Impagos
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
AVREP alerta que la deuda del Consell con el sector aumenta 3 millones de euros cada mes ante la pasividad del Gobierno valenciano
La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en la supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
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17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia
Los «presupuestos sociales» que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado en los últimos meses otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.
1. Tijeretazo presupuestario
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a «blindaje» en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.
Aun olvidando esta cantidad, las cuentas no cuadran si se considera que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la ley de dependencia.
2. Destrucción de la ley de dependencia
«Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, quedamos en manos de la caridad». Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.
Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros, que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.
«¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?», añade otra miembro de la plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. «No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja», apunta.
Gómez-Ocaña, maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de su padre es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.
3. Desmantelamiento de los servicios sociales
A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», cediéndolas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la ley de dependencia).
Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el panorama es absolutamente demoledor». Los servicios sociales son «el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias», recuerda en un comunicado.
4. Vía libre a la privatización
La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de «gestión indirecta». Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio en una entidad privada.
El Ayuntamiento de Galapagar (PP), en la comunidad de Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del proyecto de ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales argumentando que el objetivo es «abaratar los costes» y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como «imprescindibles» y denunciando que «su privatización busca siempre un beneficio económico».
5. Rentas mínimas inaccesibles
Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. En Madrid la espera ya es de 12 meses, por ejemplo. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.
Según la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.
«Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria», explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan las ayudas de emergencia, concretas, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega, y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.
6. Desvío de responsabilidades
Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos), negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están conformes con la idea de que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.
«No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios», explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que «la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas». Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: «Como hay pobres, vamos a darles de comer». Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.
7. La solidaridad del vecino
El paso « del Estado del bienestar a una sociedad participativa«, que defendió el rey de Holanda hace unas semanas, muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.
El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ‘Entre todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. Este espacio, que la cadena pública define en su web como «una red social de cooperación», muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.
Aerte cifra en más de 100 millones la deuda acumulada con todo el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), junto con la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), solicitará este viernes una reunión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cara a abordar el «desbloqueo necesario y urgente» de las cantidades pendientes de pago, que a día de hoy Aerte cifra en más de 100 millones de euros entre todo el sector de la dependencia de la Comunitat Valenciana.
En concreto, ha indicado en un comunicado, la deuda se divide en 44 millones correspondientes a los servicios públicos de gestión privada, pendientes de cobro desde noviembre de 2012; 40 millones de los servicios de accesibilidad social, pendientes de cobro desde diciembre de 2012; nueve millones correspondientes a los bono-residencias, pendientes de cobro desde enero de 2013; y 9,3 millones correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La directora de Aerte, María José Mira, ha apuntado que «la situación por la que atraviesan todos los centros y residencias, diez meses seguidos sin cobrar, se hace cada vez más insostenible a medida que la deuda se acumula», por lo que «tienen serias dificultades para pagar no sólo a sus profesionales, sino para poder seguir desarrollando unos servicios de asistencia de calidad a más de 22.000 personas dependientes en la Comunitat Valenciana, en su mayoría mayores y discapacitados».
María José Mira ha subrayado que, además, «muchos centros están pagando altos intereses a las entidades bancarias a las que, por falta de financiación de la administración, han tenido que pedir prestado, haciendo así mas insostenible su situación». «Raro es el día que no contacta algún asociado con nosotros por problemas de embargos o sanciones de hacienda», ha lamentado.
La situación del cobro al sector de la dependencia es «especialmente grave» en la Comunitat Valenciana, donde, según Aerte, el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior a la media.
«SITUACIÓN ASFIXIANTE»
«Esto, unido a que no se ha abonado la deuda integrada en la primera fase del plan de pagos a proveedores, junto al aplazamiento del pago de otra parte de la deuda establecida para la segunda fase de dicho plan, hace que la situación para muchas residencias y sus dependientes sea asfixiante», ha denunciado.
En este sentido, Mira ha añadido que «la administración central no puede dar la espalda a la Comunitat Valenciana, más aún cuando nuestras empresas han sido un referente a seguir por otras comunidades en distintos modelos de colaboración sociosanitaria con la administración».
Gobierno catalán dice que intensificará el diálogo con las entidades tras los nuevos recortes en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que intensificará el diálogo con las entidades sociales, tras anunciar que mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia –el departamento anunció en un principio que la suspensión sería solo en julio y agosto– y el recorte del 4,6% en los pagos a centros sociosanitarios con carácter retroactivo –un 0,25% del total de dinero público que reciben–.
«Tenemos un importante problema de financiación de todo lo que tiene que ver con la dependencia», ha admitido Munté en una atención a los medios, en la que ha reiterado que la ley de dependencia está infradotada por parte del Estado y la Generalitat realiza un sobreesfuerzo desde hace años para atender a todas las personas.
Preguntada sobre por qué anunció en un principio que la suspensión era solo de dos meses, cuando finalmente se ha prorrogada ‘sine die’, la consellera ha asegurado que se debe a que en julio no se conocía el techo de déficit que, a pesar de ser superior en el caso de Catalunya que el de otras comunidades autónomas, ha considerado «totalmente insuficiente e injusto».
Munté, que ha recordado que cada décima adicional de déficit suponía disponer de 200 millones de euros, ha precisado también que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no prevén partidas adicionales para el sector de la dependencia, y la aportación del Gobierno «no ha hecho más que descender», lo que hace imprescindible buscar soluciones para construir un modelo sostenible de atención, algo que se ha comprometido a hacer desde el diálogo constante con las entidades.
En todo caso, y en relación a las 17.000 personas que están en lista de espera en Catalunya para acceder a una residencia –según cifras de las entidades–, la consellera ha asegurado que ello no quiere decir que no reciban otro tipo de ayuda, y se ha comprometido a buscar soluciones y ofrecer otro servicio: «Nadie quedará desatendido», ha prometido.
Asimismo, ha evidenciado que las 11.000 plazas que ya existían en el sistema de prestación económica vinculada (PEV) –como se llama el programa ahora definitivamente suspendido y que permitía a dependientes sin plaza pública acceder a una residencia privada–, Munté ha precisado que se seguirán pagando.
La consellera, que ha señalado que el sobreesfuerzo de la Generalitat en el ámbito de la dependencia no puede ser ilimitado, ha desvinculado los nuevos recortes de una decisión tomada por motivos de ahorro económico, sino para «evitar problemas de sobreesfuerzo mayores», por lo que ha evitado cuantificar el coste para el Govern del mantenimiento de este programa.
Las residencias de mayores del sector social denuncian impagos por parte de siete comunidades autónomas
La Federación Lares, que representa a las residencias para mayores y dependientes gestionadas por entidades sociales –fundaciones, Cáritas y ONG–, denuncia en su último informe que hasta siete comunidades autónomas acumulan «grandes bolsas de deuda» con los centros residenciales por el impago de las plazas residenciales que tienen concertadas y que mantienen reservadas, se ocupen o no.
El nivel más «crítico» se da en Andalucía, donde la deuda supera los 14 millones de euros sólo para los centros de Lares y el pago de plazas, que debería abonarse a los treinta días, se está ejecutando con retrasos de hasta 4 meses. Para poder seguir funcionando, los centros han tenido que solicitar a los bancos anticipos de las facturas emitidas a la Junta, con un interés del 4%, así como pólizas de crédito.
En esta región, casi el 14 por ciento de las plazas concertadas con los centros Lares están vacantes y desde julio de 2012 «sólo se reponen las plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos», mientras las valoraciones están «prácticamente paralizadas y cuando se realizan reflejan índices a la baja». «El sistema está prácticamente paralizado, siendo los más afectados los usuarios sin acceso a los recursos que necesitan», explica el informe.
En Baleares, el nivel también se considera «crítico» en el informe. «Hay una importante deuda acumulada de 340.000 euros del impago de las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza (única de Lares con plazas concertadas) desde el 2011 y hasta mayo de 2013», explica la organización, para incidir en que ha sido necesario contratar una póliza de crédito de 500.000 euros. El peso de esta deuda puede «hundir» el centro.
RIESGO DE DESAPARICIÓN EN CANARIAS
En la misma línea, las Islas Canarias, con un nivel igual de «crítico» por el adeudo de hasta siete meses de plazas concertadas a los centros residenciales más pequeños. «Es este un volumen muy importante para su dimensión empresarial», explica el informe, para incidir en que, también en este caso, la deuda se soporta con la suscripción de pólizas de crédito «que conllevan intereses importantes».
«Así las cosas las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer: En la actualidad los mayores atendidos en ellas no llegan a las 100 personas y mientras, el diálogo con las Administraciones es absolutamente deficiente», dice el informe sobre Canarias, donde, según afirma, «la Ley de Dependencia está totalmente paralizada».
Mientras, en la Comunidad Valenciana, los centros aún no se han recibido los importes correspondientes al 2013, es decir, el 60% del importe de las plazas concertadas, y se acumula una deuda «importante». Por un lado, los centros asociados a Lares de titularidad municipal tienen pendiente desde 2012 recibir 270.000 euros. Por otro, se adeuda a todos los centros 5,5 millones de euros por las plazas concertadas desde enero del 201) y 527.000 euros de subvenciones para equipamiento desde 2010.
Asimismo, en Castilla La Mancha se deben entre 3 y 4 meses tanto en los conciertos como en las residencias que funcionan por convenio, aunque está previsto que se salden con los mecanismos de pago a proveedores que están en marcha. En Extremadura, por su parte, las plazas se pagan en un plazo de dos a tres meses y se acumula una deuda actualmente de 12.000 euros, y en La Rioja, donde los pagos son a 90 días, se acumulan 3 meses de retraso, según el informe.
PLAZAS VACANTES, DEPENDIENTES INFRAVALORADOS
«La crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes», señala Lares, Lares, que agrupa a más de 950 entidades en las 17 comunidades autónomas.
En este sentido, denuncia que la reforma de la Ley de Dependencia por la que se suprimieron los niveles intermedios que se utilizaban para clasificar la situación de la persona necesitada de atenciones, ha desembocado en «una extendida tendencia a la baremación a la baja» por lo que un beneficiario con gran dependencia es catalogado, por ejemplo, con un grado medio y quien estaba en esta situación, a su vez, puede ser considerado moderado.
Lares sostiene que esta medida «provoca que los centros perciban importes inferiores al coste de la atención real que prestan» a los dependientes que están ingresados en ellos. «En Aragón, por ejemplo, apenas hay mayores valorados con el Nivel III (Gran Dependencia)», explica el informe.
Otro de estos «desajustes» que señala la organización es la desocupación de plazas residenciales por la falta de reposición de los dependientes que fallecen. Según explica el informe, en Aragón el 46% de las plazas concertadas en centros Lares está vacante y las plazas por defunción no se cubren desde el 2010. Mientras, las plazas vacías en Andalucía son el 14% y no se producen reposiciones desde julio de 2012.
Asimismo, refiere una «bajada o congelación extendida en los precios de las plazas concertadas», aunque las Administraciones muestran cierta tendencia a flexibilizar parámetros como ratios de personal y de servicios que ayuden a los centros a soportar estas bajadas de precios. En algunas comunidades, en cambio, los precios de las plazas concertadas han subido ligeramente como es el caso de Asturias (1%) y Euskadi con un porcentaje cercano al 5%.
Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».
Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.
El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.
Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.
A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.
Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.
22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.
En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.
También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno, se ha «renegociado» el contrato y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.
14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER
Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.
Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.
Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.
El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.
AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas
En la Jornada organizada por CIERVAL “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” celebrada hoy en su sede de Valencia, AERTE y la FED reclaman urgencia para impulsar nuevas fórmulas de colaboración sociosanitarias público-privadas.
El pago efectivo de la deuda pendiente, más de 50 millones acumulados al sector por parte de la administración central y autonómica; mayor coordinación sociosanitaria; la potenciación del turismo de salud o la colaboración entre centros y hospitales, principales reclamaciones para dinamizar el sector y colaborar en la reactivación de la economía.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) a través del presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha participado esta mañana en la jornada organizada por CIERVAL que con el título “Colaboración Público-Privada ¿respuesta a la crisis?” en la que se ha reflexionado sobre el papel de la administración y las empresas en la gestión de los servicios públicos.
Desde la patronal de la dependencia se ha expuesto el papel cada vez más importante que supone el sector de la dependencia para afrontar la crisis económica por su carácter generador de empleo, las residencias crean un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y por propiciar retornos directos e indirectos que estimulan el tejido productivo y favorecen la reducción del déficit público. Además, se ha apuntado que el sector garantiza de una forma eficaz la atención sociosanitaria a personas dependientes que crece de forma continuada: diariamente se atienden, sólo por los profesionales asociados a AERTE, a más de 24.000 personas (la mayoría, mayores y discapacitados).
Por ello, se ha reclamado una mayor implicación y compromiso efectivo de las administraciones públicas tanto central como autonómica en aquellos retos esenciales para la sostenibilidad del sector: retos como la agilización del pago de las prestaciones y el reconocimiento de la situación de dependencia a las personas con derecho a ser atendidas; el pago por parte de la administración central y autonómica de la deuda acumulada a los centros que en estos momentos asciende a más de 50 millones de euros; la aplicación real de la Ley de la Dependencia o la compleja arquitectura financiera que genera efectos barrera para la sostenibilidad del sector.
Alberto Echevarría ha recordado el excelente nivel de cualificación de los profesionales del sector y felicitó a la Comunidad Valenciana por haber sido y ser pionera en muchos aspectos con iniciativas que hacen que sea imprescindible la colaboración público-privada. Programas como el Bono Residencia, del que hasta la fecha se han beneficiado miles de personas y cuyo modelo ha sido referenciado por autonomías, la eficacia con que se administra el material fungible a través de una central de compras centralizada en la misma Conselleria o la forma en que se ofrecen los servicios de farmacia en algunos de los centros proporciona a la Comunidad Valenciana un espacio relevante en el mapa nacional de la dependencia. Aspectos que otras comunidades replican y que, sin embargo, en su aplicación son más eficaces.
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia ha alabado que la Comunidad Valenciana sea un territorio atrayente para el sector turístico pero ha remarcado que “deberíamos aprovecharlo como plataforma para el desarrollo de proyectos como el turismo de salud, una idea emprendedora que necesita apoyo para poner en marcha políticas internacionales que lleven a la firma de acuerdos bilaterales con otros países que sí saben valorar la calidad de nuestros servicios, nuestros centros y la profesionalidad de nuestros trabajadores”.
Otra idea expuesta por Echevarría ha sido la de impulsar la coordinación sociosanitaria mediante la colaboración entre centros sociosanitarios y los hospitales en aspectos como la reducción de la estancia media en hospitales, derivando a los pacientes a centros donde el nivel de profesionalidad y atención no tiene nada que envidiarles.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector y es la única autonomía española que tiene retrasos en los pagos superiores a 9 meses
Se ponen en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo no deslocalizables en los 25 municipios en los que dan servicios estas empresas.
La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector que engloba a las empresas de atención socio-sanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, la ratio más alta de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la propia Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).
Desde la Entidad, se considera inadmisible que se mantenga una deuda con los operados que gestionan los centros públicos, máxime cuando esta gestión está regulada por contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, que se licitan mediante concursos públicos por periodos de 4 años, y que cuentan con una asignación y partida presupuestaria plurianual validada por la Intervención.
Si bien la realidad, tal y como se denuncia desde AVREP, es que, mientras que la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta 12 meses de impagos a las entidades que atienden a los mayores y las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas vinculadas a residencias públicas. Ver Anexo I (mapa).
En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas se ha reclamado al Gobierno Valenciano que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012, dado que éstos no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el 6 de septiembre, y que teóricamente estaba destinado a cubrir los impagos que mantenía la Generalitat Valenciana hasta el 30 de abril de 2013.
La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, dado que la situación se ha convertido en insostenible para muchos de los gestores, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Desmantelamiento de la red pública
El incremento mensual de la deuda y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno Valenciano ha provocado que la red pública de atención a personas en situación de dependencia pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias.
La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97% de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.
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La Junta de Andalucía garantiza que abonará las deudas a empresas y familias por dependencia
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este martes que la administración autonómica abonará las deudas a empresas y familias por el servicio de dependencia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha querido dejar clara la apuesta de la Junta por la dependencia y por lo que supone para muchas familias ese cuarto pilar del estado del bienestar, al tiempo que ha garantizado que la pretensión es mejorar, sabiendo las enormes dificultades impuestas por el Ejecutivo de la nación, con medidas que vienen a recortar todas las conquistas que se habían logrado.
Además, ha manifestado que la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, lo primero que ha hecho es plantear un plan de pago en la línea de poder atender esas deudas que se tienen y que no se han podido abonar en su momento.
Vázquez ha recalcado que hay una voluntad política, evidentemente, de sufragar el pago para que el sistema siga funcionando, porque la dependencia es un pilar irrenunciable.
También ha señalado que la Junta entiende el malestar de empresas y de familias que ven que les llega el dinero con cierto retraso. «Pero les llegará y no es solo una cuestión de voluntad política, sino de convencimiento y de apuesta firme por las políticas de dependencia», ha sentenciado.
Discapacitados intelectuales protestan contra los recortes en Cataluña
Representantes de la plataforma de discapacitados intelectuales Dincat, que representa a 310 entidades con más de 30.000 usuarios, protestará este miércoles ante la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña contra el recorte del 20% en el Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda, del que se benefician actualmente 650 personas en Cataluña.
El objetivo de la protesta es intentar revertir el tijeretazo, que el Govern ha aplicado con efectos retroactivos desde enero, algo que afecta a la viabilidad de las 44 entidades que actualmente gestionan este programa, ha informado este lunes Dincat en un comunicado.
El Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda es «fundamental» para la plena inclusión de los discapacitados intelectuales ya que les permite independizarse y tener un proyecto de vida propio.
La cuarentena de entidades que llevan a cabo este programa ponen a disposición de los beneficiarios equipos de personas que les ofrecen apoyo en áreas como el cuidado personal, la resolución de trámites y gestiones administrativas y la organización de la economía personal y doméstica, entre otras.
Hasta ahora, la subvención era de 626,35 euros mensuales, que tras el recorte se ha reducido a 500 euros, cifra que «dificulta claramente la viabilidad del programa», según Dincat.
La patronal AERTE sigue a la espera de una solución a los impagos
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), tras haberse reunido esta mañana con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, sigue a la espera de un compromiso y de la firma de una regulación segura de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa.
La Administración valenciana se compromete a que no aumente la deuda actual con un mecanismo de pago mensual.
Aerte, que había solicitado a las administraciones valencianas un plan de pagos que pueda garantizar la sostenibilidad del sector, sigue sin una contestación clara ni con la seguridad de que se vaya a afrontar la deuda que mantiene con la administración, aunque desde las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda se han comprometido a que no se eleve la deuda contraída desde 2012 mediante un mecanismo de pago mensual que podría estar listo a finales de este mes.
Desde la patronal valenciana le han insistido a las administraciones que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat Valenciana y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a las facturas desde octubre de 2012. Cabe recordar que estos centros atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y dan empleo a más de 3.000 profesionales.
Por otra parte, Aerte le ha solicitado una vez más a la Administración que es necesaria la ordenación del sector con iniciativas como la existencia del mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario con un presupuesto que se distribuya equitativamente entre ambos programas, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Por último, desde la patronal valenciana han insistido en la necesidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.
La Generalitat valenciana adeuda más de 35 millones de euros a los centros de atención a dependientes
El viernes 13, Aerte se reune con las consellerías de Hacienda y de Bienestar Social. Los centros sufren también las bajas de los residentes que esperaban el pago de su dependencia reconocida, y no llega.
En junio, la Generalitat se comprometió con Aerte, la asociación que aglutina a la mayoría de estos centros, a pagar en agosto toda la deuda de 2012. Pero no ha sido así. Ha habido algunos pagos, pero no el total. Con la suma de todo 2013, la deuda es ya de más de 35 millones de euros. La presidenta de Aerte, Mª José Mira se reune el próximo viernes con los secretarios autonómicos de las consellerías de Hacienda, Eusebio Monzón y de Bienestar Social, Álvaro Cuadrado.
A esta situación tan grave, se une el drama de las personas que tienen reconocido un nivel de dependencia y el cobro de una ayuda, y no la han cobrdo núnca. Aerte denuncia que once mil expedientes se encuentran en esta situación. Muchos de ellos, que han venido pagando la residencia como adelanto de lo que tenían que recibir, ya no pueden pagar más, y están abandonando las residencias.
La reforma de la dependencia ha tenido «efectos devastadores»
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado que la reforma de la Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno en julio de 2012 ha tenido «efectos devastadores», tras un año de la aprobación del texto.
Según los portavoces de la organización, la medida ha «consolidado la dinámica de destrucción paulatina del sistema» y ha «impactado» en las personas dependientes «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Así, han acusado al Gobierno de «hacer un alarde de manipulación de datos sin precedentes» y de ofrecer información «mentirosa» cuando afirma que el número de desatendidos por los servicios sociales de atención a la dependencia bajó en más de 25.000 personas entre enero y julio de este año.
En este sentido, destacan que se trata únicamente de una «verdad a medias» y critican que el Gobierno no ofrezca los datos relacionados con la evolución del número de personas atendidas por estos servicios y que, según han indicado, «no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que va de 2013».
En la misma línea, señalan que la explicación de la reducción en 100.000 personas desatendidas que el ministerio afirma haber logrado proviene de «aquellos a quienes se cercenó el derecho a atención» y de los que han muerto «sin haber sido atendidos por el sistema».
Por otra parte, aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto la reducción de las prestaciones económicas de las 400.000 personas atendidas por el sistema y que 158.830 cuidadores familiares hayan dejado de cotizar a la seguridad social por la labor que realizan, también ahora, «pero sin ninguna cobertura».
También apuntan a una reducción, no solo de las personas desatendidas, que relacionan con un descenso de las personas con derecho a las prestaciones, sino también de las personas atendidas. En este sentido, señalan que de enero a julio de 2013, el sistema de atención a la dependencia se ocupa de 7.173 personas menos.
Por último, han criticado la supresión de los niveles convenidos de financiación a las Comunidades Autónomas para la atención a personas dependientes y aseguran que la ley «dilata los plazos hasta la desesperación» e influye en la destrucción de empleo del sector de servicios.
Patronales de residencias de mayores piden a Junta andaluza no dejar de pagar plazas reservadas por cuestiones económica
Diferentes patronales de residencias de mayores han solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden que ha iniciado la Consejería de Salud y Bienestar Social con el propósito de «dejar de pagar» las plazas reservadas en los centros para mayores «por falta de dinero» porque con ello «menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales».
Según ha informado a Europa Press el presidente de una de estas patronales, la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación propuesta por Salud se permitiría a las residencias bajar el ratio de residentes autorizados en función de la población, cuando Andalucía cuenta sólo 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8.
Este hecho desencadenaría, según Olmedo, la pérdida de «unos 2.000 puestos de trabajo» en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque «la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando esta suba volver a contratarlos nos costaría el collar más que el perro».
Según la patronal del sector, el proyecto de orden de la Junta consideraría vacía una plaza, y por tanto la dejaría de pagar, cuando el residente supere los cuatro días de permiso de fin de semana o vacaciones fuera de la residencia o bien cuando el titular se encuentre hospitalizado.
Olmedo ha criticado especialmente este aspecto, ya que ha puesto de manifiesto que «las personas mayores con frecuencia están en el hospital y cada vez que estén ingresados la Junta dejará de pagar esa plaza, pero al mismo tiempo estará reservada y no podrá entrar otra persona».
«UN AÑO MUY DIFÍCIL»
Según ha subrayado, esta nueva orden se produce durante un año «muy difícil», ya que hay más de 2.800 plazas sin ocupar y «este asunto está afectando de manera importante», sobre todo porque la mayoría de las residencias están en entornos rurales.
Asimismo, «se están llevando a cabo traslados de los pueblos a las ciudades, hay personas que están en pueblos porque cuando solicitaron la plaza no había sitio en la ciudad, y cuando hay sitio en las ciudades son trasladados», lo que se traduce en una despoblación de las pymes en los pueblos y supone «un problema grave», ha destacado Olmedo.
Sin embargo, a pesar de las 2.800 plazas vacías, la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada por la Junta asciende a más de 40.000 personas, según los datos aportados por las patronales.
AERTE solicita una reunión urgente con las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda para buscar una solución
El Gobierno deja fuera del Mecanismo de Pago a Proveedores a los centros de dependencia de titularidad pública al que se comprometió la Generalitat Valenciana.
La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas con dependencia y/o discapacidad. El promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces superior en la Comunidad Valenciana.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ante la exclusión del compromiso por parte de la Generalitat de introducir el pago pendiente a los centros de titularidad pública dentro del primer tramo del Mecanismo de Pago a Proveedores, desea manifestar que:
– La Conselleria de Bienestar Social debe más de 50 millones de euros a los centros de atención a dependientes de titularidad pública. Esta cantidad corresponde a todas las facturas desde octubre de 2012 que, en algunos casos, incluso se remontan a meses anteriores
– Que a pesar de ser debido a directrices del mismo mecanismo de pagos establecido a nivel nacional y de los esfuerzos efectuados desde la misma Conselleria de Bienestar Social por cumplir con el compromiso adquirido con estos centros, la situación en la Comunidad Valenciana es la más grave de toda España, ya que el promedio de tiempo sin cobrar es cuatro veces por encima de la media.
– Esta situación supone un importante agravamiento para la continuidad de estos centros de titularidad pública que atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y da empleo a más de 3.000 profesionales. Algunos de ellos ya no cobrarán, de nuevo, sus nóminas de agosto y la mayoría de ellos las de septiembre si no se abonan las cantidades comprometidas por Conselleria y ante la dificultad añadida de poder negociar con entidades financieras el adelanto de financiación para la supervivencia de los centros.
– Ante la insostenibilidad total que supone el impago continuado y la falta de ejecución de los diversos compromisos de pago adquiridos por la administración valenciana, Aerte ha solicitado por vía de urgencia una reunión a la consellera de Bienestar Social y al conseller de Hacienda y Administración Pública con el fin de encontrar las fórmulas que permitan un compromiso serio y en firme para poder incluir, tal y como se comprometió la Conselleria de Bienestar Social, la deuda acumulada dentro del Mecanismo de Pago a Proveedores.
– Aerte, patronal del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana y única asociación que representa a las empresas que gestionan centros de titularidad pública, ofrece una vez más la máxima colaboración a la Administración valenciana para trabajar de forma conjunta a favor de la sostenibilidad de un sector que aglutina, solo en la red de Aerte, a más de 10.000 profesionales y más de 200 centros que atienden día a día a más de 22.000 personas.
Sanidad asegura que ha satisfecho pagos a Cataluña para financiar dependencia
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que ha satisfecho el pago que cada mes recibe Cataluña para financiar la ley de dependencia, una cantidad que asciende a los 121,5 millones de euros en el primer semestre del año.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio, han respondido de esta manera al anuncio de la Generalitat de Cataluña que ha culpado al Estado de incumplir la financiación prevista en la ley y ha anunciado que suspenderá durante dos meses las nuevas prestaciones para pagar las residencias.
En concreto, la Generalitat ha decidido suspender durante ese periodo y de manera transitoria nuevas entradas de beneficiarios de prestaciones económicas para pagar plazas de residencias geriátricas, previstas en la ley de dependencia, debido a la precariedad de sus finanzas.
Las fuentes de la Secretaría de Estado han insistido en que la parte de la financiación que el Estado debe destinar a las comunidades autónomas, según la legislación, el denominado nivel mínimo, ya ha sido entregada mes a mes a Cataluña.
En concreto, el Estado ha destinado a Cataluña 15,5 millones de euros en el mes de enero; 22,7 millones en febrero; 31,7 millones en marzo; 17,9 millones en abril; 14,9 millones en mayo; y 18,8 millones de euros en junio.
Las fuentes han indicado que la aportación del Estado a las comunidades autónomas depende del número de beneficiarios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por lo que si la aportación a Cataluña ha descendido en los meses de abril y mayo ha sido porque esta comunidad no ha incorporado nuevos dependientes.
En total, esta comunidad cuenta con 139.117 beneficiarios.
Cataluña es tras Andalucía la comunidad que más dinero recibe del Estado para financiar la ley, subrayan las fuentes, que han hecho hincapié en que la gestión de la dependencia es competencia «exclusiva» de las autonomías.
En este sentido, subrayan que el autogobierno conlleva marcar prioridades en las políticas de gasto y, en este caso, de políticas de inversión social, por lo que «quizás la Generalitat debería plantearse» reorientar sus fondos «a las personas que más lo necesitan».
Desde el Ministerio, añaden las fuentes, «se hace un esfuerzo» para hacer sostenible la ley de la dependencia y entre otras medidas han señalado que hace pocas semanas se aprobó el plan de pago a proveedores por lo que la deuda de los conciertos con las residencias de ancianos estará cubierta.
