Impagos
Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto
Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.
Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.
Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».
Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».
Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».
En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
Asunción Sánchez Zaplana tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer que el departamento que dirige desde diciembre tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses, aunque prefirió no «garantizar» una fecha hasta que no finalice la negociación que mantiene con la Conselleria de Hacienda.
«Creo que en dos o tres meses vamos a tener respuestas para todos los colectivos. Es lo que creo, pero no lo puedo garantizar hasta que no acabe de trabajar con Hacienda», explicó la titular de Bienestar Social, quien destacó el desembolso de 32 millones realizado por el departamento que dirige el pasado mes de enero, como pago de parte de las deudas que arrastraba con los centros.
Así se mostró ayer Asunción Sánchez Zaplana durante su visita al centro de personas con discapacidad psíquica Camp Santa Faz de Alicante, que depende íntegramente de la Generalitat, atiende residencialmente a 90 personas, con 69 plazas más del centro de día y está especializado en personas adultas con discapacidad psíquica profunda y severa. Durante el recorrido oficial, la consellera señaló que «una de las prioridades» del Consell es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
La consellera -exconcejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante- también se mostró contraria a la eliminación de programas de atención básica hacia los colectivos más vulnerables pese al recorte presupuestario del 9%. «Vamos a intentar que el descenso en el presupuesto afecte lo menos posible. Trabajamos para ser capaces de mantener el 100% de la atención. Nuestro objetivo es priorizar la atención a discapacitados y dependientes. Por ello, en este 2013, pido un esfuerzo a los centros», afirmó Sánchez Zaplana, quien matizó que, en caso de prescindir de alguna actuación, estaría relacionada con algún programa «complementario».
Un matrimonio de jubilados se suicida cuando iban a desahuciarles en Mallorca
Un matrimonio de jubilados se ha suicidado en su vivienda de Cas Català, en el municipio mallorquín de Calvià, después de recibir el aviso de que iban a ser desahuciados del domicilio por impago, según han dejado escrito en una carta.Fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del caso, han confirmado a Efe de que la pareja explica en una nota que habían tomado la decisión de suicidarse acuciados por la pérdida de su casa.
Uno de los hijos del matrimonio ha encontrado sin vida al hombre, de 68 años, y a su esposa, de 67, en su vivienda de la calle Barranc de Cas Català en torno a las 14.20 horas, y ha avisado a los servicios de emergencias.
En un primer momento se han desplazado hasta el lugar personal sanitario y bomberos, pero solo han podido constatar el fallecimiento de la pareja.
Según los primeros indicios, los jubilados se han suicidado mediante una ingesta masiva de medicamentos, aunque como es preceptivo se les practicará la autopsia para determinar con exactitud las causas del fallecimiento. El servicio de coordinación de emergencias 112 ha puesto un psicólogo a disposición de la familia.
José María Moreno, nuevo presidente de Aerte hasta la consolidación del proceso electoral en abril
La Junta Directiva de Aerte, principal patronal de la dependencia valenciana, ha elegido por unanimidad a José María Moreno como presidente de la Asociación, tras la entrada en vigor de la dimisión anunciada por Alberto Giménez el pasado mes de diciembre por la incompatibilidad con nuevos proyectos profesionales y hasta que se materialice el proceso electoral que culmine en el mes de abril.
José María Moreno era vocal de la Junta Directiva de Aerte, por la que ha pasado ocupando diversos cargos desde hace más de 12 años, y por ello conocedor de la realidad y retos del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana. También es un prestigioso empresario con una dilatada experiencia en el sector y cuenta con amplios como conocimientos y voluntad para afrontar los graves problemas por los que atraviesa el sector dependencia.
Durante su presidencia, José María Moreno trabajará para defender los intereses de los asociados de Aerte, quienes actualmente se encuentran en una situación muy compleja por la falta de liquidez y los impagos que arrastran desde 2012, así como por conseguir un serie de reivindicaciones históricas del sector que lleven a alcanzar el restablecimiento del equilibrio entre los distintos agentes implicados.
Aerte no firmará el nuevo convenio con el Consell hasta que le pague la deuda
Aerte considera que no «existe garantía del cumplimiento del mismo» y quiere aclarar, «en contra de los comunicados que han vertido los sindicatos UGT y CCOO en la que se les tilda de irresponsables, la situación de la mesa de negociación del convenio colectivo».
Aerte afirma en un comunicado que está concentrando sus esfuerzos en resolver la situación de impagos que la administración valenciana tiene con sus empresas asociadas, de la que se ha pagado aproximadamente un 10% del total pendiente, a todas luces insuficiente.
Por ello no está dispuesta a firmar un convenio en negociación pues mientras no exista un calendario de pagos por parte de la administración, no existe garantía del cumplimiento del mismo.
La patronal ya ha manifestado en diferentes ocasiones que el condicionante para la continuidad en las negociaciones con cualquier agente del sector -desde la firma del protocolo de colaboración con la conselleria como la firma del convenio- y según lo aprobado en su asamblea del pasado diciembre, era el cobro de la deuda pendiente.
«Al menos en su mayoría, teniendo en cuenta que actualmente quedan pendientes 50 millones del resto del bono, Peis, salud mental y la gran mayoría de la deuda de plazas públicas de gestión privada, cuyos empresarios y trabajadores parece que están siendo abandonados a su suerte».
Independientemente de todas cuestiones, Aerte no entiende que «primero los sindicatos trasladen a sus bases de forma anticipada la fecha de firma inminente del convenio, cuando ésta no se había confirmado por las patronales firmantes del mismo, y posteriormente emitan un comunicado tan agresivo como el actual, cuando tenían conocimiento como indicamos, que por mandato de la asamblea, dicho convenio sólo se firmaría cuando se produjeran los pagos pendientes de la Administración, o al menos hubiera un plan de pagos aprobado».
Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013
La patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.
El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.
Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».
Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.
Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.
Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector, al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.
Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.
Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.
A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.
Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.
La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.
Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».
AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.
La Conselleria de Bienestar Social valenciana no pone fecha a los pagos pendientes
La Conselleria de Bienestar Social reconoce los impagos a las residencias y asegura que está trabajando “codo a codo” con la Conselleria de Hacienda para poder sufragar “lo antes posible” esta deuda. Por tanto, de momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana no pone plazos ni fechas para hacer efectivo los pagos pendientes desde el pasado año.
Todo indica que el Consell liquidará antes la deuda de más de 2,6 millones con las residencias municipales que con las concertadas, ya que el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya apuntó esta semana que los ayuntamientos van a empezar a cobrar las cantidades pendientes. Cuantías que se abonarán atendiendo, en primer lugar, al criterio de la antigüedad y, en segundo lugar, a la naturaleza del servicio –bienestar social, educación y sanidad–. Por tanto, las residencias municipales cumplirían, al menos, el segundo de los supuestos.
En todo caso, en el abono de la deuda va a jugar un papel clave el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que la Comunitat pidió ayer formalmente al Gobierno estatal para este año, y que debe autorizarse. La finalidad es poder trasladar a los afectados por la deuda un plazo aproximado de pago, que dependerá de cuándo se reciba el FLA.
Juan Carlos Moragues mostró la intención del Consell de reducir los plazos con todos los agentes afectados por las deudas, incluidos los consistorios.
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años
«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.
Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.
Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.
Menos grandes dependientes
El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.
En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.
El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.
El Observatorio de la Dependencia denuncia el «desmantelamiento» de la ley
El Observatorio de la Dependencia ha denunciado este jueves en su último dictamen el «desmantelamiento» de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, que suspende por primera vez.
«A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.», ha señalado el observatorio en su último dictamen.
En este sentido, el informe destaca «el empecinamiento» de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, «en no aplicar las prestaciones y servicios» que la Ley de Dependencia contempla, «poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica».
Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.
Además de estos «graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades», el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera «preocupante».
Para el observatorio, este «frenazo» en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, «estancado» en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.
CRITICA LA «OBSESIVA» PRESIÓN A LAS CC.AA.
Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas «reformas para la mejora del sistema», y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas», así como «la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público». «El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», ha señalado.
De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que «de la paralización del sistema se está pasando a su involución». Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.
230.203 EN EL «LIMBO DE LA DEPENDENCIA»
Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el «limbo de la dependencia» (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de «vender» como un descenso en más de 75.000 personas en este «limbo» fruto de las reformas del sistema.
Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es «un espejismo estadístico» producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. «El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas», señala el dictamen.
Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia
(37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).
En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que «la lógica implantación progresiva» de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.
Huelga de hambre de los trabajadores de un centro social por los impagos de Consell
Uno de los trabajadores del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot ha iniciado una huelga de hambre con el fin de que la Conselleria de Bienestar les pague los casi 119.000 euros que adeuda a este centrode atención a personas con discapacidad psíquica.
Vicente Gasó, de 36 años, es el trabajador que ha iniciado este miércoles la huelga de hambre frente a la sede de la Consellería de Bienestar Social en Valencia, al que en las próximas horas se unirá Carmen, de 71 años, madre de uno de los usuarios del centro, y este jueves Julián Oviedo, de 37 años y director del Centro Ocupacional.
«Estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante o la Conselleria nos pague«, ha asegurado a EFE Julián Oviedo, quien ha recordado que la Conselleria les adeuda el 40 por ciento de la subvención correspondiente a 2012, que equivale a seis meses de impagos.
Por su parte, la Conselleria de Bienestar Social ha sido consultada por la Agencia EFE por esta protesta pero aún no ha ofrecido su versión al respecto.
Los trabajadores de este centro ocupacional ya amenazaron con iniciar la huelga de hambre el pasado 10 de enero, pero decidieron aplazar la protesta tras una reunión con representantes de la Conselleria que les comunicaron su intención de «dar respuesta a la situación» en un plazo de nueve días.
«Pasaron los nueve días y el dinero no apareció», ha señalado Julián Oviedo, quien ha indicado que Bienestar Social les ha dicho que el próximo viernes les pagará el 15% de los casi 119.000 euros que les adeuda, una cantidad que «solo cubre la Seguridad Social de diciembre y el pago a Hacienda de retenciones».
Oviedo ha explicado que el pago de esa cantidad permitirá al centro social solicitar la orden de ayudas de 2013 pero «no soluciona las consecuencias dramáticas para la estabilidad y funcionamiento del centro».
Durante el día permanecerán en sillas plegables y tapados con mantas frente a la Conselleria, pero pasarán la noche dentro de una furgoneta que han aparcado junto a este departamento de la Generalitat.
Vicente Gasó está siendo apoyado por trabajadores, usuarios del centro y sus familiares, que portan carteles con lemas como «Conselleria quiere cerrar los centros para esconder a las personas con discapacidad, basta ya», «Siete meses sin cobrar» o «Mientras vosotros engordáis vuestras cuentas, nosotros perdemos nuestras casas».
Julián Oviedo ha recordado que a principio del mes de febrero vence la póliza de crédito que avalaron con sus propios bienes, aunque ha indicado que han hablado con el banco «y va a tratar de ampliar plazos».
El Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot atiende a 40 discapacitados psíquicos adultos, según ha explicado Julián Oviedo, quien ha agregado que en las instalaciones trabajan ocho personas, «seis de ellas socios, que somos los que tenemos en peligro nuestros bienes».
ARTECAM, preocupada por el pago de ayudas a dependientes fallecidos
La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM) ha manifestado su «profunda preocupación» por los datos revelados por el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, sobre el pago de ayudas a la dependencia a 724 perceptores fallecidos por valor de 3,1 millones de euros, según reflejó la pasada semana el Tribunal de Cuentas.
Los miembros de esta patronal aseguran que «están sufriendo en este momento las consecuencias derivadas de la gestión del anterior Gobierno en relación a dichas ayudas», por lo que «esa ha sido una de las causas del desastre de los servicios sociales en Castilla-La Mancha de los últimos años», ha informado en nota de prensa.
«En reiteradas ocasiones hemos denunciado que las ayudas a los cuidadores informales deberían haber sido concedidas en aquellos casos donde no existiese posibilidad de ningún recurso profesional en el entorno familiar, tal y como recoge la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», aseguran desde la patronal.
ARTECAM se ha mostrado a favor de «que se descubran las irregularidades y de que se depuren responsabilidades de quienes no han controlado el dinero que se destinaba a Asuntos Sociales». «Quienes han permitido el fraude, si así fuese, deben pagar por ello», afirman.
Empresarios de Aerte entregan 200 cartas a Bienestar Social para reclamar la deuda, que asciende a 60 millones
Empresarios de Aerte, la patronal del sector de la dependencia en la Comunitat, se han congregado este martes frente a la Conselleria de Bienestar Social para entregar a su titular, Asunción Sánchez Zaplana, 200 cartas en las que reclaman la deuda, que asciende a un total de 60 millones, y le exigen que termine con «la discriminación» que les aplica con respecto a otros colectivos.
En ese sentido, la gerente de Aerte, Maria José Mina, ha señalado que el 85 por ciento de los empresarios de Aerte ha subrayado que están en un situación de «incertidumbre, desasosiego, e insomnio» porque llevan sin cobrar todo el año 2012, e incluso algunos pagos del ejercicio de 2011, y ni siquiera les garantizan un calendario de pagos.
Por ello, ha señalado que esta deuda de la Administración valenciana les impide cumplir sus compromisos de pago con proveedores o las nóminas de los 12.000 empleados a los que dan trabajo hasta el punto de que han llegado a recibir sanciones de hasta 21.000 euros del ministerio de Trabajo por impagos a sus plantillas, que ya han recurrido.
El problema, sintetiza, es que «se trata de un colectivo muy sensible» ya que atienden a personas dependientes, unas 20.000, que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones, desde levantarse a comer. «Nosotros no somos como otros colectivos, no podemos cerrar las persinas y manifestarnos», ha señalado. Además, ha denunciado los 11.000 expedientes que hay sin resolver o sin reconocer desde los años 2009 y 2010.
Sin embargo, lamenta que pese a todo ello, en la reunión que mantuvo el día 26 de diciembre la junta directiva de Aerte con la consellera se les comunicó que el día 28 «se iba a pagar de forma equitativa, y no se ha cumplido, y que iban a dar un plan de pagos, y tampoco». Por ello, solicitaron una reunión hace dos semanas con el vicepresidente, José Císcar, «nos dijeron que nos iban a dar una fecha pero tampoco nos han dicho nada».
Asimismo, reclama que las empresas adheridas al sistema de concierto Bono Residencia y centro de Día, que ya existía antes de la ley de dependencia y al contrato de Accesibilidad Social, sean reconocidas como concertadas con el fin de que «se respete el derecho que por ley tienen todas las personas de libertad de elección de centro».
Tutelados de la administración
Entre los usuarios de Aerte, se encuentran los 800 enfermos mentales dependientes tutelados por la Administración, que «tampoco reciben el dinero», según explica el director del centro Mentalia Puerto y coordinador de la comisión de salud Mental, David Taroncher.
Así, ha apuntado que si hace unos meses ya advirtieron de que la situación era «muy complicada» ahora es «insostenible» y de hecho ha confirmado que varias empresas han tenido que presentar concurso de acreedores. «La Administración nos dice que esperemos y nosotros desesperamos porque es un sector que no puede esperar», ha relatado.
Aerte y FED trasladan al Comité Consultivo del Sistema de Atención de la Dependencia Nacional la necesidad de resolver la deuda pendiente de 60 millones
La FED, Federación Empresarial de la Dependencia a la que pertenece AERTE -patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana- ha trasladado en el Comité Consultivo de la Dependencia, su disconformidad a la forma en cómo se han realizado los pagos del pasado 28 de diciembre a las empresas del sector de la dependencia.
Aerte y FED han trasladado al Comité Consultivo del Sistema de Atención de la Dependencia Nacional la necesidad de resolver la deuda pendiente de 60 millones que aún mantiene con sus asociados. «Los pagos realizados recientemente no han cubierto la deuda de la mayor parte de las empresas asociadas a la patronal de la dependencia de la Comunidad Valencia».
La patronal de la dependencia traslada su malestar con los sindicatos por no haber defendido a todas las empresas del sector de la dependencia por igual. Aerte insiste en la necesidad de solucionar la situación de más de 11.000 dependientes reconocidos con los expedientes paralizados y sin resolver.
La Casa Real intercederá ante Bienestar Social para que salde la deuda con Apadis
La Casa de Su Majestad el Rey ha respondido a la carta enviada por el Ayuntamiento de Villena donde se le informaba de la situación que está viendo la Asociación para la Atención de las Personas con Discapacidad Intelectual de Villena y Comarca (Apadis). En la misiva enviada a la corporación municipal, Su Alteza Real la infanta Elena «lamenta mucho las circunstancias que se describen», y ha dispuesto que se envíe la información a la Conselleria de Bienestar Social, responsable de abonar los pagos pendientes. De este organismo espera que estudie la situación y que «envíen la respuesta que proceda». Asimismo, expresa su deseo para que se solucione el problema.
El 20 de diciembre el pleno municipal de Villena acordó por unanimidad enviar a la infanta Elena una carta para pedirle su intercesión ante la Generalitat Valenciana por la difícil situación económica en que se encuentra Apadis debido a los impagos de la Conselleria de Bienestar Social. Con ella, además, se adjuntó el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Villena en el que se abordó la acuciante necesidad de apoyar a Apadis y conseguir que la Generalitat regularice los pagos con la entidad. Se incluyó, además, un escrito en el que el alcalde, Javier Esquembre, describió a Doña Elena los graves problemas que hay.
La idea de enviar esta carta a la Casa Real nació de la vinculación que la asociación villenense tiene con la infanta Elena, que acudió a la inauguración del último edificio construido por esta asociación, el centro de Atención Temprana. El 20 de octubre de 2009, la Infanta Elena inauguraba las instalaciones ubicadas en la avenida Paco Arévalo, tras visitar la Casa Consistorial, saludar a la corporación municipal y conocer el Tesoro de Villena que se ubica en el Museo Arqueológico José María Soler.
El presidente de Apadis, Luciano Martínez, habló en esta inauguración de la labor de más de 40 años de la asociación y su objetivo de atender a las personas con discapacidad psíquica en todo su ciclo vital. En la infancia con el centro de atención temprana que se acababa de inaugurar, en la adolescencia con el centro de educación especial, y en la edad madura con el centro ocupacional y la vivienda tutelada. Entonces se valoraba, además, la construcción de un centro de día para cerrar el círculo de la atención a las personas con discapacidad psíquica.
Los concejales de la actual corporación villenense, que apoyaron por unanimidad el envío de esta carta a la infanta Elena, así como otras acciones a favor de la entidad social, consideran que Su Alteza Real podría ser una buena intermediaria al conocer la actividad que realiza Apadis.
Sánchez Zaplana irá comunicando a los colectivos la manera en que efectuará los pagos pendientes de 2012 y 2013
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha señalado que su departamento irá comunicando a los colectivos, personas y entidades que dependen de Bienestar Social, «de qué manera se van a efectuar los pagos pendientes de 2012 y 2013». Los datos «los iremos proporcionando conforme sea necesario», ha apuntado.
Sánchez Zaplana, que se ha expresado de esta manera tras la reunión de trabajo mantenida este miércoles con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha indicado que trabajan de forma «coordinada» con la Conselleria de Hacienda y que «sobre la mesa están los pagos pendientes del año pasado, del que se ha realizado a finales de ejercicio uno «importante con algunos colectivos» que ha sumado casi 120 millones.
De esta manera, ha sostenido que, junto con Hacienda, trabajan para«atender los pagos y acuerdos» que desean alcanzar con plataformas de dependientes, el Cermi o Concemfe, para esa sostenibilidad del sistema de dependencia. «Se trata de dar un paso tras de otro», ha apostillado.
Por otro lado, ha destacado la apuesta de su departamento por alcanzar un«gran pacto social» con los colectivos que dependen de esta Conselleria que sirva para «escuchar, coordinar y consensuar» las reivindicaciones de este sector, para plasmarlas en iniciativas parlamentarias, así como crear mesas sectoriales.
Este pacto social consiste en «escuchar las reivindicaciones de los colectivos, la patronal y los servicios que gestionan la discapacidad, la enfermedad mental, escuchar a las familias, a los dependientes y, si es posible, crear mesas sectoriales o la fórmula que se vea», ha apuntado la consellera.
«Si es posible, que creo que sí aunque va a ser un trabajo complicado pero muy posibilista, conseguir un gran pacto social con los sectores, fundamentalmente con el sector de la dependencia y la discapacidad», ha subrayado.
«ESCUCHAR, COORDINAR Y CONSENSUAR»
«Algo que nos están reivindicando desde el primer momento es que se les escuche, que se atiendan sus reivindicaciones y que las iniciativas que vayamos a llevar al Parlamento valenciano sea escuchándoles y coordinándose con ellos, colectivos, familias y gestores de servicios», ha dicho la consellera, quien ha remarcado que se trata de «escuchar, coordinar y consensuar».
En cuanto al encuentro que ha mantenido con el jefe del Consell, Sánchez Zaplana ha explicado que le han informado de los «objetivos y líneas maestras del equipo de la Conselleria para este año».
Por su parte, Alberto Fabra les ha trasladado el «compromiso de cercanía que quiere que tenga este departamento con los colectivos y que la gente sepa que estamos comprometidos con las personas y que nuestro primer objetivo es el mantenimiento de las prestaciones básicas, garantizar la sostenibilidad del sistema de dependencia y trabajar de manera coordinada», ha explicado.
Los empleados del centro de Burjassot posponen su huelga de hambre tras el compromiso de pago de Bienestar Social
Los dos trabajadores del Centro Ocupacional para discapacitados psíquicos Los Silos de Burjassot (Valencia) que tenían previsto iniciar este jueves una huelga de hambre para exigir el pago de los más de 188.000 euros que les adeuda la Generalitat han pospuesto esta medida después de que la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, se comprometiera a saldar en 9 días los impagos a todos los centros ocupacionales.
Al respecto, uno de los trabajadores, Julián Oviedo, ha explicado que en la tarde de este miércoles la Coordinadora de centros ocupacionales de la Comunidad Valenciana (Copava) se reunió con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y le entregó un escrito firmado en el que se compromete a saldar las deudas con todos los centros ocupacionales en un plazo de 9 días ya que antes «no pueden por trámites burocráticos con la conselleria de Hacienda».
Ante este compromiso, el personal del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot, en el que trabajan ocho empleados de los cuales seis son socios de la asociación que gestiona el centro, mantuvieron una reunión en la que se acordó posponer esta medida de presión nueve días hasta comprobar que Bienestar Social cumple con su compromiso.
No obstante, ha recalcado que si pasado ese plazo Sánchez Zaplana no hace efectivo el impago del 40 por ciento de las subvenciones que el centro, que cuenta con 40 usuarios, debería haber recibido correspondientes al año 2012, un porcentaje que equivale a seis meses de impagos, iniciarán la huelga de hambre.
Oviedo, junto a Vicente Gasó, el otro trabajador que iba a iniciar la huelga de hambre, han acudido este jueves a las puertas de la Generalitat Valenciana, acompañados de un nutrido grupo de usuarios del centro, para leer un manifiesto en el cual han comunicado que posponen la huelga de hambre hasta que se cumpla el plazo acordado, nueve días.
Asimismo han acudido para mostrar su apoyo los representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burjassot, Rafa García, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Emili Altur Diputado y Concejal, José Blanco y Manuel Menero, concejales del Ayuntamiento de Burjassot, y además de otros representantes del sector como Ángel Bonafé, presidente de COPAVA y director del Centro Ocupacional El Renàixer de Godella, según han señalado fuentes municipales.
Oviedo ha explicado que estos impagos han provocado que el centro no pueda pagar a la empresa de catering desde septiembre y que se haya agotado la póliza de crédito que suscribieron con una entidad bancaria, lo que podrá desembocar en un embargo por parte del banco de las casas de alguno de los socios que avalan dicha póliza.
ACCIONES EXTREMAS
Al respecto, la diputada autonómica de EUPV Esther Barceló ha lamentado que la consellera «haya esperado para comprometerse a pagar a estos trabajadores hasta que estos habían convocado una huelga de hambre». «Es intolerable que la Conselleria atienda sus responsabilidades cuando los trabajadores y usuarios del sector de la discapacidad deciden llegar a acciones tan extremas como una huelga de hambre, con las que incluso ponen en peligro sus vidas», critica.
En ese sentido, ha señalado que «es muy triste ver que la conselleria actúa tarde y mal ante situaciones desesperadas». «La situación de sector de los dependientes y la discapacidad está al límite, y no podemos tolerar esta incapacidad y total irresponsabilidad ni un minuto más», ha apostillado.
