Bienestar Social
Lorenzo presenta la nueva web de Servicios Sociales y la herramienta Socyal
El concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, presentó hace unos días la nueva web de su área, así como Socyal, una nueva herramienta de gestión de la atención social. “Se trata de dos nuevos instrumentos, que tienen conexión entre sí, y que facilitarán el día a día, tanto de los profesionales municipales como de los ciudadanos”, aseguró Lorenzo.
La nueva página, disponible a través de las webs (www.serviciossociales.coruna.es), se puede consultar tanto en gallego como en castellano e incorpora, mejora y amplia los contenidos del antiguo portal dedicado a este área. Las principales novedades son la oferta de un mayor número de contenidos, de funcionalidades y de servicios digitales cuyo objetivo, según Lorenzo, «es llegar a todos los ciudadanos de una forma sencilla, clara y accesible para que incluso puedan resolver trámites desde su propia casa». Así, en este espacio se dará una mayor cobertura a las noticias y actividades relacionadas con los servicios sociales, además de ofrecer información sobre las distintas actividades llevadas a cabo en los centros cívicos municipales. La web cuenta también con la descripción de contenidos, trámites y documentación necesaria de las prestaciones y servicios sociales. Por otro lado, también dispone de acceso a sitios web de redes sociales como Facebook y Twitter y de un espacio de suscripción a un boletín digital de noticias.
Atención social a través de Socyal
Miguel Lorenzo explicó que, tras más de dos años de intenso trabajo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del proyecto Avanza 2, el Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha la herramienta Socyal, que permitirá la gestión integrada de la atención social. «Se trata de un instrumento que presenta grandes ventajas para los trabajadores municipales con respecto a la tecnología que utilizábamos y que además acercará la administración al ciudadano», subrayó el concejal. En este sentido, Lorenzo informó de que Socyal permitirá la integración con otras bases de datos corporativas como el padrón municipal, el callejero o el registro, lo que facilitará la gestión y permitirá disponer de expedientes sociales por unidad familiar y a nivel individual más completos y ordenados.
«Para los profesionales supone un paso fundamental que incidirá en su trabajo diario ya que permitirá un ahorro de tiempo considerable al disponer de todos los datos en una única herramienta y se evitarán duplicidades”, aseguró el conejal. Además, Socyal también permitirá una gestión individualizada de su agenda de citas e incluso la gestión e información de los centros y espacios físicos dependientes de la Concejalía lo que permitirá, entre otras cuestiones, consultar su disponibilidad y hacer reservas.
Esta herramienta, conectada al nuevo portal web de Servicios Sociales, será la que permita a los ciudadanos realizar determinadas gestiones propias de una administración electrónica. De esta forma, un vecino podrá pedir, consultar y anular citas a través de la web, descargar impresos oficiales, realizar trámites o incluso consultar ciertos datos básicos de su expediente social (historia social individual). “En definitiva, nos acercamos a los ciudadanos y les facilitamos el día a día convirtiéndonos en una administración próxima y eficaz”, concluyó Lorenzo.
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid situándose el mayor porcentaje de estos vecinos entre los distritos de Puente de Vallecas (6,3 por ciento), Usera (6,2) y Villaverde (6,1), según reflejan en los últimos datos obtenidos desde la Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad, facilitados este jueves por el Ayuntamiento de Madrid.
La delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Dolores Navarro, ha presentado el primer plan de inclusión social para personas con discapacidad en la capital, para el que el Consistorio madrileño destinará 71 millones de euros.
Según la base de datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, en la capital había172.750 personas con discapacidad a 31 de diciembre de 2012 -un 8 por ciento más que en 2010-, de las que 88.697 son mujeres. El 55 por ciento muestra un grado de discapacidad que abarca la horquilla entre el 33 y el 64 por ciento.
Del total de estas personas, el 61,9 por ciento tienen discapacidad física (mayoritariamente mujeres, 55.101 y 51.771 hombres), es decir, por cada ocho personas con discapacidad cinco la tienen física. El 21,3 por ciento es psíquica, y en este caso son los hombres los que más presentan discapacidad intelectual, (9.293 y 6.569 mujeres) y más las mujeres con enfermedad mental, (11.067 y 9.870 hombres). El 16,8 por ciento padecen discapacidad sensorial (cinco de cada nueve son mujeres, 15.960 frente a 13.119 hombres). Del conjunto se desprende que la ratio por sexo es superior en mujeres con 51 por ciento.
Por edades, cuatro de cada nueve personas con discapacidad tienen más de 65 años (el 44 por ciento del total de personas discapacitadas) y a partir de esta edad aumenta la presencia de mujeres (cuatro de cada siete personas). El 51 por ciento de las personas discapacitadas se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 64 años, y el 5 por ciento son menores de 18 años.
Plan de inclusión social
Entre las medidas del plan presentado este jueves se incluyen cursos al personal municipal en materia de discapacidad, consolidar el incremento de las plazas reservadas en el programa Centros Abiertos en Inglés en todos los periodos vacacionales, más aulas de musicoterapia, aumentar el número de modalidades deportivas con atención a los tipos y niveles de discapacidad, mejoras en la movilidad incentivando la adquisición de taxis o instalando 600 reservas de espacio para vehículos de personas con movilidad reducida, conservando las 800 ya concedidas. También se incluye la necesidad de favorecer el autoempleo, con actuaciones como la de reservar empleo en los contratos administrativos municipales con otras empresas a trabajadores con una discapacidad superior al 2 por ciento.
El plan se ha organizado en cinco áreas (formación y sensibilización; participación activa de las personas con discapacidad; accesibilidad; empleo y empleabilidad, y prestaciones sociales), tres líneas de acción y 138 actuaciones que se desarrollan de un modo transversal y coordinado a través de las diferentes áreas municipales con presencia en el Consejo Municipal de la Discapacidad.
A destacar que, por primera vez en un documento de estas características, se contempla la evaluación del impacto de género de cada una de las medidas desarrolladas. De esta forma, al evaluar la idoneidad de las mismas se incluye un informe para garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad en el desarrollo del plan.
‘Sanitas Cuidado Activo’ permite a los mayores realizar actividades y fomentar la interacción entre ellos
El proyecto ‘Sanitas Cuidado Activo’ permite a las personas mayores pasar el día en los Centros Sanitas Residencial, donde se incorporan elementos que les «ilusionan», como actividades, juegos y excursiones, para fomentar la interacción entre ellos.
Este proyecto se está llevando a cabo en estos momentos en los centros madrileños Sanitas Residencial Las Rozas y Sanitas Residencial Mirasierra y en el barcelonés Sanitas Residencial Bonaire. Los servicios que ofrecen estos centros contienen un servicio de atención flexible, ya que es tanto «diurno, nocturno o incluso por horas», ha señalado esta empresa.
En este sentido, la jefa de Experiencia del Cliente de Sanitas Residencial, Carmen Abelanet, ha asegurado que «las actividades que se ofrecen en los centros de día están especialmente pensadas para ayudar a los mayores a mantener la actividad física y a fomentar las relaciones interpersonales, lo que permite que todos los mayores, personas perfectamente válidas y a perfiles que requieren cuidados asistenciales más específicos, puedan beneficiarse de sus ventajas».
Por su parte, el jefe de gestión asistencial de Sanitas Residencial, David Curto i Prieto, ha indicado que «está demostrado que la socialización en las personas mayores tiene efectos favorables en patologías como dolores articulares, control de las enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes». Además, ha apuntado que también ayuda a prevenir de «patologías de la esfera psico-social como la depresión, ansiedad o empeoramientos en los mismos».
Los propios ancianos son los primeros que están contentos con este tipo de iniciativas. El residente de 82 años de Sanitas Residencial Las Rozas, Francisco Casas, ha afirmado que se siente «más activo» y que le «encanta la gerontogimnasia», ya que le permite no tener ningún tipo de dolor. De hecho, ha asegurado que les «echa de menos» en el fin de semana y que tiene «más dolores».
La residente de 86 años de Sanitas Residencial Mirasierra, Natividad Sanz, ha admitido que está «muy contenta» de ir a este centro, donde realiza distintas actividades como jugar «al bingo», cantar «mucho», trabajar y hacer gimnasia. De este modo, esta anciana ha animado a «toda la gente que venga porque sienta muy bien».
De este modo, el programa de Sanitas Residencial está enfocado para que estas personas puedan realizar numerosas actividades tanto deportivas como, por ejemplo, de estimulación sensorial. Además, cada centro tiene una cocina propia, lo que permite que los mayores puedan realizar talleres gastronómicos para preparar «sus recetas favoritas».
Estos centro también son positivos para los mayores y sus familias, ya que ofrecen un ambiente familiar, algo que no suelen desconocer las familias, lo que les beneficia ya que el número y ritmo de sus actividades se va reduciendo según avanza la edad, tal y como ha asegurado Sanitas.
Sanitas Residencial fomenta en Cataluña la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social
Sanitas Residencial ha firmado un convenio de colaboración para trabajar en Cataluña en el Programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa”, con el objetivo es fomentar la incorporación de personas en riesgo de exclusión social al mundo laboral y promover acciones enmarcadas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.
Según ha informado la compañía de servicios de salud, este convenio ha sido ratificado por Javier Companys, director de Recursos Humanos de Sanitas Residencial, Marc Simón Martínez, director del área de la Integración Social de la Fundación “La Caixa”, y Faustino Gutiérrez, en representación de Salesians Sant Jordi, entidad participante en el programa.
A través de este acuerdo de colaboración, el programa Incorpora se compromete a prestar información y asesoramiento especializado a Sanitas Residencial acerca de subvenciones, ayudas a la contratación y creación de empleo para personas con dificultades para la inserción.
Concretamente, en Cataluña, la compañía de atención a mayores colabora, desde hace más de un año, en el programa Incorpora a través de la entidad Salesians Sant Jordi PES Martí-Codolar, ofreciendo prácticas laborales y formación a los jóvenes con conocimientos de hostelería y servicios. También han ofrecido contratos laborales para auxiliares de geriatría y cocina.
Sanitas Residencial, que participa en este programa desde 2009, mantiene convenios de colaboración con 160 organizaciones a nivel nacional y ya ha ofrecido prácticas o contratos de trabajo a casi un centenar de personas.
Recientemente, la compañía ha sido galardonada con el Premio Incorpora de la Obra Social “la Caixa” en una convocatoria autonómica organizada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, región donde Sanitas Residencial trabaja con más de 26 organizaciones.
Esther Díaz: «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia»
«No estamos de acuerdo con la nota. No vamos a decirle al Observatorio de la Dependencia cómo tiene que hacer su trabajo, porque son expertos y respetamos su independencia, pero sí creemos que no han utilizado los parámetros correctos. Por ejemplo, en Asturias, el gasto por habitante en dependencia es muy superior al que dicen».
La consejera de Bienestar Social y Vivienda no comparte el último suspenso que, tal y como adelantó EL COMERCIO, otorgó a su gestión el ente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se encarga de evaluar la ley. Un suspenso que es el décimo que recibe el Principado de los doce dictámenes realizados ya por el Observatorio.
Ante el último, correspondiente al análisis del desarrollo de la ley durante el último año, Esther Díaz rebate que el gasto asturiano en dependencia sea bajo. Todo lo contrario, afirma que «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia», como lo demuestran, dice, «los presupuestos consolidados y revisados por el Tribunal de Cuentas».
Así, afirma que en 2012, el coste que la dependencia tuvo en Asturias alcanzó «los 178 millones. De ellos, 127,8 fueron portados por el Principado. El resto, 22,6 los aportó el Estado, mientras que los beneficiarios, a través del copago, aportaron 27 millones».
Eso significa, «además de que el Principado quintuplica la inversión del Estado», que de las arcas regionales salieron «119 euros por habitante para la dependencia, mientras que el Observatorio, en su informe, nos adjudica 91,98 euros». Afirma Esther Díaz que la discrepancia se centra «quizás en la fuente que maneja el Observatorio. Nosotros no sólo dedicamos a la dependencia una única partida, sino que está repartido en diferentes capítulos y puede que no los hayan contemplado todos».
De haber recogido los 119 euros que la consejera asegura, «fueron el gasto real en 2012 y, también, en 2013, porque fueron cifras muy parecidas», Asturias habría logrado un punto y no un cero «en el apartado de gasto por habitante». Porque, de acuerdo al último dictamen del Observatorio de la Dependencia, el gasto medio en el país fue de 109,25 euros «con lo que nosotros estaríamos por encima de la media».
«Acabaremos con la espera»
Otros de los parámetros en los que hay discrepancia son los que valoran el número de solicitudes, beneficiarios y dictámenes por población, ya que Esther Díaz asegura que «no están ajustados a la realidad. Quizá eran importantes al principio, cuando la ley arrancaba, pero ahora está consolidada y no va a crecer la cifra de peticiones».
A juicio de Esther Díaz, lo importante es que «ante la posición del Gobierno central, que con su actuación hacía prácticamente inviable la ley, nosotros seguimos dando servicio y eso lo reconoce el Observatorio». Lo dice porque Asturias destaca como la cuarta comunidad española con más tasa de reposición el año pasado, del 9,52%, «cuando, en el resto del país, ha ido a la baja. Se ha paralizado».
Una paralización que, insistió, «no ocurrirá en Asturias». Lo demuestra, dice, también el aprobado por recortar el ‘limbo’ -personas con derecho, pero sin servicio- «será mejorado aún este año: el objetivo es acabar con la espera».
30.000 familias reciben prestación por dependencia en Madrid
En un acto celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y con la asistencia del consejero de Asuntos Sociales,Jesús Fermosel, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, la directora general de Dependencia, Carmen Balfagón, o el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, el presidente Ignacio González ha dicho que actualmente«la Comunidad de Madrid es la única región en la que la atención a las personas con algún tipo de discapacidad es plenamente gratuita». González además ha afirmado que la región presta los servicios a dependientes en un plazo menor al establecido por ley y que está en uno de los primeros puestos de prestación de servicios.
El presupuesto del Gobierno regional para la atención a la dependencia alcanza los 990 millones de euros, según indica una nota remitida por Asuntos Sociales. «Hace seis años, antes de la crisis, destinábamos el 73 por ciento de todo nuestro presupuesto al gasto social; hoy, destinamos un 90 por ciento», ha declarado González.
El acto institucional ha servido para presentar una guía para cuidadores que se distribuirá de manera gratuita en los centros de salud y que trata de resolver las dudas que le puedan surgir al familiar encargado del cuidado de un dependiente. Por ejemplo, el texto explica qué hacer en caso de caídas o los aspectos que hay que tener en cuenta para el aseo personal.
La Comunidad de Madrid tiene una red asistencial de 50.000 plazas en 500 centros. Los servicios más demandados son la ayuda a domicilio (que puede ser atención directa en el domicilio en tareas de limpieza o compra o acompañamiento a consultas médicas, por ejemplo), la teleasistencia (dispositivo móvil que utiliza el dependiente y que le permite estar en contacto permanente con un centro especializado) o las prestaciones económicas directas. Una beneficiaria de esta prestación ha participado en el evento contando su experiencia: «Mi madre acaba de cumplir 94 años y es beneficiaria de la ley de dependencia desde hace diez, gracias a la ayuda económica que recibimos podemos tener contratada a una persona para que esté con ella mañana, tarde y noche y nunca le falte de nada».
Más del 20% de personas mayores de 60 años sufre algún trastorno mental o neurológico
Más del 20% de las personas mayores de 60 años sufre algún trastorno mental o neurológico, sin contar las cefaleas, una proporción que aumentará en los próximos años porque se espera que hasta el año 2050 el número de mayores de 80 años se cuadruplicará.
Esta es una de las advertencias que han hecho hoy miércoles los expertos que participan en la primera jornada del simposio Impact of Ageing on Mental Health and Well-being que, organizado por B.Debate, el Parque Sanitario Sant Joan de Déu y la Fundación de Investigación Sant Joan de Déu, se celebra hasta mañana en el CosmoCaixa de Barcelona.
Los expertos debaten hoy y mañana los principales factores que intervienen en la salud mental y el bienestar durante el período de envejecimiento, las estrategias de prevención y de gestión para mejorar la calidad de vida de este grupo de población y el impacto económico y social que generan.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará en todo el mundo, pasando del 11 al 22%.
En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 a 2.000 millones de personas en el transcurso de medio siglo y, por primera vez en la historia, la mayoría de los adultos de mediana edad tendrá a sus padres vivos.
Tras constatar que más del 20% de las personas mayores de 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neurológico (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y que el 6,6% de la discapacidad en esta franja de edad se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso, los psiquiatras han indicado que la demencia y la depresión son los trastornos más comunes en esta edad.
Los especialistas no se han puesto de acuerdo en cuáles son los mecanismos responsables de los problemas de salud mental y bienestar en este tipo de población, ya que estos no sólo se asocian al proceso de envejecimiento.
Según los gerontólogos, otros factores externos presentes en este grupo de población son también responsables de este impacto, como la situación económica o determinantes sociales.
Lo que sí ha puesto de acuerdo a todos los asistentes es la necesidad de ejercitar un envejecimiento saludable, que se inicia con los hábitos saludables antes de entrar en la vejez.
Bienestar Social rebajará impacto del copago a dependientes con discapacidad
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha anunciado hoy en Avilés que su departamento trabaja en una nueva normativa, que se publicará próximamente, para rebajar el impacto del copago de las personas dependientes con algún tipo de discapacidad.
Esther Díaz ha participado hoy en la inauguración de la jornada «Encuentro de familias», organizada por la Federación de Asociaciones de Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (FEAPS), en el palacio de Ferrera, de Avilés.
La iniciativa anunciada por la consejera se suma a las ya puestas en marcha para minimizar el incremento del copago de las personas dependientes como consecuencia de las reformas del Gobierno de España.
La consejera de Bienestar Social ha insistido en que las medidas puestas en marcha por el Gobierno central iban encaminadas a la paralización de la Ley de la Dependencia, «y han significado un importante recorte en derechos y prestaciones a sus beneficiarios».
Esther Díaz también ha reivindicado la necesidad de que la futura Ley General del Tercer Sector de Acción Social incorpore las directrices europeas de contratación pública y concesiones.
Díaz ha explicado que esta medida favorecería un mayor margen a las administraciones en las adjudicaciones de obras, bienes o servicios, atendiendo a criterios sociales que facilitarían el posicionamiento de estas entidades en los procesos de contratación de las administraciones.
La titular de Bienestar ha trasladado a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, este posicionamiento del Gobierno de Asturias porque significaría reconocer el papel que las administraciones desarrollan en defensa de los derechos sociales de los ciudadanos.
La consejera de Bienestar Social y Vivienda ha realizado, posteriormente, una visita de obra a la reforma de la Casa del Mar de Cudillero, que está siendo rehabilitada para su adecuación como residencia de mayores.
Diputación valenciana prorroga programa de viajes sociales para atender las peticiones
La Diputación de Valencia y la Unión Hotelera han suscrito hoy la prórroga del programa por el empleo hotelero y el turismo social para poder atender todas las peticiones recibidas, unas 30.000, de las que 13.000 ya han realizado el recorrido turístico de costa e interior por la provincia.
La diputada provincial de Bienestar Social, Amparo Mora, y el presidente de la Unión Hotelera, Luis Martí, han firmado hoy la prórroga para este año, que dará continuidad al programa a partir de abril, dirigido a la tercera edad.
En 2013 se formalizaron más de 25.000 solicitudes a través de los ayuntamientos, muchas de las cuales se pidieron con posterioridad al mes de agosto, por lo que se llevarán a cabo durante este año.
El programa, dotado con tres millones de euros, persigue generar y mantener el empleo en las zonas turísticas durante la temporada baja, lo que supone desestacionalizar el turismo, «uno de los principales problemas» en la Comunitat Valenciana, ha manifestado Martí.
El plan ha permitido en 2013 el mantenimiento de entre 1.500 y 2.000 empleos en la provincia de Valencia tanto en alojamientos como en establecimientos hosteleros.
La ocupación en enero es «bajísima», del 30 % frente al 80 % en temporada alta, a excepción de la ciudad de Valencia, y el programa ayuda a que los hoteles no tengan que cerrar durante algunos periodos, y por tanto, no despedir a sus empleados.
Un total de 18 hoteles de costa e interior, con una media de un centenar de empleos cada uno, ha participado en el programa durante 2013.
La diputada provincial ha avanzado que la Diputación de Castellón ha mostrado su interés en el programa y en estudiar las fórmulas para aplicarlo en la provincia.
Esta extensión del programa en Castellón beneficiaría a Valencia al permitir el intercambio de viajeros entre ambas provincias.
Amparo Mora ha explicado que aun «quedan muchas personas» que han solicitado participar en el programa en sus ayuntamientos y que todavía no han podido realizar las rutas por la provincia.
El director del IMSERSO pide «sensibilidad» a quienes dicen que se «desmantela» el Sistema de Dependencia
El director general del Instituto de mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), César Antón, pide «sensibilidad social» y «rigor» en los datos a quienes afirman que el Gobierno «está desmantelando» el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia porque, según advierte, «hay personas y familias detrás».
En declaraciones a los medios, tras el acto conmemorativo del 25 aniversario del Programa de Termalismo Social, Antón ha reconocido que, aunque las cifras «no son satisfactorias –sobretodo las que se refieren a la lista de espera–, sí «animan a seguir trabajando».
«No se puede hablar de desmantelamiento de la dependencia cuando hay más personas atendidas en diciembre de 2013 que las que había hace un año», ha subrayado.
Asimismo, ha celebrado el «esfuerzo conjunto» de profesionales y comunidades autónomas, cuya «obligación –ha recordado– es trabajar por los dependientes y sus familias». «¿Tendrían que ser mejor los resultados?», se ha preguntado, para contestar acto seguido que «sí», aunque ha insistido en que «hay más personas atendidas» que hace un año y que los datos son «oficiales, públicos y publicados».
Según Antón, el balance de los dos últimos años es «bueno», pese a los momentos «difíciles»: Más de 220.000 personas han recibido nuevas prestaciones por dependencia; menos personas esperan a ser atendidas (190.000, casi un 34% menos que hace dos años); nuevas altas de afiliaciones a la Seguridad Social para servicios profesionalizados.
Preguntado por si hay prevista una reunión del Consejo Territorial de la Dependencia –integrada por responsables del Ministerio de Sanidad y responsables autonómicos en la materia–, Antón ha señalado que «no hay temas urgentes e imperiosos» para convocar este encuentro.
AECAS solicita al nuevo secretario autonómico que apueste por la coordinación socio-sanitaria para garantizar la viabilidad de la red asistencial pública a mayores
El presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés, ha solicitado al nuevo secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, que apueste por la coordinación socio-sanitaria para poder garantizar la viabilidad de la red socio-sanitaria pública de atención especializada para mayores y personas en situación de dependencia.
Penadés ha recordado que estas políticas permiten reducir el coste sanitario y agilizar la atención a este colectivo y que, con el impulso de la definición de recursos en las residencias de mayores todavía pendiente, se podría establecer un modelo con futuro y sólido para garantizar la calidad asistencial conseguida en la Comunidad.
Así, el hecho de que el nuevo Secretario Autonómico venga del mismo cargo en Sanidad se ha entendido como un paso adelante del Consell para afrontar algunas de las reformas necesarias para garantizar la viabilidad el sistema de atención socio-sanitario público, como es el caso de la citada reordenación del mapa de recursos, partiendo de los contratos públicos vigentes, o la implementación de acuerdos entre hospitales y residencias para reducir el gasto público sanitario manteniendo los servicios y la calidad asistencial.
Para Aecas, entidad que agrupa el 40% de las plazas de la red pública y concertada de la dependencia y el 99% de las plazas concertadas de capital privado, agrupadas en los planes de modernización del sector impulsados por la propia Generalitat Valenciana, es imprescindible apostar por un modelo asistencial sostenible y sujeto a compromisos públicos que aporten seguridad jurídica y garanticen la calidad en la atención de los mayores y las personas en situación de dependencia.
No obstante, el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha señalado que desde la patronal de los centros de accesibilidad estarán pendientes de que los cambios en la cúpula de Bienestar Social no sirvan de excusa para dilatar el citado proceso de reordenación de recursos y/o el pago de la deuda con el sector socio-sanitario.
Mayores retrasos de España
De hecho, la designación de Escolano se ha asumido como un intento del ejecutivo autonómico de refrescar la negociación con un perfil técnico y con conocimiento del sector, ya que pasa de la secretaría autonómica de Sanidad a la de Autonomía Personal y Dependencia, y cuenta con el respaldo del Vicepresidente del Consell, José Císcar, por lo que se espera que disponga de capacidad de maniobra con Sanidad, Presidencia y el área económica del Gobierno Valenciano, algo que no sucedía hasta la fecha.
En este sentido, Penadés ha destacado la accesibilidad y capacidad de diálogo de la ya ex secretaria autonómica, Manuela García, que espera se mantenga con Escolano, si bien, ha recordado que la capacidad operativa de Bienestar Social estaba muy mermada ante la insuficiencia presupuestaria y el estancamiento de la gestión de la atención a mayores y personas en situación de dependencia, lo que ha provocado una situación de discriminación frente a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Una situación de desamparo que ha provocado que la Comunidad Valenciana tenga el ratio de retrasos en el cobro mayor de España, con cerca de 9 meses de media, frente a los 3 que se registran en la mayoría de autonomías. Y que el sector, tras tres años sin un plan de pagos ni medidas efectivas para subsanar la deuda, carece de la estabilidad necesaria para garantizar la viabilidad de la red pública de atención socio-sanitaria. Por ello, Marcos Penadés ha incidido en la necesidad de retomar la próxima semana las reuniones para abordar la restructuración del mapa de recursos, negociar el futuro plan de pagos y el abono de la deuda restante, en las que espera esté el propio Manuel Escolano, tal y como se le solicitó el mismo día de su nombramiento.
Así, Penadés ha incidido en que es necesario establecer un nuevo punto de partida para todo el sector, que pasa no sólo por garantizar el cobro de los servicios en tiempo y forma, sino también respetar los diferentes modelos implantados, así como los concursos públicos y licitaciones vigentes. Y, en esta línea, el Presidente de Aecas recuerda que el sector ha mantenido las prestaciones y la atención con normalidad a pesar de la crítica situación en la que se ha visto inmerso por los impagos del Gobierno Valenciano. Si bien, lo que no se puede soportar es que los operadores, trabajadores y usuarios se vean abocados a vivir en la incertidumbre y la inseguridad jurídica porque la Administración no cumple siquiera los contratos administrativos firmados.
@Aecascomunica
Amade alerta de que el plus de transporte incluido en la base de cotización generará desempleo
La Asociación Madrileña de Asistencia a la Dependencia (Amade) alertó este jueves de que la cotización de las empresas a la Seguridad Social por el llamado plus de transporte generará desempleo en el sector de la dependencia, para el que la aplicación de la medida supondrá, solo en la comunidad madrileña, un gasto de más de siete millones de euros al año.
La aplicación del decreto que regula la cotización a la Seguridad Social por conceptos por los que hasta ahora no cotizaban las empresas conllevará para Amade un gasto de más de siete millones de euros al año, «teniendo en cuenta los ajustes que ya se han venido haciendo en los precios de plazas concertadas con la Administración y considerando que el 70% del gasto del sector es en personal», afirmó la entidad en un comunicado.
Según dijo, esta decisión del Gobierno «generará desempleo y podría suponer el cierre de muchas empresas ya agotadas financieramente tras largos años de crisis». Por todo esto, las patronales madrileñas han solicitado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) «se oponga rotundamente a esta medida», dadas las «graves consecuencias» que podría suponer su puesta en práctica.
Los mayores del centro de día Vitalia Ferraz (Madrid) crean su propio huerto para abastecer su taller de cocina
El centro de día de Vitalia Ferraz ha puesto en marcha una terapia basada en la horticultura, de manera que los mayores que acuden a las instalaciones pueden utilizar las hortalizas que cultivan en su huerto para su taller de cocina.
Según ha informado la organización en un comunicado, los mayores acuden a este centro recibir tratamientos del Método Hoffmann, un tratamiento rehabilitador y preventivo con beneficios físicos, cognitivos, psicológicos y sociales especializado en personas mayores y que se aplica en toda la red de centros de día Vitalia.
Mujeres entre 70 y 80 años han encontrado en este huerto ecológico una forma de sentirse útiles y que además les permite hacer ejercicio, mejorar su autoestima y el estado de ánimo, además de avances cognitivos, ya que la horticultura requiere de un esfuerzo de atención, concentración y memoria.
El director de Vitalia Ferraz, David Roa, ha señalado que «se trata de un huerto urbano de pequeñas dimensiones», pero que «mejora la situación física y cognitiva de los mayores que, además, se sienten útiles y encantados».
La opción pionera de este centro de día en Madrid de abrir también los fines de semana ha permitido dar un mayor respiro a las familias y cuidadores y además, gracias a iniciativas como el taller de horticultura, aportar a los mayores opciones de ocio para los sábados y domingos.
Bienestar Social reduce su deuda hasta los 60 millones de euros
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social ha equilibrado sus cuentas de manera significativa en el último año, reduciendo su deuda en más de 500 millones de euros. Así, según fuentes del Área que lidera Asunción Sánchez Zaplana, solo quedan pendientes de abonar unos 60 millones de euros a las residencias de mayores. El resto de las partidas están al día.
Precisamente, el pasado mes de noviembre, los centros para discapacitados cobraron 65 millones de euros. El resto de la deuda con el sector se saldó en diciembre, cuando llegó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y es que desde que Sánchez Zaplana aterrizó en Bienestar Social su objetivo fue pagar las facturas pendientes, para lo que se reunió con cada uno de los representantes del sector. Además, estrechó las relaciones con la Conselleria de Hacienda, para priorizar los pagos a los colectivos afectados.
Cabe recordar que durante el mandato de su antecesor en el cargo, Jorge Cabré, los dependientes, discapacitados y demás asociaciones se manifestaban casi semanalmente. Algunos centros incluso se vieron obligados a cerrar por los impagos. Las sucesivas ayudas económicas del Gobierno central han ayudado en gran medida a solventar esta situación, aunque todavía están pendiente de pago algunas facturas de los centros subvencionados de atención a personas mayores.
La lista de espera para la dependencia se reduce un 37,7%
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido este martes un balance bianual del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que arroja un descenso del 37,7 por ciento desde enero de 2012 en la cifra de personas en lista de espera para recibir una prestación o servicio.
Según explica en un comunicado, más de 305.000 personas estaban a la espera de prestación dentro del modelo de dependencia a 1 de enero de 2012 frente a las 190.503 que se encontraban esperando en las mismas fechas de 2014, el número más bajo desde que empezara a funcionar el sistema. El 22% de estas personas son grandes dependientes.
El director general del IMSERSO, César Antón, afirma que «más de 190.000 personas en la lista de espera siguen siendo muchas, por lo que entre todas las administraciones hay que seguir trabajando para que la atención que reciban sea lo más ágil y eficiente posibles».
En paralelo, se ha producido un balance positivo en el número de nuevos usuarios. En concreto, al cierre de 2013 se contaban 15.255 beneficiarios más que cuando terminó 2011, compensadas las altas y las bajas.
Otro de los datos que ofrece el departamento que dirige Ana Mato tiene que ver con el empleo. El balance indica que el 56,7% de las prestaciones que se conceden actualmente ya van destinadas a financiar la asistencia en el sector de los servicios sociales, un 2% más que a 31 de diciembre de 2011, lo que ha repercutido en la creación de puestos de trabajo.
«Había 335.929 afiliaciones el 1 de enero de 2013. Doce meses después, se corrobora un aumento hasta las 342.147, es decir, 6.218 más en un año», explica Sanidad, para aclarar, no obstante, que en enero de 2012 el registro era negativo, por cuanto se sumaron más bajas de empleados, 1.771 trabajadores menos dentro del sector.
Antón considera que «el Sistema avanza ya hacia su sostenibilidad» y que «se ha iniciado un cambio de tendencia que hará de la Dependencia un sistema robusto, viable y ágil».
En este sentido, destaca las reformas aplicadas sobre el SAAD, como la que obliga desde el 1 de enero de este mes a las comunidades autónomas a certificar mensualmente y por escrito las variaciones registradas en el sistema y, anualmente, el uso que han dado a los fondos que reciben del Estado para dependencia.
Más de 21.000 personas disfrutan ya de las ventajas de la Tarjeta del Mayor
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, ha afirmado hoy que un total de 21.056 personas mayores de la Comunitat Valenciana disfrutan ya de las ventajas que ofrece la Tarjeta del Mayor de la Generalitat.
En este sentido, ha manifestado su satisfacción «ante la buena acogida de esta iniciativa entre las personas mayores de la Comunitat Valenciana, que pueden acceder así a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, etc». Los beneficiarios pueden consultar el catálogo de servicios y establecimientos adheridos en la página web de la conselleria de Bienestar Social.
Por provincias, la de Alicante cuenta con un total de 4.084 tarjetas emitidas, la de Castellón cuenta con 2.100 tarjetas y en la provincia de Valencia 14.872 personas mayores ya disponen del documento acreditativo.
La consellera ha señalado que la Tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que pone de manifiesto «el constante esfuerzo del Consell por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ofreciéndoles una amplia variedad de recursos y servicios para dar respuesta a sus necesidades e inquietudes».
Asimismo, ha indicado que la conselleria de Bienestar Social destinará en 2014 más de 200 millones de euros para la atención asistencial y programas destinados a las personas mayores de la Comunitat Valenciana».
Empresas adheridas y tipología
Sánchez Zaplana ha explicado que un total de 413 empresas de la Comunitat Valenciana se han adherido ya a la tarjeta del Mayor, y ha añadido que «desde la conselleria de Bienestar Social continuamos trabajando para ampliar los beneficios para los usuarios de esta tarjeta».
Dentro de los comercios y empresas adheridos a la Tarjeta del Mayor figuran ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, cafeterías, tintorerías, fisioterapeutas, gimnasios, centros de estética, decoración y mobiliario para el hogar, podólogos, tiendas de moda, talleres de reparación de vehículos, zapaterías, panaderías, pastelerías, perfumerías, ferreterías, farmacias, funerarias, floristerías, herbolarios, empresas de reparación de electrodomésticos, residencias, centros de día, despachos de abogados, estudios de fotografía, entre otros.
La consellera ha agradecido la colaboración de «todas estas empresas que han decidido participar en esta iniciativa tan beneficiosa para las personas mayores», y se ha dirigido al resto de empresas y comercios de nuestra Comunitat para que se sumen a esta iniciativa.
Requisitos para acceder a este servicio
Pueden ser beneficiarias de la Tarjeta del Mayor todas aquellas personas de la Comunitat Valenciana que tengan 65 años cumplidos o 60 años y que sean pensionistas.
Para obtener la Tarjeta del Mayor, las personas mayores pueden dirigirse a las Oficinas Prop de la Comunitat Valenciana, a los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las tres provincias de la Comunitat, así como a los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM) y a los Servicios Sociales de los distintos municipios.
El Catálogo de Servicios de la Tarjeta de Mayor puede ser consultado en la página web de la Conselleria de Bienestar Social http://www.bsocial.gva.es. , que se actualiza mensualmente.
Por último, la consellera ha destacado la importante colaboración para la difusión de la Tarjeta del Mayor de las distintas asociaciones de jubilados y pensionistas de nuestra Comunitat, como las UDP de Alicante, Castellón y Valencia y la Federación CIMA de personas mayores.
Aprobada la reforma de pensiones sin consenso político ni social
El Pleno del Congreso aprobó el jueves 19 de diciembre, de forma definitiva, el proyecto de ley de la reforma de pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios.
De esta forma, la norma, que entrará en vigor el 1 de enero del 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, dónde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.
En el transcurso de estos debates, el grupo socialista y CiU, respaldados por el resto de la oposición, han vaticinado, en más de una ocasión, que la reforma «no tendrá larga vida» y será derogada cuando haya cambio de Gobierno.
Ante estos vaticinios, la portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y diputada Carolina España ha advertido de que si esto llega a ocurrir «volvería la ruina, el déficit, la congelación y el rescate» por lo que ha instado a la oposición a «arrimar el hombro».
En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP ha insistido, de nuevo, en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que ha asegurado que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.
Novedades
Con esta reforma, las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC si no en función de los ingresos y gastos del sistema y del aumento de los pensionistas. La ley fija un suelo de subida del 0,25 % para los años malos y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros y para 2014, el Gobierno ya ha decidido que la subida será del 0,25%.
Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad que añade un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas.
No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años. Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
Enmiendas
Durante estas semanas de debate parlamentario, la oposición ha escenificado, más de una vez, en ambas cámaras, su rechazo unánime al proyecto y su convencimiento de que el Ejecutivo albergaba con estas medidas una «maniobra» para «consumar la muerte del sistema público de pensiones». En este tiempo, el proyecto de ley solo incorporó cuatro enmiendas del PP. Una, la que elevaba al IPC más el 0,50% la subida de las prestaciones en época de bonanza; otra, que nombraba una autoridad fiscal independiente para valorar el índice de revalorización y dos más referidas a sendos informes quinquenales sobre los efectos de la ley en la suficiencia de las pensiones.
En esta polémica, los populares han insistido en que con esta reforma las pensiones nunca bajarán. «El barco se mantendrá siempre a flote» llegó a decir la ministra de Empleo en el primer debate en el Congreso. Además, los populares han sostenido que las medidas recogidas en la reforma son «absolutamente necesarias» para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas, que serán 15 millones en el año 2050.
Esta reforma no será la última ya que el Ejecutivo planea en un futuro sacar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) de la Seguridad Social. De llevarse a cabo esta medida se generaría un ahorro anual al sistema de 22.300 millones de euros, es decir, el 20 % del gasto total de las pensiones contributivas.
250.000 firmas para exigir que el cumplimiento la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de LAPAD y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas para exigir el cumplimiento de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en su séptimo aniversario.
Se trata de una iniciativa ciudadana ante la «demolición controlada» del Sistema de Atención a la Dependencia y las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno actual, que según alertan estas entidades, «ha impactado de manera cruel» en las personas en situación de dependencia, «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Por ello, piden a los grupos en la Cámara baja la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente –al menos del 50%– para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma ley.
Estas dos entidades alertan de que más de 200.000 personas se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’ –con el grado reconocido, que esperan a ser atendidos– y del «recorte de más de 1.000 millones de euros» –supresión del nivel acordado y reducción 13% nivel mínimo– y el «abandono» de los cuidadores familiares.
