Impagos
Aerte lamenta el oportunismo de aquellas formaciones políticas más interesadas en obtener rédito de la situación del sector de la dependencia que en encontrar una solución a sus problemas
Aerte recuerda que la mayoría de sus centros, que no han cobrado desde hace 1 año, no han abonado las nóminas completas de los dos últimos meses ni las pagas extras
La patronal del sector de la dependencia mantiene su confianza en los esfuerzos que se están realizando desde la Consellería
Aerte, la principal patronal de la dependencia valenciana tanto por número como por volúmen de centros representados, ha mostrado su crítica hacia el oportunismo de algunas formaciones políticas cuya trayectoria parece estar más centrada en obtener rédito político de la situación por la que atraviesa el sector actualmente, que en trabajar por encontrar soluciones a los problemas que arrastran las empresas de la dependencia en la CV.
Aerte ha trasladado al entorno político la necesidad de buscar puntos de consenso a través de los cuales resulte posible trabajar, de forma conjunta, en la resolución de los problemas de aquellas personas en situación de dependencia -alrededor de 11.000- cuyos expedientes aún no se han resuelto y se encuentran desamparados, así como a paliar la situación de los más de 12.000 trabajadores del sector dependencia que se encuentran en una situación de riesgo laboral extremo.
En este sentido, Aerte ha recordado que resultará más fácil recorrer el camino para la resolución de los problemas que aquejan actualmente al sector desde la unidad y el trabajo conjunto que permita a las diferentes formaciones políticas encontrar soluciones para esta problemática situación de índole social, que afecta a un importante porcentaje de la población.
En este sentido, Aerte ha instado a estas formaciones políticas a tomar ejemplo de la responsabilidad de aquellos centros que tras más de un año sin haber cobrado, continúan prestando sus servicios a las personas dependientes, aún haciéndolo a costa de solicitar préstamos y pólizas de crédito, pues se trata de un derecho adquirido y reconodido socialmente.
2013 comienza con los mismos problemas
El año 2013 ha comenzado para el sector de la dependencia arrastrando los mismos problemas con el que se ha despedido el año 2012: deuda pendiente sin cobrar, problemas para el pago de nóminas de los centros a sus trabajadores, pagas extraordinarias que no se han podido abonar y en general, percepción de desamparo.
No en vano, los centros representados por Aerte acumulan aún una deuda de un año pendiente de resolución. La mayor parte de ellos no han podido abonar las últimas dos nóminas de sus trabajadores, ni tampoco la paga extraordinaria de Navidad. Pese a ello, los centros continúan prestando sus servicios a los dependientes.
En cuanto a los 11.000 expedientes de personas dependientes que todavía no se han resuelto o no han podido regularizar su situación, Aerte ha solicitado un esfuerzo conjunto y vocación de justicia para reconocer a este segmento de la sociedad un derecho adquirido con el que los gobernantes tienen una clara responsabilidad.
En este contexto, Aerte ha manifestado su confianza en el trabajo del nuevo equipo de gobierno de Bienestar Social, así como su fe en que está haciendo lo posible por resolver una situación complicada, en el momento en que nos encontramos, pero que requiere de una inmediata resolución, al tratarse de salvaguardar el derecho de asistencia de un segmento especialmente vulnerable de la población valenciana.
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, anuncia el pago pendiente con APADIS antes de final de mes
En la tarde de ayer el alcalde, el primer teniente de alcalde y los cuatro portavoces de los grupos políticos con representación municipal se reunieron en Valencia con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. El objetivo de este encuentro era trasladar a la nueva consellera las reivindicaciones de APADIS, tal y como se comprometió por consenso la corporación en el Pleno de diciembre. En esta reunión, que alcalde y concejal de Bienestar Social han definido como “cordial, interesante e intensa”, tuvieron también ocasión de reclamar a Sánchez el pago de la deuda que su Conselleria mantiene con el Ayuntamiento de Villena, y que asciende a 1.600.000 euros.
Los detalles de este encuentro han sido aportados esta mañana por Javier Esquembre, alcalde de Villena y Fulgencio Cerdán, concejal de Bienestar Social, que destacaban la unidad y el consenso de todos los grupos políticos sobre este tema y el haber sido el primer municipio recibido por Asunción Sánchez tras el cambio de conseller de Bienestar Social, en sustitución de Jorge Cabré.
De la reunión volvieron con el compromiso de la consellera de regularizar el pago pendiente de APADIS, que asciende a 528.000 euros. En un primer momento se establece el 21 de enero -o en su defecto el 31- como tope para actualizar los pagos con las asociaciones de discapacidad de toda la Comunidad, aunque esta fecha quedará mejor definida tras la reunión que durante el día de hoy mantendría Sánchez con el conseller de Hacienda.
En esta misma reunión con Hacienda, la consellera prometió incidir en la particularidad de nuestra ciudad con el CRIS, que en el caso de Villena es de titulariadad municipal pero que en la mayoría de municipios asume directamente Conselleria. Esto supone un importante incremento de la deuda que la entidad autonómica mantiene con el Ayuntamiento, y que asciende a 1.626.130,62 euros, una cifra que según el alcalde “asombró” a la Consellera, y que le llevó a comprometerse a subrayar esta singularidad en la valoración de prioridades de pagos.
Tanto Esquembre como Cerdán coincidían en la “satisfacción” con la que salieron de la reunión, al haber podido profundizar en las cuestiones que interesan a Villena y percibir el compromiso de la nueva consellera con el bienestar social, pues Asunción Sánchez fue durante años concejala de este ámbito en el Ayuntamiento de Alicante. “Conoce el área y es consciente de que el apoyo del entorno es fundamental para que el pilar se los servicios sociales se mantenga”, indicaba el alcalde.
Por su parte Fulgencio Cerdán facilitó a la consellera el listado de la deuda que su administración mantiene con las diferentes asociaciones sociosanitarias de Villena. Del mismo modo le recordó las cantidades pendientes de pago con el Ayuntamiento, a las que corresponden 140.000 euros de 2010, 200.000 euros de 2011 y unos 500.000 euros de 2012. La consellera se comprometió a agilizar las gestiones con el conseller de Hacienda para que el Consistorio pueda cobrar pronto lo correspondiente a 2010, 2011 y un 60% de 2012.
El edil de Bienestar Social avanzaba que esta misma mañana se reunía con el CRIS para trasladarle las impresiones de esta reunión y estudiar cómo afrontan la difícil situación económica que está atravesando el centro. Aunque anuncian un pago próximo desde el Ayuntamiento, Cerdán avanzaba que el departamento de Intervención advierte de que será difícil que Villena siga adelantando estos pagos si no son correspondidos por Conselleria.
Cerdán valoraba el talante cercano y dialogante de la consellera, pero subrayaba que el problema actual es fruto de “la gestión de los últimos años de la Generalitat y las Consellerias”, al tiempo que esperaba que “el PP sea capaz de rectificar esta mala gestión de muchos años”. En la reunión también estuvo presente la Secretaria Autonómica de Bienestar Social y la villenense Mª José García Herrero, diputada autonómica del Partido Popular.
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante deberá cerrar si el Consejo no paga la deuda de 500.000 euros
Más de un centenar de personas convocados por la Asociación de Familiares y de Enfermos Mentales de Alicante (Afema) han realizado este martes por la mañana una protesta a las puertas del edificio Prop en Alicante para reclamar el pago de los 500.000 euros que la Generalitat les adeuda, sin los cuales este colectivo se verá abocado al cierre a partir del día 21 de enero, según ha explicado el presidente deAfema, Alfonso Rodríguez.
El impago de las cantidades pendientes ha llevado a que los trabajadores de la asociación lleven «cuatro meses sin cobrar», e incluso la falta de recursos de los que dispone esta entidad hace que su actividad se encuentre «al borde del cierre».
Alfonso Rodríguez ha remarcado que desde este lunes Afema ha suspendido sus servicios, salvo aquellos programas que son «estrictamente necesarios en cada centro», y ha calculado que, si la Generalitat valenciana no les paga ya no podrán seguir con su actividad «a partir del próximo 21 de enero».
Este cierre generalizado afectará a todos los ámbitos de actuación de Afema, a excepción de los centros de día y los pisos tutelados que gestiona esta asociación.
«Hemos llegado al límite. Hemos tenido que comenzar por cerrar nuestros programas y reducir servicios porque no podemos pagar a nuestros trabajadores ni a nuestros proveedores, ni garantizar las atenciones de los usuarios de las viviendas tuteladas», ha lamentado Rodríguez, en el manifiesto leído este martes a las puertas del Prop.
Al respecto, además ha subrayado su «decepción» por el trato que ha recibido este colectivo por parte del Consejo, y ha subrayado que «si duele que no te paguen, más duele que te prometan fechas una y otra vez».
PROGRAMA DE PROTESTAS
La situación económica «es tal», según ha añadido, que desde este martes el colectivo ha instalado una mesa petitoria ante el Prop para recaudar fondos con los que atender las necesidades básicas de comida, luz y agua de sus instalaciones.
Así mismo, Afema ha organizado realizar protestas en este mismo punto todos los días, entre las 11.30 y las 13.00 horas, para dar a conocer su situación entre la ciudadanía. Además, este viernes presentarán un queja ante el Síndic de Greuges para comunicarle la situación «insostenible» en la que se encuentra este colectivo.
Igualmente, Afema mantendrá sus reivindicaciones de las marchas por la discapacidad y la salud mental, que pasan por el pago de todas las deudas a centros y servicios de la discapacidad, enfermedad mental, enfermedades raras, centros especiales de empleo, atención temprana, así como la paralización del nuevo modelo de financiación para centros de discapacitados en 2013.
En esta línea, reclama también que el Consejo retire la reducción presupuestaria del 35 por ciento en la Orden de ayudas a los Centros Especiales de Empleo, el cumplimiento en los plazos de pago de estos, y la creación de una mesa negociadora representada por todas las partes para resolver el futuro del sector.
Medio centenar de personas protestan ante Bienestar Social por la «asfixia económica» a centros y programas de menores
Medio centenar de trabajadores y delegados sindicales han protestado este lunes ante la sede de la Conselleria de Bienestar Social en Valencia por los recortes y la «asfixia económica» causada por los «retrasos de más de un año» en los pagos de la Generalitat a centros y programas de atención a menores gestionados por entidades sin ánimo de lucro en la Comunitat Valenciana.
En declaraciones a los periodistas, el coordinador del sector de atención a menores en CCOO-PV, Antonio Jiménez, ha criticado los «recurrentes retrasos en los pagos» a las entidades y ayuntamientos que gestionan los servicios públicos de atención al menor, familia y juventud, así como la supresión de algunos programas comunitarios de prevención que se llevaban a cabo en el ámbito municipal.
El representante de UGT-PV, Antonio Femenía, también ha reprobado que la administración haya «rebajado muchísimo» –un 40 por ciento– su aportación a los ayuntamientos para los Servicios de Atención a Familia e Infancia (Seafis), con lo que duda de «cuántos se van a acoger en 2013 porque no cobran». Además, denuncia que la dotación para servicios de atención a la infancia en municipios que carecen de Seafis «simplemente desaparece» este año, con lo que «la mitad o más de los municipios de la Comunitat se van a quedar sin el servicio de atención a la familia y a la infancia en los momentos de más crisis».
Femenía alerta, en este sentido, de que habrá casos en que «no se detecten maltratos» y otros en los que los servicios municipales no podrán atender a menores de familias desahuciadas porque «no tienen medios suficientes» y, por ejemplo, han tenido que reducir la jornada laboral de sus trabajadores de cinco a tres días semanales, de modo que «les será imposible hacer su trabajo cuando más necesario es».
EL SECTOR RECLAMA «HECHOS, NO PALABRAS»
Así, exigen a la Generalitat que «pague puntualmente a los centros de atención al menor y sobre todo, que no desmantele el sistema de protección a la infancia en los momentos en que más falta hace» y subrayan que quieren«hechos, no palabras». «Regalar fotos no queremos», incide Femenía, quien asevera que por el momento «hay poca interlocución, autismo total», por parte de la Conselleria.
Ambos representantes sindicales señalan que «es difícil saber la deuda exacta en estos momentos» porque la Generalitat, con la llegada del último tramo del FLA a final de año, pagó parte de la deuda de los conciertos aunque esos fondos no llegaron a los trabajadores y todavía «quedan subvenciones por pagar» y «muchos meses» que abonar a «entidades que gestionan servicios públicos y centros de la propia administración para niños tutelados o con medidas judiciales».
Femenía apunta que «se debían decenas de millones de euros» y que, en cualquier caso, «es insostenible que se alarguen durante meses o años los impagos y que trabajadores y entidades hayan sufrido lo insufrible para mantener un sistema público que es responsabilidad de la Generalitat«.
En este sentido, acusa al Consell de hacer que la financiación de estos centros y servicios recaiga sobre las propias entidades y sobre sus trabajadores, a quienes adeudan «muchísimas nóminas», hasta el punto de que algunos han tenido que «abandonar su piso e irse con sus hijos a vivir a casa de sus padres porque ya no aguantan más».
«LIMPIEZA IRREVERSIBLE» EN LA ATENCIÓN A MENORES
El representante de UGT-PV advierte de que esta situación puede conllevar«una limpieza irreversible en este campo de la intervención social», que constituye «el núcleo duro del sistema de protección».
Entre las consecuencias de esa «asfixia económica», cita que menores acogidos en centros propios de la Conselleria «algunos días no tenían ropa interior porque no se dispone de dinero para comprar» mientras que, en otros, «se tienen que limpiar con papel de cocina en vez de papel higiénico» y la ropa «se lava con lavavajillas» porque «los proveedores están desfondados y ya no sirven más».
Según Jiménez, en el último año «se han cerrado diez centros de entidades que, por ahogo, ya no han podido» y se ha recortado un 7,3 por ciento la dotación para programas de acogimiento familiar en 2013, en más de ocho millones de euros. En la actualidad, hay más de 1.800 menores en centros, pero el número de atendidos en este sistema de protección y reforma de la Comunitat Valenciana supera los 20.000, al incluir barrios, centros de día y Seafis.
Miles de dependientes morirán en 2013 sin recibir la prestación
Las asociaciones para la dependencia han calificado de «canallada» los recortes en el sector aprobados por el Gobierno y han alertado de que supondrán previsiblemente en 2013 la muerte de «miles» de personas sin llegar a recibir las prestaciones correspondientes a su dependencia.
Así, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha criticado la «demolición controlada» de la ley de dependencia, resaltando que este año el incremento de personas atendidas ha sido diez veces menos que en 2010.
De esta manera, este servicio tan solo ha registrado 18.944 beneficiarios nuevos, no manteniéndose la tasa de reposición en diez comunidades autónomas y habiéndose reducido en 9.589 beneficiarios en los últimos cuatro meses.
Durante 2010 el incremento de personas atendidas (saldo altas/bajas PIA) fue de 197.638 personas, mientras que el año siguiente fueron 83.427 las personas que engrosaron las listas de atendidos. «La destrucción y total paralización del sistema es tan evidente que no merece que le dediquemos más cálculos», ha señalado Ramírez.
Según las previsiones de esta asociación, considerando que en la actualidad hay en espera 230.203 personas con derecho reconocido, el dato de 18.944 incorporados en todo un año supone, a ese ritmo, una espera de doce años para atender la totalidad de expedientes acumulados.
«La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada, ya que se reduce el ‘limbo de la dependencia’ no porque se les atienda sino porque quita el derecho de atención a los moderados hasta el año 2015», ha explicado.
En esta misma línea, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha denunciado la «miopía» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al poner «en peligro de viabilidad» a más de 4.000 empresas debido a los recortes.
CIERRE DE UNA RESIDENCIA POR DÍA
Según los cálculos de esta asociación, estos cierres afectarían a cerca de 200.000 trabajadores, una situación «que no se solucionará el año que viene a no ser que haya un cambio de política». A lo largo de 2012, después del verano, se ha producido al menos el cierre de una residencia por día.
Las dos asociaciones han coincidido en resaltar el retorno económico del sector, donde se han invertido más de 16.000 millones de euros por parte de operadores privados en construcción de centros residenciales. Además, por cada euro invertido por las administraciones públicas, retornan 1,20 euros vía impuestos o cuotas de seguridad social, entre otras.
«Aún a pesar de estos datos, el Gobierno no hace más que recortar y poner en peligro al sector. La atención a la dependencia es un derecho al que nos hemos comprometido moralmente pero hay que tener en cuenta que es un sector generador de riqueza», ha apuntado Echevarría.
El Gobierno ha recortado 835 millones de euros al sistema en 2012, eliminando la financiación del nivel acordado y reduciendo un 15% el nivel mínimo. Asimismo, en este año las aportaciones estatales no superan el 25% del total de los costes y para el año 2013 no llegará al 20%, lo que se aleja de la financiación paritaria entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.
MEDIDAS «SANGRANTES»
Además, Ramírez ha apuntado a «otras medidas sangrantes» como la suspensión de la incorporación de dependientes ‘moderados’ hasta 2015 o la creación de un plazo suspensivo de dos años para la posible retroactividad de las ayudas económicas. Además, ha reiterado que se ha dejado sin cotización a la seguridad social en el convenio especial a 146.000 cuidadores (un 93% de ellos, mujeres).
«Las medidas adoptadas este año son desalmadas y crueles con las personas al tiempo que son antieconómicas. Rajoy cierra los ojos ante una realidad socio-demográfica evidente y apremiante y España pierde la oportunidad de invertir en uno de los poquísimos sectores con capacidad de retorno», ha concluido Ramírez.
Los centros de dependencia valencianos, en pie de guerra
La patronal Aerte asegura que empezará a cobrar en enero el coste total a los pacientes porque la Generalitat no ha pagado en todo el año los bonos. Se quejan de que el pago realizado con el dinero del FLA -de 63 millones de euros- sólo ha llegado a los centros concertados, no a los privados.
Las empresas privadas de atención a los dependientes han montado en cólera por la distribución de los pagos pendientes. El sector estima que la deuda de la Generalitat era de 124 millones de euros hasta ahora, y con los fondos recibidos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se acaban de pagar 63 millones.
El descontento en una parte importante del sector viene por los conceptos que se han pagado y los que se han dejado fuera. Aerte agrupa a unas 200 empresas privadas, de las que sólo seis -que trabajan con plazas concertadas- han recibido fondos de este pago.
Sí han percibido el importe pendiente los centros concertados, la mayoría agrupados en la asociación Aecas. También parte de las gestiones integradas, agrupadas en la asociación Lares -de centros de mayores-.
Desde Aerte explican que, de los 67 millones que faltan por cobrar, diez millones
corresponden a los bonos que la Generalitat concede a las personas dependientes, pero que abona directamente a los centros, de manera que los pacientes sólo tienen que abonar una diferencia. La gerente de Aerte, María José Mira, asegura que no se ha pagado nada de los bonos en todo el año 2012. El resto corresponde a gestiones integradas, que son centros públicos gestionados por empresas privadas, a los que se les adeudan diez meses, afirma Mira.
La gerente asegura que hace dos días mantuvieron una reunión con el nuevo equipo de la Conselleria de Bienestar Social, en la que se les aseguró que el pago que se iba a realizar ahora con los fondos de FLA se distribuiría de forma equilibrada en todo el sector de la dependencia, pero consideran que el pago realizado no cumple esas expectativas.
Por ello, Aerte ha comunicado a sus centros que gozan de libertad para comenzar a cobrar las plazas de bono integras, «como medida para no estrangular al sector». Es decir, que el dinero que no está pagando la Generalitat se lo van a cobrar a los pacientes.
Mira afirma que «nosotros no podemos bajar las persinas y hacer una huelga, como las
farmacias, y no dar de comer a los pacientes».
Situación de Aerte
Por otra parte, la propia asociación Aerte atraviesa un momento interno complicado. La semana pasada, la asamblea acordó dar de plazo hasta el 31 de enero a la actual junta directiva para solucionar la situación de los impagos; si esto no se solventa, la cúpula deberá dejar sus puestos.
Mira señala que el equipo ha hecho todo lo posible y que «si otros pueden hacerlo mejor, adelante».
Aerte liderará las reclamaciones de las personas dependientes
Aerte, la patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, celebró su asamblea general extraordinaria, cuyo contenido ha girado en torno a la situación a la que la administración ha arrastrado a sus asociados por los impagos reiterados de la deuda. Ademas, se debatió sobre la representación de todos los usuarios (personas en situación de dependencia) que bien no han percibido sus mensualidades correspondientes por parte de la administración o que no gozan del reconocimiento y resolución de su situación.
La adopción de una línea jurídica defensiva, en representación de los usuarios que no han cobrado sus prestaciones, resoluciones ni cobros -personas en situación de dependencia- representa el primero de los compromisos adoptados en la asamblea general que Aerte celebró ayer.
En este sentido, la patronal de la dependencia valenciana ha asumido el compromiso de aglutinar las reclamaciones, en nombre de estos usuarios, tanto de las mensualidades que se les adeuda como la retroactividad, el reconocimiento o la resolución.
Aerte se concede un plazo de cuarenta y cinco días en su Asamblea General Extraordinaria para acordar con la Administración el pago de la deuda pendiente
La asamblea General Extraordinaria de AERTE, celebrada en el día de hoy ha decidido, a petición de la Junta Directiva, darse un plazo de cuarenta y cinco días, dada la urgencia de la situación, para llegar a un acuerdo con la Administración, en la línea de las negociaciones que se venían llevando a cabo con el anterior equipo de Gobierno.
Estos acuerdos pretenden establecer el procedimiento para el pago de la mayor parte de la deuda pendiente, en el marco de un plan de pagos creíble y seguro para el resto de la deuda no pagada, así como un compromiso firme de atender puntualmente las facturas mensuales que se vayan generando.
Por otra parte se pretenden establecer otras medidas como la creación de 4000 plazas subvencionadas para atender a las personas en situación de dependencia que se encuentran en listas de espera así como diversas cuestiones relacionadas con las acreditaciones de los centros y funcionamiento ágil de la tramitación de la dependencia.
El próximo 31 de Enero de no haber logrado un acuerdo con la Administración se convocarán elecciones para que una nueva Junta Directiva continúe el trabajo en defensa del sector; con independencia de que continúe la actual Junta su trabajo hasta la toma de posesión de la nueva Junta.
Farmacias y residencias valencianas exigen los 600 millones que les deben
Alberto Giménez
La patronal de la dependencia y de las residencias de tercera edad, Aerte; el Colegio de Farmacéuticos de Valencia; y la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat acogieron de forma respetuosa, y con cierta expectación, por los retos mayúsculos pendientes, los nombramientos de Manuel Llombart, como conseller de Sanitat; y de Asunción Sánchez, en Bienestar Social. Sin embargo, les recordaron a ambos que la administración autonómica debe 600 millones de euros a las empresas y profesionales que representan, y que los pagos por los servicios prestados se retrasan en muchos casos hace más de un año.
Por ejemplo, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, recordó a Asunción Sánchez que la Generalitat debe 150 millones de euros a las residencias y centros de dependencia de la Comunitat Valenciana. Los representantes de Aerte, que agrupan a 200 empresas y representan al 80% del sector sociosanitario, estaban citados para este martes, día 11, en el despacho del destituido conseller Jorge Cabre, con el titular de Bienestar Social; y con el Secretario Autonómico, Joaquín Martínez. «Nosotros —dijo ayer— Alberto Giménez, estaremos allí, porque nadie nos ha desconvocado a este encuentro de trabajo, en el que íbamos a tratar una serie de cuestiones técnicas del sector, y algo muy importante: un plan de pagos para saldar la gran deuda que la Generalitat tiene con las residencias». Respecto a Cabré, Giménez le puso «un suspenso» por no haber podido resolver «los impagos, que han puesto a nuestro sector en una situación insostenible e injustificable». Sobre la nueva consellera, Asunción Sánchez, Giménez —empresario alicantino— dijo que la conoce de sobra: «Es una persona con una reconocida trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Alicante».
Paralelamente, el letrado Vicente Peiró, que representa a la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat, consideró «un poco paradójico que siendo un acreedor de la institución autonómica —cabe recordar que Manuel Llombart, como directivo del IVO, reclama 58 millones a la administración sanitaria— se haya convertido en conseller». «Supongo —dijo— que ahora el IVO cobrará, aunque entendemos que Llombart es un buen gestor, en su condición de economista».
Respecto a Luis Rosado, extitular de Sanitat, Vicente Peiró calificó su etapa como «muy gris» pues «se ha escapado de los compromisos adquiridos con nosotros». El último, el referente al cobro de los 30 millones de euros que les adeudan de 2012. «Estamos indignados —enfatizó— porque han llegado fondos de liquidez autonómicos del FLA, y han servido para pagar intereses de deuda, retenciones del IRPF de los funcionarios, cuotas de la Seguridad Social, algo a las farmacias y algo a las residencias de dependencias, pero nosotros, ni un euro». Rosado, insistió, «nos ha tratado con deliberada maldad al no querer registrar nuestras facturas», lo que supone que no se han contabilizado ni pagado en el vigente ejercicio y tendrán que cobrarse con cargo al FLA estatal de 2013.
A su vez, la Presidenta de los Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, elevó la deuda actual de la Generalitat con este colectivo profesional a 420 millones de euros. «Confiamos y le pedimos —dijo— que el nuevo conseller cumpla el acuerdo suscrito hace apenas 10 días, en el pleno del Consell, donde se fijó un plan de pagos, que si se cumple, liquidará la deuda con las farmacias, en el mes de marzo», remarcó.
120 millones en deudas al campo
Por su parte, Ramon Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, se alegró por el pase de Agricultura a la órbita del vicepresidente José Císcar, «una persona con poder dentro del partido y el Consell». Pero reivindica el pago de lo que se adeuda. Y recuerda que al sector de los productores agrarios se le debe 120 millones desde 2009 en subvenciones. Por último, el presidente de AVE, Vicente Boluda, se felicitó «por la reducción de 10 conselleries a 8, aspecto que en nuestra organización habíamos pedido, porque todos los ajustes son necesarios en los tiempos que estamos».
Hosbec: «Pasamos de tener una conselleria zombi a nada»
Las principales asociaciones hoteleras alicantinas coincidieron ayer en que el sector turístico ha salido especialmente mal parado con la remodelación del Consell. El presidente de la Asociación Empresarial de Hoteles de Benidorm y de la Costa Blanca (Hosbec), Antonio Mayor, aseguró que la fusión ha terminado por aniquilar las políticas turísticas de la Generalitat. «La Conselleria era un zombi y ahora hemos pasado a la nada», sentenció. Consciente de las exiguas posibilidades económicas del Consell, Mayor quiso emplazar al nuevo Ejecutivo a que marque «claramente sus prioridades», ponga en marcha acciones eficientes y apueste de manera decidida «por un sector estratégico». «El turismo puede ser el motor de arranque de la economía», concluyó. Cristina Rodes, de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, remachó: «El Consell ha vuelto a demostrar que no le importa demasiado el turismo».
Aerte solicita una reunión con la nueva consejera de Bienestar Social para resolver la deuda con el sector valenciano de la dependencia
Aerte, la principal asociación representante del sector de la dependencia en Comunidad Valenciana, ha trasladado su felicitación a Asunción Sánchez Zaplana por su nombramiento al frente de Bienestar Social, a quien ha demandado también agilidad para la resolución de la deuda de casi un año que arrastra el sector y hace peligrar la calidad y asistencia de los dependientes.
Asunción Sánchez Zaplana
Aerte considera un gran acierto por parte del Consell Valenciano la generación nuevamente de una Consellería de Bienestar Social en solitario, así como el nombramiento de una persona experimentada al frente de la misma, y por tanto conocedora de los numerosos temas complejos que este sector tiene pendientes desde hace varios años.
La patronal de la dependencia en Comunidad Valenciana también ha calificado como necesaria la dotación de recursos esenciales para la solución de dichos problemas, un paso necesario sin el que no se conseguirá nada más que desgastar a otra persona válida más, sin ofrecer soluciones válidas para el sector.
Según ha expuesto Aerte en un comunicado de prensa, ni la patronal ni el resto del sector puede concederle los 100 días de gracia característicos para los nuevos nombramientos, dado la situación angustiosa de cobros pendientes que existe desde hace casi un año.
Asimismo, la patronal recuerda que con el anterior equipo de la Consellería de Bienestar Social se estaban ultimando diversos acuerdos que espera tengan continuidad junto con el pago de la deuda. Acuerdos que de ultimarse, iban a ratificarse en la Asamblea General con los más de 200 centros asociados a la patronal el próximo 18 de diciembre. Es por ello que la Junta Directiva de Aerte ha solicitado una reunión urgente con la Consellera.
Jorge Cabré se va descontento de Bienestar Social
El exconseller Jorge Cabré ha reconocido hoy que se marcha descontento del área autonómica de Bienestar Social por no haber logrado la financiación necesaria para los colectivos que más la necesitaban, y ha expresado su confianza en que si él era «el problema», encuentren la solución con su sucesora.
Así lo ha dicho Cabré en el acto de traspaso de carteras de la Conselleria que dirigía hasta el pasado viernes, en el que ha cedido simbólicamente el área de Bienestar Social a Asunción Sánchez Zaplana y la de Justicia a Serafín Castellano.
En el acto han estado también presentes el presidente de Les Corts, Juan Cotino, el vicepresidente del Consell José Císcar y los consellers Máximo Buch, María José Catalá e Isabel Bonig, así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León.
El exconseller ha señalado en su alocución que él quiere ya «ser historia» en la Generalitat y volver a su trabajo como fiscal, «desaparecer» de la vida política y poder contarle con orgullo a sus hijos y nietos que ha formado parte del Gobierno valenciano.
«Me voy con menos en lo económico de como vine, pero con muchas más amistades y cariño», ha valorado Cabré, quien ha recordado «lo mal» que lo ha pasado en esta Conselleria junto a su equipo y los trabajadores para atender tantas demandas de tantos colectivos, pero ha dicho que se queda con «la piña» que logró formar con todos ellos.
Ha pedido perdón a los colectivos sociales por cuya mayor financiación luchó «todo» lo que pudo, sin éxito, y ha dicho que en las áreas de Justicia y Cooperación al Desarrollo se marcha con la satisfacción, en la primera, de no haberse «plegado ante nadie» y, en la segunda, de dejarla mejor que como la encontró a su llegada.
Por su parte, Sánchez Zaplana ha anunciado que basará su gestión en cuatro premisas: compromiso, trabajo, diálogo y servicio.
La exconcejala alicantina se ha comprometido a mantener un «contacto directo» con todos los colectivos implicados en su departamento, valorando «la crítica constructiva» y asumiendo que los responsables públicos se deben «a la gente que lo está pasando mal».
«Me gustaría ponerle cara a los problemas», ha añadido para insistir en que las puertas de su Conselleria estarán siempre abiertas.
Castellano ha cerrado el acto recordando que esta es la hora de las soluciones, de la responsabilidad, de la serenidad y del consenso para lograr, con austeridad, una justicia más ágil y eficaz.
Música y teatro para reivindicar la Ley de Dependencia
La plataforma en defensa de las personas en situación de dependencia organizó ayer un acto para reivindicar la aplicación de la Ley de Dependencia. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural de Muro donde actuaron los miembros del grupo de dolçainers i tabaleters La Xafigà quienes interpretaron la obra «Dependents» del compositor José Rafael Pascual Vilaplana. El cantautor contestano, Andreu Valor, también pisó el escenario para ofrecer un pequeño concierto y los actores y actrices de Faula Teatre protagonizaron una representación.
La plataforma organizó este acto para «denunciar delante de la sociedad la falta de aplicación y eficacia de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que todavía estamos sufriendo en la sociedad valenciana», para «sensibilizar y visualizar la existencia de las personas dependientes y el mundo que nos rodea» además de «informar a toda la sociedad, y en especial a las personas con situación de dependencia de nuestras comarcas, el ataque permanente que estamos sufriendo por una mala gestión del Gobierno central vulnerando el derecho subjetivo adquirido mediante la LAPAD», según señaló este colectivo a través de un comunicado.
Cleries critica que el Gobierno haya «dimitido de sus responsabilidades» con los discapacitados
El conseller en funciones de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha deplorado que el Gobierno español haya «dimitido de sus responsabilidades» con los discapacitados al incumplir los pagos mínimos comprometidos con este colectivo, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este lunes.
A través de un comunicado, Cleries ha reclamado al Gobierno central que respete las competencias exclusivas de la Generalitat en el ámbito de la discapacidad, asegurando que la actual Ley de Dependencia está «muy ahogada económicamente y a día de hoy se ha demostrado ineficaz e ineficiente».
Además, ha explicado que el Govern ha hecho grandes esfuerzos para dar respuesta a la falta de compromiso del Ejecutivo español, y ha afirmado que desde Catalunya se ha trabajado por «poner las personas en el centro de las políticas, especialmente las más vulnerables».
Ha insistido en la necesidad de impulsar un cambio de paradigma en el ámbito de la discapacidad: «Dejar de hablar de dependencia para centrarnos en la promoción de la autonomía personal y en potenciar y poner en valor las capacidades de cada uno».
En este sentido, ha recordado que el Govern ha impulsado el anteproyecto de Ley de Accesibilidad durante esta legislatura y se ha comprometido a elaborar una Ley de Autonomía Personal antes de cuatro años.
Aerte se siente «marginada» por el Consell en el abono de la deuda frente a otros colectivos y anuncia nuevas acciones
El sector de la dependencia representado por Aerte ha asegurado este viernes que se siente «marginado» por la administración valenciana tras la intención manifestada por el Consellde pagar 10 millones de euros a discapacitados, «cuando el Ministerio de Sanidad ha confirmado haber abonado ya más de 339 millones de euros destinados a deuda de servicios sociales de cinco autonomías». En este sentido, ha anunciado que emprenderá nuevas acciones para dar a conocer su «discriminación».
Esta patronal del sector de la dependencia valenciana, que atiende a mas de 20.000 usuarios, ha calificado el anuncio de pago del Consell a discapacitados como un «parche inservible e infructuoso», ya que, según ha apuntado, «solo a los centros que representa –cifra que en su conjunto supera los 200– adeuda más de 100 millones de euros, equivalentes a las facturas impagadas de todo el año 2012». de esta cantidad, la patronal afirma «no haber cobrado aún ni un euro».
En esta línea, ha recalcado que la «decepción» del sector de la dependencia valenciano agrupado en Aerte «se evidencia aún más al conocer que el Gobierno central ha destinado 339,6 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), abonando con ello facturas pendientes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, hasta el 21 de noviembre».
Frente a este dato, Aerte ha exigido «explicaciones» al Consell «por la situación en que se encuentra la dependencia valenciana y en particular, las empresas, trabajadores y pacientes de los centros que representa».
La patronal ha anunciado la adopción de nuevas medidas en su Asamblea Extraordinaria –que celebrará el 18 de diciembre– para acordar «las acciones oportunas a desarrollar para dar a conocer a la sociedad española en general y valenciana en particular, la situación de discriminación que existe sobre el sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana».
Cabré entiende la «desesperación» de los discapacitados pero desautoriza el acto reivindicativo en las Corts
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado que entiende la «desesperación» de las personas discapacitadas pero ha desautorizado el acto reivindicativo que ha tenido lugar este jueves en las Corts, en el que varios integrantes de la Marcha por la Discapacidad han interrumpido la sesión mientras él estaba interviniendo.
Cabré se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la comisión mixta TSJCV-Conselleria de Justicia, al ser preguntado por su opinión sobre la actuación de los miembros de esta Marcha, que finalmente han sido desalojados del parlamento valenciano.
Al respecto, el conseller ha indicado que esta actuación ha sido «desagradable» porque él ha ido a cumplir con su obligación como conseller y a dar cuentas: «yo me tomo muy en serio mi trabajo en las Corts», ha subrayado.
Así, Cabré ha afirmado que entiende la «desesperación» de este colectivo, pero ha remarcado que las Corts es una institución «muy importante» para los valencianos y «no está destinada precisamente a este tipo de actos».
En esta línea, ha reiterado que lamenta «mucho» la situación de los discapacitados, en relación con los impagos, pero ha repetido que «no era el momento ni el lugar» para hacer las reivindicaciones.
Preguntado por si se va a establecer un calendario de pagos para este colectivo, el conseller ha dicho: «ya estamos pagando», y ha puntualizado que este año el Gobierno valenciano ha abogado casi 500 millones de euros a este sector de la discapacidad –entre mayores, enfermos mentales, familias, mujeres, etc–, con lo que «se está haciendo un esfuerzo muy importante».
Asimismo, ha asegurado que «inmediatamente que podamos, haremos un plan de pagos y pagaremos». El objetivo es éste –ha dicho–, «cumplir con ellos –los dependientes– porque es nuestra obligación».
Los centros de Aerte pedirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no abona la administración
Aerte, la patronal representante del sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado este miércoles que sus centros exigirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la administración ya que ha afirmado que, de otra manera, «resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza».
La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta «inevitable» en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.
Aerte ha recalcado que la situación es «inaguantable» y, además, «inminente que muchos usuarios sin familia se verán en la calle dentro de poco ante la imposibilidad de poder asumir el pago de estas facturas». En esta línea, ha puntualizado que esto «se agrava con la situación precaria en la que están inmersos los más de 10.000 dependientes que tienen reconocidos sus derechos por la Ley de Dependencia y no están recibiendo el servicio».
«Tienen derecho de percibir una prestación pública desde hace años en la mayoría de los casos, y llegan a fallecer en la mayoría de las ocasiones antes de verlo realizado, de nuevo, por incumplimientos», ha criticado. La patronal ha calificado como «muy grave» la «falta continuada de palabra» del Consell hacia la población dependiente que representa Aerte –integrada por los más de 20.000 dependientes y más de 200 empresas– y ha lamentado su «falta de sensibilidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones».
Aerte ha recalcado que el colectivo de la dependencia valenciano, que precisamente está «integrado por el segmento más débil y vulnerable de la sociedad», es el «único sector» que no ha cobrado nada en todo el año 2012. Asimismo, la patronal ha alertado de habrá cierre de empresas de atención a la dependencia, «lo que supondrá dejar de prestar sus servicios en la Comunidad Valenciana«.
En su opinión, «este hecho pone en tela de juicio la aplicación queBienestar Social está llevando a cabo de la Ley de Dependencia, una ley que ha sido recientemente reformulada y validada por el Gobierno central pero que no está siendo aplicada por el Gobierno autonómico», una realidad que califica como «muy grave».
Según la patronal, «son ya once meses los transcurridos desde que la Conselleria de Bienestar Social no paga ni un euro a los centros responsables de la atención y los cuidados de los dependientes y discapacitados, muchos de ellos tutelados por la misma administración, incumpliendo de forma grave y notoria con su compromiso de pago a la población dependiente así como con la palabra dada a la principal patronal de la dependencia valenciana y las empresas que la integran».
CON PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO
Aerte destaca que ya ha manifestado «en muchas ocasiones» las «dificultades» por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, que llevan «casi un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal».
La Generalitat Valenciana paga 42 M€ en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias pero no para los Proveedores de la Sanidad Pública
La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ha denunciado «el mal uso que se hace del dinero del contribuyente» y la «tremenda injusticia» que se está cometiendo con el colectivo de los proveedores.
El colectivo, en un comunicado, ha criticado que se les excluya «del reparto del poco dinero que llega a la Comunitat Valenciana proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica, teóricamente creados para pagar intereses de la deuda pública y proveedores». Además, ha señalado que ven con «asombro» como «sí hay dinero para pagar 42 millones en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa)».
«Desconocemos lo importante que puede ser este desembolso en metálico para la Generalitat Valenciana, así como las repercusiones que esta inversión pueda tener para los ciudadanos, pero de lo que sí estamos seguros, es que esta inversión no contribuye a mantener el estado de bienestar sanitario», ha destacado la plataforma.
En este sentido, ha tildado de «chocante» que en esta situación, «en la que las empresas estamos cerrando por no cobrar de las administraciones y en la que al ciudadano se le está regateando una intervención quirúrgica con listas de espera kilométricas o en la se le está solicitando un copago, haya 42 millones, más que suficientes como para saldar la deuda de todas nuestras empresas, para ampliar el capital de una sociedad cuyo objeto habría que analizar».
«Una prueba más de la incomprensión, falta de sensibilidad e injusticia hacia un colectivo empresarial del que dependen muchos puestos de trabajo», ha denunciado la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana.
Aerte denuncia la falta de sensibilidad del Consell
Aerte ha criticado este viernes la «falta de sensibilidad y compromiso» del Consell hacia la población dependiente y ha denunciado que «no se muestra receptivo con la problemática que vive hoy día la población de enfermos dependientes», según ha informado la patronal mayoritaria del sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.
En este sentido, aunque la patronal ha manifestado ser consciente de los múltiples esfuerzos efectuados por la Consejería de Bienestar Social para conseguir el pago, el Gobierno valenciano permanece pasivo ante las constantes súplicas de todos los agentes implicados en el sector de la dependencia, quienes día a día ven cómo la situación de impagos existente deteriora su calidad de vida y dificulta aún más la existencia del sector de la dependencia, las más de 200 empresas representadas por Aerte, sus trabajadores y los miles de dependientes a quienes prestan servicios.
«La dramática situación por la que están atravesando las empresas por los constantes impagos del Consell, teniendo en cuenta que no cobrado prácticamente nada en todo el año 2012, ha sido el detonante que ha conducido a la situación actual de incertidumbre y peligro para la supervivencia de estas empresas, los puestos de trabajo y la atención y la calidad de vida de uno de los colectivos más sensibles de nuestra sociedad: los dependientes», ha señalado.
Los más de 100 millones que la administración autonómica adeuda al sector de la dependencia, no solo dificultan la atención a todas las personas dependientes en un corto plazo, sino que aventuran la desaparición de más de 15.000 puestos de trabajo y la supervivencia de más de 200 empresas que hoy día prestan servicios a unas personas que tienen derecho a ellos por Ley.
Las empresas asociadas a Aerte mantienen un compromiso diario con la prestación de todos los servicios contemplados en el catálogo de la Ley de dependencia entre los que destacan la promoción de la autonomía personal, el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención de las necesidades del hogar, cuidados personales, servicio de Centro de Noche, Centro de Día para mayores, menores de 65 años y de atención especializada, Centro de Noche y servicio de Atención Residencial.
