Archivo mensual: febrero 2013
El envejecimiento de la población continúa imparable
La población española continúa un progresivo proceso de envejecimiento: la esperanza de vida al nacer mantiene el crecimiento sostenido de las últimas décadas y en 2011 se sitúa en 82,1 años (0,2 años más que en 2010), siendo mayor para las mujeres (85,0 años) que para los hombres (79,1 años).
Los datos elaborados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) muestran que el crecimiento de la esperanza de vida al nacer no parece mostrar signos de agotamiento. Así, en promedio, la esperanza de vida al nacer ha crecido alrededor de un año por cada lustro en las últimas décadas, un total de 8,4 años entre 1975 y 2011 (gráfico 2).
Los mayores valores de esperanza de vida al nacer se localizan en el centro y noreste de la península, siendo Madrid la Comunidad con una mayor esperanza de vida al nacer (83,6 años). La diferencia con la región que presenta el mínimo valor para este indicador (Ceuta y Melilla) es de 3,6 años.
Por provincias, la diferencia entre los valores máximo y mínimo de esperanza de vida al nacer se amplía a 4,1 años. La mayor distancia corresponde a Soria y Ceuta (83,7 y 79,6 años respectivamente).
Las TIC para personas con discapacidad suponen un mercado potencial por valor de 1.300 millones, según CENTAC
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación suponen un mercado potencial por valor de 1.300 millones de euros según se desprende del informe ‘Mercado y oportunidades de negocio de las TIC accesibles en España’ que la Fundación Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) presentará el próximo 8 de febrero.
El documento señala que el gasto medio de las personas con discapacidad en productos y servicios TIC es un 25 por ciento superior a la media general. Además, el grado medio de discapacidad de las personas de más de 65 años (el 17,4 de la población) varía entre el 44 y el 70 por ciento.
Por otra parte, estima que, en 2049, el porcentaje de población mayor de 65 años será del 31 por ciento, por lo que concluye que «las TIC para las personas con discapacidad y los mayores constituyen un mercado con grandes oportunidades de negocio».
El objetivo del estudio es, por un lado, mostrar las posibilidades de inversión para estimular a las empresas a invertir en el desarrollo de tecnologías accesibles. Por otra parte, pretende ayudar a mejorar la operativa de las empresas del sector a través de la propuesta de algunas líneas de actuación o recomendaciones.
La presentación del documento, que se celebrará en la sede de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), contará con la presencia del director del CENTAC, Juan Luis Quincoces, del director general de Red.es, Borja Adsuara, y del director general de AMETIC, José Manuel de Riva.
El envejecimiento afecta a la memoria involuntaria
Investigadores de la Universidad Nacional de Educadores a Distancia (UNED), en colaboración con el Beckman Institute de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), han mostrado que el envejecimiento afecta a la memoria involuntaria, aquella de la que no hay conocimiento consciente y que se activa ante estímulos repetidos.
Esta investigación choca con otros estudios que aseguraban que este tipo de memoria permanece invariable con el paso del tiempo. «Nuestros resultados cuestionan la noción mantenida hasta ahora de que la memoria inconsciente no se encuentra afectada por la edad», ha explicado Soledad Ballesteros, investigadora del departamento de Psicología Básica II de la UNED y primera autora del trabajo, publicado en la revista ‘Neurobiology of Aging’.
De esta forma, los científicos han demostrado que la relación entre la función cerebral y la memoria involuntaria que hay en las personas jóvenes se encuentra alterada en los mayores. No obstante, según han apostillado, estos cambios en la actividad cerebral no afectan a la conducta, puesto que mayores y jóvenes responden con mayor rapidez a estímulos repetidos frente a los mostrados una única vez, reflejando la misma facilidad con la repetición.
«El cerebro en la vejez se adapta para rendir igual que cuando era joven pero con un mayor esfuerzo», ha puntualizado la investigadora, quien ha explicado que para llevar a cabo esta investigación se entrevistaron a 19 jóvenes de 20 y 32 años y a 18 adultos de entre 61 y 72 años.
Todos ellos realizaron una actividad dentro de un escáner, mientras se registraba su actividad cerebral. Los científicos les mostraron imágenes de seres vivos familiares –como un oso o un árbol– y de objetos inanimados –como un silbato o un frigorífico– presentados una o tres veces.
En concreto, la tarea consistió en pulsar un botón lo más rápidamente posible si se trababa de un ser vivo, y otro, si era un objeto inanimado. En este sentido, los expertos observaron que ambos grupos respondían de forma más rápida ante objetos repetidos comparados con los no repetidos, mostrando una memoria involuntaria similar.
Sin embargo, apreciaron diferencias importantes en la actividad cerebral. Y es que, aunque ambos grupos manifestaron reducciones de la actividad cerebral con la repetición de estímulos en una amplia red de regiones cerebrales anteriores y posteriores sensibles a esta repetición, las personas de edad avanzada mostraron una menor reducción de la actividad y en un menor número de zonas que los adultos jóvenes.
En definitiva, los datos revelan que las personas de edad avanzada consiguen actuar como los jóvenes a costa de presentar una mayor activación cerebral y de mantenerla con la repetición de estímulos. «El cerebro de las personas mayores pone más esfuerzo ante los estímulos visuales, lo que se interpreta como una forma de actividad neural compensatoria», ha concluido Ballesteros.
Los beneficiarios de prestaciones de dependencia ascienden a 770.945 personas en 2012, un 6% más que el año anterior
El número de beneficiarios de prestaciones de dependencia en 2012 ascendió a un total de 770.945 personas (el 77 por ciento de las personas con derecho a prestación), una cifra que supone un 6 por ciento más en relación con el año anterior y un balance neto positivo de 18.944 personas, según datos del avance de la evaluación anual de 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Además, las personas que durante 2012 se han incorporado como nuevos beneficiarios de alguna prestación ascienden a 129.847. Por otro lado, de las 305.941 personas pendientes de recibir prestación a diciembre de 2011 (casi el 30 por ciento del total) se ha pasado a 230.203 personas a diciembre del año pasado (un 24,8 por ciento), lo que supone «el porcentaje más bajo» desde la implantación de la Ley de Dependencia –hace seis años, desde 2007–, según ha destacado a Europa Press el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales(Imserso), César Antón.
Respecto a los datos económicos, el presupuesto destinado en 2012 y transferido a las comunidades autónomas ha aumentado en 122 millones más respecto a 2011, hasta los 1,4 millones de euros (un 9,5% más que en 2011).
Antón ha detallado que una de las prioridades de la ley durante el año pasado ha sido la de atender «primero a los que más tiempo llevan esperando y a los que más dependencia tienen». Además, ha subrayado de que, en este año, ha seguido aumentando «tanto el número de beneficiarios como la financiación del Estado», ya que, a su juicio, «más allá de los números y las estadísticas, hay personas y familias». En cualquier caso, ha pedido «no generar expectativas» y, de cara al futuro, ha apostado por «el orden, la simplificación y la mejora de la transparencia».
Por comunidades autónomas, Navarra, Andalucía, Cantabria y La Rioja fueron las que menos dinero recibieron en 2012 por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.
Así, en Navarra, el número de beneficiarios con prestación ascendió a 8.612 (frente a los 8.129 de 2011), con 12,5 millones de euros designados (frente a los 13 millones de 2011); en Andalucía, 192.532 beneficiarios con prestación (frente a los 191.330 de 2011), con 345,8 millones de euros designados (frente a los 356,6 millones de 2011); en Cantabria, 14.090 beneficiarios con prestación (frente a los 15.227 de 2011), con 19,4 millones de euros designados (frente a los 20,5 de 2011) y en La Rioja, 7.474 beneficiarios en 2012 (7.716 en 2011), con 13,4 millones en 2012 (13,7 millones en 2011).
Por el contrario, el resto de las comunidades ha recibido más dinero respecto a 2011. En concreto, Madrid recibió 141,9 millones de euros (134,5 millones de euros en 2011) y tuvo un total de 81.158 beneficiarios con prestación (76.674 el año pasado); País Vasco recibió 92 millones de euros (66,1 euros en 2011), con 39.506 beneficiarios (43.541 en 2011); Asturias, 26,3 millones de euros (23,6 euros en 2011) y 14.643 beneficiarios (13.890 en 2011); Baleares, con 18,7 millones de euros (17,7 millones de euros en 2011) y 9.534 beneficiarios (10.404 en 2011); Galicia, con 78,9 millones de euros (58,6 millones de euros en 2011) y 89.139 beneficiarios (34.092 en 2011); Extremadura, con 36,4 millones de euros (frente a 33,7 millones de euros en 2011) y 19.482 beneficiarios (18.249 en 2011); y Cataluña con 243,5 millones de euros (210,2 millones de euros en 2011) y 139.220 beneficiarios (118.890 en 2011).
Además, en Canarias se destinaron 28,8 millones de euros (21.989 millones de euros en 2011) y hubo 11.926 beneficiarios (10.505 en 2011); en la Comunidad Valenciana, con 43.145 beneficiarios (42.960 en 2011) se percibieron 82,5 millones de euros (78,1 millones de euros en 2011); en Castilla y León, 103,1 millones de euros (86,4 millones de euros el año pasado) y 62.108 beneficiarios (60.090 en 2011); en Castilla-La Mancha 67,1 millones de euros (64,6 millones en 2011), con 38.620 beneficiarios (39.081 en 2011) y Aragón, con 41 millones de euros (34,6 millones en 2011) y 21.413 beneficiarios (22.473 en 2011).
Un millar de trabajadores de la dependencia pierden su empleo cada mes
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que «todos los meses», un millar de personas que trabajan en el sector de la dependencia se quedan sin empleo, ya que se están cerrando residencias y «desmantelando el sistema».
Ramírez hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada parlamentaria sobre Servicios Sociales y Dependencia, organizada por el Grupo Socialista y celebrada hoy en la Cámara Baja. El presidente de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales comenzó su intervención aclarando que, para él, la Ley de Dependencia es «el mayor avance que ha habido en España en los tres últimos lustros», ya que refuerza el sistema público de servicios sociales, entre otros aspectos positivos. Dicho esto, Ramírez puso sobre la mesa una serie de denuncias que a juicio de su colectivo hay que hacer por el cariz que está tomando el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes (SAAD).
Así, se quejó de que haya muchos beneficiarios que se encuentren actualmente «en el limbo de la dependencia», de que se haya acabado con el sistema de niveles, dentro de los grados establecidos por la ley, o de que haya «caído en picado» el número de planes individuales de atención (PIA) elaborados. Con este panorama, los gerentes de servicios sociales estiman que el Gobierno, si no adopta otras medidas, podría tardar unos 11 años en atender a todas las personas en situación de dependencia que tienen el derecho ya reconocido.
Ramírez se expresó así en una mesa redonda enmarcada en las citadas jornadas parlamentarias titulada ‘Situación y perspectivas de la implantación de la Ley de Dependencia» y moderada por Rosa Aguilar, portavoz de Servicios Sociales del Grupo. En la mesa, participaron también Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social; Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO; Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, y Jaime-Esteban García, coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia.
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales
Lima aprovechó su intervención para hacer una defensa de los servicios sociales y para mostrar su preocupación por el «desmantelamiento» que, a su parecer, están sufriendo por culpa de los recortes. Apostó por un modelo de bienestar basado en la «igualdad, cooperación y solidaridad» y que garantice los derechos sociales a todos los ciudadanos, independientemente de su aportación a la Seguridad Social. Ese modelo, prosiguió, ha de «dar voz y empoderar a la gente», que debe expresar lo que le pasa para poder recibir una mejor atención y no recortar derechos, como está ocurriendo en algunas CCAA, donde se están «recrudeciendo» requisitos para acceder a él.
Y es que, aseguró, en la actualidad «hay un ataque» a los servicios sociales básicos, es decir, los que se prestan desde los ayuntamientos, que, en muchos casos, están viendo cómo desaparecen apoyos tales como el de la ayuda a domicilio, que solo se presta a personas en situación de dependencia, y no a todas. Igualmente, denunció la eliminación progresiva del plan concertado para los servicios sociales, que, aunque con una financiación «ridícula», suponía un acuerdo importante entre las tres administraciones.
Consecuencias «graves»
Por su parte, las representantes de CCOO y UGT se centraron en analizar las consecuencias que están teniendo las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Dependencia, que, dijeron, son «graves», como lo son también los cambios del Ejecutivo en educación y sanidad. Para Rosana Costa, secretaria confederal de Política Social de CCOO, la de la Dependencia es una «reforma integral» que sigue el mismo patrón que orienta los cambios en el resto de pilares del Estado de bienestar, que se aborda de forma unilateral, sin trasparencia y con «opacidad». A su parecer, los objetivos de la reforma del Ejecutivo son «recortar drásticamente» el gasto social público y «debilitar la naturaleza pública y universal» con la que nació el Sistema de Dependencia, para conducirlo hacia otro de carácter «mercantilista».
Almudena Fontecha, secretaria confederal para la Igualdad de UGT, evidenció también su «preocupación» por el curso de la norma de la Dependencia y abogó por buscar un sistema de financiación estable y sostenible, desde el punto de vista económico, pero también social, y por redactar una ley que garantice el acceso a los servicios sociales a todas las personas. Finalmente, el coordinador estatal y de Comunidad Valenciana de la Plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia indicó que la reducción de prestaciones económicas, el aumento del copago en los servicios, el hecho de que los cuidadores no profesionales tengan que pagar su Seguridad Social y el retraso hasta 2015 de la entrada en el sistema de los dependientes moderados son, a su parecer, los aspectos de las reformas del Gobierno que más están afectando a los beneficiarios del SAAD.
La Conselleria de Bienestar Social valenciana no pone fecha a los pagos pendientes
La Conselleria de Bienestar Social reconoce los impagos a las residencias y asegura que está trabajando “codo a codo” con la Conselleria de Hacienda para poder sufragar “lo antes posible” esta deuda. Por tanto, de momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana no pone plazos ni fechas para hacer efectivo los pagos pendientes desde el pasado año.
Todo indica que el Consell liquidará antes la deuda de más de 2,6 millones con las residencias municipales que con las concertadas, ya que el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya apuntó esta semana que los ayuntamientos van a empezar a cobrar las cantidades pendientes. Cuantías que se abonarán atendiendo, en primer lugar, al criterio de la antigüedad y, en segundo lugar, a la naturaleza del servicio –bienestar social, educación y sanidad–. Por tanto, las residencias municipales cumplirían, al menos, el segundo de los supuestos.
En todo caso, en el abono de la deuda va a jugar un papel clave el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que la Comunitat pidió ayer formalmente al Gobierno estatal para este año, y que debe autorizarse. La finalidad es poder trasladar a los afectados por la deuda un plazo aproximado de pago, que dependerá de cuándo se reciba el FLA.
Juan Carlos Moragues mostró la intención del Consell de reducir los plazos con todos los agentes afectados por las deudas, incluidos los consistorios.
Equinoterapia en SARquavitae Isdabe (Estepona)
El centro residencial SARquavitae Isdabe consolida su apuesta terapéutica mediante el desarrollo, un año más, del taller de equinoterapia que desde hace unos años impulsa. Este taller, hasta el momento experimiental, ha comportado ventajas evidentes en el bienestar físico, psíquico y mental de las personas mayores que lo practican. La actividad ha logrado estimular la comunicación verbal y no verbal de los residentes, las demostraciones de afecto entre ellos y sus familiares y compañeros así como los contactos sociales.
A diferencia de años anteriores, los usuarios además de acariciar, cepillar y alimentar a los caballos, se han atrevido a montar, incluso aquellos con movilidad reducida o que padecen dificultades en la deambulación.
A diferencia de años anteriores, los usuarios además de acariciar, cepillar y alimentar a los caballos, se han atrevido a montar, incluso aquellos con movilidad reducida o que padecen dificultades en la deambulación.
La equinoterapia es un método terapéutico que utiliza el caballo y diferentes técnicas y prácticas ecuestres desde una perspectiva interdisciplinaria buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico, social y emocional de las personas. Los principios terapéuticos en los que se basa la equinoterapia son: trasmisión del calor corporal del caballo, de los impulsos rítmicos y de la cadencia de paso equivalentes a los de la marcha humana. La terapia con animales, es una metodología que involucra a los animales en la prevención y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas.
Castilla y León, ‘sobresaliente’ en la Ley de Dependencia
El Observatorio Estatal de la Dependencia alaba el modelo de atención de la Comunidad y la sitúa en el primer lugar de las regiones que mejor aplican la Ley con una nota de 9,2.
Las personas dependientes castellano-leonesas no pueden tener mejor servicio; al menos, en el resto de España. Así lo hace indicar la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales, quien ha premiado a Castilla y León como la región con mejor modelo de atención profesional sobre la Ley de Dependencia en 2012.
No es una sorpresa para la Comunidad recibir esta calificación, que no parece acusar la crisis en este aspecto. Este año es el tercero consecutivo que logra hacerse con el mayor honor. La nota fue sobresaliente: 9,2 concretamente, dos puntos por delante de la siguiente región mejor valorada y cuatro puntos y medio por encima de la media nacional.
De los doce puntos que valora la institución, Castilla y León recibió en diez de ellos la máxima nota. Una muestra de que, a pesar de la crisis económica y el recorte presupuestario sufrido para la atención de dependientes, la gestión realizada ha sido realmente buena.
Según el informe del Observatorio, los residentes castellanos son quienes más ayudas reciben en relación a su población y con el número menor de dependientes en la lista de espera. De hecho, a 31 de diciembre, sólo el 4,4% de las personas con derecho a recibir la asistencia se encontraba aún esperándola, frente al 23% de media en toda España.
El Observatorio también destaca que Castilla y León es la única que realiza un seguimiento personalizado de cada caso y con un sistema de información en tiempo real. Además, el número de personas atendidas durante el último año se superó respecto al anterior periodo al aumentar un 3,36%.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado que Castilla y León prácticamente ha alcanzado ya la plena atención, incluso tres años antes de lo previsto. «El incremento de personas atendidas se va reduciendo porque Castilla y León prácticamente ha cubierto las previsiones que se manejaban en 2015», ha afirmado.
Previsiones que el Libro Blanco de la Dependencia estimaba serían menos fructíferas. Se calculaba que en 2015 Castilla y León atendería a 55.000 dependientes, mientras que actualmente la región ya está dando servicio a más de 54.000.
Bienestar Social ve insuficientes los servicios mínimos en Puerto Luz
La concejala de Bienestar Social, Mariola Tocino, ha mostrado su máxima preocupación ante la situación de precariedad en la que se encuentran los usuarios de la residencia Gecosol en las últimas semanas. Tocino mantuvo el martes distintos encuentros para conocer de cerca la situación que se está viviendo en la residencia, a raíz de los conflictos entre la plantilla y la gerencia. La edil ha explicado que en los últimos días está recibiendo en la Concejalía a muchos familiares de los usuarios de este centro geriátrico, que le han trasladado su ansiedad ante la asistencia que están recibiendo los residentes a causa de los servicios mínimos marcados por la Junta de Andalucía ante la huelga de las trabajadoras, «totalmente insuficientes para atender a los usuarios».
Una situación que describe Mariola Tocino «llega a ser dantesca, pudiendo corroborar que se evidencian carencias notables en cuanto al funcionamiento diario que repercute directamente en la rutina de los usuarios, y que no sólo denuncian los familiares sino que avala la propia empresa, que confirma que la situación es insostenible ya que los usuarios no están siendo atendidos en condiciones. De hecho, así se lo ha trasladado la gerencia de la empresa a la Junta de Andalucía, que reiteramos, ha marcado unos servicios mínimos para esta huelga indefinida que distan mucho de lo racional», afirma.
Aún así, Mariola Tocino quiere expresar que comprende perfectamente las reivindicaciones de las trabajadoras de la empresa, que «por supuesto tienen todo el derecho legal de convocar una huelga para exigir el cobro de su nómina en tiempo y forma». No obstante, destaca la edil popular que «todos debemos medir las consecuencias de nuestros actos porque no nos estamos refiriendo a que se para una cadena de producción, sino que estamos hablando de personas, es más, de dependientes».
La residencia tiene ocupadas en la actualidad unas 120 plazas, de las cuales aproximadamente 100 están concertadas con la Junta de Andalucía. El pasado martes la empresa recibió el pago de octubre y de forma inmediata pagó a sus trabajadoras la nómina de diciembre, por lo que ayer sólo quedaba pendiente la paga extraordinaria.
Mariola Tocino insiste en que, erigiéndose como portavoz de los usuarios, instará a la Junta de Andalucía a que pague en tiempo y forma a las empresas para que así se puedan continuar prestando los servicios públicos.
La concejala aclara por último que le parece «muy triste que los partidos de la oposición PSOE e IU, en la actualidad formando bipartito para gobernar la Junta de Andalucía, se manifiesten mostrando su apoyo a las trabajadoras y se olviden de la parte más sensible de esta situación, que son los usuarios a los que todos deberíamos proteger».
