Archivo diario: 26 junio, 2012

Gobierno vasco aprueba el decreto para evitar aplicar el copago farmacéutico en Euskadi

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, un decreto que garantiza la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público «para todas las personas que residan en Euskadi» y mantiene los niveles actuales de aportación en el pago de los medicamentos, por lo que deja sin efecto el copago farmacéutico impulsado por el Gobierno central que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

También incluye la exención de pago para pensionistas, parados sin prestación y añade a los demandantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

   Según ha informado el Ejecutivo, el Consejo de Gobierno vasco ha aprobado el ‘Decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Servicio Nacional de Salud en el ámbito de la comunidad Autónoma vasca’, «amparado por la legislación vigente y avalada su suficiencia financiera».

El consejero de sanidad y Consumo del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, ha resaltado en rueda de prensa, que el objetivo del decreto es por un lado garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público para todas las personas residentes en Euskadi; y por otro mantener en los niveles actuales las aportaciones de las personas en el pago de medicamentos. Además, se incorpora a la exención de pago a diversos colectivos como personas en paro sin derecho a prestación y aquellas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El decreto, que previsiblemente entrará en vigor el próximo viernes o sábado, tiene como principales objetivos «garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias contenidas en la cartera de servicios del Sistema Vasco de Salud a aquellas personas excluidas por no tener la condición de asegurados o beneficiarios tal y como se dispone el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 del Ministerio de Sanidad.

Bengoa ha explicado que este decreto se basa en la autonomía de Euskadi que reside en dos normas (un decreto de 1988 y una ley) que incluían los derechos de universalización y de cobertura en todo Euskadi. «Tenemos nuestra propia normativa local para justificar todo lo que contiene nuestro decreto», ha defendido.

El Gobierno vasco acuerda que tendrán acceso a las prestaciones del sistema sanitario pública aquellas personas que figuren como tal en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aquellas que tengan tarjeta de identificación sanitaria expedida en Euskadi antes de la entrada en vigor del citado Real decreto .

Asimismo, se atenderá a las personas empadronadas como residentes en algún municipio de Euskadi por un periodo continuado de tiempo de al menos 1 año anterior a la presentación de la correspondiente solicitud y sean perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos o tengan ingresos suficientes a la renta básica, y que no tengan acceso a otro sistema de protección sanitaria pública.

Respecto a la aportación en el pago de medicamentos, en términos generales la dicha aportación será como hasta ahora del 40 por ciento del precio de venta al público de los medicamentos –excluidos los de aportación reducida– en el caso de toda persona con Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) expedida en Euskadi.

El decreto vasco, al igual que el decreto del Ministerio de Sanidad  establece que estarán exentos de aportación las personas pensionistas y las personas paradas sin derecho a percibir subsidio de desempleo, e incluye a los perceptores de RGI.

Bengoa ha explicado que la aportación correspondiente se realizará en el momento de la dispensación y ha precisado que si esta se realiza en una oficina de farmacia ubicada fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la persona usuaria tendrá derecho a que se le reembolse la cantidad de más que haya pagado. El consejero espera que el sistema esté en funcionamiento antes de la próxima semana.

«CON FONDOS NECESARIOS»

El titular de Sanidad ha explicado que su ejecutivo tiene los «fondos necesarios» para llevar a cabo la propuesta que presenta el Decreto, sin afectar a su objetivo de déficit, y ha informado de que la exención del pago a los parados vascos supondrá un coste de 3 millones de euros en un año.

Además, ha explicado que el Decreto vasco incluye las partes del decreto del Ministerio de Sanidad que «no suponen un recorte» porque cree que «añaden valor». En este sentido, ha insistido en que «las partes que no supongan una perdida de derechos para los vascos y que sean una mejora», las han incluido en su decreto».

Bengoa ha recordado que este miércoles por la tarde acudirá a una reunión del Consejo Interterritorial junto al resto de consejeros de las comunidades autónomas y con la ministra de Sanidad, Ana Mato, donde explicará cómo va a proceder el País vasco y ha avanzado que planteará que este nuevo sistema de copago se evalúe por un organismo externo, al igual que se hace en el terreno de las finanzas.

«No veo por qué en el terreno de la salud uno se tenga que fiar por lo que diga un consejero o ministro cuando cada uno tiene un interés en presentar lo datos de una forma», ha señalado.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El consejero ha planteado que se haga una evaluación por alguna universidad «con credibilidad e independencia», que evalúe las decisiones que se están tomando en materia sanitaria, «las más duras en los últimos 40 años», y se determine no sólo el impacto en las finanzas sino también en la salud de la población.

«Creo que hay bastantes consejeros que piensan que es ingenuo pensar que el problema de sostenibilidad de la sanidad española pueda resolverse a través de un ejercicio de contención del gasto, buscando la respuesta en los ciudadanos, cuando todavía no se ha barrido la casa», ha subrayado.

Al respecto, ha «cuestionado» que con esta medida del copago farmacéutico se vayan a ahorrar los 7.500 millones de euros que prevé el Ministerio de Sanidad ya que cree que con esta medida «no se va a recoger esta cantidad».

Bengoa ha reconocido la «enorme casuística» que supondrá la devolución de la cantidad de más que los usuarios paguen al comprar un medicamento en una farmacia de fuera de Euskadi y ha retrasado la explicación del mecanismo a una segunda comparecencia que se celebrará el jueves por la mañana en el País vasco, tras conocer la propuesta del Gobierno central. «Espero que el Ministerio, a parte de lanzar un Real decreto, diga algunos cómos», ha indicado.

«CALCULO IRREAL»

Bengoa ve «bastante irreal pensar que el 1 de julio, no sólo en Euskadi sino en el resto de comunidades, vayan a poder poner en marcha el mecanismo necesario para garantizar un buen servicio en las farmacias».

El consejero de Sanidad vasco ha reconocido que espera que este decreto genere «como mínimo suspicacias» y ha criticado que las medidas del Gobierno central suponen «ir hacia atrás en relación a los derechos adquiridos en todo el terreno de Bienestar social porque hay una crisis económica».

«Si otras comunidades lo aceptan es asunto suyo, nosotros no vamos a aceptar esa lógica y tenemos una justificación legal y la competencia de la Sanidad interior que nos legitima para hacer lo que hacemos», ha indicado.

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Los impagos del Gobierno catalán a entidades sociales ascienden a 37 millones

  El Gobierno catalán ha acumulado impagos de 37,3 millones de euros a las entidades sociales de atención a personas mayores, discapacitados, enfermos de VIH y drogodependientes, aunque la mayoría de ellos ya han sido subsanados, según ha explicado este martes la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, en comisión parlamentaria.

La Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat anunció en septiembre que no podía asumir el cose de las entidades sociales y las residencias catalanas por «tensiones de liquidez», aplazando dos meses los pagos, aunque finalmente pudo hacer frente al 65% del coste de los centros colaboradores y el 50% de los concertados.

Fortuny ha reconocido que algunos aplazamientos se han dilatado hasta seis meses, en vez de los dos comprometidos, asegurando que los impagos se han dado en entidades «que se sabía que lo podían soportar», en beneficio de las más pequeñas, y remarcando que los retrasos no han tenido consecuencia alguna para ningún centro ni trabajador.

Las deudas adquiridas por la Generalitat con 421 entidades concertadas en septiembre, ascendió a 14,2 millones de euros y se pagó finalmente en marzo, y los 7,1 millones de euros que se debían a 773 colaboradoras se liquidaron en octubre.

Además, el Gobierno catalán anunció en diciembre nuevos impagos de hasta el 20%, afectando a un total de 148 centros por valor de 16 millones de euros, una deuda que se subsanó en abril, según ha concretado Fortuny, asegurando que actualmente queda «muy poca cosa» por pagar.

Para la diputada del PSC Eva Granados, las cifras que ha aportado Fortuny son «muy disonantes» con las ofrecidas por las entidades afectadas, que han cifrado el impacto de los impagos de la Generalitat en 100 millones de euros, y ha exigido que, además de los impagos del Icass, el Gobierno catalán publique las deudas del resto de Consellerias con las entidades sociales.

SEGUIMIENTO DE PAGOS

Según Fortuny, el Gobierno catalán convocó en septiembre «con carácter de máxima urgencia» una reunión con las principales entidades y patronales para informarles de la situación y creó una comisión de seguimiento de pagos, algo que desconocían el resto de formaciones políticas, según han explicado.

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