Más de 25.000 personas de Castilla y León que reciben una prestación económica por cuidados en el entorno familiar de un dependiente percibirán desde este mes de agosto un 30 por ciento menos de asignación, tras la entrada en vigor el pasado día 1 de la orden que modifica las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad.

Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a Ical, a 1 de junio de 2012 había en la región 25.486 cuidadores familiares no profesionales que recibían una prestación mensual media de unos 380 euros, que ahora se reducirá en un 30 por ciento, un 15 por ciento como consecuencia de la reforma de la Ley de Dependencia incluida en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y otro 15 por ciento por decisión de la Junta para potenciar las prestaciones por servicios profesionales.

De esos 25.486 cuidadores familiares no profesionales, 11.744 estaban además acogidos a un convenio especial por el que el Estado también les abona una cuota a la Seguridad Social al no cotizar por otras vías, un beneficio que sí seguirán teniendo aunque se ha eliminado para los nuevos usuarios.

La Junta ha demandado reiteradamente desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 que se primen los servicios profesionales frente a los cuidados en el entorno familiar, que según la norma deberían utilizarse sólo en casos excepcionales. De hecho, es una de las comunidades autónomas que menos porcentaje destina al pago de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y más a financiar servicios.

Así, sólo el 41,2 por ciento de los 61.839 dependientes con prestación reconocida (77.778 prestaciones ya que una persona puede tener varias) que había en la región a 1 de junio eran atendidos por un miembro de su familia, mientras que en España ese porcentaje se elevaba a un 58 por ciento de los 750.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia, con un total de 435.180 cuidadores familiares con paga, de los que a 179.435 el Estado les abonaba además su cotización a la Seguridad Social. Esto supone que en la Comunidad los servicios representan el 67,94 por ciento de las prestaciones por dependencia, frente al 54,68 por ciento estatal.

Con esta reducción de la paga a los cuidadores no profesionales, la Consejería de Familia calcula que unas 25.000 personas dependientes pasarán de ser atendidas por familiares a recibir servicios profesionales, tanto residenciales como a domicilio, lo que permitiría crear 16.700 puestos de trabajo en centros residenciales u 11.000 en atención domiciliaria.

Requisitos

La normativa estatal establece que pueden asumir la condición de cuidadores no profesionales el cónyuge de la persona dependiente y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco. La reforma introduce como novedad que a partir de ahora deberán acreditar unos conocimientos mínimos para poder acceder a esta asignación, con el objetivo de dar prioridad a la atención profesional.

El importe de la prestación económica que reciben depende de la capacidad económica del beneficiario y del grado y nivel de dependencia de la persona a la que atienden. El máximo mensual establecido en 2012 para un cuidador a tiempo completo era de 520,69 euros al mes, para una persona que atendiera a un gran dependiente de nivel 2, y el mínimo de 180 euros, para el de un dependiente moderado de grado 1, unas cuantías que ahora se reducen un 30 por ciento de media.

Así, tras la simplificación de los grados y niveles de dependencia, que pasan de seis a tres, en Castilla y León los cuidadores familiares de grandes dependientes cobrarán una media de 319,23 euros; los de dependientes severos, 221,36 euros, y los de dependientes moderados, 126 euros al mes.

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Los últimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen un resultado demoledor: entre las comunidades más perjudicadas figuran algunas de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran bastante malos. La explicación es sencilla: todas han sufrido un recorte económico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos vías de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15% como mínimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos años de demora en los trámites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien, aquellas regiones, como Castilla y León, que resuelven los trámites en un tiempo aproximado de seis meses (la máxima agilidad) no tienen deudas con los beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y también salen perdiendo las que habían concedido más servicios profesionales (plazas de geriátrico, centros de día) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley. Esas regiones podrán reducir la paga, incluso mucho más del 15%, pero no nunca ahorrarán tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas económicas.

Estas conclusiones se extraen de un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios que han recibido las comunidades autónomas de la financiación estatal: 283 millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel mínimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado el posible ahorro por las vías antes mencionadas: 112 millones si solo reducen un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.

Pero pierde más Castilla y León porque presta más servicios y es ágil al tramitar; o Madrid, que en su mayoría ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relación con el volumen de gestión de cada comunidad autónomas, las conclusiones son aún más afinadas: Castilla y León y La Rioja son las más perjudicadas, seguidas de Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares, que suelen sacar pésimas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se toman en consideración datos como la lista de espera y el tiempo de espera de los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y prestaciones económicas. También Murcia sale ventajosa. Los responsables de la asociación creen que estas decisiones “sí hacen efectivamente insostenible el sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra”.

Los resultados al cotejar estas cifras han levantado la ira de la asociación de gerentes de servicios sociales, cuyo observatorio de la dependencia seguía cada seis meses los avances y el desarrollo de cada comunidad autónoma en la implantación del sistema y ponían notas. Sus criterios, basados la mayoría en datos oficiales, venían aplaudiendo a comunidades como Castilla y León o La Rioja y recordando que otras, como Baleares o Canarias tenían mucho que mejorar. “Las medidas tomadas por el Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que, bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas públicas directos e inducidos de 520 millones”, ha señalado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

El informe señala que solo con mantener la dependencia como está, con el número actual de atendidos, cuesta 5.933 millones de euros de los cuales “el Gobierno aportará solo 1.225 por la financiación de cada dependiente, y las comunidades tendrán que poner el resto, 400 millones más que lo que pusieron en 2011. Es una demolición cruel y calculada de la ley o una torpeza que exigiría dimisiones. Para prever el resultado no hace falta una bola mágica: se destruirá la red de servicios con el cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, menos retornos a las arcas públicas y las familias, mujeres en su mayoría, con su esfuerzo y sin compensación volverán a hacerse cargo de los suyos”, lamenta Ramírez.

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