Descienden un 11% las ayudas para cuidados a dependientes
Freno y marcha atrás. Las ayudas a la dependencia experimentaban un descenso en 2013. Una vez tocado el techo de 8.475 beneficiarios allá por diciembre de 2012, tal y como indicó en su momento el gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, la última estadística publicada por la Consejería de Familia arroja una disminución paulatina de usuarios y de prestaciones reconocidas.
En concreto, la provincia de Burgos perdió 536 dependientes con dictamen favorable y 306 ayudas, el 11%, a lo largo del año pasado. A las bajas por fallecimiento se suman los cambios introducidos en la normativa como principales motivos de esta caída.
Así, 2014 comenzó con 13.178 personas con su situación de dependencia valorada, 172 más que las que tenían un dictamen a comienzos de 2013. Con todo, de ese total, 7.939 recibían la buena noticia de que les correspondía percibir servicios o prestaciones. Los 5.239 solicitantes restantes obtenían sin embargo un ‘no’ por respuesta.
Según los datos difundidos por la Consejería de Familia en la web www.jcyl.es, los 7.939 dependientes con derecho a prestación en la provincia de Burgos tenían -a 31 de enero de 2014- identificadas y reconocidas 10.269 prestaciones económicas o en forma de servicios, frente a las 10.605 aprobadas en diciembre de 2012.
El descenso se concentra especialmente en las ayudas económicas concedidas para cuidados en el entorno familiar que caían en un año de 3.006 a las 2.695 actuales, un descenso del 11% que se explica en parte por la decisión del Gobierno de reducir la cuantía de esta prestación y obligar a los que ejercen esta labor a asumir el pago de su cotización a la Seguridad Social. Hasta julio de 2012 el Gobierno se hacía cargo de este gasto.
Por el contrario, las prestaciones reconocidas destinadas a servicios prestados por profesionales, bien en el domicilio, bien en centros específicos, residenciales o no. Esta tendencia recibe el aplauso de las voces que defienden las modificaciones de la ley de Dependencia, que sus detractores definen como recortes. Los primeros hablan de generación de empleo y los segundos critican que se beneficie a las empresas privadas del sector.
Así, la prestación económica vinculada al servicio, que copa el grueso de este tipo de ayudas -casi un 21% del total, solo superado por las destinadas a cuidados familiares, un 26%-, llega a 2.153 dependientes. Le siguen las dirigidas a atención residencial, con 1.440 plazas en la provincia, y las concedidas para prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 1.398 en enero de 2014.
Completan el listado las prestaciones para usuarios de centros de día o noche, 1.136, ayuda a domicilio, 1.093, y teleasistencia, 351. En conjunto estos apoyos en forma de servicio pasaban en un año de suponer el 70% del total de derechos reconocidos al 73%, en detrimento de las ayudas económicas directas.
Por población de residencia, de las 7.939 personas dependientes con derecho a prestación, 3.630 tienen domicilio en la capital burgalesa, 809 en Miranda, 680 en Aranda y las 2.820 restantes en otros municipios de la provincia.
Este reparto da cuenta de la estrecha relación entre dependencia y mundo rural, alimentada por la elevada edad media de los habitantes de estas zonas.
Con todo, a pesar del ‘retroceso’ cuantitativo de la ley y de las críticas que han suscitado las decisiones del Gobierno central en este ámbito, Castilla y León revalida año a año el sobresaliente en la gestión y aplicación de esta normativa. La nota se la otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, responsable del observatorio estatal que evalúa la atención a dependientes en cada una de las comunidades autónomas. Lo cierto es que los datos confirman la eficacia de los mecanismos regionales que, por ejemplo, elevan a un 98,8% la proporción de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido que ya la reciben en Burgos. Este dato supera en 18 puntos la media nacional.
