La fórmula del ahorro en Dependencia: revisar los casos para recortar prestaciones
Algunas comunidades autónomas como Valencia, Castilla-La Mancha o Madrid presionan a los trabajadores sociales.
Hace una semana, el 6 de febrero, se conoció el caso de Daniela, una niña castellano-manchega que padece una rara enfermedad (el síndrome de Ondine) cuyos cuidados reclaman atención las 24 horas. A Daniela, la Consejería de Asuntos Sociales le había rebajado el grado de dependencia por una revisión de oficio iniciada por la Administración. Su caso se unía al del niño de siete años con parálisis cerebral al que se le retiró una prestación económica para ofrecerle a cambio la escolarización en un centro especial… al que ya estaba acudiendo desde hacía un año.
Aunque el Gobierno de María Dolores de Cospedal dio marcha atrás en el caso del niño (adujeron un «error»), estos ejemplos ilustran la dinámica que se está desarrollando en algunas comunidades autónomas: la revisión de oficio de expedientes de dependencia antiguos que resultan en valoraciones menos graves.
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hace referencia a estas actuaciones en su XXII Informe sobre el desarrollo de esta ley: «Se viene produciendo una bajada paulatina de las personas con grado III (el más alto) de dependencia», y entre las causas el dossier recoge que «en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen el mismo».
El marco para que se pueda producir esto nació con el Real Decreto, de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Ahí se hizo desaparecer la clasificación de cada grado en dos niveles, se rebajaron las cuantías económicas de las ayudas y se convirtieron en «incompatibles» las aportaciones de dinero con otros recursos como centros especiales, residencias de mayores, etcétera.
El cambio a la baja en el catálogo de prestaciones está en el corazón de estas reevaluaciones de dependientes para adecuarlos a la nueva situación normativa.
La Plataforma para la Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha está recopilando estos casos. Según los expedientes con los que cuentan, se han producido al menos 45 revisiones de grado con rebaja de grado III (gran dependiente) a grado II (severo), 12 de grado III a grado I y 69 de grado II a grado I. También, 389 revisiones de Planes Individuales de Asistencia (PIA) en los que se ha suprimido la ayuda económica dejando –ahora la ley las hace incompatibles– la ayuda a domicilio. La plataforma asegura que «en algunos casos son 26 horas al mes para grandes dependientes, menos de una hora al día».
El consejero de Asuntos Sociales castellano-manchego, José Ignacio Echániz, considera que su gestión «nos permite atender primero a quien más lo necesita y reducir la lista de espera en 4.233 personas con derecho reconocido pendientes de recibir un servicio o prestación económica» .
La orden con la que adaptó el real decreto, aseguran, «establece la cobertura a las personas con dependencia moderada, que la legislación nacional todavía no incluye». La norma está recurrida por la plataforma castellano-manchega, que este viernes presenta sus argumentos jurídicos al juez que admitió la querella. Asuntos Sociales ha calificado de «irresponsabilidad que se relacionen estas reevaluaciones a una intencionalidad política».
Un cambio «ideológico»
«Desde luego que se está reevaluando». Así de rotunda se expresa una trabajadora social en activo en la Comunidad de Madrid que prefiere no dar su nombre. Ana Lima, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, confirma a eldiario.es que han «recibido consultas por parte de trabajadores de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha acerca de la insistencia por parte de los servicios regionales en revisar expedientes».
Lima entiende que «se está rebajando la importancia de lo social a la hora de evaluar la situación de los dependientes y que se está focalizando en lo sanitario». En este sentido, analiza que «los trabajadores tienen temor a hacer públicos estos casos porque temen por su puesto de trabajo».
La trabajadora social madrileña explica que «en realidad es más costoso para la consejería cambiar una ayuda de 500 euros por una plaza en una residencia de mayores». José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y Ana Lima lo corroboran: «Una plaza cuesta más». ¿Entonces?
Ambos coinciden en apuntar a motivos ideológicos. «Deshacerse de la dependencia y dejarla en manos privadas». Los aseguramientos con empresas privadas han visto crecer su negocio, «el que pueda, que se lo pague», dice Lima. Y aunque sea aún un nicho de negocio pequeño, está creciendo. Gómez Ocaña opina que «no hay nada más que mirar cómo está montado el sistema de atención y ayudas: empresas privadas concertadas por cada persona que atienden».
Mirando el modelo en la Comunidad de Madrid, se observa que hay una veintena de residencias públicas de mayores gestionadas directamente por la Administración. Otras tantas son de titularidad pública y gestión privatizada. Hay 125 concertadas con parte de sus plazas sostenidas con fondos públicos. En Castilla-La Mancha, según un recuento de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, con discapacidad o en situación de dependencia de 2010, de las más de 11.000 plazas pagadas con dinero público, el 39% son concertadas.
