Recortes

Descienden un 11% las ayudas para cuidados a dependientes

Cuidados-del-cuidadorFreno y marcha atrás. Las ayudas a la dependencia experimentaban un descenso en 2013. Una vez tocado el techo de 8.475 beneficiarios allá por diciembre de 2012, tal y como indicó en su momento el gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, la última estadística publicada por la Consejería de Familia arroja una disminución paulatina de usuarios y de prestaciones reconocidas.

En concreto, la provincia de Burgos perdió 536 dependientes con dictamen favorable y 306 ayudas, el 11%, a lo largo del año pasado. A las bajas por fallecimiento se suman los cambios introducidos en la normativa como principales motivos de esta caída.

Así, 2014 comenzó con 13.178 personas con su situación de dependencia valorada, 172 más que las que tenían un dictamen a comienzos de 2013. Con todo, de ese total, 7.939 recibían la buena noticia de que les correspondía percibir servicios o prestaciones. Los 5.239 solicitantes restantes obtenían sin embargo un ‘no’ por respuesta.

Según los datos difundidos por la Consejería de Familia en la web www.jcyl.es, los 7.939 dependientes con derecho a prestación en la provincia de Burgos tenían -a 31 de enero de 2014- identificadas y reconocidas 10.269 prestaciones económicas o en forma de servicios, frente a las 10.605 aprobadas en diciembre de 2012.

El descenso se concentra especialmente en las ayudas económicas concedidas para cuidados en el entorno familiar que caían en un año de 3.006 a las 2.695 actuales, un descenso del 11% que se explica en parte por la decisión del Gobierno de reducir la cuantía de esta prestación y obligar a los que ejercen esta labor a asumir el pago de su cotización a la Seguridad Social. Hasta julio de 2012 el Gobierno se hacía cargo de este gasto.

Por el contrario, las prestaciones reconocidas destinadas a servicios  prestados por profesionales, bien en el domicilio, bien en centros específicos, residenciales o no. Esta tendencia recibe el aplauso de las voces que defienden las modificaciones de la ley de Dependencia, que sus detractores definen como recortes. Los primeros hablan de generación de empleo y los segundos critican que se beneficie a las empresas privadas del sector.

Así, la prestación económica vinculada al servicio, que copa el grueso de este tipo de ayudas -casi un 21% del total, solo superado por las destinadas a cuidados familiares, un 26%-, llega a 2.153 dependientes. Le siguen las dirigidas a atención residencial, con 1.440 plazas en la provincia, y las concedidas para prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 1.398 en enero de 2014.

Completan el listado las prestaciones para usuarios de centros de día o noche, 1.136, ayuda a domicilio, 1.093, y teleasistencia, 351. En conjunto estos apoyos en forma de servicio pasaban en un año de suponer el 70% del total de derechos reconocidos al 73%, en detrimento de las ayudas económicas directas.

Por población de residencia, de las 7.939 personas dependientes con derecho a prestación, 3.630 tienen domicilio en la capital burgalesa, 809 en Miranda, 680 en Aranda y las 2.820 restantes en otros municipios de la provincia.

Este reparto da cuenta de la estrecha relación entre dependencia y mundo rural, alimentada por la elevada edad media de los habitantes de estas zonas.

Con todo, a pesar del ‘retroceso’ cuantitativo de la ley y de las críticas que han suscitado las decisiones del Gobierno central en este ámbito, Castilla y León revalida año a año el sobresaliente en la gestión y aplicación de esta normativa. La nota se la otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, responsable del observatorio estatal que evalúa la atención a dependientes en cada una de las comunidades autónomas. Lo cierto es que los datos confirman la eficacia de los mecanismos regionales que, por ejemplo, elevan a un 98,8% la proporción de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido que ya la reciben en Burgos. Este dato supera en 18 puntos la media nacional.

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«Moreno es el Terminator de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género»

Consuelo Rumi La diputada nacional del PSOE por Almería Consuelo Rumí ha manifestado este miércoles que su grupo tiene «muy claro cuál es el currículo» del candidato a la Presidencia del Gobierno andaluz del PP-A, Juan Manuel Moreno, a quien ha definido como «el ‘Terminator’ de la Ley de Dependencia y de las medidas contra la violencia de género».

   En rueda de prensa, Rumí ha asegurado que Moreno es «cómplice de la ministra Ana Mato de los repagos farmacéuticos y del atentado contra la sanidad pública española» en su cargo institucional como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. «En definitiva, Arnold Schwarzenneger al lado del Moreno es un angelito», ha apostillado la diputada.

   Rumí ha estado acompañada del senador socialista Juan Carlos Pérez Navas y de la diputada nacional Gracia Fernández, quien ha asegurado que el candidato a presidir la Junta «es conocido por sus malos hechos y obras» ya que «ha sido el responsable de implantar las políticas sociales que han agravado en nuestro país la pobreza y la desigualdad», según ha valorado.

    Fernández ha afirmado que Moreno deja una Ley de Dependencia «prácticamente derogada» dado que «el Gobierno ha dejado de asumir sus responsabilidades y de aportar el 50 por ciento para el pago de las prestaciones» que ahora «tienen que asumir las comunidades autónomas». En este sentido, ha señalado que Andalucía «asume el 72 por ciento de los costes» de los servicios derivados de esta ley al tiempo que sufrido «una pérdida de 314 millones de euros» de aportaciones del Estado.

   «La Junta ha tenido que hacer esfuerzo para garantizar la atención a la dependencia a 15.627 beneficiarios», ha explicado la diputada, quien ha valorado la «aportación extra» de más de 851.000 euros que el Gobierno andaluz ha dedicado al pago de los servicios de trabajadoras en la provincia.

   Con esto, ha criticado también que Moreno «no haya tenido como prioridad» la integración de personas con discapacidad ni el desarrollo de políticas para luchar contra la violencia de género, cuyas partidas se han visto mermadas mientras que, en el caso de los discapacitados, sus políticas de integración o acceso a los medicamentos de manera gratuita se ha deteriorado, según ha defendido.

   Para Fernández, Moreno «no está en condiciones de dar lecciones a nadie y menos en Andalucía» con lo que considera que «tiene mucho que hacer para demostrar que los andaluces le preocupan», sentido en el que además le ha invitado a participar en una concentración contra el anteproyecto de la ley del aborto.

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Empresarios y sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Dependencia

patronales y sindicatos  Organizaciones empresariales y sindicales retoman el Observatorio de la Dependencia con el fin de que la Administración cumpla con la aplicación de la Ley de Dependencia, a través de una financiación adecuada, y vea a este sector «necesario» como la sanidad o la educación, y capaz de «generar riqueza» y puestos de trabajo.

   Así, los representantes de las entidades firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han celebrado este jueves una rueda de prensa para pedir a la Administración que «recupere los objetivos iniciales» de la ley de la Dependencia, aprobada en diciembre de 2006.

Estas organizaciones señalan que frente a la previsión de unos 300.000 puestos de trabajo nuevos, con la puesta en marcha de la ley en 2007, sólo se han creado 70.000 nuevos, ya que antes de su aplicación ya trabajaban en este sector un total de 120.000 profesionales cualificados.

 Esto es consecuencia, según la secretaria de Salud y Dependencia de UGT, Pilar Navarro, de la errónea actuación de las administraciones al fomentar la figura del cuidador familiar (actualmente representa el 43% de las prestaciones de la ley) y no el profesional, además de los recortes.

También denuncian que el sector de empresas de la dependencia está en «absoluta bancarrota» con el cierre de una residencia cada día por falta de viabilidad y una ocupación media del 20 por ciento de las plazas. Según ha indicado el secretario general de LARES, José María Gallardo, el Estado podría ahorrase 10.000 millones anuales si se atienden a los dependientes en residencias (150 euros al día) en lugar de en hospitales (650 euros diarios).

Las patronales advierten de que los precios de los conciertos residenciales siguen bajando mientras que permanecen vacías 50.000 plazas y hay 200.000 dependientes sin atender «Este binomio es imposible», ha aseverado el presidente de la FED, José Alberto Echeverría, en declaraciones a Europa Press.

Las organizaciones de este Observatorio avisan al Gobierno de la necesidad de preparar el sistema ante la realidad demográfica, pues en 2050 las personas mayores de 65 años en España se van a duplicar hasta alcanzar el 30 por ciento de la población y unen a los seis millones de mayores de 80 años previstos para esa fecha.

En cuanto al servicio de atención domiciliaria profesionalizada, denuncian que las adjudicaciones se dan por debajo del coste del servicio, lo que produce, según el secretario de negociación colectiva de CC.OO de Servicios Privados, «la merma directa» de este servicio porque no se producen altas.

UNA LEY «EN RETROCESO»

Transcurridos siete años desde la implantación de la Ley de Dependencia, las organizaciones de este Observatorio denuncian que no se están consiguiendo los objetivos que se marcaron en cuanto a la profesionalización del sector, que está en «riesgo» de viabilidad. A su juicio, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) está en «claro estancamiento» e incluso en «retroceso», como consecuencia de la reducción de la financiación.

Por ello, patronales y sindicatos han establecido varias áreas de actuación: seguimiento de las estadísticas oficiales sobre dependientes, prestaciones y empleo; análisis de la oferta de plazas, demanda, prestaciones, licitaciones, morosidad y financiación adecuada; evaluación toda la normativa que repercute en el sector de la dependencia; participación al sector asociativo y expertos; y la creación de un documento semestral (30 de junio y 30 de diciembre).

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Cataluña suspende la ayuda por partos o adopciones múltiples

Neus MunteEl departamento de Bienestar Social y Familia ha decidido suprimir para este año las prestaciones por parto, adopción, acogimiento o tutela múltiple, la ayuda que concedía a las familias que tenían dos o más niños al mismo tiempo. Según han confirmado a Efe fuentes del departamento de Bienestar Social, esta ayuda ha quedado suspendida para el 2014, aunque las familias que hayan tenido un parto múltiple entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 pueden presentar la solicitud para obtener la prestación hasta el próximo 31 de marzo.

El departamento de Bienestar Social ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, esta ayuda ya se concedía en función de la renta. La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC) ha mostrado hoy su rechazado a este nuevo recorte social de la Generalitat de una prestación económica, que era de carácter universal para las familias residentes en Cataluña que hubieran tenido un parto múltiple o adoptado, tutelado o acogido a dos o más niños de forma simultánea. Según ha informado la FANOC, la suspensión de estas ayudas no se les había comunicado y fue cuando empezaron a recibir quejas por parte de familias cuando la asociación comprobó que en la Ley de presupuestos de este año esta prestación ha quedado totalmente suspendida.

«Esta decisión contrasta con las declaraciones del Govern de que se mantenían las prestaciones sociales en los nuevos presupuestos», ha denunciado la asociación. La FANOC ha afirmado que con este recorte «el colectivo de familias con hijos es castigado con la supresión ahora de la única prestación económica de carácter universal que seguía vigente en Cataluña», después de la supresión en 2011 de las prestaciones universales para todos los hijos de 0 a 3 años (0-6 años en el caso de familias numerosas o monoparentales). Según ha lamentado el director ejecutivo de FANOC, Raúl Sánchez, «no puede ser que en momentos de dificultades y de una grave crisis demográfica, el Govern suprima las escasas prestaciones que tienen las familias».

«Lo peor para el futuro de un país es jugar con las políticas de apoyo a las familias. Ni un sólo país europeo ha disminuido las ayudas universales a las familias durante esta fuerte crisis, es más, algunos las han aumentado: todos son conscientes de que la familia se ha convertido en la primera ONG del país», ha asegurado Sánchez. La asociación ha recordado que una gran parte de las familias que tienen un parto, adopción, tutela o acogida múltiple entran a formar parte del colectivo de familias numerosas, que es, según los expertos, uno de los más afectados por la crisis. La asociación FANOC ha asegurado que es «consciente de que la grave situación financiera del país exige tomar medidas para hacer frente al déficit de la deuda», pero pide «medidas que no castiguen y debiliten más los hogares con más hijos y personas dependientes, ya que éstos soportan muchas cargas económicas, y están dando un servicio social (cuidado de parados, enfermos, personas mayores, etc.) que ahorra mucho dinero a cualquier Gobierno».

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La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones

madridAlgunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.

Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.

Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».

El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.

El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.

La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».

El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .

La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».

Un cambio «ideológico»

«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».

Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».

La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?

Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».

Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.

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El Ayuntamiento de Jaén consignará en el juzgado los pagos de la Junta por Dependencia posteriores al 3 de diciembre

Jaen El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que consignará en el juzgado los pagos que reciba de la Junta de Andalucía por la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad después del pasado 3 de diciembre, fecha en la que se desvinculó de esta prestación. Además, espera que la Administración autonómica concrete una reunión para esta semana con el objetivo de firmar un nuevo convenio en tanto mantiene que no hay ninguno en vigor, ya que denunció el anterior «en tiempo y forma».

   Así lo han indicado este martes en rueda de prensa los concejales de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, y de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para los que el auto del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la capital conocido este lunes «no retrotrae a ningún momento», sino que «sólo toma una medida cautelar» «pensado en los dependientes» y sin «entrar en el fondo» de la cuestión, que es determinar a qué administración compete el servicio.

   De esta manera, han insistido en los argumentos que tanto la propia edil en una nota como el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, apuntaron a conocer esa decisión judicial. Han reiterado que «da la razón» al Consistorio por cuanto reconoce que los impagos de la Junta le causaban «quebranto económico», que denunció el convenio «en tiempo y forma» y que el Ayuntamiento «en ningún momento ha hecho dejación de funciones de su labor administrativa» en esta prestación.

   «Se sigue trabajando con estas personas que tienen reconocida ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia; tramitando expedientes, PIA… Y nosotros no podemos dar ni altas ni bajas porque no tenemos competencia para ello. es la Junta la única responsable», ha asegurado Chamorro, quien ha instado al Gobierno andaluz a que «como mínimo» cubra las bajas que se producen porque «no es de recibo» que existan personas «esperando más de un año» para percibir el servicio que les corresponda.

   Contreras, además, ha dicho entender que la Administración autonómica «debe valorar el auto» y, desde su punto de vista, lo está haciendo «en su justa medida», dado que «ya ha llamado al Ayuntamiento para sentarse a negociar a raíz de su propuesta» de convenio. En este punto, ha dicho esperar que se concrete el encuentro que planteó para «esta semana» con el objetivo de «poder llegar a la firma» de uno nuevo.

«PARÁLISIS»

   Al respecto, ha hablado de «parálisis» en la Junta, ya que aunque afirmó en numerosas ocasiones que garantizaría la dependencia, «no ha hecho nada» ni se ha sabido «nada del plan B» que decía tener. «Hasta ahora la empresa que está desarrollando el servicio es la que tenía contratado el Ayuntamiento (Multiservicios Jabalcuz) y lo ha seguido prestando», ha apostillado.

   Ante esta situación, el responsable de Hacienda ha informado de que «mientras no haya convenio» entienden que la relación entre ambas instituciones «está pendiente de la resolución del contencioso planteado por la Junta», de modo que aquellos  ingresos que se produzcan los consignará en el juzgado.

   La primera cuantía que le trasladará será una parte de los 318.500 euros que el Gobierno regional transfirió por los servicios prestados en noviembre y diciembre. En concreto, será la correspondiente a partir del 4 de diciembre, cuando se desvinculó de la Dependencia al vencer, según reitera, el convenio. «Ese dinero lo vamos a poner a disposición del juzgado y que tome las medidas  que tenga que tomar o que se quede consignado hasta en tanto haya una sentencia», ha declarado el concejal, quien ha añadido que la otra parte de esa transferencia se va a «transferir inmediatamente a la empresa».

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La nueva reforma local recortará 300 millones en servicios sociales

José Manuel RamírezLos efectos de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los ayuntamientos competencias en materia de educación y bienestar social, supondrá un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana, lo que afectará a 112.000 usuarios y causará la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, 850 de ellos correspondientes a técnicos. Así lo explicó el martes en una charla-coloquio en Quart de Poblet el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que ha elaborado un informe a partir de datos oficiales.

La asociación, cuyos estudios sobre la implantación del sistema de atención a la dependencia se han convertido en una fuente de referencia sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en España, maneja numerosos indicadores y se basa para cuantificar el recorte en que 300 millones de euros “es la cantidad que aportan los ayuntamientos a estas ayudas y que ahora desaparecerá”.

La alcaldesa de Quart de Poblet, la socialista Carmen Martínez, que presentó a Ramírez en el acto celebrado en el Centro Cultural El Casino, abogó por recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional y dijo que “no ofrece soluciones, es decir, recursos a quienes tienen que asumir estas competencias, las diputaciones y la Generalitat, pero en cambio sí crea un grave problema a la ciudadanía que se queda sin estos servicios”.

Ramírez explicó que la Comunidad Valenciana ocupa el último puesto en la clasificación de comunidades autónomas por el desarrollo de su sistema de servicios sociales, aunque apuntó que se da la paradoja de que es la que más incrementó el presupuesto en servicios sociales entre 2009 y 2012, con un 14,69%. Pese a lo que calificó como “un meritorio esfuerzo”, dada su débil situación de partida, la Comunidad Valenciana está muy por debajo de la media estatal en gasto y en oferta de prestaciones.

Los datos que aportó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señalan que el gasto en servicios sociales ha pasado en la Comunidad Valenciana de 662,2 millones de euros en 2009 a 759,6 millones en 2012. Aún así, en términos relativos pasa de 129,5 euros por habitante en 2009 a 151,5 euros por habitante en 2012, lo que supone 123,6 euros menos que la media estatal, de 275,1 euros por habitante y año.

También el porcentaje del gasto en servicios sociales, que es del 5,6%, se sitúa por debajo de la media española, del 7,7%. En general, la cobertura de la Comunidad Valenciana en servicios sociales se sitúa en 0,6 puntos sobre 5. Entre los indicadores que empeoran figura la extensión del sistema de atención a la dependencia, que a finales de 2011 beneficiaba al 0,86% de los habitantes de la Comunidad Valenciana y a finales de 2012 había bajado al 0,83%.

El duodécimo dictamen sobre el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo público la semana pasada en Segovia, coloca a la Comunidad Valenciana como la peor, con 0,4 puntos sobre 10. “En Valencia, una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de ser atendida que en el resto de España. hay 18.213 personas dependientes, una de cada tres, que tienen reconocidos los derechos pero figuran en lista de espera”, explicó Juan Manuel Ramírez. “Y lo más grave, en 2013 murieron más de 3.000 personas que tenían el derecho reconocido sin poder disfrutarlo”.

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Miles de dependientes de Aragón malviven sin ayudas públicas a pesar de tenerlas concedidas

Luisa Fernanda RudiLos recortes del Gobierno de Aragón han hecho retroceder la asistencia a los dependientes un 24% en solo dos años, han quitado el apoyo público a unas 3.000 personas y mantienen a unas 8.000 familias a la espera de ayuda.

En la actualidad, la Ley de la dependencia llega en la comunidad aragonesa a 18.511 personas, a pesar de que hay 26.825 que tienen reconocido el derecho a cobrar prestación. Es decir, hay 8.314 que, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, aún no tienen apoyo de la ley.

El número total de beneficiarios se ha reducido además de forma notable. En los últimos dos años y medio, coincidiendo con el cambio de gobierno (del PSOE de Marcelino Iglesias al PP de Luisa Fernanda Rudi) y el recrudecimiento de la crisis, se ha reducido en 5.961 personas (de 24.472 a los 18.511 que hay ahora).

El Ejecutivo autonómico atribuye parte de esta caída a la detección de unos 3.000 beneficiarios que habían estado cobrando la ayuda pese a haber fallecido. Esto quiere decir que otros 3.000 dependientes han dejado de recibir sus ayudas.

Unos 60 millones de euros repartidos en prestaciones

Y el número de solicitudes ha bajado solo un 4,5% (de 47.487 a 45.346). «Cada vez entran menos dependientes al sistema de ayudas. Estamos saturados», explican fuentes de los servicios sociales. La cantidad de dinero que destina el Gobierno de Aragón a las prestaciones económicas para la dependencia se recorta este año en 1,5 millones de euros: habrá algo más de 60 millones, frente a los 61,6 que se presupuestaron para 2013. En 2011 hubo 43 millones y en el ejercicio 2012 la DGA dedicó a estos pagos 55,5 millones de euros.

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Cinco de cada diez mayores cree que su nivel económico ha empeorado tras su jubilación

Luis Pindado  Cinco de cada diez jubilados españoles (49,3%) creen que su nivel económico ha empeorado tras su jubilación y cuatro piensan que se ha mantenido, mientras que solo un 7.5% consideran que ha mejorado, según datos proporcionados por el barómetro de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP).

   En esta misma encuesta, el 58.4% de los jubilados han declarado haber ahorrado durante su vida laboral para su jubilación, aunque solo algo más de un tercio de ellos (35,8%) se muestran satisfechos con lo que ahorraron.

   Luis Pindado, presidente de UDP, ha señalado que «hay que sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de prever económicamente el tiempo de retiro.»

 

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Retiran la prestación a una niña con una enfermedad rara

Síndrome de OndineLa Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado hoy públicamente que la Junta ha retirado la prestación a una niña de nueve años con una enfermedad rara que necesita vigilancia las veinticuatro horas del día.

Según ha informado hoy la citada plataforma en un comunicado, la niña tenía reconocida un grado de dependencia severa, grado 2, pero, en la última revisión de oficio se le ha rebajado a grado de dependencia moderada, por lo que «pierde la prestación económica por cuidados en el entorno familiar».

La niña, según explica la citada plataforma, padece la enfermedad rara conocida como el ‘Síndrome de Ondine’ y cuando se queda dormida deja de respirar, por lo que necesita una vigilancia y control las veinticuatro horas al día.

Durante la noche -explican- debe estar conectada a un respirador con señales de alarma y ha de tener una traqueotomía de forma permanente y cualquier resfriado hace que deba serla suministrado de forma urgente oxígeno.

La decisión de la consejería de Sanidad y Bienestar Social se produce a pesar de los «múltiples informes médicos que demuestran que la niña no ha experimentado ninguna mejoría, hecho este que no puede producirse ya que la enfermedad no tiene cura».

Este caso se suma -recuerdan- al que la citada Plataforma denunció hace mes y medio por la retirada de prestación a un niño con parálisis cerebral severa al que se le daba como alternativa un centro de enseñanza de educación especial reglado y que tras la denuncia de este colectivo se dejó sin efecto.

La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha se pregunta si este caso «tendrá algo que ver» con que la niña «sea la hija de una de las precursoras de nuestra Plataforma».

«Esperamos que, una vez más, después de esta denuncia, Cospedal recule y restablezca el grado de dependencia que corresponde a la niña, exigiéndola que de las ordenes oportunas a su consejero de Sanidad y Asuntos Sociales para que paralice de forma inmediata todas las revisiones de oficio que se están realizando en la Comunidad».

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UPyD pide un IPC para revalorizar las pensiones que tenga en cuenta el consumo específico de los jubilados

upydUnión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de calcular un IPC específico para los jubilados.

En la iniciativa la formación magenta defiende que sería «aconsejable y técnicamente sencillo» contar con un índice en el que se reflejen los precios de los bienes y servicios que usan los pensionistas, con un mayor peso para los productos que les afectan en mayor medida (como la luz, el gas, la alimentación o los medicamentos) y menos importancia para otros que casi no les afectan (como los juguetes, la enseñanza o la ropa infantil).

«Tales distinciones no son sutilezas académicas, sino que tienen una gran importancia práctica», insiste la formación que lidera Rosa Díez, que cree que este nuevo indicador específico permitiría a las administraciones públicas «conocer mejor la evolución del poder adquisitivo de los pensionistas» y, así, garantizar su mantenimiento.

Cumplir la Constitución

En este sentido, UPyD recuerda que la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar que las pensiones públicas son «suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas», matizando que la Carta Magna no se refiere únicamente a la cuantía inicial que perciben los jubilados sino a la de todo su periodo de retiro.

Además, señala que la revalorización «no puede entenderse como un simple acto formal de actualizar las pensiones en las cantidades que coyunturalmente encajen en la política económica del partido que gobierne, sino que una interpretación racional lleva a considerar que las pensiones se deben actualizar para que sigan siendo ´adecuadas´».

Una obligación que se ve en «riesgo», a juicio de la formación magenta, con la última reforma del Gobierno del PP, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que deja de vincular la revalorización a la inflación para tener en cuenta los ingresos y gastos del sistema, con un techo (IPC más 0,5%) y un suelo (0,25%) de incremento.

«Como el PP niega que la pérdida continuada del poder adquisitivo que prevén el resto de grupos parlamentarios vaya a producirse, sería importante contar con los indicadores adecuados para medir correctamente la evolución del poder adquisitivo de las pensiones, para que pueda dilucidarse esta cuestión mediante un debate público informado en el futuro», concluye la formación.

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Unos 70.000 dependientes murieron sin recibir la prestación

José Manuel RamírezLa satisfacción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, más en concreto, la del Imserso, por el camino que ha tomado la ley de la dependencia con los ajustes realizados no es compartida por los profesionales que están día a día con las personas más necesitadas. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denunció este viernes que las administraciones solo pueden atender a 750.000 dependientes a pesar de que las personas con derecho a una prestación alcanza casi el millón de dependientes. Es decir, casi 200.000 personas no están recibiendo la atención a la que tienen derecho. «Si aún se presta atención a las personas dependientes es, en buena medida, gracias a la resistencia que han mostrado las comunidades ante los embates sufridos por la ley», apunta esta organización en la presentación del duodécimo dictamen sobre la dependencia.

En su informe destacan que 753.842 dependientes están siendo atendidas a 31 de diciembre de 2013, lo que supone un incremento del 0,3% con respecto al año anterior (751.551). Pero no son todos los que deberían recibir algún tipo de prestación o servicio. El Imserso reconocía este derecho a 944.345 personas, lo que supone que la desatención afecta actualmente a 190.503 personas que forman parte de lo que en su día se llamó el limbo de la dependencia, ya que se trata de personas con un derecho reconocido por su condición valorada de personas dependientes pero que aún se ven sometidos a dilatados trámites de puesta en marcha efectiva de un servicio que apoye su autonomía o de una prestación económica que sustituya la ausencia, «demasiado frecuente» de servicios adecuados.

CRÍTICAS 

El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha criticado que esta falta de servicios por los recortes ha provocado un descenso de la lista de espera, «uno de los mensajes triunfalistas del Imserso». El informe destaca que en diciembre de 2011 las personas en espera de servicio eran 305.941 y que hace un año eran 231.119. «Podríamos pensar que la reducción de más de 100.000 personas de la lista de espera se ha producido porque ahora ya reciben atención. Nada más lejos de la realidad. El incremento neto de atenciones en dos años habría sido de 15.255 personas, de las cuales 2.291 personas corresponderían al último año. Pero había nada menos que 305.941 personas a la espera de atención, que han pasado a 190.503. ¿Dónde están los 115.438 restantes?», plantearon los directores y gerentes de servicios sociales.

La respuesta está, añaden, en que se han dado de baja o en algunos casos, han fallecido. «Que algo tan trágico como esto sea torticeramente ‘vendido’ como un éxito es no afrontar la realidad palmaria de que los recortes han ayudado, sin duda, a colapsar un sistema que no puede dar abasto a más de 750.000 personas», indica el informe, que calcula que unas 70.000 personas podrían haber muerto sin recibir ninguna ayuda.

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Los recortes «ponen en riesgo la atención a 560 dependientes de Ronda»

Miguel Ángel HerediaEl secretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, ha advertido hoy de que los recortes del Gobierno del PP en materia de Ley de Dependencia ponen en riesgo la atención a los 560 dependientes del municipio de Ronda. Heredia ha visitado hoy el centro de participación activa para personas mayores de la localidad junto a la portavoz socialista, Teresa Valdenebro.

El responsable socialista ha denunciado que el PP «se ha empeñado en eliminar la atención a la dependencia, un derecho de los ciudadanos que puede ser historia a pesar de los esfuerzos de financiación de la Junta de Andalucía». Así, ha expuesto que en dos años el Gobierno ha recortado a Andalucía el presupuesto en esta materia en 214 millones (89 millones en 2012 y 125 millones en 2013). Además, ha dejado de financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes (en torno a 10.000 en la provincia de Málaga) y ha reducido en un 15% su prestación económica. Ha retrasado hasta 2015 la entrada en el sistema de personas valoradas con dependencia moderada y ha endurecido las condiciones para acceder a las prestaciones. «Y por si fuera poco este año 2014 el presupuesto para atención a la Dependencia se contrae un 46,6%», ha agregado.

Con estas decisiones, según Heredia, «los 560 beneficiarios de la ley de dependencia en el municipio de Ronda y las 736 prestaciones en la localidad están en riesgo». El responsable socialista ha señalado que aunque la presidenta Susana Díaz «reiteró recientemente que Andalucía no iba a dejar morir la Ley de Dependencia, el Gobierno nos lo pone muy difícil». «Esta ley nació para ser financiada a partes iguales entre el Gobierno Central de España y las comunidades Autónomas. Actualmente el Estado aporta un 30%, mientras que la Junta de Andalucía sufraga el 70%. Andalucía no puede asumir todo lo que el Estado decide unilateralmente dejar de sufragar», ha asegurado.

En su visita, Heredia ha criticado las políticas del Gobierno de Rajoy «que se están cebando con los más vulnerables de nuestra sociedad: los mayores y los enfermos». Así, además de a la dependencia, se ha referido al copago y a la reforma de las pensiones, «que empobrecerá aún más a nuestros mayores». Por el contrario, ha destacado que el Gobierno andaluz ha subido este año 2014 un 2% el complemento a las pensiones mínimas, lo que beneficiará a un total de 6.476 rondeños. «Desde Andalucía los socialistas no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en la defensa del Estado del Bienestar», ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha afirmado que en apenas unos días «hemos conocido dos noticias que sin duda ponen a cada uno en su sitio». Así, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado, «después de una gran movilización ciudadana», el modelo de privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Días después, ha dicho, la presidenta Susana Díaz anunció en el Parlamento de Andalucía el refuerzo de profesionales en las urgencias para atender el incremento de la demanda asistencial. «El modelo de privatización sanitaria que defiende el PP, tumbado por la ciudadanía y por la justicia, frente al sistema público, de calidad  y universal que tenemos en Andalucía», ha añadido.

En este punto, ha pedido al presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, y a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, que aclaren si prefieren el modelo de privatización sanitaria del PP en Madrid o el sistema público, de calidad  y universal andaluz. «Los dirigentes del PP tienen que decidir si quieren para los malagueños y rondeños medidas como el copago tal y como defiende el Gobierno o, en cambio, están con Andalucía que ha decidido que no se va aplicar este impuesto a la enfermedad», ha concluido.

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Los trabajadores sociales alertan de la «muerte lenta» de la Ley de Dependencia con la reforma local

Ana Isabel LimaLa presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Isabel Lima, reconoció ayer que Castilla y León es una de las regiones que ha mostrado «más sensibilidad» con su modelo de servicios sociales, pero advirtió de que la reforma local «va a picar aquí más que en ningún otro sitio».El presidente del Consejo Autonómico, Juan José Compadre, matizó que a pesar de la «buena posición» que ocupa esta Comunidad a nivel nacional, presenta «un nivel muy básico».

Los máximos representantes de los trabajadores sociales de España y Castilla y León se referían así al Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales presentado hace dos años por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se destaca la «trayectoria ejemplar» seguida por la Comunidad. «Es verdad que según ese índice Castilla y León queda muy bien representada, pero su modelo es muy municipalista por la gran dispersión poblacional que tiene, y la reforma local afectará sobre todo a los pueblos pequeños, que se van a quedar aislados y sin servicios», prosiguió Lima en declaraciones recogidas por Ical.

En este sentido, advirtió de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE del pasado 30 de diciembre, «va a picar más aquí que en ningún otro sitio precisamente por su dispersión poblacional, porque deja a los pueblos pequeños sin ni siquiera acceso a los servicios sociales». Castilla y León, añadió, «es una de las comunidades que, en mi opinión, ha tenido una gente a nivel técnico y de funcionariado con más sensibilidad con los servicios sociales, otra cosa es lo que pase a partir de ahora», lamentó Lima, antes de participar en el Foro-Debate sobre Servicios Sociales: Cuarto Pilar de la Sociedad de Bienestar, organizado en Segovia por la Asociación Juan Bravo.

«La reforma local es una gran amenaza tal y como está planteada», prosiguió la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien consideró que el nuevo escenario normativo no apunta de manera explícita al desmantelamiento de los servicios sociales, «pero es uno de sus objetivos» como «un efecto secundario», porque acaba con la red de programas y servicios que todavía hoy mantienen los ayuntamientos, que dejarán de ser competentes para ello. «Ahora no va a pasar nada, se prevé poner en marcha el 1 de enero de 2016, después de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la gente vota en función de los servicios que tiene y cómo está atendido en su Ayuntamiento», expuso.

Lima puso de ejemplo que habrá centros de salud, sobre todo en los pueblos pequeños, donde se atenderán exclusivamente las urgencias. «Los ayuntamientos perderán su capacidad de intervención integral» y, con ellos, sus programas de igualdad de oportunidades, violencia de género, protección de menores o familia. En resumen, «sobre el papel el objetivo es repartir las competencias, que no haya duplicidades, pero realmente lo que se pretende es un ahorro de casi 4.000 millones aplicando la reforma de servicios sociales», continuó Lima. «Las dos consecuencias más graves van a ser, por un lado, la reducción de centros y servicios, con el cierre de muchos de ellos y la reducción de algunas prestaciones; y por otro, la privatización de lo que quede», opinó.

Copago de un seguro

Bajo la reforma local, para Lima subyace un cambio de modelo que conduce hacia «una muerte lenta» de la Ley de Dependencia: «Todo lo que haya de servicios sociales dedicado a dependencia se lo llevan a un subsistema que se llama espacio sociosanitario, donde se incluye al mundo de los seguros y la privada. Aquí quien quiera algo tendrá que hacerse un seguro de dependencia, y va a tener que copagar», aseguró. «Lo único que va a dar el Gobierno es un cheque servicio a quien corresponda. Quien pueda tener su pensión y un seguro, más copago y un cheque servicio podrá pagarse una buena residencia, y el que no, quien sólo tenga su pensión y el cheque servicio, no sé qué ocurrirá con él. Ese es el cambio de modelo, el que quiera algo que se lo pague»

Un cambio de sistema que coincide con el fuerte incremento de la necesidad de este tipo de asistencia registrado en los tres últimos años. Según el ‘Informe de los Servicios Sociales en España’ (ISSE), presentado el pasado mes de octubre por el Consejo General del Trabajo Social, la demanda creció a nivel nacional un 74% dos puntos más en Castilla y León, y más de la mitad «eran personas de clase media que nunca habían acudido a Servicios Sociales», indicó Lima. Y en ese mismo periodo, el número de trabajadores empleados en esta área en la región se redujo un 25%; un porcentaje que, por otro lado, es muy inferior al registrado en Murcia (52,5), Canarias (44,6), Castilla-La Mancha (44), Madrid (40,2) o la Comunidad Valenciana (38,8).

Además, advirtió de que esa pérdida de empleo se agudizará en los próximos años y no solo para los trabajadores sociales. En esta línea, puso de ejemplo que la ayuda a domicilio municipal emplea actualmente a unas 34.000 auxiliares en España y ese servicio, «según la reforma, desaparece totalmente», porque los ayuntamientos «tendrán prohibido» mantenerla por no ser su competencia.

El presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León también suscribió»una visión muy negra» del futuro de los servicios sociales a partir de 2016: «Se había creado una red de servicios básicos, pero esta ley va a dinamitar el sistema, lo poco que había». Compadre vaticinó que en dos años se impondrá «la dictadura de los interventores» de las administraciones locales, porque «cada ayuntamiento interpretará qué es lo que debe hacer». En su opinión, España retrocede 40 años en esta materia y acaba prácticamente con la Ley de Dependencia, con la que reconoció que Castilla y León «ha sido diligente».

El concejal de Servicios Sociales de Segovia, Andrés Torquemada, por su parte, lamentó la pérdida de ayudas regionales y estatales sufrida en los últimos años y los consecuentes problemas para mantener programas y servicios como «las aulas de envejecimiento activo, las ludotecas municipales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia».

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Miles de dependientes exigen frente al Palau la retirada «inhumana e injusta» del «repago»

ProtestasMiles de dependientes y familiares de toda la Comunitat Valenciana se han concentrado este viernes frente al Palau de la Generalitat contra «el ‘repago’ ilegal e inhumano impuesto» por la Conselleria de Bienestar Social en una protesta en la que han exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.

Así, más de 5.000 personas se había concentrado ya a las 11.00 horas secundando esta convocatoria de más de una decena de entidades sociales y sindicatos bajo el lema ‘En Bienestar Social, por derecho, ni copago ni recorte’. A la protesta, a la que se fueron sumando autobuses de otros ochos centros de Alicante, se leyó un manifiesto para exigir la dereogación de este copago, que puede hacer abonar un máximo del 90 por ciento del coste de la plaza, lo que supone que algunos usuarios deberán pagar hasta 1.800 euros.

Los manifestantes, entre los que habían representantes de los partidos de la oposición, corearon gritos contra el copago y pidiendo la dimisión de Fabra y de Sánchez Zaplana, además de lemas como ‘Menos para el Valencia y más para la dependencia’, ‘Es una indecencia recortar en dependencia’ o ‘No se vende la discapacidad, se defiende’.

Entre las pancartas que llevaban se leía ‘Podéis quitarnos nuestros derechos. Podéis humillar a los débiles y discapacitados, pero la dignidad, la memoria y los votos son nuestros. En las urnas nos encontraremos», «Asunción, Asunción, que consellera más rata, Asunción, Asunción, no nos jodas la pensión’, ‘Tanto hablar de vida y se os ha olvidado de que sea digna’, ‘Calidad de vida o injusticia de por vida’, o ‘Más ayuda, menos recortes. tenemos derechos’.

Muchos de los concentrados llevan un cartel con la cantidad que el nuevo decreto de copago les obliga a pagar. Como Remedios Méndez, una madre de un niño con autismo de 37 años que se verá obligada a sacarlo de la residencia del centro ocupacional de Ontinyent (Valencia) al que asiste porque no puede hacer frente a los 4.287 de más que se le exige al año ya que su marido, con 60 años, no tiene trabajo.

«Somos lo último de la sociedad para ellos y no hay derecho. Quieren que tengamos hijos con deficientes. A la puerta de Gallardón –ministro de Justicia– le dejaba a mi hijo un mes», ha apuntado Méndez, quien ha criticado que «ven el problema de lejos» mientras que ellos «lo sufren cada día». «¿Qué pasará a mi hijo cuando yo me muera?», se ha lamentado.

Del mismo modo, Sergio Dares, un usuario de 35 años del Centro Ocupacional de Xàtiva, ha señalado que con la nueva orden pasará a pagar de 60 a 150 euros. «Es una vergüenza y no hay derecho», ha recriminado. Así, ha apuntado que se hace efectivo este pago tendrá que dejar el centro, donde pasa de 9 a 16:30 horas, y volver a casa. «Allí no hacemos nada», ha señalado.

ERRORES EN EL CÓMPUTO

Por su parte, Juan José García, padre una hija de 34 años con síndrome de down ha advertido de que para calcular el coste del copago al que deben hacer frente la Conselleria ha computado su renta como si fuera de su hija al ser su tutor legal, por lo que sumando a las ayudas que percibía le exigían pagar 320 euros de más.

«Tuve que ir a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para poder demostrar que mi hija discapacitada no ha trabajado nunca y al final han admitido que ha sido un error, pero sé que se ha repetido con muchos más casos», ha advertido.

Antonio Raya, miembro de la Junta Directiva de COPAVA, ha señalado que sólo el pasado 8 de enero, siguiendo una convocatoria de la plataforma, se presentaron más de 700 recursos de alzada de forma individual y que piensan acudir también a la Fiscalía y al Síndic de Greuges.

Así, ha señalado que es un «repago puesto que desde el 1 de enero están pagando dos veces por el mismo servicio», que además es «ilegal» e «inhumano» porque p»enaliza aún más a los casos más desprotegidos como huérfanos, por la pensión de orfandad más alta que perciben, o al tributar dos veces el patrimonio que familias han dejado a sus dependientes para asegurarles su futuro».

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Cada vez son más los ancianos que son abandonados en los hospitales

Centros-residenciales-Barcelona-ancianos-recursosLa crisis y la falta de recursos han provocado que cada vez sean más los ancianos que son abandonados en los hospitales. Muchas veces llegan a los hospitales por enfermedades leves, pero acaban siendo ingresados  por sus avanzadas edades o por ser grupos de riesgo.  Una vez superada la enfermedad el médico se dispone a darles el alta pero se encuentra con el problema de que, o sus familiares no vienen a por ellos o que los ancianos no tienen a donde ir.

El presidente de Canarias, Paulino Rivero,  ha denunciado esta semana que en su comunidad hay 400 camas bloqueadas en los hospitales por pacientes que están sanos  y con el alta médica pero que aún siguen en los centros porque los familiares no los recogen.  Según el Secretario de Acción Sindical SAE, Antonio Díez, esta situación no es exclusiva de las islas Canarias, “viene dándose a nivel nacional desde hace varios años”.

Este profesional de la medicina afirma que a la hora de ingresar a una persona en el hospital hay un trámite legal que se puede seguir, sin embargo para dar un alta los médicos se encuentran desamparados ante la ley.  “El profesional puede forzar un ingreso por orden judicial yendo a un juzgado de guardia, pero al contrario es un problema porque si la familia se niega no hay nada que hacer. Si el médico, por ejemplo, lo lleva a una residencia por su cuenta la familia le puede denunciar. Este es un problema muy importante porque al final el gasto sanitario lo estamos pagando todos”, señala Antonio Díez.

¿Pero cómo hemos llegado a esta situación de abandono de nuestros mayores? Díez explica que el abandono de las personas mayores no es algo nuevo aunque matiza que con la crisis ha aumentado. “En estos casos se pueden encontrar varios perfiles. Están las personas que no tienen a nadie, los que aprovechan los ingresos hospitalarios para descansar de los familiares y los que tienen problemas económicos y no pueden hacerse cargo de ellos”, apunta Diez.

Los recortes en dependencia han dejado a las familias sin recursos

En el último año, el número de personas que han dejado de recibir las ayudas de dependencia se ha reducido en 11.127 personas.  Este hecho unido a la crisis ha provocado que cada vez más familias tengan más dificultades para cuidar de sus mayores. Este es el caso de Canarias, según el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.

Canarias se encuentran a la cola del ranking de ayudas a la dependencia de España. Solo 11.414 personas reciben algún tipo de ayuda, lo que supone el 0,54% de su población. Marciano Sánchez Bayle explica que los recortes en dependencia han afectado considerablemente a la población canaria, ya que es una de las más envejecidas de España.

Según las proyecciones 2011-2021 del Instituto Nacional de Estadística, en Canarias el segmento de población superior a 65 años crecerá en torno al 39,9% en diez años. El grupo de mayores de 85 años crecerá un 78,6%. Además,  la tasa de riesgo de pobreza en Canarias se situó en el 33,2% en 2012, lo que convierte al archipiélago en la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo, sólo por detrás de Extremadura (34,1%), según se desprende de los resultados provisionales de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2013 elaborada por el INE.

“El problema no está en las familias. Sabemos que hay personas que viven en situación de extrema miseria ya que no tienen dinero ni para pagar  la luz ni para comer. Estas son algunas de las personas que deciden dejar a sus mayores en el hospital para que por lo menos puedan estar calientes y puedan comer. Estos son el 99% de los casos y no se les puede culpar por ello”, señala Sánchez Bayle.

Para este médico el problema está en que los recortes han afectado a diferentes estratos de la sociedad del bienestar. “No hay un sistema de hospitalización a domicilio que pueda  atender a estas personas. Se ha recortado en todas las administraciones por lo que muchas familias se encuentran en una situación desesperada.  Hay una gran incapacidad por parte de las familias para hacerse cargo de una manera razonable de estas personas y cualquier responsable debe saberlo. En este caso, en Canarias, se han unido varios factores: hay pocas camas porque desde 2009 no se han aumentado, se ha recortado en dependencia y luego ha habido el pico de gripe que ha provocado que se necesiten más camas en los hospitales”, afirma el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Otros de los casos que también se están dando en los hospitales son los de los ancianos que no tienen familia y por lo tanto, no tienen quien les cuide. Según el INE, en España hay 18 millones de hogares, de ellos, 4,2 millones los compone una sola persona, un colectivo que se ha incrementado un 45%, y que ya aglutina al 9% de la población.

“Algunas de las personas que están ingresadas tienen algún grado de discapacidad por lo que no pueden valerse por sí mismas. Ellas necesitan que alguien les cuide, pero con los recortes se han quedado solos. El problema está en que se ha recortado en muchos ámbitos de los servicios púbicos y los servicios sociales no dan abasto. No pueden inventar una cama que no existen o inventarse una financiación que no hay. Las comunidades son las que tienen que arreglar este asunto”, concluye este experto.

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S.Zaplana admite que ha habido fallos al informar a dependientes sobre copago

Asunción Sánchez ZaplanaLa consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha admitido que ha habido «fallos» en la información que desde la Administración se ha transmitido a los dependientes sobre el copago, una medida que a su juicio no atenta contra el Estado de Bienestar «sino todo lo contrario».

«No es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados por los impuestos de todos», ha asegurado en una entrevista a EFE Sánchez Zaplana, quien ha subrayado que el Consell «garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos».

A su juicio, la aportación que harán los ciudadanos que sean atendidos en residencias, centros de día o centros ocupacionales, «contribuye a garantizar la sostenibilidad y la eficacia del sistema de atención social», y ha recordado que ese copago está contemplado en la Ley de Dependencia que entró en vigor en el año 2006, cuando gobernaban los socialistas.

La consellera ha negado que en la Administración haya habido «pasividad» respecto a este problema. «Otra cosa es lo que se pueda haber trasladado de cara a la ciudadanía», según Sánchez Zaplana, quien ha confesado que «quizá ese mensaje, y hay que hacer un poco de autocrítica, puede no haber llegado de forma correcta» a la sociedad.

«Teníamos que ser capaces de explicarlo bien. Lógicamente si lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien tendremos que seguir explicándolo», ha asegurado la titular de Bienestar Social, quien ha reconocido que ha habido muchas personas «que se han visto alteradas o convulsionadas por este nuevo sistema».

No obstante, ha insistido en que «en ningún momento se ha dejado de lado al sector. Estamos trabajando mucho con las distintas entidades y colectivos y desde marzo del pasado año tenemos una mesa técnica con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».

La consellera de Bienestar Social ha explicado que el decreto que establece la aportación de los usuarios a los recursos, aprobado por el Consell el 2 de agosto de 2013, era necesario para igualar a las personas no dependientes con las dependientes. «No podíamos hacerlo de otra forma».

Según ha indicado, la normativa anterior daba lugar a que personas del mismo centro, unas con dependencia y otras sin valoración de dependencia, recibían los mismos servicios pero unas tenían que hacer una participación económica y otras no.

«El Gobierno valenciano no está haciendo nada diferente a otras autonomías», ha señalado la consellera, quien ha recordado que estamos «dentro de un marco legal».

En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana y la de Madrid eran las dos únicas autonomías que no tenían regulada la participación de los ciudadanos con discapacidad en los servicios que recibían y «por eso nuestra situación era más complicada».

«No es que al Gobierno valenciano se le ha ocurrido de repente que el usuario participe, sino que la Ley de la Dependencia propuesta por el Gobierno socialista, y que se aprueba por consenso de muchos grupos políticos, ya recoge en su articulado esa participación», aclara.

Respecto a los recursos de alzada presentados por centenares de dependientes al Decreto de la Generalitat que establece el copago, la consellera indica que se han detectado errores en algunos de los expedientes y resoluciones individuales que han recibido los usuarios porque «puede haber un cruce de datos que no sean correctos».

Según ha explicado, se remitieron 7.137 expedientes y resoluciones, y en unos 150 o 160 de ellos el propio equipo técnico de la Consellería ha detectado errores «que está corrigiendo en estos momentos».

No obstante, ha reiterado que no aportarán nada aquellos usuarios que estén por debajo de los 532 euros del IPREM -unos 2.130- ni los 1.800 niños de cero a seis años usuarios de los centro de atención temprana.

Además, solo el 2,17 % de los usuarios -155 personas con rentas superiores a 26.000 euros- aportará el 90 % del coste de los recursos por la atención que recibe (39 en el ámbito de las residencias, 26 en los centros de día y 90 de centros ocupacionales).

«A partir de ahí, los que aportan lo harán en función de su capacidad económica, y esta no es una decisión caprichosa, sino basada en datos contrastados», ha explicado.

Sánchez Zaplana ha señalado que ningún centro de atención a dependientes «va a cerrar» porque las subvenciones para el mantenimiento de los mismos se incrementa este año en un 3,6 por ciento, al pasar de los 65,8 millones en 2013 a los 68,4 millones en 2014.

También ha destacado que desde que asumió el cargo, se han realizado pagos de algo más de 550 millones de euros, el 65 % de ellos para la discapacidad y dependencia. Entre ellos se incluyen los 80 millones, cuyo pago se inició a finales de 2013 a través del excedente del FLA.

De esos 80 millones, más de 48 son para la atención de personas en situación de dependencia, y entre ellos destacan los cerca de 22 millones en concepto de retroactividad, así como otras cantidades que se distribuyen entre bono residencia, nómina mensual de dependencia o gestiones integrales de centros para personas con discapacidad.

Asimismo, 9 millones se distribuyen entre distintos Ayuntamientos de la Comunitat para la financiación de centros residenciales de titularidad municipal, y 7 para el pago de Renta Garantizada de Ciudadanía.

En el área de cooperación e integración, se han abonado cerca de 700.000 euros para la red de Agencias AMICS de los ayuntamientos que ofrecen atención a la población inmigrante, y para proyectos de Formación e Investigación desarrollados con las universidades públicas.

Asimismo, se han abonado 6’2 millones de euros para el mantenimiento de centros de menores, y más de 2 millones para centros y servicios de la dirección general de Familia y Mujer.

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Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%

Carmela FortunyEl número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% –han pasado de 122.011 a 115.656 en un año.

La directora del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials(Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes –más de la mitad superan los 80 años– y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.

La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que «el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas», ha recordado Fortuny. Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya «ya están resueltos el 96,4% de los casos», y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.

«Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años», ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.

Derecho reconocido

Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.

La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas –comer, ir al baño o vestirse– y tienen necesidades de apoyo intermitente.

Fortuny ha recordado que estos usuarios «están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat», como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.

Cuidador familiar

En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.

«Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales», ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.

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