Salud y Bienestar Social reforzarán su colaboración en el ámbito de las residencias de ancianos y discapacitados, en la red pública sanitaria y de salud mental, en los servicios sociales básicos y la red de larga estancia sociosanitaria.
«Se trata de compartir conocimientos, capacidades, instrumentos y datos para configurar, progresivamente, una red interrelacionada e integrada de servicios a los usuarios», ha dicho Homs, que ha asegurado que el Govern apuesta por un modelo de intervención global coordinada.
Ambos departamentos configurarán una historia clínica compartida gracias a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y «revisarán» el modelo actual para garantizar una atención integral con un uso racional de los recursos.
Con esta iniciativa se diseñará un «nuevo escenario» de asistencia sociosanitaria, con la creación de un gran sector de atención de larga duración que incluya todos los servicios necesarios para los usuarios.
El 74% de los catalanes adultos manifiestan tener una enfermedad crónica, de los que 140.000 también sufren algún tipo de dependencia; además, el 50% de estos pacientes desarrollan enfermedades múltiples de carácter crónico, un fenómeno que se prevé que sea la principal causa de discapacidad en 2050.
Cataluña suspende la ayuda por partos o adopciones múltiples
El departamento de Bienestar Social y Familia ha decidido suprimir para este año las prestaciones por parto, adopción, acogimiento o tutela múltiple, la ayuda que concedía a las familias que tenían dos o más niños al mismo tiempo. Según han confirmado a Efe fuentes del departamento de Bienestar Social, esta ayuda ha quedado suspendida para el 2014, aunque las familias que hayan tenido un parto múltiple entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 pueden presentar la solicitud para obtener la prestación hasta el próximo 31 de marzo.
El departamento de Bienestar Social ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, esta ayuda ya se concedía en función de la renta. La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC) ha mostrado hoy su rechazado a este nuevo recorte social de la Generalitat de una prestación económica, que era de carácter universal para las familias residentes en Cataluña que hubieran tenido un parto múltiple o adoptado, tutelado o acogido a dos o más niños de forma simultánea. Según ha informado la FANOC, la suspensión de estas ayudas no se les había comunicado y fue cuando empezaron a recibir quejas por parte de familias cuando la asociación comprobó que en la Ley de presupuestos de este año esta prestación ha quedado totalmente suspendida.
«Esta decisión contrasta con las declaraciones del Govern de que se mantenían las prestaciones sociales en los nuevos presupuestos», ha denunciado la asociación. La FANOC ha afirmado que con este recorte «el colectivo de familias con hijos es castigado con la supresión ahora de la única prestación económica de carácter universal que seguía vigente en Cataluña», después de la supresión en 2011 de las prestaciones universales para todos los hijos de 0 a 3 años (0-6 años en el caso de familias numerosas o monoparentales). Según ha lamentado el director ejecutivo de FANOC, Raúl Sánchez, «no puede ser que en momentos de dificultades y de una grave crisis demográfica, el Govern suprima las escasas prestaciones que tienen las familias».
«Lo peor para el futuro de un país es jugar con las políticas de apoyo a las familias. Ni un sólo país europeo ha disminuido las ayudas universales a las familias durante esta fuerte crisis, es más, algunos las han aumentado: todos son conscientes de que la familia se ha convertido en la primera ONG del país», ha asegurado Sánchez. La asociación ha recordado que una gran parte de las familias que tienen un parto, adopción, tutela o acogida múltiple entran a formar parte del colectivo de familias numerosas, que es, según los expertos, uno de los más afectados por la crisis. La asociación FANOC ha asegurado que es «consciente de que la grave situación financiera del país exige tomar medidas para hacer frente al déficit de la deuda», pero pide «medidas que no castiguen y debiliten más los hogares con más hijos y personas dependientes, ya que éstos soportan muchas cargas económicas, y están dando un servicio social (cuidado de parados, enfermos, personas mayores, etc.) que ahorra mucho dinero a cualquier Gobierno».
Bienestar Social se compromete con Lares CV a dar un Plan de Pagos a las residencias «en diez días»
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado a la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (Lares CV) que «en un plazo de diez días» fijará una reunión conjunta con Hacienda para establecer un Plan de Pagos para los centros sin ánimo de lucro, según ha informado la red de residencias en un comunicado.
La titular de Bienestar Social ha asumido este compromiso en la reunión que ha mantenido con la directiva de Lares CV, en la que también ha estado presente el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.
Sánchez Zaplana ha afirmado que su Departamento ha estudiado el tema, pero que el pago «dependía de Hacienda», por lo que «era necesario verlo con sus responsables».
Por ello, se ha comprometido a sentarse con el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, para darles un Plan que «pueda saldar la deuda que la Generalitat aún tiene pendiente con las residencias del sector solidario, el 60 por ciento del total de las plazas concertadas del 2013, que suma un total de más de 8 millones de euros».
El presidente de Lares CV, José Pascual Bueno, también ha solicitado a la consellera que el Plan de Pagos «no se ciña sólo a la deuda pendiente, sino que dé una solución general que garantice el futuro del sector y la atención a los mayores dependientes».
«Necesitamos un escenario claro de cuándo y cómo se va a cobrar, no solo la deuda acumulada, sino también de ahora en adelante, ya que, si no, solo será un parche, pero en unos meses volveremos a tener el mismo problema de liquidez en nuestros centros», ha resaltado Bueno.
Modificación ley servicios sociales
Lares CV también ha planteado a la consellera que se modifique la Ley de Servicios Sociales y se establezca un sistema similar al que ya existe en otras comunidades autónomas «que garantiza el sector solidario». Según ha asegurado Sánchez Zaplana, «se ha intentado trabajar» este aspecto, pero se han encontrado «problemas» para avanzar por la Ley de Bases.
Además de esta reunión con conselleria, la asociación de residencias del sector solidario ha solicitado a todos los grupos parlamentarios un encuentro para trasladarles la situación ante el impago y para abordar el futuro de la atención a las personas mayores dependientes. En esta línea, la semana pasada se reunió con el portavoz en las Corts del PSPV, Antonio Torres, y con el de Compromís, Enric Morera, y la semana que viene lo hará con el del PPCV, Jorge Bellver.
Actualmente, Lares CV está formada por 45 centros sin ánimo de lucro que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con unos 300 voluntarios, entre fijos y temporales.
Miles de dependientes de Aragón malviven sin ayudas públicas a pesar de tenerlas concedidas
Los recortes del Gobierno de Aragón han hecho retroceder la asistencia a los dependientes un 24% en solo dos años, han quitado el apoyo público a unas 3.000 personas y mantienen a unas 8.000 familias a la espera de ayuda.
En la actualidad, la Ley de la dependencia llega en la comunidad aragonesa a 18.511 personas, a pesar de que hay 26.825 que tienen reconocido el derecho a cobrar prestación. Es decir, hay 8.314 que, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, aún no tienen apoyo de la ley.
El número total de beneficiarios se ha reducido además de forma notable. En los últimos dos años y medio, coincidiendo con el cambio de gobierno (del PSOE de Marcelino Iglesias al PP de Luisa Fernanda Rudi) y el recrudecimiento de la crisis, se ha reducido en 5.961 personas (de 24.472 a los 18.511 que hay ahora).
El Ejecutivo autonómico atribuye parte de esta caída a la detección de unos 3.000 beneficiarios que habían estado cobrando la ayuda pese a haber fallecido. Esto quiere decir que otros 3.000 dependientes han dejado de recibir sus ayudas.
Unos 60 millones de euros repartidos en prestaciones
Y el número de solicitudes ha bajado solo un 4,5% (de 47.487 a 45.346). «Cada vez entran menos dependientes al sistema de ayudas. Estamos saturados», explican fuentes de los servicios sociales. La cantidad de dinero que destina el Gobierno de Aragón a las prestaciones económicas para la dependencia se recorta este año en 1,5 millones de euros: habrá algo más de 60 millones, frente a los 61,6 que se presupuestaron para 2013. En 2011 hubo 43 millones y en el ejercicio 2012 la DGA dedicó a estos pagos 55,5 millones de euros.
Munté deplora el impacto social de la reforma local del Estado y ve «imposible» cumplirla
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha deplorado este lunes el impacto social que tendrá la ley de racionalización de la administración local del Estado porque contraviene el principio de proximidad, y ha afirmado que es «imposible» cumplirla en los términos y plazos que se ha planteado.
Durante su intervención en el Consejo General de Servicios Sociales, Munté ha afirmado que la normativa «no respeta el principio de proximidad, clave en el modelo catalán de políticas sociales», ha informado al Conselleria en un comunicado.
La propuesta del Estado «tampoco tiene en cuenta la realidad territorial y al experiencia acumulada por los entes locales», ha dicho la consellera, que ha añadido que su aplicación devolverá a Catalunya a un sistema público de servicios sociales ya superado.
Ha advertido que el Estado «pretende alejar a los ciudadanos de la competencia de la atención, lo que dificulta una respuesta ágil y eficaz a sus necesidades y a la intervención comunitaria en beneficio de la cohesión social».
Además, ha recordado que el texto prevé que la Generalitat asuma las competencias de los entes locales antes de diciembre de 2015: «Este plazo resulta claramente corto y desproporcionado y es imposible de cumplir para Catalunya».
