Archivo diario: 18 febrero, 2014
El primer centro de día para mayores LGTB de España se abrirá en Lavapiés
Se trata del primer centro de día de toda España destinado a prestar servicios al colectivo LGTB. Su gestión será participativa y ofrecerá actividades lúdicas, deportivas, terapéuticas, de alimentación y cuidados especializado y por personal también preferentemente LGTB. El centro, situado en la calle Amparo de Madrid, abrirá al público en cuanto terminen las obras de acondicionamiento previstas.
La Fundación 26 de Diciembre presentó el pasado viernes en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, el proyecto de Centro Socieducativo para mayores, principalmente lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Durante el acto, la Fundación 26 de Diciembre lanzará su nueva página web y presentará el vídeo promocional del Centro Socieducativo, en la que participan todos los grupos políticos de Madrid. Asimismo dará comienzo una campaña para la implicación de personas interesadas en participar asociándose a la iniciativa.
La Fundación no ha confirmado la fecha exacta de la inauguración, pero sí ha precisado que será “cuando terminen las obras de acondicionamiento previstas”.
“Hay muchos mayores (LGBT) que no tienen ni para comer, por la crisis y porque en el pasado no trabajaban por la discriminación que había y al no haber cotizado, ahora no tienen pensiones. Además de ofrecerles comida, también se trabajaría con ellos para fomentar su autoestima y valorarlas como personas”, explicó Federico Armenteros, presidente de la Fundación.
También adelantó que estaban trabajando en “varias campañas de captación de fondos y se está negociando con los empresarios de Chueca para que colaboren y así poder crear este comedor solidario”. Los responsables también anunciaron la puesta en marcha de una campaña de captación de voluntarios y de “implicación de personas interesadas en participar asociándose a la inciativa”.
Al acto también acudieron representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid, periodistas como Fernando Olmeda, empresas y público en general. En el evento también se presentó la nueva web de la fundación. Así nos explicaba el responsable de la Fundación su gran proyecto, el residencial, que se construirá en la población madrileña de Rivas.
Fundación de Ayuda a Niños Necesitados presenta una silla de montar a caballo adaptada para personas con discapacidad
La Fundación de Ayuda a Niños Necesitados (FANN), en colaboración con el responsable de Tiendas Hípicas Elián, el ingeniero técnico Abdón Rodríguez Bello, ha presentado una silla de montar a caballo adaptada a las necesidades de niños con discapacidad física (carencia de funcionalidad en las piernas) y psíquica, según han explicado.
El nuevo asiento, busca conseguir una mejora de la coordinación motora y que sus jinetes «consigan estar relajados» encima del caballo gracias a la seguridad que aporta el respaldo y el asa que incorpora.
«Este tipo de niños tienen fuerza en el torso y por lo tanto podrán hacer presión sobre le asa y erguirse», ha explicado el ingeniero, que ha indicado que el diseño está basado sobre el modelo de silla de vaquero de rejoneo por ser «más confortable y seguro».
Por su parte, la fundación ha recordado los «múltiples beneficios que tiene la Equinoterapia en el tratamiento y rehabilitación de las disfunciones motrices» y ha explicado que el diseño busca «facilitar a los niños con discapacidades físicas y psíquicas el contacto y disfrute de los caballos».
La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.
Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.
Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».
El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.
El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.
La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».
El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .
La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».
Un cambio «ideológico»
«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».
Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».
La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?
Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».
Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.
El Ayuntamiento de Jaén consignará en el juzgado los pagos de la Junta por Dependencia posteriores al 3 de diciembre
El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que consignará en el juzgado los pagos que reciba de la Junta de Andalucía por la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad después del pasado 3 de diciembre, fecha en la que se desvinculó de esta prestación. Además, espera que la Administración autonómica concrete una reunión para esta semana con el objetivo de firmar un nuevo convenio en tanto mantiene que no hay ninguno en vigor, ya que denunció el anterior «en tiempo y forma».
Así lo han indicado este martes en rueda de prensa los concejales de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, y de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para los que el auto del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la capital conocido este lunes «no retrotrae a ningún momento», sino que «sólo toma una medida cautelar» «pensado en los dependientes» y sin «entrar en el fondo» de la cuestión, que es determinar a qué administración compete el servicio.
De esta manera, han insistido en los argumentos que tanto la propia edil en una nota como el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, apuntaron a conocer esa decisión judicial. Han reiterado que «da la razón» al Consistorio por cuanto reconoce que los impagos de la Junta le causaban «quebranto económico», que denunció el convenio «en tiempo y forma» y que el Ayuntamiento «en ningún momento ha hecho dejación de funciones de su labor administrativa» en esta prestación.
«Se sigue trabajando con estas personas que tienen reconocida ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia; tramitando expedientes, PIA… Y nosotros no podemos dar ni altas ni bajas porque no tenemos competencia para ello. es la Junta la única responsable», ha asegurado Chamorro, quien ha instado al Gobierno andaluz a que «como mínimo» cubra las bajas que se producen porque «no es de recibo» que existan personas «esperando más de un año» para percibir el servicio que les corresponda.
Contreras, además, ha dicho entender que la Administración autonómica «debe valorar el auto» y, desde su punto de vista, lo está haciendo «en su justa medida», dado que «ya ha llamado al Ayuntamiento para sentarse a negociar a raíz de su propuesta» de convenio. En este punto, ha dicho esperar que se concrete el encuentro que planteó para «esta semana» con el objetivo de «poder llegar a la firma» de uno nuevo.
«PARÁLISIS»
Al respecto, ha hablado de «parálisis» en la Junta, ya que aunque afirmó en numerosas ocasiones que garantizaría la dependencia, «no ha hecho nada» ni se ha sabido «nada del plan B» que decía tener. «Hasta ahora la empresa que está desarrollando el servicio es la que tenía contratado el Ayuntamiento (Multiservicios Jabalcuz) y lo ha seguido prestando», ha apostillado.
Ante esta situación, el responsable de Hacienda ha informado de que «mientras no haya convenio» entienden que la relación entre ambas instituciones «está pendiente de la resolución del contencioso planteado por la Junta», de modo que aquellos ingresos que se produzcan los consignará en el juzgado.
La primera cuantía que le trasladará será una parte de los 318.500 euros que el Gobierno regional transfirió por los servicios prestados en noviembre y diciembre. En concreto, será la correspondiente a partir del 4 de diciembre, cuando se desvinculó de la Dependencia al vencer, según reitera, el convenio. «Ese dinero lo vamos a poner a disposición del juzgado y que tome las medidas que tenga que tomar o que se quede consignado hasta en tanto haya una sentencia», ha declarado el concejal, quien ha añadido que la otra parte de esa transferencia se va a «transferir inmediatamente a la empresa».
