Los impagos del Gobierno catalán a entidades sociales ascienden a 37 millones
El Gobierno catalán ha acumulado impagos de 37,3 millones de euros a las entidades sociales de atención a personas mayores, discapacitados, enfermos de VIH y drogodependientes, aunque la mayoría de ellos ya han sido subsanados, según ha explicado este martes la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, en comisión parlamentaria.
La Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat anunció en septiembre que no podía asumir el cose de las entidades sociales y las residencias catalanas por «tensiones de liquidez», aplazando dos meses los pagos, aunque finalmente pudo hacer frente al 65% del coste de los centros colaboradores y el 50% de los concertados.
Fortuny ha reconocido que algunos aplazamientos se han dilatado hasta seis meses, en vez de los dos comprometidos, asegurando que los impagos se han dado en entidades «que se sabía que lo podían soportar», en beneficio de las más pequeñas, y remarcando que los retrasos no han tenido consecuencia alguna para ningún centro ni trabajador.
Las deudas adquiridas por la Generalitat con 421 entidades concertadas en septiembre, ascendió a 14,2 millones de euros y se pagó finalmente en marzo, y los 7,1 millones de euros que se debían a 773 colaboradoras se liquidaron en octubre.
Además, el Gobierno catalán anunció en diciembre nuevos impagos de hasta el 20%, afectando a un total de 148 centros por valor de 16 millones de euros, una deuda que se subsanó en abril, según ha concretado Fortuny, asegurando que actualmente queda «muy poca cosa» por pagar.
Para la diputada del PSC Eva Granados, las cifras que ha aportado Fortuny son «muy disonantes» con las ofrecidas por las entidades afectadas, que han cifrado el impacto de los impagos de la Generalitat en 100 millones de euros, y ha exigido que, además de los impagos del Icass, el Gobierno catalán publique las deudas del resto de Consellerias con las entidades sociales.
SEGUIMIENTO DE PAGOS
Según Fortuny, el Gobierno catalán convocó en septiembre «con carácter de máxima urgencia» una reunión con las principales entidades y patronales para informarles de la situación y creó una comisión de seguimiento de pagos, algo que desconocían el resto de formaciones políticas, según han explicado.
