La Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.

   Así lo ha anunciado la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, a la salida de una reunión entre el departamento, las patronales sociales y el sector de las residencias catalanas, donde han aprobado un protocolo para que sea la administración la que reclame a estas personas mayores las deudas pendientes por una cuestión de «justicia social».

El importe impagado asciende a 2 millones de euros, lo que significa el 0,68% de la facturación del Icass, y esta persecución pondrá fin a una «gran reivindicación» del sector de las residencias a la administración, ha indicado Fortuny, que ha admitido que hasta ahora no se había actuado.

El protocolo constata una «tendencia al alza» de las negativas a pagar, por lo que ahora la administración se propone hacer frente a las deudas acumuladas y exigir la obligatoriedad de la aportación.

Sobre la posibilidad de expulsar de la residencia a un anciano que se niegue a pagar, la directora del Icass ha dicho que esta opción «es posible, pero no es la voluntad» tener que llegar a este extremo, por lo que la administración emitirá varios advertimientos, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.

A partir del protocolo firmado, la Generalitat empezará a actuar con todas las vías legalmente establecidas, aunque Fortuny ha reiterado: «Iremos más por la vía de la pedagogía, de la insistencia y en colaboración con las residencias».

«Nos podemos encontrar casos en que la persona no paga porque es la familia la que le quita el dinero, y esto tenemos que ir con mucho cuidado y mirar los casos de forma singular», ha advertido la directora del Icass, que ha recordado que generalmente el copago de la plaza pública es del 33%, aunque depende de la situación económica de cada uno.

Se trata de un «procedimiento largo y con muchos mecanismos jurídicos», ha insistido Fortuny, que ha remarcado que los casos son complejos y no se reducen a una mera negativa de pagar, por lo que se someterá a estudio cada situación.

Por otro lado, el sector ha aprobado reducir el número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de «adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias», en que una media del 73% de los usuarios son grandes dependientes –de grado II o III–, ha defendido Fortuny.

Según Fortuny, el objetivo de la medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, trata de dar un balón de «oxígeno» a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.

La directora del Icass ha explicado que los profesionales afectados mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.

47 HORAS MENOS DE ATENCIÓN

En concreto, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas.

«Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada», ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.

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