Impagos
Discapacidad. Todos los cermis autonómicos se movilizarán el 1 de diciembre
Los 19 Cermis Autonómicos llevarán en próximo 1 de diciembre la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ a todo el país, para reclamar los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias y en protesta contra los recortes sociales.
Según informó en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de este modo las plataformas territoriales de la discapacidad continuarán en diciembre de 2013 la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’, que tuvo su inicio el 2 de diciembre de 2012, encabezada por el Cermi Estatal y que se tradujo en una marcha cívica que reunió a más de 90.000 personas en Madrid.
La estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ puesta en práctica por el Cermi consiste en una campaña permanente de presión política para contrarrestar los retrocesos de derechos, de inclusión y de bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias, como consecuencia de la crisis y las decisiones políticas de recortes económicos y sociales.
«‘SOS Discapacidad’ tiene pues su continuidad en 2013 en los territorios, culminando el día 1 de diciembre, antevíspera del día internacional de la discapacidad, en sendos actos cívicos en todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, como expresión de la movilización de la discapacidad organizada por sus derechos, inclusión y bienestar», indica el comité.
Munté abonará la mayor parte de su deuda a las entidades sociales esta semana
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha anunciado este viernes que su departamento pagará la semana que viene –el 20 y 21 de noviembre– cerca del 70% de los 70 millones de euros que la Generalitat debía a las entidades sociales y mercantiles en julio de 2012.
Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, Munté ha remarcado que la segunda fase del pago está prevista para 2014, según ha reiterado en la inauguración en Lleida de las nuevas instalaciones de la Asociación Antisida
«Nos felicitamos de que finalmente lleguen estos pagos aunque consideramos que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo por el camino», ha afirmado la consellera, en un acto en el que han participado el alcalde, Àngel Ros y el presidente de la Diputación, Joan Reñé.
PEDERASTA DE CASTELLDANS
Munté ha evitado concretar la evolución del expediente abierto por su Conselleria a la Fundació Concepció Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados por la Generalitat del presunto pederasta de Castelldans detenido en junio.
«Sobre eso no contestaré, no hay ninguna novedad», ha señalado la consellera a los periodistas que le han preguntado sobre el caso, precisando que este viernes se había desplazado a Lleida para otras cuestiones.
Lo ha dicho en alusión a la sede de la Asociación Antisida y a los actos de Asociación Down Lleida, que este viernes ha entregado los premios anuales a las empresas que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Las cifras de la dependencia tras el tijeretazo de 2012: 100 millones más de gasto, 40.000 ayudas menos
El BOE recoge las cuentas de 2012 del Instituto de Mayores y Servicios sociales, encargado de gestionar las pensiones no contributivas y las de invalidez, las ayudas a la dependencia y los programas para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, entre otras partidas. En total, el organismo ha gastado más de 5 mil millones (mil más que en 2011) entre el pago de ayudas, subvenciones y pensiones y su funcionamiento ordinario (nóminas, suministros). Detallamos algunas de las cifras más significativas:
1. Las personas que recibieron el nivel mínimo de protección establecido en la ley de dependencia fueron 751.364, 10.000 más que en 2011. Pero en realidad el número de beneficiarios es menor de lo que marcaba la previsión inicial: 790.000 personas. La memoria de las cuentas lo justifica por el «descenso de nuevos reconocimientos» por parte de las comunidades autónomas, es decir, porque aprueban menos nuevas altas de las esperadas.
2. El recorte de estas ayudas para cada grado y nivel, tras el tijeretazo incluido en el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, fue de un 13%. Pese al recorte y a que el número de beneficiarios no cumplió las expectativas, el gasto en ayudas del nivel mínimo de protección fue de 1.404 millones, 117 más de lo presupuestado, ya que el Gobierno suponía que el gasto se iba a mantener estable con respecto a 2011 (1.280 millones).
3. Los cuidadores no profesionales (familiares o cercanos sin trabajo que reciben una ayuda por hacerse cargo de una persona dependiente) que firmaron el convenio para que ese trabajo cotizara en la Seguridad Social fueron 23.933, cuando la previsión era muchísimo mayor: de 193.000 personas. ¿A qué se debe ese desajuste entre las previsiones y lo que finalmente ocurrió? Hasta el 1 de agosto de 2012, esos cuidadores cotizaban a la Seguridad Social a cargo del Estado. A partir de entonces, gracias de nuevo al recorte aprobado en julio, si querían cotizar debían pagar el 85% de su bolsillo (a partir del 1 de enero de 2013 pagan el 100%). Además, la paga que recibían por cuidar de sus familiares también sufrió un drástico recorte.
4. Buena parte del presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se destina a pagar laspensiones no contributivas y las pensiones por invalidez, que sumaron 2.152 millones en 2012, 29 más que en 2011.
5. A cierre de año, en España recibían pensión por invalidez 194.896 personas (casi 200 más que en 2011) y las pensiones no contributivas sumaban un total de 250.382 (3.000 menos que en 2011).
Más de 9000 trabajadores se concentran a la puertas de los centros socio-sanitarios para exigir el cobro de sus sueldos a la Generalitat Valenciana
El Gobierno autonómico debe casi 110 millones de euros al sector de las residencias y centros de atención a personas mayores, tras casi un año sin pagar a los operadores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Más de 9.000 trabajadores se han concentrado hoy a las puertas de 300 residencias y centros de día de Alicante, Castellón y Valencia para exigir a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda que mantiene con el sector desde hace casi un año, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de estos trabajadores.
En cada una de estas concentraciones se ha leído un comunicado en defensa de la red socio-sanitaria y de los salarios de los trabajadores, especialmente de los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina desde hace ya varios meses. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
A fecha de hoy, se acumulan ya más de 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, cifra que se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación. En total, la deuda que mantiene el Consell con los operadores afecta a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes.
En este sentido, desde la plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a servicios profesionales y una calidad contrastada, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos.
Por ello, las concentraciones de 5 minutos realizadas hoy, primeras de un calendario de actuaciones que prevé manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, ha sido seguida por el 100% de los centros vinculados a las asociaciones mayoritaria del sector.
Reivindicaciones legítimas
Por otra parte, los portavoces de cada centro han destacado en sus intervenciones la necesidad de un compromiso por parte la Generalitat valenciana “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Del mismo modo, han señalado que, después de casi tres años de impagos, “no se puede esperar más” y, por tanto, han afirmado que “no se abandonarán las movilizaciones hasta conseguir que el President de la Generalitat se reúna con nuestros representantes y los de las empresas y dé respuesta a nuestras legítimas reivindicaciones”. En esta línea, en las intervenciones se ha exigido que la Generalitat Valenciana que “de el mismo trato en cuanto a pagos que a otros servicios básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.”
Además, los portavoces han emplazado a los representantes de los centros, trabajadores y familiares a apoyar las movilizaciones previstas para el día 18 de noviembre, frente a la Consellería de Hacienda, en Valencia; y frente a las delegaciones de gobierno, en Castellón y Alicante. Asimismo, han advertido que, de no mediar una solución, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores.
Como muestra de las concentraciones de hoy, una representación de delegados sindicales de las empresas operadoras se ha concentrado esta mañana ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia para reclamar el pago de la citada deuda y presentar un nuevo paquete de quejas de los trabajadores al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al igual que hicieron la semana pasada cuando entregaron un primer paquete de 4.000 reclamaciones de profesionales del sector.
El gasto en dependencia disminuye y el plazo para las ayudas se incumple
El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.
Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.
Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70% del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.
Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.
A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.
El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que «ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo» (antes el plazo era de once meses).
En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.
El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.
En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.
Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.
En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.
Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado «sustancialmente», aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que «el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia».
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a «la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros», afirmó que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, «la crisis no fue la causa fue la excusa», en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque reconoció que ha habido una «leve mejora», remarcó su preocupación porque hay una «mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia».
Amaya Zarranz (PPN), quien reconoció que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley «ya no las tiene».
Medio centenar de delegados sindicales se concentran hoy ante la Dirección Territorial de Bienestar Social para exigir el pago de la deuda a las empresas de atención a mayores
Estas concentraciones a las puertas de los centros asistenciales se reproducirán en cerca de 300 instalaciones por toda la Comunidad Valenciana.
Se reclama a la Generalitat Valenciana una deuda cercana a los 110 millones de euros y una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Una representación de delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia (Avda. Barón De Carcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas del sector. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana para mostrar a la sociedad la unión de trabajadores, empresarios, sindicatos y familiares en la defensa de la atención a los mayores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector – la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES) y las organizaciones sindicales CCOO y UGT- respaldan estas concentraciones que sacarán a las puertas de las residencias y centros de día a miles de trabajadores en defensa de sus salarios y en apoyo a los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
La plataforma que agrupa a los representantes sindicales y empresariales reclama a la Generalitat valenciana el desbloqueo urgente de la deuda comprometida con un sector necesario socialmente, así como una reunión con el President de la Generalitat para concretar una respuesta a las legítimas reivindicaciones de los operadores y sus trabajadores.
Delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores se concentrarán hoy jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante la Dirección Territorial de Bienestar Social (Avda. Barón De Cárcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana.
El Ayuntamiento de Jaén renuncia a la prestación de la dependencia
El secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, ha lamentado que el Ayuntamiento de la capital «abandona a su suerte» a los usuarios de la Dependencia de la capital al haber «presentado la renuncia» a este servicio mediante un escrito presentado ante la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Con ello, según ha informado el sindicato en una nota, el Consistorio el sindicato demuestra su «total falta de interés y ausencia de compromiso con las personas más necesitadas», llegando incluso a plantear, como es el caso, el «abandono de una prestación a la que por ley están obligados a prestar, como el resto de municipios de más de 20.000 habitantes».
Cazalilla ha criticado que la solución pase por dejar de prestar este servicio y ha pedido al alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), que explique a los usuarios y a sus familiares los motivos que le han llevado a esta decisión y sus posibles consecuencias. Del mismo modo, ha advertido de la «posible irregularidad» de esta medida no sin insistir en la «falta de sensibilidad tanto para los alrededor de 800 usuarios de la capital como para las 200 trabajadoras», al tiempo que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se pronuncie al respecto.
Junto a ello, ha recordado que desde UGT se viene denunciando la deuda que la empresa concesionaria (Multiservicios Jabalcuz) mantiene con las trabajadoras, a las que se «deben las nóminas de septiembre y octubre». Asimismo, ha dicho tener «constancia de la utilización de algunas partidas del dinero pagado por la Junta de Andalucía para este servicio y que se han utilizado para otros «menesteres».
La administración valenciana incumple de nuevo y no abona las cantidades comprometidas para octubre
- Genera otros seis millones de deuda, el total acumulado asciende a 106 millones de euros.
- AERTE espera que la Conselleria de Bienestar Social explique con detalle el blindaje de los fondos destinados a dependientes.
- A la espera de la reunión con Juan Carlos Moragues.
La Administración valenciana vuelve a incumplir con el compromiso de pago adquirido con el sector de las residencias y centros de dependencia de la Comunidad Valenciana. Las partidas correspondientes al mes de octubre como los Bonos-residencias, la accesibilidad social o diversos servicios públicos de gestión privada no se han abonado. La Conselleria de Bienestar Social se había comprometido a no seguir generando deuda. Este impago provoca otros seis millones de deuda, lo que supone un total de 106 millones de euros y un agravio de la situación angustiosa que padece el sector.
Una vez más, se pone de manifiesto la incapacidad para hacer efectivo lo comprometido, tanto de deuda acumulada, como de las cantidades establecidas que por ley debe percibir mes a mes el sector, para seguir ofreciendo los servicios de asistencia sociosanitaria a personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
Una situación insostenible de impago continuo que también está afectando a alrededor de 13.000 dependientes, con casos de personas que llevan más de tres años sin cobrar las ayudas que por ley les corresponde. En definitiva: marginación total al sistema sociosanitario de la Comunitat.
Aerte espera que Bienestar Social explique “el blindaje de los fondos para la dependencia”
AERTE espera que la Conselleria de Bienestar Social explique con detalle la decisión, anunciada la semana pasada, de blindar por ley los fondos económicos destinados para la dependencia. Una iniciativa que pretende evitar lo que AERTE lleva denunciando desde hace tiempo: el desvío reiterado de los fondos destinados a la dependencia a otros fines.
María José Mira, directora general de AERTE, “necesitamos conocer de forma especifica el alcance de esta medida, pero sobre todo, si los calendarios de pago comprometidos se van a cumplir y si se adoptará una medida adicional para solucionar el bloqueo de más de 100 millones que viene padeciendo el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana. Una situación que está poniendo en peligro la existencia de todo el sector: 10.000 empleos de los 15.000 que genera de forma directa el sector pueden desaparecer a corto plazo, lo que afectará a la red asistencial que día a día atiende a más 30.000 personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
Mira añade que “los centros están al límite y exigimos a Bienestar Social que confirme de inmediato lo que está dispuesto a abonar y lo que no a la dependencia: sector que se siente totalmente discriminado”. Por ello, reclamaremos de nuevo “una redistribución equilibrada de los presupuestos entre todos los subsectores que forma el ámbito sociosanitario de forma que exista un calendario parejo, inclusive cualquier tipo de prestación del sector”.
A la espera de reunión con Juan Carlos Moragues
Por otro lado, AERTE aún no ha recibido respuesta alguna a la solicitud de reunión con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. La petición efectuada de forma urgente el pasado 25 de octubre, tiene como objetivo encontrar los mecanismos más adecuados y ágiles para solucionar esta situación, dada la incapacidad de Conselleria de Bienestar Social en todo este tiempo para ejecutar un plan de pagos estable que solucione la asimetría del calendario de pago existente. Una actuación que va contra la dependencia, uno de los pocos sectores que pueden generar empleo directo e inmediato pero que el impago lo destruye”.
Empresas y sindicatos exigen a la Generalitat valenciana el pago inmediato de más de 100 millones de deuda al sector de atención a personas mayores
Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales han acordado hoy un calendario de movilizaciones, y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales.
Solicitan una reunión urgente al presidente de la Generalitat para que conozca y resuelva la grave situación.
El sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua, desde hace más de doce meses y que asciende a más de 100 millones de euros.
La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y asimetría con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, pone en peligro de extinción a corto plazo a todo el sector de atención a la dependencia, a sus más de 300 centros y mas 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana (la mayoría ancianos).
Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana(AERTE); La Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado hoy realizar una serie de concentraciones, movilizaciones, paros y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales para que, de forma urgente,la Generalitat valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector necesario socialmente, más en tiempos de crisis, y que además genera empleo (por cada dos personas atendidas se crean un puestos de trabajo directo).
Concretamente, el sector exige a la Generalitat Valenciana, que dé al sector el mismo trato de financiación que a los conciertos sanitarios y educativos, además de un compromiso totalmente firme para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma que permita solventar la situación de colapso por la que atraviesan los centros, evitando así impagos masivos de salarios a los profesionales antes de final de año: de los mas 15.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 pueden desaparecer a corto plazo.
Acciones:
– El miércoles 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, se hará entrega de las primeras 4000 quejas de los trabajadores del sector de atención a personas mayores, al Sindic de Greuges en su sede en la calle Pascual Blasco, 1 – 03001 Alicante.
El pasado día, 30 de octubre, se solicitó por vía de urgencia una reunión con el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la situación insostenible por la que atraviesa el sector en la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.
Suma de otros agentes sociales
El sector de atención a personas mayores invita, a otros colectivos que se vean afectados directa o indirectamente por el incumplimiento de la administración valenciana y asociaciones afines se sumen a esta iniciativa reivindicativa con el propósito de reclamar una actuación creíble que no puede ser aplazada por más tiempo.
Deuda acumulada.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de octubre con el sector de centros y residencias de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana.
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
* El impago en el mes de noviembre, generará otros diez millones mas de deuda.
A la cola del resto de España
Según los datos a los que tienen acceso las asociaciones empresariales junto a CCOO y UGT, la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola de España con respecto al pago a proveedores en las Comunidades Autónomas, siendo la única que tarda más de nueve meses en realizar los pagos.
Para más información:
Dpto. de Comunicación de Aecas · comuniacion@centroaecas.con· t. 627760487
La Sexta columna: «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»
Por su indudable interés, reproducimos el reportaje de «La Sexta columna» del viernes 1 de noviembre, «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»
Los recortes en la Ley de Dependencia afecta a personas con nombres y apellidos, personas que están directamente relacionadas con la política y los políticos, pues son ellos quienes más sufren sus descorazonadas medidas.
María tiene Alzheimer desde hace 7 años. Su enfermedad le ha cambiado la vida a toda su familia. Tuvieron que irse de la ciudad a una casa más barata en el campo. Su nuera, Ana María, se tuvo que dedicar exclusivamente a su cuidado.
El marido de Ana María está en paro, ninguno de sus 2 hijos trabajan y ella tampoco, aunque al menos la ley le garantizaba cotizar a la Seguridad Social como cuidadora. Pero tras los últimos recortes, le han quitado la cotización y además le han bajado la ayuda a la dependencia un 16%. Un recorte que para esta familia de 5 miembros, es un drama.
El campo ha aliviado su situación con un pequeño huerto o con los huevos que ponen sus gallinas. Pero lo que de verdad les vendría bien, son los 19.000 euros que el Gobierno les debe de pagos atrasados de ayudas a la dependencia.
El caso de Ariadna también es muy duro. Ha decidido hablar y contar su historia. “Mi madre tiene una enfermedad rara, que se llama Machado-Joseph. No hay cura ni medicación específica. Cuanto más joven se sufre, peor. Su exmarido le dejo. Ella no puede hacer nada. Tengo que hacer yo todo. Es como una cría pequeña”.
Ariadna se encontró con esta situación con 17 años. Ahora tiene 23, pero habla con una seriedad que desgarra.
Ha estudiado para convertirse en enfermera, pero no tiene posibilidad ninguna de trabajar, salvo gratis en su casa cuidando a su madre. Tiene que estar constantemente pendiente de ella. Además de cobrar cada vez menos ayuda a la dependencia, ahora tampoco cotiza por su trabajo.
Andrés es la sombra de su madre. Tiene 26 años y depende de ella totalmente: para vestirse, peinarse, lavarse la cara. Los recortes les han dejado al límite. Los 215 euros al mes que cobran de dependencia se van en pañales y medicinas. Los 500 euros de pensión de invalidez los gasta en el alquiler. Y ella, que no puede trabajar porque tiene que cuidarle, ya no cotiza nada.
Sin embargo, Amparo, que ya no llega fin de mes, no tiene sólo tiempo para sentir pena, últimamente también siente mucha rabia, sobre todo cuando recuerda. «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle a abrazarte? Yo he abrazado a María Dolores de Cospedal. Yo la voté porque me dio un voto de confianza».
Unos 250 ancianos de residencias privadas dejarán de cobrar una ayuda temporal del Gobierno catalán
Cerca de 250 ancianos catalanes residentes en geriátricos privados dejarán de cobrar a partir del 30 del noviembre la prestación de cuidador no profesional que el Gobierno catalán conservaba a los mayores hasta la resolución de la prestación económica vinculada (PEV), cuyos trámites iniciales de petición han sido suspendidos ‘sine die’, han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.
Hasta ahora el departamento que lidera Neus Munté había conservado la ayuda que perciben estos ancianos durante los meses que supone el trámite para empezar a cobrar una prestación económica vinculada (PEV), tras su incorporación a una residencia privada.
Se les mantenía esta ayuda, menor a la de la PEV, pero desde verano la Generalitat ha suspendido de forma temporal indefinida las nuevas peticiones para obtener esta prestación.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña ha sido el encargado de alertar sobre esta medida que, a su juicio, empujará a situaciones de «mayor vulnerabilidad y desamparo», y ha cargado contra un debilitamiento del Estado del Bienestar.
Sobre la reducción de las ratios de trabajadores en las residencias geriátricas ha lamentado que supone una amenaza para la calidad asistencial y una precarización de las condiciones laborales de los empleados.
«DEBILITAMIENTO» DEL BIENESTAR
Las últimas decisiones tomadas por el Gobierno catalán en relación a la Ley de dependencia son «un paso más en el debilitamiento del sistema de protección y la precarización del mercado laboral», han indicado los trabajadores sociales.
El colegio ha advertido de que la suspensión indefinida de las PEV supone un «incumplimiento» de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad), puesto que esta ayuda continúa vigente como derecho subjetivo reconocido por ley.
Ha criticado el «deterioro del sistema de atención a la dependencia», y ha exigido el cumplimiento de las leyes y la reactiviación de la concesión del PEV lo antes posible y con efectos retroactivos, lo que han trasladado al Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares para que estudie la medida y emita un dictamen.
«Ante las difíciles situaciones que vivimos y el sufrimiento de las personas y familias que constatamos en nuestro trabajo cotidiano, no podemos restar impasibles», ha sostenido el colegio al agregar que quieren acompañarlas en la reclamación de sus derechos.
Aerte solicita una reunión con el conseller Moragues para encontrar una solución urgente a la deuda de más de 100 millones con los centros de atención a dependientes
La patronal empresarial de la dependencia pide que se actúe ya para la supervivencia del sector.
Debido al continuo incumplimiento de pago comprometido, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 están en peligro de extinción a corto plazo.
La patronal, también pone en conocimiento del Ministerio de Hacienda la dramática situación que vive el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana debido al bloqueo del pago de la deuda desde hace más de diez meses consecutivos.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, ha solicitado esta mañana una reunión con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, para encontrar una solución urgente y efectiva a la deuda de más de 100 millones que mantiene la administración con el sector de las residencias y centros a dependientes.
Ninguna acción encaminada a la obtención por parte de la administración autonómica valenciana de un plan de pagos estable está siendo efectiva. No es asumible, ni en lo económico ni en lo social, que la deuda comprometida se vaya acumulando de forma sucesiva durante más de diez meses consecutivos; que los tiempos establecidos a través del mecanismo de pago del FLA se incumplan y que, además, exista una latente asimetría en los calendarios de pago que se está practicando respecto a otros sectores que, ni mucho menos, llegan al año sin cobrar: el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana se siente totalmente ninguneada y marginada.
Según ha apuntado María José Mira, directora general de aerte, “este reiterado incumplimiento de pago tiene como consecuencia que, de los más de 14.000 puestos de trabajo directo que genera actualmente el sector, 10.000 estén en peligro de extinción a corto plazo. Esta situación afecta además a los servicios socio-sanitarios que reciben diariamente más de 22.000 dependientes en toda la Comunidad Valenciana: no sólo está en juego la supervivencia de un sector esencial en lo social, sino el bienestar y el cuidado necesario que necesitan estas personas”.
Petición al Gobierno central para que resuelva también el bloqueo
Por otro lado, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, a través de la FED, volvió a poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda el bloqueo del pago de la deuda acumulada con el sector, especialmente con la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media.
En este sentido, Mira ha apuntado que “debido a la escasa efectividad de las acciones de la conselleria de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, aerte, reiterará la semana que viene, la necesidad de establecer una reunión en Madrid con la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas para plantear, entre otras cuestiones, el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas como solución más rápida”.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana en el mes de octubre con el sector de los centros y residencias de atención a dependientes en la Comunidad Valenciana (Fuente: aerte).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
* Cada mes que no se abona los pagos, se genera 10 millones más de deuda con el sector de centros y residencias de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana
La Generalitat podría no pagar este mes a los hospitales concertados
La Generalitat ha advertido a los 55 hospitales concertados que este mes probablemente solo les podrá pagar una cuarta parte de la factura de 250 millones por los servicios que prestan a la sanidad pública.
Fuentes del Departament de Salut han confirmado a Efe que están trabajando y «se harán los máximos esfuerzos» hasta el último día para poder hacer efectiva la totalidad de la factura el próximo 31 de octubre.
La directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales, la doctora Helena Ris, ha explicado a Efe que la Generalitat les advirtió primero de que no podrían pagar la factura ordinaria del mes de octubre, que asciende a unos 250 millones, pero después les comunicó que intentarían pagar un 28,65% de la factura con un pequeño remanente del Fondo de Liquidez Autonómica.
En cualquier caso, Ris ha calificado de «situación muy grave» si los hospitales concertados no cobran este mes porque «peligran las nóminas».
Ris ha señalado que confían en que la próxima semana cobren los 800 millones que les adeuda la Generalitat a través del plan proveedores del ICO, lo que «supondría un respiro» y podrían afrontar este nuevo impago. «De lo contrario, ya no tenemos más capacidad de endeudamiento», ha advertido.
La Generalitat adeuda hasta ahora unos 800 millones de euros a los hospitales concertados por las facturas de julio y abril de 2012, el 40% de la de agosto de 2012, el 25% de la de octubre de 2012 y el 25% de la de febrero de 2013.
Helena Ris ha explicado que de momento de la factura del próximo mes de noviembre, la Generalitat no les ha advertido de nada y confían en poder cobrarla puntualmente. «Los hospitales estamos al límite y confiamos en cobrar el ICO en la primera fase, es de la única manera que podríamos soportar este mes, porque si no lo cobramos sería un descalabro porque ya hemos agotado las posibilidades de endeudamiento y de pactar retrasos de pagos a la Seguridad Social», ha afirmado Ris.
«Cada nuevo impago pone en peligro la nómina y ya se han dado casos en que los trabajadores han cobrado el día 4 o 5 del mes porque los ingresos de la administración se han hecho el último día del mes», ha explicado la directora general de la patronal hospitalaria, que ha trasladado a los hospitales la situación «para que hagan frente, pero sin crear alarmas».
El Gobierno asegura que si las partidas de los PGE de dependencia no son suficientes aportará los créditos necesarios
El Gobierno asegura que si las partidas destinadas a sufragar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes el Ejecutivo se encargará de aportar los créditos necesarios para su funcionamiento.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.
Eso sí, señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia ley de dependencia.
«En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios», confirma el Gobierno.
De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. «Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia», sentencia el Ejecutivo ‘popular’.
Las empresas asociadas a AERTE confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre
Aerte recuerda al Ministerio de Hacienda que el sector lleva más de un año sin cobrar en la Comunidad Valenciana y que el gobierno valenciano le ha comunicado que no abonará en el tiempo establecido la deuda comprometida.
La falta de efectividad de las acciones de la Conselleria de Bienestar Social genera al mes más de 10 millones de deuda al sector empresarial de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana.
AERTE volverá a solicitar al Ministerio de Hacienda que actúe de forma urgente para poner fin al continuo bloqueo de pago de deuda acumulada que mantiene la administración valenciana y que asciende a más de 100 millones. Planteará que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida.
El promedio de tiempo sin cobrar la deuda en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Las empresas asociadas a aerte confirman su presagio: no podrán pagar sus nóminas en octubre.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, aerte, insistirá hoy al Ministerio de Hacienda para que actúe con el objeto de resolver el bloqueo del pago de deuda acumulada que, desde la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, viene manteniendo de forma continua con el sector de centros de atención a dependientes de la Comunidad Valenciana.
Para ello, la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, ya solicitó el pasado 4 de octubre una reunión con el Ministerio de Hacienda. Hoy en Madrid, volverá a reclamarla por vía de urgencia para denunciar la escandalosa y continua situación que se da en la Comunidad Valenciana, fruto de la escasa efectividad de las acciones de la Consellería de Bienestar Social encaminadas a resolver el problema, en un asunto que afecta a más de 14.000 puestos de trabajo y más de 22.0000 personas dependientes sólo en la Comunidad Valenciana.
María José Mira, directora general de aerte, ha subrayado hoy desde Madrid que “el promedio de tiempo sin abonar las cantidades pendientes en la Comunidad Valenciana es cuatro veces superior a la media. Esta actitud es inaceptable y está provocando que se generen aproximadamente unos 10 millones de euros al mes de deuda, que se acumulan a los 100 millones de euros que se adeuda a día de hoy”.
Ante este constante incumplimiento del compromiso de pago, Mira advierte: “el sector no puede esperar más: la situación para las empresas y trabajadores del sector es inaguantable socialmente, sanitariamente, económicamente y moralmente. Sólo en la patronal de empresas de la dependencia en la Comunidad Valenciana, aerte, hay adheridos más de 200 centros, en octubre algunos de ellos ya no podrán pagar las nóminas. Necesitamos una solución ya, de una vez por todas, con un compromiso firme y fiable que verdaderamente se cumpla, porque la situación de agrava cada día, dado que las empresas han superado el límite de resistencia”.
AERTE solicitará al Ministerio que abone directamente al sector el pago de la deuda comprometida
Ante la falta de efectividad de la Conselleria de Bienestar Social y la urgencia que requiere solucionar este grave problema, explica María José Mira, “plantearemos al Ministerio como solución más rápida y eficaz el pago directo por vía de urgencia de los fondos estatales de dependencia desde el estado a las empresas y beneficiarios. Entendemos que dada la falta de liquidez del Gobierno valenciano, y la falta de soluciones, ésta sería una de las únicas que permitieran “respirar” al sector”.
Mira señala que, “se trata de deudas avaladas por contratos y compromisos firmados, con línea presupuestarias fijadas para ese fin y que, obviamente, no se están destinando al mismo. Lo cual es totalmente incomprensible. ¿A dónde se ha destinado ese dinero?”.
Por otro lado, Mira recalca que “existe una latente asimetría de la deuda de nuestro sector con respecto a otros, cuyos calendarios de pago son menos dramáticos, ya que, prácticamente no hay ninguno que esté en alrededor de un año de impagos, como es el caso. Y, a su vez, una asimetría incluso dentro de la misma Conselleria con entidades y recurso que llevan más de un año sin cobrar, como es nuestro caso, y otros que están casi al día. Y si además, le añadimos que estamos hablando de un sector que trabaja con personas dependientes la situación se agrava más si cabe”.
Deuda acumulada de la Administración valenciana en el mes de octubre al sector de los centros y residencias de atención a los dependientes de la Comunidad Valenciana (Fuente: AERTE).
– 44 millones de euros correspondientes a los servicios públicos de gestión privada. Pendientes de cobro desde noviembre de 2012, es decir once meses sin cobrar.
– 40 millones de euros correspondientes a los servicios de accesibilidad social. Pendientes de cobro desde diciembre de 2012, es decir, diez meses sin cobrar.
– 9 millones de euros correspondientes a los Bono-residencias. Pendientes de cobro desde enero de 2013, es decir, nueve meses sin cobrar.
– 9,3 millones de euros correspondientes a servicios que prestan a las residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario (Lares).
La Generalitat no pagará los fármacos dispensados por farmacias en septiembre
El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciado hoy martes a los farmacéuticos catalanes que el próximo día 31 no podrá pagarles los 107 millones correspondientes a los medicamentos dispensados el mes de septiembre, ha informado el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya.
La Generalitat ha aducido, según este colectivo, que no podrá hacer frente a este pago porque dispondrá de 1.700 millones menos de los solicitados a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con los que se estaba haciendo frente a la factura de los medicamentos en los últimos meses.
El anuncio del CatSalut del nuevo impago ha provocado malestar y preocupación entre los farmacéuticos, que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores los 309 millones que les debe la Generalitat por las facturas impagadas de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013.
El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha anunciado que ya ha iniciado «contactos para evitar que los problemas de tesorería afecten nuevamente a las farmacias».
Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeuda la Generalitat porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores, pero aún no han cobrado estas mensualidades.
A causa de estos atrasos en los pagos, algunas farmacias catalanas han tenido que cerrar y otras han tenido que recurrir a pólizas de crédito bancarias, mientras que la mayoría sólo dispensan los medicamentos más caros por encargo y solicitados con antelación.
La Generalitat recibirá 1.700 millones menos para pagar a proveedores
El Gobierno de la Generalitat percibirá este año 1.700 millones menos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque el Gobierno central considera que el cobro de los planes de proveedores y el fondo de rescate no son complementarios. Según fuentes del Ejecutivo central, el Ministerio de Hacienda así lo comunicó a la consejería de Economía y al resto de las comunidades autónomas afectadas en una reunión que mantuvo con ellas el pasado viernes 11 de octubre. Según estas fuentes, Hacienda considera que ambos planes están conectados y que se descontarán de las entregas pendientes del FLA.
La novedad es un nuevo contratiempo para la Generalitat, que sostiene que la medida se contradice con la filosofía que hasta ahora ha seguido el ministerio de Hacienda, es decir, que no faltará jamás la liquidez para la lucha contra la morosidad. Según ha informado hoy La Vanguardia, el pasado 25 de octubre el consejero Andreu Mas-Colell pidió una reunión al ministro de Economía, Luis de Guindos, para abordar este asunto, sin que haya recibido respuesta.
La principal consecuencia de esa decisión, según la Generalitat, es que deberá implementar esa merma en la tesorería de la Administración este trimestre, por lo que se volverá a la situación de pagos de finales de 2012. Es decir, que no será posible ninguna mejora.
«Esta es una de aquellas decisiones que hace daño a la economía real», ha lamentado el consejero de Presidencia, Francesc Homs, tras la reunión del Gobierno catalán. «Nos devuelve a una situación de alargar los pagos. Nos sentimos engañados».
El geriátrico de Elda lanza un SOS
La residencia y centro de día para mayores dependientes «El Catí» de Elda, cuya titularidad depende de la Conselleria de Bienestar Social, se encuentra asfixiada económicamente porque la Generalitat Valenciana no le ha realizado ni un solo pago en todo el año 2013 y, además, sigue debiéndole el mes de diciembre de 2012. En total a la Fundación, Salud y Comunidad (FSC) que es la empresa que lleva prestando este servicio desde 2005, la Conselleria de Bienestar Social le debe 1,7 millones de euros por diez meses de impago continuado.
La situación es «límite» y la concesionaria ya ha anunciado que, si no recibe ninguna transferencia económica en las próximas semanas, a partir del próximo mes de noviembre ya no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 70 profesionales que trabajan en el geriátrico. Una circunstancia que se mantendría en diciembre –incluyendo la paga extra de Navidad– y que podría repercutir en el cuidado de los 110 mayores a los que se atiende tanto en régimen residencial como en el centro de día. Pero, a partir del próximo mes, la concesionaria también tendrá dificultades en adquirir los alimentos, hacer frente a las facturas de luz, agua y gas así como en pagar a los proveedores y a la Seguridad Social.
Para evitar llegar a este extremo los responsables de FSC han remitido una carta al Ayuntamiento de Elda solicitando al equipo de gobierno popular que medie ante el Consell para acabar con este problema. También han pedido ayuda a los grupos parlamentarios de Compromís, EU y PSPV y están a la espera de mantener otra reunión con Asunción Sánchez Zaplana, que es la titular de la Conselleria de Bienestar Social a quien este diario ha preguntado, en los últimos días, por la problemática que atraviesa «El Catí» sin obtener respuesta alguna a pesar de la insistencia.
La Conselleria no paga y los bancos no financian
El subdirector del área de Atención a la Dependencia de FSC, Ismael Estevan, admitía ayer que su empresa se encuentra en una encrucijada. «La Conselleria no nos paga lo que nos debe, ni siquiera una parte, y los bancos ya no nos dan más crédito porque no se fían. Por lo tanto ya no tenemos capacidad de financiarnos y sin nuevos créditos es imposible seguir pagando a nuestros trabajadores y a quienes nos abastecen de todo lo que necesitamos», explica Estevan recordando que FSC siempre ha pagado en tiempo y forma a sus operarios y a sus proveedores. «Algo que, por desgracia, ya no vamos a poder hacer si la Generalitat no nos abona lo que nos debe», advierte Ismael Estevan mostrándose proclive, no obstante, a acordar un plan de pagos con Bienestar Social para acabar con la «agonía».
