Archivo diario: 21 julio, 2012

Juana Tubío, presidenta del Colexio de Traballo Social de Galicia, «se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia»

Asociaciones de familiares de dependientes advierten de que los recortes aprobados por el Gobierno en la Ley de Dependencia aumentarán los costes «a medio y largo plazo» y «empeorarán» la calidad de vida de estas personas. Asimismo, argumentan que «lucharán» para que sus allegados «no se queden sin los cuidadores que necesitan».

Frente a sus críticas, la Consellería de Traballo e Benestar insiste en que en la reforma era «algo inaplazable» por falta de financiación y rechaza que peligre la atención de los dependientes que ya están dentro del sistema. El departamento autonómico reconoce, no obstante, que el ritmo de atención a nuevos dependientes se verá ralentizado en todo el Estado.

En Galicia hay en la actualidad en torno a 37.000 dependientes asistidos, el 60 por ciento del total. No obstante, unos 20.000 personas con dependencia severa (grado III) y moderada (grado II) permanecen en lista de espera pendientes de recibir atención, según datos del departamento autonómico a los que ha tenido acceso Europa Press.

Ante esta situación, las distintas asociaciones y entidades, como el Colexio de Traballo Social de Galicia, consultadas por Europa Press se cuestionan los recortes y medidas como la rebaja en un 15% de la cuantía que reciben los cuidadores familiares, su exclusión de la Seguridad Social o el copago que deberán abonar los dependientes por determinados servicios.

Para el presidente de la Federación de Asociación Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Fagal), Juan Carlos Rodríguez, se trata de unas medidas «preocupantes» que no valoran «adecuadamente» el apoyo de las familias, que «empeorarán» la calidad de vida de los dependientes y que supondrán «a medio y largo plazo un incremento de los costes».

Así, ha advertido del riesgo de «eliminar la atención a los dependientes en las fases iniciales que es donde más se puede hacer» y del riesgo de desarrollar un sector profesional sin contemplar, de forma paralela, medidas de apoyo a las familias.

LAS FAMILIAS NO PODRÁN CON LOS COSTES

«Si se quiere potenciar la profesionalización del sector, que nos parece bien, hay que dar apoyo a las familias», ha reivindicado. De lo contrario, el presidente de Fagal insiste en que tendrá «un efecto perverso» y que, al no poder afrontar los gastos que conlleva, una parte de los dependientes «abandonarán los recursos sociales».

En este sentido, recuerda que así lo han alertado ya directores de centros de día «que hablan de que se va a perder usuarios porque las familias no podrán sostener los costes», apostilla Juan Carlos Rodríguez.

Con todo, admite que en la reforma hay «cosas interesantes» en alusión a la formación o la revisión de la propia ley. «Hay problemas que hay que revisar como disminuir los costes de burocratización», ha señalado. También apoya que la ley desarrolle «todas las posibilidades en el ámbito profesional».

«BARRA LIBRE» A LAS AUTONOMÍAS

Por su parte, Carmen Vilaboa, miembro de la Asociación Gallega contra Enfermedades Neuromusculares (Asem) y de la plataforma «PasoVigo», que aglutina a distintas asociaciones, señala que «de un plumazo» se han recortado en Dependencia en todo el Estado «485 millones de euros» lo que para Galicia supone, según datos de la Consellería, la reducción de 21,5 millones este año.

La portavoz de Asem cree que las reformas dan «barra libre» a las autonomías al ampliar a dos años los plazos para realizar una valoración y otorgar las prestaciones a un dependiente y cuestiona que, sin aportación económica, vayan a entrar más dependientes con las modificaciones realizadas, como sostiene la Xunta.

«Si quisieran financiación para atender a los dependientes y sus familias que hubiesen aprobado el IBI a la Iglesia», argumenta Carmen Vilaboa, quien advierte también del «empobrecimiento de los dependientes por el repago de medicamentos, prótesis o transporte sanitario».

«¿Dónde queda la autonomía personal y el derecho del usuario a decidir donde quiere estar?», se pregunta también la representante de Asem, que coincide con el presidente de Fagal en que los dependientes carecerán de recursos para acudir a «servicios institucionalizados que son siempre más caros», añade.

Carmen Vilaboa afirma, no obstante, que este colectivo ha aprendido «a luchar» por sus derechos. «Lucharemos para que nuestros hijos o padres no se queden sin los cuidadores que necesitan y a los que tienen derecho», añade al asegurar que con esta reforma «se retrocede 20 años».

UN MODELO DE «BENEFICENCIA»

El Colexio de Traballo Social de Galicia, que cifra en 94.251 el número de dependientes en Galicia, su presidenta, Juana Tubío, admite que la Xunta tiene «poco margen de maniobra», pero recalca que «si se retrasa continuamente» las resoluciones sobre los dependientes con derecho a recibir una prestación «la persona puede morir en el camino», indica en referencia al envejecimiento de la población gallega.

Asimismo, subraya las consecuencias en ámbitos como el rural gallego «con un montón de núcleos dispersos» y afirma que, tras los recortes en financiación de los servicios municipales de los ayuntamientos, «no hay personal para atender a las personas».

«Se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia», señala Juana Tubío quien replica a Traballo que para ampliar la ayuda a más dependientes «hay que dotar al sistema de recursos económicos», sentencia.

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El copago también afecta a las enfermedades raras

   El representante madrileño de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Justo Herranz, ha denunciado este viernes que la aprobación del copago farmacéutico ha supuesto para los afectados de dolencias poco prevalentes y para sus familiares un incremento aproximado de 200 euros mensuales y, que esta situación, hará que muchos de ellos, en situación de desempleo, tendrán que elegir entre comer o destinar el dinero a medicinas.

En declaraciones a Europa Press, Herranz explica que los gastos de una familia con una enfermedad rara oscilaban, antes de la aprobación de estas medidas, «en torno al 20 por ciento de los ingresos familiares». «Hoy con el repago no sabemos dónde va a terminar», señala.

En sus palabras, la situación actual es «muy delicada» y, «lógicamente, cualquier familia con una enfermedad rara puede quedarse en paro con el agravante de que tiene que medicarse». Puesto que se trata de una enfermedad crónica, prosigue, los afectados antes desembolsaba un 10 por ciento, «ahora entre el 40 ó 50, depende de la situación de cada familia».

En este sentido, el representante madrileño de FEDER manifiesta su miedo en que estas medidas desemboquen en «situaciones extremas» en las que las familias tengan que elegir «entre comprar fármacos o comer». «Lo estamos viviendo con mucha preocupación», insiste, a la par que pide a la Administración que no ponga a estas personas en esa disyuntiva y que dé una «respuesta equitativa».

En relación sobre el aumento del desembolso económico que va a tener que realizar las familias reconoce que, aunque hacer ahora estimaciones «es muy arriesgado», pues cada viernes aprueban nuevas restricciones, se está pasando de unos 300 ó 400 euros mensuales en costes de fármacos u otros desembolsos que no cubre la seguridad social a unos 500 ó 600.

Por otro lado, los recortes en subvenciones pueden tener «repercusiones graves», advierte. «Van a tener que cerrar despachos, reducir personal y tiempo», precisa. Por todas estas razones, Herranz explica que están buscando el apoyo europeo. A nuestro colectivo «le «define la lucha. Nos acostamos por la mañana muy tristes y nos levantamos con ganas de luchar», declara.

Sobre la situación de los españoles con enfermedades raras con respecto a la que vienen sus homólogos europeos, reconoce que «es muy diferente» y explica que, pese a que se había realizado «muchos esfuerzos» para igualarse, «ahora todos estos pasos se han paralizado».

De la misma opinión es Ana Isabel Ordoñez, madre de un niño de 12 años con el síndrome de Carpenter, quien explica a Europa Press que, pese haber solicitado en marzo de 2011 la ayuda de la Ley de Dependencia, aún no ha recibido ninguna cuantía. «Se está demorando más de lo que se estaba demorando antes. Es una situación frustrante», señala.

«Si era difícil antes, ahora va a ser mucho más. Con el desempleo o los salarios bajos junto con los tratamientos que cada día son más caros, como no seas una persona afortunada, no puedes salir adelante», insiste.

PINGÜINO SOLIDARIO

Estas declaraciones han sido realizas con motivo de la presentación de la campaña del pingüino solidario de FEDER, apoyada por el grupo Fundosa, división empresarial de Fundación ONCE, y enmarcada dentro del proyecto ‘Penguin Madrid’, promovido por Faunia.

El pingüino, diseñado por Kukuxumusu, situado en la Puerta de Madrid del Parque del Retiro, acompaña a una pancarta solidaria en la que las personas que lo deseen pueden dejar sus mensajes de solidaridad con los afectados de enfermedades raras.

El objetivo es que esta primera sábana se convierta en una pancarta solidaria de más de mil metros construida con la aportación de otras provincias españolas en las que el Grupo Fundosa cuenta con un centro de trabajo, y que será presentada durante el próximo mes de febrero con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Además, los ciudadanos también pueden colaborar enviando un mensaje con la palabra FEDER al 28011, cuyo coste es de 1,20 euros, que irá destinado integramente a los afectados por enfermedades raras.

El proyecto ‘Penguin Madrid’, organizado por Faunia, supone la distribución de 20 pingüinos de grandes dimensiones por Madrid, que estarán expuestos hasta su subasta. El dinero se destinará a los 20 colectivos que participan en la iniciativa.

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El maltrato a mayores una lacra social que se extiende

   La Generalitat ha impulsado un protocolo de actuación contra los maltratos a ancianos, que pretende ser una herramienta de concienciación social y de formación para los profesionales de los servicios sociales.

El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha explicado que este nuevo protocolo ayudará a «romper el silencio» que actualmente hay frente a este tipo de violencia, que en 2011 implicó 1.100 actuaciones de los Mossos d’Esquadra.

El documento incluye guías para detectar posibles maltratos, un sistema de evaluación y recomendaciones a seguir en caso de confirmación.

Para que los profesionales conozcan el protocolo, la Generalitat ha previsto un total de 15 formaciones de 5 horas y 8 de 20 horas, además de editar 2.000 ejemplares de resumen para ampliar su difusión.

El secretario de Familia, Ramon Terrassa, no ha descartado que la Generalitat se persone como acusación particular en los casos de maltrato a ancianos que se detecten.

Ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 6% de los ancianos están en riesgo de sufrir maltrato, cifra que se dispara al 10% en el caso de los mayores institucionalizados.

Según Cleries, estos ancianos corren el riesgo de sufrir maltratos muy diversos, como por ejemplo que en la residencia se les coloque pañales sin tener incontinencia «por comodidad de los cuidadores».

Ha subrayado el maltrato económico, recordando que cada vez son más las familias que sobreviven con las pensiones de los mayores.

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