Juana Tubío, presidenta del Colexio de Traballo Social de Galicia, «se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia»
Asociaciones de familiares de dependientes advierten de que los recortes aprobados por el Gobierno en la Ley de Dependencia aumentarán los costes «a medio y largo plazo» y «empeorarán» la calidad de vida de estas personas. Asimismo, argumentan que «lucharán» para que sus allegados «no se queden sin los cuidadores que necesitan».
Frente a sus críticas, la Consellería de Traballo e Benestar insiste en que en la reforma era «algo inaplazable» por falta de financiación y rechaza que peligre la atención de los dependientes que ya están dentro del sistema. El departamento autonómico reconoce, no obstante, que el ritmo de atención a nuevos dependientes se verá ralentizado en todo el Estado.
En Galicia hay en la actualidad en torno a 37.000 dependientes asistidos, el 60 por ciento del total. No obstante, unos 20.000 personas con dependencia severa (grado III) y moderada (grado II) permanecen en lista de espera pendientes de recibir atención, según datos del departamento autonómico a los que ha tenido acceso Europa Press.
Ante esta situación, las distintas asociaciones y entidades, como el Colexio de Traballo Social de Galicia, consultadas por Europa Press se cuestionan los recortes y medidas como la rebaja en un 15% de la cuantía que reciben los cuidadores familiares, su exclusión de la Seguridad Social o el copago que deberán abonar los dependientes por determinados servicios.
Para el presidente de la Federación de Asociación Gallegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Fagal), Juan Carlos Rodríguez, se trata de unas medidas «preocupantes» que no valoran «adecuadamente» el apoyo de las familias, que «empeorarán» la calidad de vida de los dependientes y que supondrán «a medio y largo plazo un incremento de los costes».
Así, ha advertido del riesgo de «eliminar la atención a los dependientes en las fases iniciales que es donde más se puede hacer» y del riesgo de desarrollar un sector profesional sin contemplar, de forma paralela, medidas de apoyo a las familias.
LAS FAMILIAS NO PODRÁN CON LOS COSTES
«Si se quiere potenciar la profesionalización del sector, que nos parece bien, hay que dar apoyo a las familias», ha reivindicado. De lo contrario, el presidente de Fagal insiste en que tendrá «un efecto perverso» y que, al no poder afrontar los gastos que conlleva, una parte de los dependientes «abandonarán los recursos sociales».
En este sentido, recuerda que así lo han alertado ya directores de centros de día «que hablan de que se va a perder usuarios porque las familias no podrán sostener los costes», apostilla Juan Carlos Rodríguez.
Con todo, admite que en la reforma hay «cosas interesantes» en alusión a la formación o la revisión de la propia ley. «Hay problemas que hay que revisar como disminuir los costes de burocratización», ha señalado. También apoya que la ley desarrolle «todas las posibilidades en el ámbito profesional».
«BARRA LIBRE» A LAS AUTONOMÍAS
Por su parte, Carmen Vilaboa, miembro de la Asociación Gallega contra Enfermedades Neuromusculares (Asem) y de la plataforma «PasoVigo», que aglutina a distintas asociaciones, señala que «de un plumazo» se han recortado en Dependencia en todo el Estado «485 millones de euros» lo que para Galicia supone, según datos de la Consellería, la reducción de 21,5 millones este año.
La portavoz de Asem cree que las reformas dan «barra libre» a las autonomías al ampliar a dos años los plazos para realizar una valoración y otorgar las prestaciones a un dependiente y cuestiona que, sin aportación económica, vayan a entrar más dependientes con las modificaciones realizadas, como sostiene la Xunta.
«Si quisieran financiación para atender a los dependientes y sus familias que hubiesen aprobado el IBI a la Iglesia», argumenta Carmen Vilaboa, quien advierte también del «empobrecimiento de los dependientes por el repago de medicamentos, prótesis o transporte sanitario».
«¿Dónde queda la autonomía personal y el derecho del usuario a decidir donde quiere estar?», se pregunta también la representante de Asem, que coincide con el presidente de Fagal en que los dependientes carecerán de recursos para acudir a «servicios institucionalizados que son siempre más caros», añade.
Carmen Vilaboa afirma, no obstante, que este colectivo ha aprendido «a luchar» por sus derechos. «Lucharemos para que nuestros hijos o padres no se queden sin los cuidadores que necesitan y a los que tienen derecho», añade al asegurar que con esta reforma «se retrocede 20 años».
UN MODELO DE «BENEFICENCIA»
El Colexio de Traballo Social de Galicia, que cifra en 94.251 el número de dependientes en Galicia, su presidenta, Juana Tubío, admite que la Xunta tiene «poco margen de maniobra», pero recalca que «si se retrasa continuamente» las resoluciones sobre los dependientes con derecho a recibir una prestación «la persona puede morir en el camino», indica en referencia al envejecimiento de la población gallega.
Asimismo, subraya las consecuencias en ámbitos como el rural gallego «con un montón de núcleos dispersos» y afirma que, tras los recortes en financiación de los servicios municipales de los ayuntamientos, «no hay personal para atender a las personas».
«Se está promocionando un modelo de servicio social basado en la beneficencia», señala Juana Tubío quien replica a Traballo que para ampliar la ayuda a más dependientes «hay que dotar al sistema de recursos económicos», sentencia.
