Archivo diario: 31 julio, 2013
La Generalitat catalana cifra en medio millar los dependientes afectados por el nuevo recorte en dependencia
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha cifrado este miércoles en medio millar las personas con dependencia que se verán afectadas por la suspensión de nuevas ayudas para pagar una residencia privada por falta de una plaza pública, y se ha comprometido a que la medida será «transitoria».
En un comunicado, Munté también se ha comprometido a que la medida «no afectará a ninguno de los beneficiarios» que ya reciben este tipo de ayuda, conocida como prestación económica vinculada residencia (PEV), que actualmente beneficia a unos 9.000 catalanes.
Las personas que durante estos dos meses puedan quedar afectadas por esta suspensión serán atendidas «por otros servicios y ayudas» en el marco de la Ley de dependencia, ha dicho Munté, aunque no ha concretado cuales.
También ha mostrado la voluntad de la Generalitat de «no generar más problemas» a las entidades sociales y mercantiles, ni tampoco a los usuarios.
Ha recordado que en Cataluña «se han hecho esfuerzos económicos muy importantes para responder a los servicios y prestaciones vinculadas a la dependencia pese a los incumplimientos del Estado».
Ha alegado que la Generalitat ha decidido suspender las nuevas ayudas porque no quiere «generar falsas expectativas» al sector debido a la complicada situación de las arcas públicas, y ha defendido que se trata de una decisión que persigue la sostenibilidad del sistema.
«Lo que hemos hecho es establecer un plazo transitorio para ver de qué modo podemos resolver esta situación y como podemos ser el máximo de efectivos», ha valorado la consellera, que ha deplorado la deslealtad que, según ella, está mostrando el Estado con el pago de la dependencia a las autonomías.
Munté ha catalogado de «ejercicio de cinismo» el hecho de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad haya dicho que el Estado ha efectuado las transferencias necesarias para que Cataluña pueda pagar las PEV.
Nota de prensa conjunta de las asociaciones empresariales del sector asistencial catalán
Las organizaciones empresariales del sector social piden a la consejera de Bienestar Social y Familia que no aplique la suspensión de las ayudas de la Ley de Dependencia anunciados.
Barcelona-. 31 de julio.
ACRA, la Unión Catalana de Hospitales, el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y UPIMIR quieren expresar su preocupación ante el anuncio hecho por parte de la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté sobre la suspensión de las ayudas de la Ley de la Dependencia (prestaciones económicas vinculadas a servicios) durante los meses de agosto y septiembre.
A pesar de que se trata de una medida transitoria, las organizaciones empresariales del sector asistencial quieren manifestar que:
- Parar las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) durante dos meses impedirá que personas mayores, que no pueden pagar una plaza, se queden sin ingresar en un centro, abocando muchas familias a una situación muy complicada.
- Esta medida creará desocupación en los establecimientos asistenciales, cuando ya hay una lista de espera de 17.000 personas. El sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar ocupación (actualmente de un 1,2% sobre el total de la población activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.
- La medida se añade al hecho que el ICASS no ha liquidado la totalidad de la deuda a los centres proveedores.
Por todo esto, las entidades piden a la consejera que:
- Reconsidere la aplicación de esta medida que afecta directamente los centros que han apostado para mantener un sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de nuestro país.
- Que establezca un calendario para liquidar las deudas pendientes con los centres proveedores de servicios.
- Que no se siguen recortando los presupuestos de Bienestar Social y Familia si se quiere garantizar la continuidad de este sector y atender las necesidades asistenciales de nuestra gente mayor.
Las entidades se ofrecen a trabajar con la consejería de Bienestar Social y Familia en favor de la sostenibilidad de un sector tan importante por nuestro país.
Las olas de calor aumentan un 25% el peligro de morir
Las olas de calor aumentan un 25 por ciento el peligro de morir, según datos Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aportados por la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria (AIFiCC).
Además, un trabajo realizado por el Instituto de Salud Carlos III, ha mostrado que la mortalidad en personas mayores de 75 años aumenta un 20,1 por ciento por cada grado en que la temperatura máxima diaria supera los 36,5 grados.
De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la última ola de calor que asoló Europa en 2003 fueron 70.000 los muertos, y en España, 3.166 personas mayores de 65 años murieron como consecuencia de ello.
Por todo ello, AIFiCC ha destacado la importancia de beber bastante agua en los días que hace mucho calor, aunque no se tenga sed; protegerse de la exposición directa del sol; evitar realizar ejercicio físico de 12.00 horas a 16.00 horas; estar en lugares frescos; usar protección solar alta; y vestir con ropa ligera, clara, gorras y gafas de sol.
En este sentido, la organización ha recordado que los principales síntomas de un golpe de calor son mareo, confusión, desorientación, enrojecimiento, sequedad en la piel, ritmo cardiaco rápido, dolor de cabeza, vómitos, convulsiones, así como, en los casos más graves, problemas para respirar.
Así, en el caso en el que se produzca un golpe de calor, la Asociación ha aconsejado llevar a la persona a un lugar fresco, aflojarle la ropa, y enfriarlo rápidamente si es necesario con un baño de agua tibia, no muy fría para evitar bajar la temperatura corporal bruscamente.
Del mismo modo, ha subrayado la importancia que tiene que se le ofrezca agua a pequeños sorbos, y no se le suministre medicamentos. «Si presenta vómitos hay que girar de lado para mantener las vías respiratorias libres. Y, por supuesto, llevar a la persona al centro de salud más cercano», ha zanjado.
La Generalitat aplaza el ingreso de dependientes en residencias durante dos meses
La consejería de Bienestar Social retira las ayudas de la ley de la dependencia para acceder a centros residenciales y elimina las evaluaciones de nuevos usuarios durante los meses de agosto y septiembre.
Hace dos años fue el PIRMI, el año pasado los impagos a las entidades sociales y este año en la ley de la dependencia. Y ahora, la conselleria de Bienestar Social ha suspendido durante dos meses, agosto y septiembre, las ayudas que da a las personas dependientes para poder ingresar en una residencia. Es una ayuda que la administración les da para que puedan pagar parte de una plaza en un centro privado. Con este recorte no habrá ni nuevos ingresos ni tampoco se evaluarán nuevos usuarios para que puedan obtener estas prestaciones.
La Generalitat ha anunciado este recorte a través de un comunicado en la web y a través de un email a los trabajadores sociales. Bienestar Social lo argumenta asegurando que no le llega el dinero del Estado para pagar la ley de dependencia y que debe tomar esta medida transitoria de dos meses. «La actual situación presupuestaria, marcada por un escenario de prórroga, hace necesario el establecimiento de medidas extraordinarias que permitan la estabilidad del sistema«, dice el comunicado de Bienestar Social.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, cree que los efectos serán muy negativos: «Dicen que es una medida transitoria pero encontrarnos como sector y como país con esta situación es del todo dramático».
El PSC, por su parte, ha denunciado que la Generalitat aproveche el mes de agosto para recortar por tercer año consecutivo. La portavoz de cohesión social del PSC, Eva Granados, explica las consecuencias que tiene el recorte que impone ahora la Generalitat: «simplemente no podrán acceder a las residencias y deberán quedarse en casa y ser atendidos por sus familias de manera no profesional cuando son personas que necesitan ser atendidas por profesionales en una residencia «. Recuerda también que la medida de no hacer nuevas evaluaciones durante dos meses supondrá que la situación de estas personas se alargue mucho más ya que hasta el mes de octubre no tendrán opciones de poder acceder al PIA (Programa Individual de Atención). Según Granados el perfil del usuario de una residencia es una mujer, de más de 80 años, con grado III (alta dependencia) con un nivel de ingresos medio de entre 8.500 y 10.000 euros anuales.
Un 44% de las personas que ocupan una plaza en residencias privadas reciben esta prestación de la Generalitat.
