Archivo mensual: febrero 2013
Mato niega que se haya eliminado la teleasistencia y PSOE le dice que hay afectados «con nombre y apellidos»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha negado en el Pleno del Senado que su departamento haya eliminado el servicio de teleasistencia a personas mayores y con discapacidad y el PSOE le ha reprochado que hay afectados «con nombres y apellidos».
Mato ha indicado al senador socialista Andrés Tovar que éste y otros servicios se estaban prestando «por dos o por tres administraciones a la vez» y que el objetivo del Gobierno ahora es resolver «con claridad» a qué ventanilla tienen que dirigirse los beneficiarios para que no se «vuelvan locos».
Asimismo, ha señalado que la teleasistencia es una prestación que se incluye en el catálogo del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), que, según ha afirmado, «se va a seguir ofreciendo». «Ahora pretendemos que sea una sola administración la que se haga cargo», ha apostillado.
El senador socialista le ha reprochado que el ministerio haya decidido de forma «unilateral» su aportación al convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el cual, a través de ayuntamientos y diputaciones, llegaba el servicio de teleasistencia a las personas que viven solas y corren un grave peligro de accidente o enfermedad.
«RESUELVA ESTE PROBLEMA ANTES DE QUE LA CESEN»
Tovar ha asegurado a Mato que le puede dar «nombres y apellidas de personas en listas de espera sin estar atendidas por estos servicios de teleasistencia», y ha pedido a la ministra que se entere de «cuál es la situación real» porque, a su juicio, este servicio es «fundamental para la seguridad de las personas y salva vidas humanas».
«Sabemos que tiene serias dificultades para enterarse de los problemas de los ciudadanos, e incluso de algunos que usted tiene cerca», ha indicado el senador, en referencia a las informaciones relativas al ‘caso Gürtel’. «Antes de que la cesen le pido que resuelva este problema porque se lo agradecerán los alcaldes y las familias», ha concluido.
Consumir suplementos de omega-3 podría ayudar a prevenir la demencia
Investigadores de la Universidad de Navarra han destacado que el consumo de un complemento alimenticio rico en omega-3 podría ayudar a prevenir la aparición de demencia. Según estos expertos, el número de afectados se duplicará cada 20 años hasta superar los 80 millones en 2040.
Estos investigadores, según ha destacado la Universidad de Navarra en una nota, llevan a cabo un estudio cuyo objetivo es evaluar el consumo de un complemento alimenticio rico en ácidos grasos omega-3 como factor protector frente al desarrollo de demencia.
Científicos del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública del centro académico han afirmado que «podría resultar una medida preventiva de alta efectividad y aceptabilidad frente a la aparición o retraso de esta enfermedad en pacientes institucionalizados de edad avanzada con deterioro cognitivo leve».
Los expertos han indicado que más de 24 millones de personas en el mundo padecen demencia, cifra que previsiblemente se duplicará cada 20 años hasta superar los 80 millones en el año 2040. Una de las responsables del trabajo, Maira Bes-Rastrollo, ha resaltado que «la ausencia de tratamientos curativos hace que las estrategias de prevención para el desarrollo de demencia tengan una especial importancia en el campo de la salud pública».
Además de esta investigadora, quien ha recibido para este trabajo una beca de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, participan en el estudio el profesor Miguel Ruiz-Canela y el doctorando Joaquín Baleztena; la estudiante de la Facultad de Medicina Irene Aguirre; así como las farmacéuticas María Carmen Castellanos y María Jesús Gozalo; los médicos María Pardo e Inmaculada Irisarri; y la psicóloga Itziar Vergara, entre otros colaboradores de las residencias AMMA de Navarra.
EVALUACIÓN SOBRE EL ESTADO COGNITIVO
Maira Bes-Rastrollo ha explicado que todavía no se ha realizado ningún ensayo aleatorizado de prevención primaria en este tipo de pacientes de edad tan avanzada. «Actualmente, nos encontramos en la fase de reclutamiento de los participantes y en la evaluación basal de los mismos», ha precisado.
De este modo, para llevar a cabo la investigación se seleccionarán dos grupos: uno de intervención, al que se le pautará tres veces al día la toma de un suplemento alimenticio rico en ácidos grasos omega-3; y un grupo control, al que se le administrará un placebo.
En ambos grupos se realizará una evaluación al inicio del estudio y otra al año, sobre su estado cognitivo y funcional, utilizando diversas escalas que permitan conocer si ha habido alguna mejora a lo largo de ese tiempo. La metodología empleada para ello incluye: el Mini Examen Cognitivo de Lobo, el cuestionario de actividad funcional de Pfeiffer (SPMSQ), un test de fluencia verbal y el Test del Reloj.
La Diputación aprueba 15 millones para atender el servicio de ayuda a domicilio a más de 2.200 malagueños
La junta de gobierno de la Diputación de Málaga, celebrada este martes, ha aprobado la renovación de los servicios de ayuda a domicilio para 2013 que gestiona el Área de Derechos Sociales, dirigida por la vicepresidenta tercera, Ana Mata, por lo que se liberan unos 15 millones de euros para atender a 2.226 personas.
Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno provincial, Francisco Salado, quien ha añadido que dentro del primer grupo se realizarán 1.070.520 horas de trabajo a través de la empresa Clece, que tiene como adjudicado el servicio por parte del ente supramunicipal. Se trata, en todos los casos, de personas que ya recibían esta ayuda en 2012 mediante los Programas Individuales de Atención (PIA).
El coste del servicio en el primer semestre del año ascenderá a 6.554.463 euros y para los últimos seis meses la cifra será, «probablemente» superior, «ya que a lo largo del año se incorporarán nuevos beneficiarios».
Por este motivo, el presupuesto general de ayuda a domicilio de la Diputación para 2013 es de 23.250.000 euros, ya que existe una provisión que permitirá atender posibles nuevas altas.
En este sentido, Salado ha puntualizado que las aprobaciones son semestrales y no anuales porque las resoluciones de la Junta de Andalucía, «que es la instancia competente para aprobar las atenciones a dependientes según la ley», se realizan con el mismo plazo. Salado ha remarcado el compromiso del organismo con los derechos sociales «en contraposición a los recortes del gobierno regional».
Servicios sociales comunitarios
En el segundo caso, la Diputación ofrece atención a 573 no dependientes a través de sus Servicios Sociales Comunitarios por un montante total de 2.014.717 euros y una bolsa de horas de 169.932. La empresa Clece es la encargada de la prestación de estas ayudas, «con las que la institución mantiene un apoyo continuo a las personas más necesitadas de los municipios menores de 20.000 habitantes», ha dicho Salado.
Así, el portavoz ha recordado que las cuentas de este año tienen, en relación con las de 2012, dos características principales: aumentan las inversiones y el gasto social.
Conservación de carreteras por valor de 960.000 EUROS
También se ha dado luz verde a los programas de conservación de carreteras en la red viaria provincial, integrada por más de 860 kilómetros entre las cuatro zonas delimitadas —Axarquía, Antequera-Norte, Guadalhorce y Ronda—.
En este sentido, Salado ha informado de que el coste de cada uno de los proyectos asciende a 240.000 euros, por lo que la inversión total para todo el año será de 960.000 euros.
Por otra parte, la junta de gobierno ha dado el visto bueno a la contratación de 92 personas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER, por un importe total de 537.664 euros.
Los proyectos adscritos a este programa son la ampliación de los vestuarios en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Cártama; la adecuación de accesos y revestimientos en el Centro de Estudios de Folclore Malagueño de Benagalbón, y la reforma del centro social de Fuente de Piedra.
1.300 mayores madrileños se forman en Internet y redes sociales
Fundación Updea y Fundación Vodafone España pondrán en marcha en nueve municipios madrileños, cursos de formación gratuitos dirigidos a personas mayores, sobre el uso de Internet y las redes sociales. Con este nuevo proyecto, ambas instituciones quieren formar a 1.300 mayores residentes en alguno de los nueve ayuntamientos que colaboran, mediante la cesión de los espacios necesarios, habilitados con conexión a Internet y equipos informáticos, además de coordinando las inscripciones. Estos ayuntamientos son Alcobendas, Alcorcón, Daganzo, Hoyo de Manzanares, Navalcarnero, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro.
El 12 de febrero comienzan a impartirse los cursos cuyo objetivo principal es que los mayores de 50 años descubran los múltiples usos de Internet, y cómo su uso puede facilitar la vida cotidiana e incrementar sus posibilidades de ocio y comunicación.
El formato de los talleres es presencial, con una duración de 18 horas. Se ofrecen dos niveles: uso básico de internet y el innovador curso de Comunicación y Redes Sociales, cada vez más demandado por los mayores.
Ambas instituciones vienes colaborando en la puesta en marcha de diferentes cursos de formación, para acercar las TIC a los mayores madrileños, desde octubre de 2011, cuando se inició el proyecto “Usos de Internet para la Vida cotidiana”. Desde entonces, más de 140 cursos y de 30 conferencias interactivas se han impartido en centros de mayores y bibliotecas de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón y Alcobendas, llegando a más de 2400 beneficiarios.
Los senior madrileños y las nuevas tecnologías
Según el informe de Fundación Vodafone España “TIC y mayores, conectados al futuro”, sobre el uso que nuestros mayores hacen de las TIC, las personas con edades comprendidas entre los 56 y 70 años en la Comunidad Madrid, se sitúan muy por encima de la media nacional en el uso de la telefonía móvil e Internet y en el uso de la e-administración y lo hacen ligeramente en el uso de las redes sociales. Este estudio forma parte del observatorio permanente que la Fundación Vodafone lleva a cabo, con el objetivo de identificar las necesidades de este segmento de población ante las TIC, y poder compartir con el resto de implicados los resultados obtenidos.
El estudio pone de manifiesto que la utilización del teléfono móvil en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 96,1%, frente al 91,1% del conjunto nacional lo que permite hablar de universalización de uso de la telefonía móvil.
En cuanto a Internet se refiere, para los madrileños con edades comprendidas entre los 56 y los 70 años, el porcentaje de usuarios se sitúa nuevamente por encima del resto de españoles con un 53,5% frente al 42,7%. Estos datos suponen una buena noticia para los madrileños y demuestra el interés y el esfuerzo realizado por las administraciones y diversas empresas, instituciones y asociaciones para que nadie quede fuera de la era digital.
Por su parte, en la Comunidad de Madrid se usan las redes sociales ligeramente por encima del promedio del país, siendo los más jóvenes, los de 56 a 60 años del segmento de edad analizado, los que más las usan.
Y por último, según el citado informe, en cuanto a la utilización de la e-administración, el total de usuarios en la Comunidad de Madrid de la e-administración es superior al del conjunto del país en casi 16 puntos porcentuales (76,5% frente a 60,94%).
Ambas entidades
La Fundación Updea es una institución privada sin ánimo de lucro fundada en 1.999. Su finalidad es contribuir a impulsar y favorecer el desarrollo personal a través de la educación continua (Lifelong Learning) especialmente dirigida a las personas mayores.
Por su parte, la Fundación Vodafone España contribuye al impulso de la innovación y la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación para mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente, facilitar la integración social de colectivos vulnerables.
Entra en vigor el decreto que incluye la teleasistencia entre los servicios a retribuir mediante precio público
Este miércoles, día 20 de febrero, entrará oficialmente en vigor el Decreto que incluye el servicio de teleasistencia entre los que se retribuyen mediante el sistema de precio público.
La nueva regulación modifica el Decreto de junio de 2012 por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia.
Dicho decreto contemplaba, como prestaciones y servicios para personas mayores y personas con discapacidad a retribuir mediante precio público, el servicio de ayuda a domicilio; el de comida a domicilio, y el de transporte adaptado desde el domicilio habitual a los Centros de Día/Noche, de empleo y ocupacionales.
Según explica el nuevo decreto, consultado por Europa Press, entre los servicios que se incluían en el ámbito de aplicación de esta norma jurídica no figuraba el servicio de teleasistencia, que sí forma parte del Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Y ello porque la Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales de marzo de 2007 lo configuraba como servicio garantizado y gratuito para las personas que tengan reconocida la situación de dependencia según los términos establecidos en la legislación estatal en esta materia.
Sin embargo, con posterioridad, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha configurado el sistema retributivo de los servicios del SAAD, incluyéndolo en el Acuerdo para la mejora del Sistema.
Dicho acuerdo contempla el servicio de teleasistencia como servicio retribuido, posibilidad que recientemente se ha habilitado en la Comunidad Autónoma de Cantabria por la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que ha modificado la de Derechos y Servicios Sociales del año 2007.
Por ello se modifica el Decreto de junio de 2012 por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia, al objeto de incluir el servicio de teleasistencia entre los que se retribuyen mediante el sistema de precio público.
Se trata de un servicio que, mediante un sistema bidireccional de comunicación ininterrumpida, permite a las personas mantener contacto, a través de diferentes medios tecnológicos, con un centro de atención capaz de prestar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento, y al centro de comunicación atender y conocer el estado de la persona usuaria.
RESERVA DE PLAZA
El nuevo decreto también reduce el periodo máximo permitido para el disfrute de días de vacaciones de los usuarios de centros de servicios sociales, con el fin de «garantizar una adecuada utilización de los recursos públicos asignados».
Así, en los casos de vacaciones, la reserva de plaza tendrá una duración máxima de 45 días por año natural, frente a los 60 establecidos en el anterior decreto. En caso de superarse este período, el usuario abonará el precio de la plaza en su totalidad.
La reserva de plaza se produce únicamente por ausencia temporal del usuario motivada por hospitalización o vacaciones, debiendo computarse desde el primer día en que se produzca.
Finalmente se aclara el contenido de la Disposición Adicional Primera, relativa al ámbito de aplicación de la norma, estableciendo que los precios públicos determinados en el Decreto serán aplicables a las personas mayores o con discapacidad que, aunque no tengan derecho a la protección del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sean usuarias de los centros y servicios regulados en el mismo, por haberle asignado dicho recurso el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Los usuarios que no tengan reconocida la situación de dependencia abonarán los precios públicos en la cuantía que se establezca para las personas en situación de dependencia moderada.
Más de 1.000 salmantinos hacen uso del servicio municipal de Ayuda a Domicilio
Más de 1.000 ciudadanos han hecho uso durante el último año y «sin lista de espera» del servicio de Ayuda a Domicilio que presta el Ayuntamiento de Salamanca, según ha informado la delegada del área de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz.
De los 1.087 usuarios que estaban dados de alta a 31 de diciembre de 2012, 259 tenían la calificación de dependiente y los 828 restantes carecían de este certificado.
La edil ha destacado que el usuario tipo de Ayuda a Domicilio es mujer con una edad media de 82 años. En concreto, ha detallado que el 53,82 por ciento de los usuarios tiene entre 80 y 90 años; el 20,61por ciento, entre 65 y 80 años; el 18,03 por ciento, más del 90; y el 7,54 por ciento restante, menos de 65 años. En relación al sexo, el 80 por ciento de los usuarios es mujer y el 20 por ciento restante es hombre.
Cristina Klimowitz ha informado también de la distribución según la zona de acción social de las personas en alta en el en el servicio de Ayuda a Domicilio. El 22 por ciento de las altas se han gestionado a través del Centro de Acción Social de El Rollo; el 15,82 por ciento de Garrido Norte; el 14,81 de San Bernardo; el 12,88 de Pizarrales; el 11,22 de Garrido Sur; el 10,58 de San José; el 7,36 de Centro; y el 5,24 de Buenos Aires.
Este servicio tiene un presupuesto en 2013 de 3.663.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Salamanca aporta unos 800.000, y el resto se suman de las aportaciones de los usuarios y de la Junta de Castilla y León.
HORARIOS
La edil ha indicado que el Ayuntamiento de Salamanca, tras la modificación de la Ley de la Dependencia para la mejora del sistema y su sostenibilidad aplicada desde el pasado 1 de octubre, adaptó las nuevas intensidades horarias «en el sentido más favorable para los usuarios», llegando al máximo de horas permitidas.
En este sentido, ha explicado que las personas calificadas como dependientes recibieron en 2012 una media de 42 horas al mes, 25 minutos menos al día respecto al año anterior, y las no dependientes 14 horas, una hora menos al mes.
Otro de los aspectos que ha destacado Cristina Klimowitz ha sido la «alta satisfacción» de los usuarios, como corrobora que la permanencia en el servicio supera cinco años y medio.
BENEFICIARIOS Y TRABAJADORES
El 22,53 por ciento de los usuarios, según ha apostillado la concejala, se beneficia gratuitamente de este servicio al no llegar a los ingresos mínimos establecidos en la Ordenanza y el resto paga dependiendo de su capacidad económica.
Además de estos datos, de los que ha informado también al Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Bienestar Social, la concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Salamanca, la empresa y los sindicatos CC.OO y UGT suscribieron en septiembre del pasado año un acuerdo para «blindar» los 181 empleos vinculados al servicio de Ayuda a Domicilio al estar «obligado» a aplicar a partir del 1 de octubre las modificaciones aprobadas en Ley de la Dependencia para «la mejora del sistema y su sostenibilidad».
Finalmente, Klimowitz ha indicado que a Ayuda a Domicilio se suman Teleasistencia y Comida a Domicilio como servicios en el entorno del hogar para personas dependientes.
Ninguna empresa puja por la gestión de la residencia de Navaleno
La Diputación de Soria recibió ofertas para la adjudicación de la gestión de tres de las cuatro residencias públicas que actualmente gestionan y que se ubican en Ágreda, El Burgo de Osma, Navaleno y El Royo. En concreto quedó desierto el pliego de la residencia de Navaleno.
Para la residencia de Los Milagros de Ágreda se presentaron dos ofertas: Sar Residencial y Asistencial S.A.U y Clece S.A; para la residencia San José de El Burgo de Osma se presentó Cecle S.A y para Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo otras dos Clece S.A y Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, según informa Ical.
En los próximos días, la Diputación de Soria procederá a la apertura de las ofertas que serán estudiadas y analizadas por los servicios técnicos para su posterior resolución, indicó la institución. El pasado viernes 15 de febrero a las 14.00 horas concluyó el plazo para presentar las propuesta por parte de las empresas interesadas a cada uno de los pliegos correspondientes a cada centro asistencial.
Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».
En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.
El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.
La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.
AUMENTO DE LOS RECURSOS
Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.
Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».
Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».
Aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler
La comisión judicial ha aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler, previsto para este lunes, una decisión comunicada por los representantes de la Plataforma Stop Desahucios que desde primera hora de la mañana se concentraron ante su domicilio.
Media hora antes de la hora prevista para el desalojo, a las 10.00 horas, numerosas personas se congregaban ya ante el inmueble donde reside Aurelia Rey, el número 9 de la calle Padre Feijoo de La Coruña, portando pancartas con lemas como «Casas sin gente, gente sin casas» o «Corrupción Justicia cómplice».
Finalmente, unas 200 personas se han concentrado ante la vivienda de la mujer, que lleva residiendo más de 30 años en el inmueble, y a la que arroparon con lemas como «Aurelia no se va, Aurelia se queda» o «Vivir es un derecho, tener casa también», proclamas que, junto a otros, como «Sí se puede» que se volvieron a repetir cuando, sobre las 13.00 horas, se comunicó la decisión de la comisión judicial.
Durante toda la protesta, la mujer ha permanecido en su casa, que abandonó a primera y última hora de la mañana para reiterar sus denuncias sobre la actuación de los propietarios del inmueble. Así les ha acusado de «querer» echarle de su vivienda, situada en el centro de la ciudad y por la que paga 126 euros con una pensión de 356 euros.
También ha calificado de «abuso» su posicionamiento en las negociaciones que representantes de la Plataforma Stop Desahucios han mantenido con ellos para evitar el desalojo, tras la sentencia de un juzgado.
APOYO POLÍTICO
En las últimas semanas, la Plataforma Stop Desahucios de A Coruña ha llevado a cabo distintas concentraciones ante el domicilio de Aurelia, sin familia y que se ha negado a irse para una residencia, opción que le ofrecieron desde el Ayuntamiento herculino.
En ellas, ha pedido que, por «humanidad» y dada su avanzada edad, se le permitiese en la casa, alegando también que los dos problemas de impago que tuvo –uno en 1999 y otro en marzo de 2011, el que originó la sentencia judicial– fueron abonados con posterioridad.
En la protesta de este lunes, han participado tanto miembros de la Plataforma como ciudadanos anónimos y representantes políticos, entre ellos la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego, Yolanda Díaz; el portavoz del BNG, Francisco Jorquera y concejales del Ayuntamiento de A Coruña como José Manuel Carril (BNG); César Santiso (EU) o las socialistas Gloria Vázquez o Yoya Neira.
UNA «INJUSTICIA SOCIAL»
«No son desahucios, son asesinatos», «No es una crisis, es una estafa» han sido algunos de los lemas que se han coreado durante la concentración. Durante la misma, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha calificado de «indecencia» el intento de desalojo de esta mujer, mientras que el portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Francisco Jorquera lo ha calificado como una «injusticia social».
Además, ha manifestado que espera que la admisión de la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso no sea «una maniobra de distracción» por parte del PP «y luego se paralice en la tramitación», ha advertido al defender la dación en pago u otras alternativas, como la moratoria de los plazos en el pago, para evitar «este drama», ha añadido.
NUEVA PROTESTA
Tras tres horas de espera, con presencia de Policía Nacional y Local en la calle donde reside Aurelia y hasta cinco vehículos policiales en las proximidades, finalmente no se llevó a cabo el desalojo. Al no conocerse la noticia del aplazamiento, Aurelia Rey se mostró agradecida y así lo transmitió a los participantes en la protesta bajando de nuevo a la calle.
Para el martes la Plataforma Stop Desahucios tiene previsto secundar una nueva concentración, en esta ocasión ante los Nuevos Juzgados de La Coruña, a partir de las 09.30 horas.
Sobre el caso de Aurelia, su portavoz en La Coruña, Joaquín Díaz, ha criticado la actitud del edil de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, al que ha acusado de «dejación de funciones» por «su gran amistad», ha dicho, con familiares de los propietarios del inmueble, de los que ha asegurado que buscan «especular» con el piso donde reside la anciana.
Más de 56.400 andaluces reciben el reconocimiento de grado de discapacidad en 2012, un 7,36% más que en 2011
Los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social emitieron en 2012 56.462 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 29.207 de hombres y 27.255 de mujeres, del total de 82.000 solicitudes que se recibieron, según ha informado este viernes el departamento del ramo.
Del total de resoluciones, más del 68 por ciento (56.462) tenían un 33 por ciento o más de grado de discapacidad. La mayoría de éstas (25.238) presentaban varias discapacidades al mismo tiempo; 16.576 tenían una discapacidad física; 11.845 tenían discapacidad psíquica y 2.803 personas tenían discapacidad sensorial.
Con este dato, son ya 491.907 las personas en Andalucía que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Un total de 241.047 son varones y 250.860, mujeres.
Por provincias, Sevilla registró el mayor número de personas atendidas en los centros de valoración en el año 2012, con 19250, seguida de Málaga (16750), Cádiz (12.706), Granada (9.486), Córdoba (7.191), Jaén (5.919), Huelva (5.409), y Almería (5.398).
En 2011 fueron 73.000 las solicitudes de valoración y 52.532 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 26.839 de hombres y 25.696 de mujeres, lo que significa que un 71,93 por ciento de las resoluciones emitidas reconocieron un grado igual o superior al 33 por ciento. Así, en 2012 han aumentado en un 7,36 por ciento las valoraciones que finalmente han recibido el reconocimiento de discapacidad.
Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto
Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.
Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.
Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».
Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».
Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».
En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
El Centro de Atención Sociosanitaria para Enfermos de Parkinson en Extremadura abre sus puertas en Mérida
El Centro de Atención Sociosanitaria para Enfermos de Parkinson en Extremadura se ha inaugurado este jueves en Mérida, con el objetivo de atender las necesidades tanto informativas de asistencia de los 5.000 enfermos que existen en la región con esta dolencia.
En la inauguración de este centro han estado presentes, entre otras autoridades, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias; el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, y la presidenta de la Asociación Regional Parkinson Extremadura, Eulalia Garrido.
En su intervención, el secretario de Estado de Servicios Sociales ha descubierto la placa de inauguración de este centro, que supone «un referente para toda España», así como «un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones puede aportar resultados positivos, y visibles, para la sociedad», informa el Ministerio de Sanidad en nota de prensa.
Destaca que seis millones de euros ha costado la ejecución de este Centro que, según ha declarado el Secretario de Estado, es un ejemplo de «cómo la colaboración entre administraciones», independientemente de su color político, «puede aportar resultados visibles y positivos para la sociedad».
Del coste total del centro, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aportado dos desde 2009 gracias a las subvenciones con fines sociales recaudadas en concepto de IRPF.
IMPLICACIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
En su intervención, Juan Manuel Moreno ha agradecido la implicación en este nuevo centro de la Asociación Regional Parkinson Extremadura, pues su «liderazgo» ha resultado crucial en la terminación de las obras. Se trata de un edificio de 500 metros cuadrados que, distribuidos en distintas áreas, potenciará tratamientos de logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y atención psicológica, y sin descuidar espacios de ocio como una biblioteca o una videoteca.
Destaca que la colaboración con el Tercer Sector es un proceso vital para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como lo pone de manifiesto la creación, hace dos días, de la Plataforma de Diálogo con estas entidades sociales.
Para el secretario de Estado, las organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables son una «herramienta que cohesiona el Estado de Bienestar y lo robustece». Y prueba de la importancia que el departamento de Ana Mato da al Tercer Sector, señala Moreno, es el comienzo de los trabajos para redactar una ley que les dé el reconocimiento que merece.
Así, ha añadido que en las subvenciones IRPF se cristaliza también este tejido de colaboración. Juan Manuel Moreno ha subrayado que el Gobierno acometerá los cambios que sean necesarios para mejorar su distribución y evitar la litigiosidad que proviene de algunas CCAA. Una demostración palpable es el nuevo Centro de tratamiento del Parkinson de Mérida.
«Seguimos atentos a la mejora de las condiciones de vida de estas personas, trabajando en coordinación con el Tercer Sector, luchando por la sensibilización de esta enfermedad y la inclusión social de las personas que la padecen», ha concluido el número dos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN
Por su parte, el consejero de Salud y Política Social del Gobierno extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado que la Asociación Regional del Parkinson de Extremadura recibirá en 2013, a través de una subvención nominativa que «ya está prevista», un total de 62.500 euros que irán destinados al personal rehabilitador de sus centros en Badajoz, en Cáceres y en Mérida.
Durante su intervención, el titular de la cartera de Salud y Política Social ha destacado además que el compromiso del Gobierno de Extremadura en la atención integral de las personas que padecen esta enfermedad se ha traducido en la financiación de la Asociación por un total de 230.000 euros durante los ejercicios 2011 y 2012.
«Nuestro compromiso con esta causa debe continuar», ha señalado el consejero, quien además ha agradecido el esfuerzo del Gobierno Central para la construcción del centro en Mérida, por un importe de 2 millones de euros, con cargo al IRPF, informa el Gobierno extremeño en nota de prensa.
«MAGNÍFICAS» INSTALACIONES
Asimismo, Hernández Carrón ha tenido palabras de agradecimiento a la presidenta de la Asociación, Eulalia Garrido, tanto por las «magníficas» instalaciones como por su «constante labor en la mejora de la calidad de vida de este colectivo» y por «orientar su labor a combatir las necesidades y carencias que a nivel regional puedan tener tanto a nivel informativo como asistencial» las personas afectadas por Parkinson, que en Extremadura rondan en torno a las 5.000.
El centro ha sido construido sobre una parcela de más de 12.000 metros cuadrados, cedida por el consistorio local. El edificio cuenta con tres zonas diferenciadas, de rehabilitación integral, centro de día -para el que ya se ha solicitado acreditación al SEPAD- y zona residencial, con distintos servicios y objetivos.
La Asociación Regional del Parkinson de Extremadura cuenta en la actualidad con 230 asociados, que prestan sus servicios a unos 120 usuarios repartidos por toda Extremadura desde sus sedes de Badajoz, Cáceres y Mérida.
Hay que luchar contra la intolerancia social de considerar asexuadas a las personas de edad avanzada, dice experta
La afectividad y sexualidad no es algo intrínseco a la juventud, sino que, bien al contrario, supone la plenitud del bienestar de las personas hasta la edad más adulta, y por tanto, hay que luchar contra la intolerancia social de considerar asexuadas a las personas de edad avanzada.
Es una de las conclusiones expuestas esta tarde por la directora médica del Hospital Santa Clotilde, Ana Rodríguez Valcarce, en el Centro Cultural Madrazo, dentro del ciclo de charlas-coloquio ‘Caminando por la vida con salud’, organizadas por el Ayuntamiento de Santander y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria ‘Gregorio Marañón’.
Para la doctora Rodríguez Valcarce «hay que huir» del estereotipo de la sociedad actual que liga conceptos como belleza, juventud y sexualidad, como también del denominado «viejismo» que conduce, en muchas ocasiones, a los prejuicios e intolerancia social, familiar o institucional, «al considerar asexuadas a las personas de edad avanzada, algo contra lo que hay que luchar», ha dicho.
Por ello, según ha insistido, «reducir la sexualidad solo a la genitalidad es una simplificación, porque la afectividad y las relaciones personales requieren una mayor plenitud». La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como une estado completo en todas las necesidades, para conseguir una mayor calidad de vida y bienestar pleno.
Entre las recomendaciones para una vida plena en salud, desde todos los puntos de vista, también el afectivo y sexual, la presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria considera que no hay un único modelo de relaciones, que éstas se pueden iniciar en cualquier momento de la vida, que siempre hay que tener un cuidado con la autoprotección frente a las enfermedades de transmisión sexual y que, frente a cualquier problema o disfunción, es fundamental consultar al especialista médico.
Muere en Cáceres la primera persona por no disponer de ambulancia ni de servicio de urgencias
Tenía 70 años cuando sufrió su primer infarto. Hasta entonces, no había tenido problemas de corazón, pero en febrero de 2009 Antonio Moreno Barrado, un agricultor jubilado de Madroñera —localidad de unos 3.000 habitantes al este de Cáceres—, empezó a notar unos cosquilleos que luego identificaría como los previos a un ataque al corazón. El que sufrió el 28 de ese mes. Por la tarde, cuando avisó de que se sentía mal, un hijo suyo alertó al punto de atención continuada (PAC), que contaba con un equipo médico de guardia y una ambulancia para atender a cinco municipios con 4.500 habitantes. Tras recogerlo en su casa, le reanimaron y trasladaron a Trujillo (a 14 kilómetros, donde está el centro de referencia) y, de allí, al hospital de Cáceres. Se recuperó. Pero esa buena noticia no pudo repetirse el pasado 3 de septiembre, cuando sufrió un nuevo infarto. Con el PAC cerrado y sin ambulancia, su hijo decidió llevarlo directamente en su coche a Trujillo. No aguantó los 20 minutos de distancia. Falleció por el camino.
“Quizá el final hubiera sido el mismo, pero siempre nos quedará la duda de si se podría haber salvado”, explica José Moreno, otro hijo que vive en Alcalá de Henares (Madrid). Sin querer hacer “un circo” de la muerte de su padre, Moreno explica su rabia porque este perdiera la vida sin la atención médica que apenas tres meses antes hubiera recibido. Insiste en que no se puede culpar de la muerte de su padre al cierre del PAC, contra el que el pueblo —como otros 14 municipios extremeños que en junio de 2011 se quedaron sin centros similares, y nueve más en los que se han reducido los horarios— se ha movilizado intensamente, pero también recalca su indignación: “No podemos saber si habría muerto igual, pero al menos hubiera estado atendido por profesionales, no en un coche particular, en brazos de un familiar”.
El fallecido superó otro ataque en 2009 tras ser atendido en Madroñera
El Servicio Extremeño de Salud no recibió denuncias por este caso, pero informa que se cumplieron “convenientemente” los tiempos establecidos por ley en el acceso a una urgencia (un máximo de 30 minutos). Y señala que el tiempo de desplazamiento de Madroñera a Trujillo son 17.
La familia Moreno no denunció el fallecimiento porque no culpa directamente al cierre del PAC. “Lo que me da rabia es que jueguen con la salud de las personas y estén recortando los servicios básicos, además, sin dar ejemplo y sin que dejen de saltar casos de corrupción”, recalca Moreno. Además, recuerda que este “pasó toda la vida cotizando a la Seguridad Social hasta que se jubiló, a los 65 años, y empezó a trabajar en su infancia”.
La Junta de Extremadura anunció el cierre de las urgencias rurales en 15 municipios —entre ellos, Madroñera—, que daban servicio a otros muchos de su entorno, a finales de mayo del año pasado, poco antes de ejecutarlo, el 1 de junio. La medida despertó significativas movilizaciones entre los afectados, que en algunos casos siguen activas, como ocurre precisamente en el municipio del fallecido. “No entendemos que supriman un servicio cuando ni siquiera les supone ahorro, ya que simplemente han trasladado al personal (un médico y un enfermero) y la ambulancia a Trujillo”, explica Isabel Moza, miembro de la plataforma ciudadana contra el cierre del PAC de Madroñera.
Extremadura ha cerrado las urgencias rurales en 15 municipios
El Ejecutivo liderado por el popular José Antonio Monago proclama que “la organización de los recursos sanitarios no puede ser rígida”. Antes de tomar la medida, afirma que constató en un estudio que el 33% de los centros afectados no tenía actividad nocturna o registraba una media de dos pacientes a la semana. Ahora, apenas seis meses después, está preparando un informe sobre la modificación horaria de los 21 centros afectados que espera culminar antes de marzo, sin descartar que algunos PAC puedan recuperar su horario. “Posibilidad siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria”, advierte. El cierre de los PAC ha sido una de las medidas más criticadas por el PSOE e IU, cuya abstención posibilita el Gobierno del PP en la región.
El hijo del fallecido en Madroñera espera que la historia de su padre pueda contribuir a que se replantee esta decisión. “Si sirve solo para salvar una vida en 20 años, por tener unas urgencias cerca, habrá merecido la pena”, proclama. “Nosotros mantenemos la petición de reapertura y no paramos de organizar actividades —la última, un calendario reivindicativo que parodia la pérdida de las urgencias—; todo el pueblo se ha unido”, señala Moza.
Europa pone en marcha un proyecto creado por una empresa española para promover el antienvejecimiento activo y saludable
Europa va a poner en marcha el Proyecto Ecosistema Social para el Envejecimiento, la Capacitación y el Bienestar (SEACW, por sus siglas en inglés), liderado por la empresa española Áliad, con el objetivo de promover el antienvejecimiento activo y saludable entre la población.
En el proyecto participan ocho socios de cinco países europeos –Bulgaria, Francia, Italia, Malta y España–, está financiado por el Programa CIP-ICT-PSP de la Comisión Europea y tiene una duración de dos años, hasta el 4 de febrero de 2015.
SEACW va a crear un punto de encuentro en Internet para todos los interesados en el envejecimiento activo y saludable. Un ambiente «atractivo y acogedor» que busca la inclusión social de las personas mayores, la cooperación intergeneracional y el aumento de la esperanza de vida saludable, a la vez que un «nuevo panorama» de servicios sostenibles en una nueva sociedad.
Asimismo, el Ecosistema contendrá la alfabetización digital, cursos específicos y la información, todo ello basado en tecnologías de código abierto de Internet, aplicaciones móviles o en redes sociales. Todo ello, con el fin de que tanto las personas mayores como el resto de la sociedad puedan contribuir a estos objetivos.
Asunción Sánchez Zaplana tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer que el departamento que dirige desde diciembre tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses, aunque prefirió no «garantizar» una fecha hasta que no finalice la negociación que mantiene con la Conselleria de Hacienda.
«Creo que en dos o tres meses vamos a tener respuestas para todos los colectivos. Es lo que creo, pero no lo puedo garantizar hasta que no acabe de trabajar con Hacienda», explicó la titular de Bienestar Social, quien destacó el desembolso de 32 millones realizado por el departamento que dirige el pasado mes de enero, como pago de parte de las deudas que arrastraba con los centros.
Así se mostró ayer Asunción Sánchez Zaplana durante su visita al centro de personas con discapacidad psíquica Camp Santa Faz de Alicante, que depende íntegramente de la Generalitat, atiende residencialmente a 90 personas, con 69 plazas más del centro de día y está especializado en personas adultas con discapacidad psíquica profunda y severa. Durante el recorrido oficial, la consellera señaló que «una de las prioridades» del Consell es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
La consellera -exconcejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante- también se mostró contraria a la eliminación de programas de atención básica hacia los colectivos más vulnerables pese al recorte presupuestario del 9%. «Vamos a intentar que el descenso en el presupuesto afecte lo menos posible. Trabajamos para ser capaces de mantener el 100% de la atención. Nuestro objetivo es priorizar la atención a discapacitados y dependientes. Por ello, en este 2013, pido un esfuerzo a los centros», afirmó Sánchez Zaplana, quien matizó que, en caso de prescindir de alguna actuación, estaría relacionada con algún programa «complementario».
“El Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció hoy el “desmantelamiento” que a su juicio está sufriendo el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.
La organización indicó en una nota de prensa que el sistema de atención a la dependencia ha perdido 4.524 beneficiarios, según los datos publicados por el Gobierno.
La coordinadora critica que “se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia, ya que desde hace seis meses no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, bajan las solicitudes, los dictámenes de atención a grandes dependientes”.
Por otro lado, augura que “el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”.
Solo en este último mes, informó la coordinadora, se han cerrado 494 plazas de residencia, 67 de centro de día, 834 de ayuda a domicilio y 1.488 de teleasistencia, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además, 3.905 cuidadores familiares dejaron de recibir una prestación económica y 1.621 se han dado de baja en el convenio especial de laSeguridad Social, con la consiguiente desprotección y pérdida de todo derecho básico.
Asimismo, la coordinadora afirma que “se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que se conceda un menor grado de dependencia y, por tanto, reducir los costes».
