manel
Una residencia para personas mayores de Tenerife implanta la terapia asistida con caballos
La residencia Amma Santa Cruz acaba de implantar dentro de su cartera de servicios la Terapia Asistida con Caballos (TAC), que tiene como objetivo mejorar el bienestar, la sociabilidad y la calidad de vida de las personas mayores.
La residencia ha explicado en una nota que se trata de un programa terapéutico que persigue la relajación y estimulación muscular de los residentes mediante la transmisión del calor corporal del caballo, la mejora en el equilibrio y postura de los usuarios al montar mediante la transmisión de los impulsos rítmicos del animal y una contribución a la rehabilitación neumotora, pues el patrón de movimiento de los caballos es muy similar al de la marcha humana y ayuda a mejorar el control de cabeza y tronco durante el movimiento.
La TAC presenta, además, un beneficio psicoterapéutico para muchas disfunciones de los adultos mayores que presentan preocupación por el futuro o capacidad de tomar decisiones, ya que la acción de caminar hacia delante sin obstáculos ejerce una influencia positiva en pacientes depresivos o angustiados.
Tras la satisfactoria experiencia de los residentes del centro Amma Santa Cruz, la terapia asistida con caballos se realizará una vez por mes y tendrá lugar en el Centro Hípico La Cordillera, en el municipio de Tacoronte.
La Terapia Asistida con Caballos se nutre de diferentes modalidades de intervención, como la equitación terapéutica, el horse coaching, la equitación social, la psicoterapia asistida por caballos y la hipoterapia.
Diversas investigaciones han comprobado los beneficios terapéuticos que tienen los animales en las personas mayores. Entre sus beneficios destacan el fomento de la sociabilidad, la superación de episodios de aislamiento y depresión y el estimulo psicomotor en los pacientes al interactuar con los animales sacándoles a pasear o cepillándoles.
Es por esto que las terapias con animales son cada vez más frecuentes en las residencias para mayores. Precisamente el Grupo Amma fue pionero en este ámbito, implantando desde 2007 programas de terapias con animales en muchas de sus residencias, ya sea de carácter permanente o temporal, con el apoyo de fundaciones y entidades especializadas en este tipo de actividades y terapias.
El Govern rechaza una ILP para blindar pagos a ancianos con dependencia severa
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la aprobación de esta ILP «comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente», por lo que no se muestra conforme a su tramitación. Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia -grado 3, niveles 1 y 2-, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton. Pero el Govern alega en su informe que «en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario», lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.
Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.
El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone «un gran esfuerzo» para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.
Margen de maniobra
El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores «comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería», lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios. «El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes», añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley. El texto concluye que «las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras», que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista. «DELITO TÁCITO» Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen «un delito tácito», pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. «Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos», ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.
Los trabajadores sociales asturianos arremeten contra la política de la Consejería de Bienestar
Peligro de desigualdad en el acceso a las prestaciones sociales, riesgo de «discrecionalidad política» a la hora de otorgar las ayudas, falta de líneas claras de actuación, colapso administrativo e, incluso, un «estilo de liderazgo» poco adecuado. Los trabajadores de los Servicios Sociales públicos del Principado han arremetido con dureza contra la política de la Consejería de Bienestar Social, en una carta dirigida al presidente regional, Javier Fernández, que también ha sido enviada a los grupos políticos con representación parlamentaria, a la Procuradora General del Principado, a los sindicatos y a la Federación Asturiana de Concejos, que precisamente hoy celebrará una reunión para analizar el problema de implantación del plan concertado de servicios sociales de este año.
La carta sale a la luz en plena polémica entre la Consejería de Bienestar Social y varios municipios dirigidos por los conservadores (PP y Foro) por los cambios introducidos en el plan que debe financiar las prestaciones sociales básicas, tras los recortes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los empleados públicos -avalados por otros asistentes sociales asturianos- acusan a la Consejería de implantar una política que «sigue fielmente» las directrices marcadas por Madrid, en contra del programa electoral de los socialistas y que puede acabar «con el desmantelamiento progresivo del actual sistema público de Servicios Sociales». Los trabajadores expresan en la carta «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones» que se adoptan en la Consejería. Unas decisiones, añaden, que se deben «a la inexistencia de un marco conceptual que defina y concrete de forma clara las principales líneas de la política social».
Una de las inquietudes que expresan los trabajadores se centra en el plan concertado de 2013. «Los riesgos de la desigualdad para el acceso y distribución de los recursos a los ciudadanos(…) preocupan a los profesionales responsables de su gestión, pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, pudiera interponerse la discrecionalidad política» para otorgar las prestaciones sociales básicas. También afirman que el nuevo plan concertado «pone en juego la pervivencia de los equipos de profesionales de los Servicios Sociales municipales».
Los asistentes sociales también muestran su inquietud por el recorte a un máximo de 20 horas mensuales del servicio de ayuda a domicilio, ya que consideran que desvirtúa el objetivo del plan, que es «mantener a las personas en su medio habitual de vida y convivencia».
Respecto a la implantación de la ley de Dependencia, critican que desde su aprobación, hace 6 años, se ha desarrollado de forma ajena al sistema público de Servicios Sociales, con el que compite por los recursos económicas. «No sólo no se ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que se continúa avanzando» en su implantación «a costa del desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales», afirman.
El colectivo de trabajadores concluye su escrito asegurando que, a su juicio, los responsables de la Consejería, de la que es titular Esther Díaz, ex alcaldesa de Langreo, «no han demostrado tener capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Prueba de ello es el colapso de la gestión administrativa en las prestaciones de dependencia y salario social; la maraña jurídico-administrativa existente, la proliferación de instrucciones contradictorias y el menosprecio a la labor de los técnicos y sus propuestas.
CERMI afirma que los receptores de prestaciones de la ley de dependencia son víctimas de una pésima gestión de las administraciones
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha aclarado, ante las informaciones que apuntan a la recepción de fondos de procedencia estatal por parte de las comunidades autónomas para atender a personas en situación de dependencia que habrían fallecido, que «las personas y familias que reciben prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no cometen fraude, son víctimas de una pésima gestión de las administraciones».
El Cermi señaló en un comunicado que «no se trata de fraude o abusos cometidos por personas mayores o con discapacidad o de sus familias, beneficiarias de las prestaciones de la ley, que se habrían aprovechado indebidamente de las ayudas públicas».
Agrega que los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a estas personas, «que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
Por ello, el Cermi afirma que la responsabilidad es de las administraciones «y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación».
El Comité concluye señalando que, como representante de la discapacidad organizada, se rebela «contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas administraciones han desarrollado este sistema de protección social, que ha supuesto una enorme decepción para las legítimas expectativas de contar con apoyos públicos suficientes para atender necesidades básicas de autonomía personal».
El 81% de los españoles cree que las personas con dependencia necesitan cuidados profesionales
El 81% de los españoles cree que las personas con dependencia necesitan cuidados profesionales, según los resultados del tercer estudio internacional ‘Bupa Health Pulse 2012’.
El estudio se ha realizado por Bupa, empresa matriz de Sanitas, y en la muestra han participado 14.000 personas de 13 países diferentes. Los resultados del estudio muestran que el 81% de los consultados cree que es fundamental ofrecer unos servicios profesionales a las personas con algún tipo de dependencia. De hecho, el 41% opina que el grado de dependencia de las personas mayores avanza más despacio si estas viven en un centro especializado, cifra que aumentó en 4 puntos respecto a 2011.
Según la doctora de Sanitas Residencial El Viso, Pilar Soler, las personas dependientes con demencia necesitan unos cuidados individualizados y profesionales, como la higiene personalizada para disminuir la ansiedad que genera el baño en las personas con demencia, menús adaptados con utensilios que les ayuden a mantener su autonomía y terapias innovadoras como la musicoterapia.
El estudio también desvela que siete de cada diez encuestados temen perder la memoria cuando lleguen a una edad avanzada. En este sentido, Soler declaró que en España más de 800.000 personas padecen ya algún tipo de demencia e indicó que, debido al envejecimiento poblacional y a la falta de tratamientos curativos, esa cifra aumentará en los últimos años.
Asimismo, el trabajo muestra que la sociedad española es consciente de que cuando una persona requiere de los cuidados de otra, necesita vivir acompañada y en un servicio asistencial. En relación a esto, el 25% de los encuestados ha reconocido que estas personas son más felices y viven mejor en una residencia que en su propia casa.
El 68% también cree que es posible ralentizar el proceso de las demencias con terapias que incluyan la creación de unos planes específicos de cuidados, los cuales son considerados como ‘muy útiles’ por el 95% de los encuestados.
AATENCIÓN DE LOS MAYORES EN ESPAÑA
En relación a la atención que reciben los mayores en España, el 34% de los encuestados afirmó que es necesario que mejoren. De la misma manera, el 88% de los consultados reconoce que es necesario contar con equipos multidisciplinares con formación especializada para ofrecer una mejor atención a los dementes.
“La calidad en la atención de la demencia no se obtiene exclusivamente con los avances médicos, sino a través de todas aquellas actividades cotidianas del cuidado realizadas con creatividad, cariño y compromiso”, manifestó la doctora Soler.
Asimismo, confirmó que los especialistas ya optan por incorporar recursos tecnológicos a sus terapias. Prácticas que resultan muy beneficiosas para la salud de los mayores, según el 95% de los participantes en al encuesta.
El estudio también muestra que, desde el punto de vista económico, el 27% de los encuestados está preocupado por cómo pagarán los cuidados asistenciales que necesiten cuando lleguen a mayor, mientras que el 32% tiene claro que pagará la residencia a sus padres.
No obstante, los españoles (82%) consideran imprescindible la cooperación entre los organismos públicos y privados para asegurar a todas las personas dependientes el acceso a unos cuidados profesionales.
Las CC.AA. deben 46,8 millones por cobros indebidos para dependencia
El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Estado ha transferido «en exceso» fondos a las comunidades autónomas en concepto de ayudas a la dependencia, una cuantía que asciende a un total de 46,8 millones de euros aunque estuvo por encima de los 185 millones de euros, según se desprende del informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de 2006 de la Dependencia, al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, la entidad fiscalizadora ha observado diversas incidencias en relación con el abono de la liquidación del nivel mínimo de protección a las diferentes comunidades autónomas, por ejemplo con beneficiarios fallecidos que estaban dados de alta en el Sistema informático para gestionar los datos relativos al Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SISAAD), así como expedientes duplicados, DNI incorrectos o duplicados, o beneficiarios recogidos en el SISAAD pero no recogidos en las bases de datos de las comunidades autónomas.
De hecho, en el SISAAD figuraban «indebidamente» como beneficiarias del sistema de dependencia 12.055 personas que estaban muertas, «provocando la financiación indebida», por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de un importe estimado por este Tribunal en, al menos, 29,4 millones de euros, a fecha de 30 de abril de 2011.
Eso sí, al detectar la existencia de numerosas personas muertas beneficiarias de las prestaciones durante el ejercicio de fiscalización, la institución avisó al IMSERSO y a las comunidades autónomas, y ya se han logrado recuperar de 140,3 millones de euros, de 41.205 personas que figuraban como fallecidas, quedando pendientes los 29,4 millones antes citados.
Según la institución, que aprobó su informe el pasado 21 de marzo, el director general del IMSERSO manifestó en sus alegaciones que un total de 2.809 expedientes ya se encuentran dados de baja en la aplicación informática del SISAAD y que, con respecto al resto, se está analizando la información remitida por este Tribunal y, en el supuesto de que se detecten personas realmente ya fallecidas, se procederá a reintegrar las cantidades que, en su caso, se hubieran abonado de forma incorrecta en concepto de nivel mínimo de protección.
ABONOS INDEBIDOS A LAS CC.AA.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas resalta que el Instituto de Mayores abonó «indebidamente» un importe, cuantificado en 5,2 millones de euros, como consecuencia de la existencia de un total de 1.363 expedientes que se encontraban duplicados en la mencionada aplicación informática, generando, en consecuencia, un doble abono a las comunidades autónomas.
Igualmente, ha verificado que el IMSERSO liquidó «indebidamente» un importe cuantificado en 1,9 millones de euros como consecuencia de, al menos 2.642 expedientes que tenían reconocido únicamente el servicio de teleasistencia y, dado que este servicio tiene un carácter complementario, no debería haber generado dicha liquidación.
Es más, ha averiguado que este Instituto de Mayores minoró «indebidamente» a las comunidades autónomas un importe de 9,8 millones de euros, como consecuencia de un total de 6.631 expedientes que presentaban un importe acumulado negativo en este concepto, provocando un déficit de financiación en dichas comunidades por el mencionado importe.
El Tribunal de Cuentas ha detectado a su vez que el IMSERSO abonó «de forma indebida» un total de 20 millones de euros como consecuencia de 3.115 expedientes cuyo importe total liquidado, desde el 23 de abril de 2007 hasta la nómina correspondiente al mes de abril de 2011, era «superior» al máximo establecido legalmente para cada beneficiario en ‘Grado III, nivel II’ (12.604 euros).
A 31 de diciembre de 2010, el IMSERSO tampoco tenía reconocido en sus estados contables un importe total de 65,9 millones de euros, derivados del aplazamiento y periodificación del abono del nivel mínimo de protección garantizado a las comunidades autónomas, como consecuencia de la modificación introducida en el decreto ley de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público en relación con el aplazamiento y periodificación del abono de las prestaciones económicas recogidas en la Ley de Dependencia de 2006.
AUMENTA EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS SIN PRESTACIÓN
De acuerdo con la información del SISAAD, la entidad fiscalizadora apunta que, a 31 de diciembre de 2010, existían un total de 231.055 personas con derecho a recibir estas prestaciones que, sin embargo, no recibían nada, lo que equivale al 25,68 por ciento del total de personas con derecho a estas prestaciones, siendo especialmente significativa en Canarias, donde ese porcentaje ascendía a un 58,46 por ciento, Valencia con un 43,12 por ciento y Galicia con un 39,49 por ciento.
A fecha de 31 de diciembre de 2011, el Tribunal detecta igualmente que el número total de personas beneficiarias con derecho a prestación se elevaba a 1.057.946, siendo beneficiarias de prestación tan sólo 752.005, es decir, un total de 305.941 personas no percibían ningún tipo de prestación, que supone un 28,91 por ciento.
Igualmente, ve «importantes deficiencias» en el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho a la situación de dependencia, así como en el cálculo de prestaciones derivadas de la misma, en función del territorio de residencia del solicitante.
Según cita, en algunas comunidades autónomas el patrimonio del solicitante no se tiene en consideración a efectos del cálculo de la citada capacidad económica y, en otras, no se tiene en consideración la totalidad de las rentas percibidas por los solicitantes.
Además, subraya que 14 comunidades autónomas han incumplido el plazo máximo de seis meses establecido en la normativa de Dependencia para el reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia, dado que, a fecha de 31 de diciembre de 2010, el plazo medio de resolución se elevaba a nivel nacional a un total de 262 días (casi nueve meses), siendo especialmente significativo en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Valencia, Madrid, Murcia, donde este plazo superó los 300 días (casi diez meses), y en Canarias, donde se elevó el plazo a 577 días (casi 20 meses).
De la misma forma, apunta a la falta de identificación en los presupuestos de gastos de las comunidades fiscalizadas, de la totalidad de los créditos destinados a financiar las prestaciones derivadas de la situación de dependencia, que sí deberían publicarse.
RECOMENDACIONES
Con ello, recomienda al IMSERSO, como responsable del SISAAD, analizar la información de las distintas aplicaciones informáticas, con el fin de homogeneizar el contenido y evitar la posible financiación indebida derivada del pago del nivel mínimo de protección.
En su caso, pide también modificar el procedimiento de justificación y posterior libramiento de financiación del nivel mínimo de protección, exigiendo a los órganos competentes de las comunidades una certificación en la que se acredite que la información del SISAAD se corresponde fielmente con los beneficiarios de las prestaciones derivadas de la situación de dependencia.
Al mismo tiempo, cree que el IMSERSO debe proceder, con carácter inmediato, al procedimiento de reintegro de 6 millones de euros derivados de la diferencia existente entre los créditos totales asignados con cargo al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y las obligaciones reconocidas con cargo al mismo, con respecto a aquellas comunidades que no justificaron la aplicación finalista de estos recursos.
Antonina Sánchez: “Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia»
La teniente alcalde de Sanidad y Servicios Sociales de Valdepeñas, Antonina Sánchez, afirmó este martes que los recortes de servicios y el incremento de las tasas a los usuarios de la Ley de Dependencia por parte del gobierno regional, “suponen un brutal retroceso. Asistimos a la demolición de la Ley de Dependencia. Los efectos de las políticas del PP son devastadores. Ha habido cambios en la normativa y recortes que dejan en la calle a los dependientes. Han recortado sus prestaciones”.
Enumeró recortes como el reflejado en el Decreto 174/2011 que modifica el baremo a través del cual una persona se considera dependiente. “Dependientes de grado 3 ahora son de grado 1 y los de grado 2 y 1, la Junta ha dejando de considerarlos dependientes. Supone una pérdida de derechos. También se ha disminuido el número de horas al mes de ayuda a domicilio que recibían los dependientes y se ha establecido la incompatibilidad entre servicios que recibe una persona dependiente, excepto en la tele-asistencia, lo que hace que el dependiente deba elegir entre ir al centro de día o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo. Esto supone una situación de desprotección”.
Sánchez apuntó que “otra medida sangrante” es que las personas que tienen reconocido el grado 1-nivel 2 y que tenían derecho a todas las prestaciones y servicios a partir del 1 de enero del presente año, han visto retrasada la atención hasta julio de 2015. Es igual que si una persona que sufre cáncer y necesita quimioterapia le retrasan el tratamiento dos años, es probable que no llegue a recibirlo porque muera. Miles de personas morirán esperando recibir ese servicio que necesitan, porque la esperanza de vida de estas personas dependientes es muy corta”.
Otro recorte es dejar de financiar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales en el ámbito familiar y otro, reducir las prestaciones económicas para dependientes en un 15%.
En cuanto al incremento de las tasas, Antonina Sánchez recordó que las prestaciones dependen ahora de las rentas y el patrimonio. También indicó que el servicio de Ayuda a Domicilio que antes era gratuito, ahora oscilará entre 56 y 186 euros en Valdepeñas.
Asimismo se ha incrementado la tasa del Centro de Estancias Diurnas del Lucero más de un 80%, no se concede el Transporte Adaptado, el gobierno central ha disminuido un 30% desde 2012 el presupuesto para dependencia y la Junta lo ha reducido un 11,17% (93 millones de euros), se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo suprimiendo 178 puestos (93 dentro del ámbito de la dependencia) y se ha aprobado la Ley de Tasas, con lo que el dependiente debe pagar por la gestiones de la administración, como 40 euros por revisar el grado de dependencia o 30 por la revisión del grado de discapacidad.
40 Centros de Sanitas Residencial consiguen el certificado ISO que reconoce la calidad de la asistencia
Los cuarenta centros de Sanitas Residencial han conseguido el certificado ISO que reconoce la calidad del servicio que la compañía de atención a mayores ofrece a los residentes y sus familias.
La compañía de atención a mayores ha conseguido que todos sus centros completen la certificación, es decir, que además de mantener los 32 certificados ya obtenidos con anterioridad, ocho centros más han logrado en 2012 y 2013 el certificado emitido por Lloyds Register LRQA, empresa encargada de realizar las auditorías externas.
Con la certificación de Sanitas Residencial Les Corts, Sanitas Residencial Consell de Cent y Sanitas Residencial Tarragona, Sanitas Residencial consigue que todos sus centros estén acreditados.
Y es que, en el sector residencial es fundamental garantizar un servicio de calidad. Por este motivo, Sanitas Residencial quiso definir su Sistema de Gestión de Atención Integral de Personas Dependientes en Residencias, el cual se adapta a los estándares de calidad del certificado ISO. Esta norma, valorada internacionalmente, ayuda a aumentar los niveles de confianza y de garantía.
De esta forma, Sanitas Residencial se convierte en la primera compañía del sector en España que incluye a todos los procesos clave de atención a las personas dependientes en residencias y acredita la calidad de su servicio con una norma oficial.
Este plan puesto en marcha por la compañía en 2003 tiene como principal objetivo construir un modelo estructurado y homogéneo para todos los centros residenciales de la red y, con él, se contribuye a tener unos estándares de calidad que permiten planificar, ejecutar, evaluar y modificar el servicio de atención a los mayores en más de 50 procesos relevantes como la acogida, la planificación de cuidados personales, la alimentación, las actividades que se desarrollan en los centros y los tratamientos.
En definitiva, se recoge todo el proceso desde que el residente entra en el centro hasta que deja de pertenecer al mismo, incluyendo toda la información administrativa y los procesos fundamentales para la prestación del servicio desde los procesos asistenciales relacionados con los cuidados hasta el soporte de mantenimiento y cocina.
El nuevo contrato de ayuda a domicilio permitirá atender a 400 granadinos más
El concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, ha presentado el nuevo contrato con la empresa CLECE, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio que presta el consistorio.
Egea asegura que se trata de un acuerdo que supondrá “importantes mejoras para los usuarios”, empezando por la posibilidad de atender a unas 400 personas mas.
Desde el pasado 1 de abril, y por un periodo de tres años, prorrogable por otros tres, la empresa CLECE, presta el servicio por un precio establecido por ley de 13 euros la hora.
Los servicios sociales evalúan la demanda presentada por los usuarios y determinan las necesidades que se tienen que cubrir y que pueden ir desde llevar a los niños al colegio, por una necesidad puntual, hasta procurar la higiene personal o la asistencia sanitaria a las personas dependientes.
Egea asegura que el nuevo contrato supondrá importantes mejoras entre las que ha resaltado la contratación de servicio de lavandería, peluquería o podólogo a domicilio; la contratación de un fisioterapeuta; el aumento de programas y talleres para los usuarios, los cursos de formación sobre el uso de los medicamentos, o las campañas ante la llegada del frío , el calor, o las alergias.
Se ha acordado además la contratación de un responsable de calidad que supervise la prestación del servicio, un enfermero, un psicólogo, un educador social, un pedagogo, un mediador social o un terapeuta ocupacional.
La designación de las personas que prestan en el servicio se hará por parte de los técnicos que elegirán al trabajador más adecuado para el usuario en concreto que requiera el servicio.
El nuevo contrato contempla también una dotación económica de 15.000 euros para disponer de camas articuladas, sillas espaciales, grúas, y toda a aquella maquinaria que se pueda requerir para atender a los usuarios.
La atención se dará en un plazo máximo de 48 horas, o de 12 si se trata de una causa de extrema urgencia.
También se contemplan protocolos de formación continua del personal. En total 766 trabajadores que se encargan de cuidar y atender en este momento a 1.213 usuarios del servicio de atención a domicilio, más otros 1.890 correspondientes a la ley de dependencia.
Egea se ha mostrado muy satisfecho por este nuevo contrato que mejorará la asistencia a los usuarios para los que también se habilitará un servicio de atención psiquiátrica que permita atender necesidades que hasta ahora no estaban cubiertas.
El concejal ha recordado que los usuarios a penas tienen que hacerse cargo del 1% del coste del servicio siendo incluso gratuito para la mayoría de ellos.
El Imserso aboga por la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo»
El director general del Imserso, César Antón, ha subrayado el papel de la asistencia y atención a las personas mayores como «importante nicho de creación de empleo», durante la clausura del seminario ‘El desarrollo humano en una sociedad de mayores’, en la sede de Funcas.
En su intervención, Antón ha detallado las previsiones que manejan las administraciones a raíz de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Eurostat. Así, ha recordado que, en los últimos 50 años, la población mayor de 65 años se ha cuadruplicado mientras que la de otras edades ha crecido a un ritmo menor.
Además, la población que se sitúa por encima de los 65 años representa a más del 17 por ciento del censo demográfico del país mientras que la tendencia de esperanza de vida sigue al alza, hasta los 88 años de media en el caso de las mujeres y de 81 en el de los hombres.
Por todo ello, Antón ha señalado que «la atención, el cuidado y la asistencia a las personas mayores se han erigido en prioridad, no sólo con los mayores que necesitan ayuda por su pérdida de autonomía, sino también, y sobre todo, con aquellos mayores a los que una alimentación sana, unos hábitos de vida saludables y una cobertura de los servicios sociales adecuada permitirán envejecer activamente».
En este punto, ha afirmado que se ha logrado «que el concepto de ‘envejecimiento activo’ forme parte del tejido social de una forma tan profunda que cualquier persona, sin importar su edad, sabe ya qué significa y cómo y por qué hay que envejecer bien» y ha recordado el trabajo del Ejecutivo en abrir cauces de participación social para los mayores, en referencia al Estatuto del Mayor, cuya redacción se encuentra en sus últimas fases y que recogerá las demandas, necesidades e inquietudes de este colectivo, según Antón.
El director del Imserso ha añadido que las administraciones disponen de una serie de recursos –como la atención a domicilio, la atención diurna, centros de día para personas dependientes o atención residencial, entre otros– cuya demanda, a tenor de las previsiones, aumentará durante los próximos años.
Por este motivo, ha señalado que «la tarea acuciante» que aborda el departamento de Ana Mato pasa por unificar los criterios de gestión del Sistema de Información «para evitar irregularidades y deficiencias en expedientes», además de dar prioridad a la entrada en el sistema de los dependientes en situación más grave.
Además de la asistencia a las personas mayores, el director del Imserso ha subrayado la importancia de prevenir enfermedades y situaciones que lastran la autonomía física por lo que ha apostado en invertir en hábitos de vida saludable, en paralelo a la inversión en servicios públicos de calidad lo que, a su juicio, «redundará en una mejor calidad de vida de este sector de población».
«IMPRESCINDIBLE MEJORAR DE SERVICIOS»
La jornada también ha contado con la participación, entre otros, de la profesora del CSIC y catedrática de Sociología Económica Mª Ángeles Durán, para quién es «imprescindible que haya una mejora y ampliación en los servicios sociales», que, a su juicio, «están deteriorados», aunque ha reconocido que es «el peor momento para conseguir mejoras ante la falta de ingresos».
En declaraciones a Europa Press, Durán ha pedido «cambiar la actual estructura» de la sociedad ante el envejecimiento de la misma. En este punto, ha apostado por «flexibilizar la edad de jubilación» ya que «no es lógico mantener a la gente el tiempo que están en el mercado laboral si su salud va a ser mejor».
Además, ha destacado que los mayores aportan «trabajo gratuito» a la sociedad en aspectos como «el cuidado de menores o enfermos», sobre todo en el caso de las mujeres –«quienes aportan más»– por lo que ha insistido en la necesidad de «diferenciar la economía real de la que no está vinculada a los recursos monetarios». Por último, ha hecho alusión a la importancia de la autonomía para este colectivo, tanto en el ámbito laboral, en la vida y en el cuidado a los demás.
Aragón, las ayudas de la dependencia a las familias serán excepcionales
Las arcas de la Administración están vacías. Tanto que al Gobierno de Aragón no le queda otra que reorientar el desarrollo de la Ley de la Dependencia. A partir de ahora las ayudas que reciban las familias tendrán un carácter «excepcional». Las partidas presupuestarias se destinarán a las prestación de servicios, como la teleasistencia, o las residencias –pese a que se han destruido ya 2.000 plazas–.
Ante las críticas de la oposición, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, les echó en cara que solo se preocupen de las prestaciones económicas, cuando «lo importante es el dependiente y no la familia. Por ello hay que facilitarles servicios como centros de día o residencias, que garantizan, «además de la generación de empleo, una mejor atención».
Oliván compareció a petición del PSOE. Su portavoz, Mariví Broto, le preguntó por el desarrollo de ley y le recordó que la presidenta Luisa Fernanda Rudi la calificó de «inservible» hace meses. La socialista calificó la situación de «muy grave» y consideró «necesario» que los servicios sociales «se pongan a trabajar».
REVERTIR LA LEY
Oliván reconoció que su intención es cambiar la tendencia de la aplicación de la ley, puesto que en estos momentos el 65% de los ciudadanos que tiene derecho recibe una prestación económica, y el 35% se beneficia de algún servicio. Unos datos que el consejero de Sanidad quiere revertir. Entre otras cosas porque supondrá un ahorro para la Administración, que ganará en capacidad de gestión y resolverá los problemas que se generan con la concesión de ayudas.
Y en esa línea van precisamente los cambios acometidos en el seno de su departamento, que ayer anunció Oliván. Están encaminados a «aplicar criterios de eficiencia en la gestión, ineludibles siempre pero más en las actuales circunstancias», dijo. El cambio consistirá en la supresión de la dirección general de Bienestar Social y Dependencia, que pasará a depender del propio IASS. Irá acompañado con un «amplio proceso de adaptación normativa» en cuestiones como la propia dependencia, la adopción o la homologación de los procedimientos de actuación.
Ninguno de los argumentos convencieron a Broto, que no dudó en señalar que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi está «destruyendo» la dependencia. Justificó esta aseveración con la pérdida de posiciones que Aragón ha sufrido en el ránking de aplicación de esta ley desde que el PP está en el Ejecutivo autonómico.
El Servicio Andaluz de Teleasistencia gestiona más de 16.300 llamadas de media al día
El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha gestionado más de 32 millones de llamadas desde su creación en 2002. En concreto, durante el ejercicio 2012 gestionó una media de 16.384 llamadas diarias, lo que ha supuesto un total de 5.980.158 de llamadas el pasado año, según el balance de actividad de esta prestación que ha hecho la Consejería del ramo.
De las llamadas que las personas beneficiarias han realizado al SAT pulsando el botón de su dispositivo de Teleasistencia, una parte importante se han producido por motivo de conversación y compañía (el 64 por ciento de las recibidas), «de ahí el importante papel que juega esta prestación para paliar situaciones de soledad y aislamiento social». También destacan las llamadas por motivo de emergencia (el 16,8 por ciento) o para solicitar algún tipo de información (19,26 por ciento).
Entre las llamadas gestionadas, según indica en un comunicado, también están las que los propios profesionales del SAT realizan desde la central. Así, por provincias, de los más de 32 millones de llamadas gestionadas por el SAT desde su creación, 1,48 millones correspondieron a Almería; 4,4 millones a Cádiz, 4 millones a Córdoba; 3,6 millones a Granada; casi 2 millones (1,9) de llamadas a Huelva, 2,6 millones a Jaén, 4,8 millones a Málaga y 9,2 millones a Sevilla.
Además de la gestión de llamadas, desde el SAT se han realizado en 2012 más de 10.000 visitas de seguimiento domiciliario, «con el propósito de incrementar la eficacia del Servicio así como la percepción de seguridad en las personas usuarias, revisando y actualizando los datos inicialmente recogidos y el uso del dispositivo de teleasistencia, además de obtener nueva información de utilidad para la gestión del Servicio».
En la actualidad, el SAT cuenta con 177.106 personas titulares. Por provincias, Sevilla tiene el mayor número de personas titulares de este servicio con 44.232, seguida de Málaga con 27.482, Cádiz con 24.852, Córdoba 21.664, Granada 20.567, Jaén 17.820, Huelva 10.440 y Almería 10.049.
COBERTURA A CASI 270.000 PERSONAS
No obstante, son muchas más personas las que se benefician en Andalucía de este Servicio, ya que hay que añadir, como personas beneficiarias del SAT, a aquéllas que conviven con los titulares y que también tienen más de 65 años, así como a los cuidadores de las personas en situación de dependencia que, de igual manera, también disfrutan de las prestaciones del SAT. Teniendo en cuenta a todas estas personas beneficiarias, el SAT daría cobertura en la actualidad a 269.218 andaluces.
A través de este servicio, que funciona de forma ininterrumpida las 24 horas del día todos los días del año, la Consejería de Salud y Bienestar Social favorece la autonomía de las personas mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.
De esta manera, a este servicio de teleasistencia pueden acceder las personas residentes en Andalucía mayores de 65 años con el único requisito de ser titular de la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, personas en situación de dependencia que tengan prescrita la Teleasistencia en su Programa Individual de Atención y las personas con más del 65 por ciento de discapacidad entre los 16 y los 65 años de edad.
Además, el 65 por ciento de las personas titulares se benefician de este servicio de forma gratuita, mientras que el resto de usuarios cuentan con bonificaciones dependiendo de sus circunstancias personales y su capacidad económica.
En general, el perfil de la persona usuaria del SAT se corresponde con el de una mujer de 82 años, viuda, que vive sola, toma medicación diariamente y cuenta con autonomía personal, aunque necesita ayuda sobre todo para la utilización de medios de transporte y hacer la compra. Tiene estudios primarios y no está familiarizada con las nuevas tecnologías aunque comienza a usar el teléfono móvil. De las personas mayores de 65 años, sólo el 3 por ciento es usuaria de Internet. De esas personas, las que más navegan son las que están entre los 65 y los 70 años.
SATISFACCIÓN GENERAL CON EL SERVICIO
La Junta destaca que la satisfacción de las personas usuarias ha ido incrementándose «año tras año a lo largo de su evolución», tal y como señalan los resultados de las encuestas de satisfacción anual, siendo de 9,8 la puntuación otorgada al Servicio en la última encuesta realizada (en una escala de 0 al 10).
Las personas titulares otorgan una valoración muy alta a los diferentes aspectos del SAT, destacando la atención recibida por parte del personal del servicio (el 95,84 por ciento) y la frecuencia con la que se ponen en contacto con ellas, así como a la facilidad de acceso y servicio técnico.
Asimismo, un 99 por ciento de las personas usuarias del Servicio Andaluz de Teleasistencia han valorado como «muy satisfactoria» la atención recibida en situaciones de emergencias y volverían a hacer uso del botón de teleasistencia si se le planteara una situación similar. Este dato se extrae de una encuesta realizada a personas beneficiarias que dieron aviso de una emergencia a través del dispositivo de teleasistencia instalado en su domicilio.
Entre los resultados de estas encuestas destaca la localización de los familiares para avisarles de la emergencia, que es una prestación valorada con la máximas puntuaciones por el 88 por ciento de las personas usuarias.
De las personas que dieron aviso de una emergencia a través del botón de teleasistencia, el 18 por ciento manifiesta que no hubiera podido contactar con los servicios de emergencia por teléfono. En la mayoría de los casos, el motivo que argumentan son los nervios así como la incapacidad física o psíquica. El 64 por ciento considera que sí hubiera podido dar aviso por teléfono, pero que le hubiese sido más complicado.
Por último, el 98 por ciento de las personas beneficiarias valoran de forma muy positiva el apoyo y acompañamiento que se le ofreció durante la emergencia y el 99 por ciento de los encuestados afirmaron que la teleasistencia es el medio más cómodo para dar aviso de una emergencia.
Más de 15.500 asturianos reciben prestaciones de la Ley de Dependencia
Un total de 15.566 personas reciben actualmente en Asturias prestaciones de la Ley de Dependencia, según ha informado hoy consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, que ha cuantificado en 14 millones de euros el recorte que el gobierno del PP ha llevado a cabo en materia de servicios sociales.
La consejera ha ofrecido estos datos al comparecer hoy ante la Comisión de Bienestar Social de la Junta General del Principado.
La cifra de beneficiarios es la obtenida a finales de marzo, tras actualizar el número de expedientes incluidos en el registro informático del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SISAAD), un proceso que se ha compatibilizado con la incorporación de nuevos beneficiarios.
La consejera ha destacado ante la Comisión de Bienestar Social que el Servicio de Atención a la Dependencia prácticamente ha completado la mecanización de expedientes en el registro del SISAAD y que únicamente quedan algunos por grabar por causas técnicas.
En septiembre de 2012 había 2.500 expedientes que no tenían reflejo alguno en las estadísticas mensuales del Imserso porque no estaban dados de alta en la aplicación informática del SISAAD, según ha informado la Consejería en un comunicado.
Esta situación provocaba que el Principado dejara de ingresar, por parte del Estado, el nivel mínimo garantizado correspondiente a dichos expedientes, que ahora comenzará a recibir.
En el mes de octubre, parte del personal del Servicio de Atención a la Dependencia se dedicó a poner al día el registro.
Díaz ha cifrado también en más de 14 millones de euros el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en su aportación a los servicios sociales en Asturias, que se ha aplicado a la dependencia y los planes concertados, al tiempo que se ha suspendido la contribución económica al servicio de teleasistencia municipal.
La titular de Bienestar Social ha señalado que, a pesar de las grandes dificultades económicas que existen, desde el Principado se ha realizado un gran esfuerzo presupuestario para «minimizar el impacto de los recortes».
El Gobierno de Navarra extiende a los dependientes severos las ayudas para la contratación de un asistente personal
Los dependientes severos de Navarra también podrán beneficiarse de las ayudas económicas que presta el Gobierno de Navarra para la contratación de un asistente personal. Hasta este momento únicamente podían optar a ellas los grandes dependientes.
Asimismo, se han reducido de 120 a 80 las horas mensuales mínimas del contrato para los asistentes personales. Estas son las dos principales novedades que se recogen en la orden foral del consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Navarra, según ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.
Con estas ayudas, enmarcadas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el Gobierno de Navarra pretende fomentar la vida independiente de estas personas, su autonomía personal y favorecer su permanencia en el entorno habitual.
Pueden optar a las ayudas para asistente personal aquellas personas que tengan reconocida una situación de gran dependencia (nivel 3) o dependencia severa (nivel 2), que sean mayores de edad y que desempeñen un trabajo remunerado con alta en la Seguridad Social o participen en cualquier tipo de enseñanza superior.
Asimismo, deberán tener capacidad para determinar por sí mismas los servicios que requieren, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de su asistencia. En caso de incapacidad legal, este último requisito se exigirá a quien ejerza la guarda y custodia de la persona dependiente.
La cuantía de las ayudas, que pueden solicitarse a lo largo de todo el año, variará en función de la capacidad económica de las personas beneficiarias, calculada teniendo en cuenta tanto la renta como el patrimonio, y su grado de dependencia.
De este modo, las ayudas a grandes dependientes podrán oscilar entre los 1.214,83 euros al mes y los 485,93 y las de dependientes severos entre los 723,94 y los 289,58. En ningún caso la ayuda económica será superior al coste de contratación.
Por su parte, las personas empleadas deberán ser idóneas para desempeñar las funciones propias de asistencia personal y la contratación se realizará de acuerdo a las normas generales y con alta en la Seguridad Social.
El CERMI alerta a Montoro sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado su «máxima alerta» al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales.
A través de una carta, Cayo manifiesta el temor ante una posible desaparición de cuestiones que considera «clave» para la consecución de los objetivos de la Política de Cohesión. «Venimos trabajando en el proceso de reforma de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales desde su inicio, habiendo logrado que determinados aspectos esenciales para el sector de la discapacidad estén incluidos en dicho proceso», ha apostillado.
De esta forma, Pérez Bueno ha trasladado la demanda del sector de la discapacidad, representado en España por el CERMI, y en la Unión Europea por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en el marco de la estrategia del movimiento de la discapacidad en relación con los Fondos Estructurales.
Para el Comité y para el EDF, los Fondos Estructurales y de Inversión deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, «contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».
Sin embargo, el CERMI advierte de que «los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las mujeres, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza».
En este sentido, Bueno subraya que la prevención de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual está «claramente establecida» en el Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de Derechos Fundamentales.
Asimismo, agrega que la Unión Europea como tal, así como los Estados miembro han firmado la Convención de la ONU, y, de esta manera, si se retirase la condicionalidad ex-ante, «se violaría estas disposiciones de los Tratados fundamentales», y «pondría en riesgo la consecución de la cohesión económica, territorial y social de Europa».
iPhone 3GS gratuitos y adaptados para personas mayores
Silverline es un proyecto que, a través de una plataforma de ‘crowdfunding’, busca distribuir iPhone 3GS especialmente preparados para ayudar a ancianos que necesiten ayuda. El proyecto acepta donaciones desde 5 dólares, pero a partir de 79 se enviará a un anciano un teléfono con las aplicaciones de Silverline y otros servicios prestados.
Esta empresa ha puesto en marcha su proyecto gracias a compañías como SinTel, Ogilvy, Buuukm, Lions Befrienders Service Association, Willing Hearts, SPW Enterprise IT o Modus Link; y ahora busca fondos que le financien a través de IndieGoGo gracias a los ciudadanos que quieran aportar su dinero para esta actividad caritativa.
La idea de Silverline ha sido coger teléfonos de Apple ya «obsoletos» y añadir aplicaciones que no vienen instaladas de forma nativa, para que se conviertan en herramientas que ayuden a personas mayores. A través de la plataforma IndieGoGo, los interesados en ayudar a ancianos, pueden donar y Silverline les hará llegar los teléfonos.
Las donaciones parten de los 5 dólares para apoyar el proyecto y desde los 79 se puede conseguir que Silverline envíe un teléfono a un anciano necesitado. Además, aceptan donaciones mucho mayores, como una de 9.999, que permitirá al donante solicitar que Silverline traduzca todas las aplicaciones a un idioma de su elección. Además, hay otra donación de 24.999 pensada para desarrolladores, con la que el donante adquiere el derecho a que su aplicación forme parte del paquete instalado en el iPhone 3GS de la iniciativa.
De momento han desarrollado ya cinco aplicaciones, incluídas en los smartphones entregados -y que no están disponibles en la App Store-, para proporcionar información útil a estos ancianos y que así también puedan estar conectados con sus seres queridos de forma casi automática.
La primera ‘app’ de todas es Discover, que se encarga de poner etiquetas geográficas a las fotos realizadas y archiva todas las actividades realizadas en el día. Otra de las aplicaciones es Well Being -bienestar, en inglés- y se encarga de mandar recordatorios como beber agua y tomar la medicación o también ofrece vídeos con consejos de salud.
La tercera aplicación, Inspire, recoge múltiples consejos en formato texto, vídeo e imágenes sobre salud. Connect, por su parte, sirve para llamar inmediatamente a cualquier familiar a través de los accesos directos con fotografías que proporciona. Por último Emergency, que como su propio nombre indica, sirve para pedir ayuda urgente pulsando un simple icono de emergencia.
Por el momento, este tipo de servicios sólo se han desarrollado en aplicaciones de sistemas iOS, pero estarán disponibles también para Android, en inglés y mandarín. Cuando Silverline lleve esta iniciativa al sistema operativo de Google, planean distribuir Samsung Galaxy SII, que salió al mercado en 2011 y actualmente es bastante económico.
Silverline tiene otros proyectos para ayudar a personas mayores gracias a la tecnología. Uno consiste en una pulsera especial con bluetooth que detecta caídas a través de un acelerómetro incorporado.
Casi 60.000 catalanes mueren esperando acceder al cobro de la dependencia desde 2007
Un total de 59.750 catalanes han muerto desde 2007 durante el proceso de acceso al cobro de la prestación por dependencia, que arranca con la presentación de la solicitud y culmina con la percepción de la ayuda, el 15,5% de ellos durante 2012.
Lo ha explicado este miércoles en respuesta parlamentaria la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que especifica el conjunto de personas fallecidas durante todo el proceso, aunque la pregunta del diputado del PP Pere Calbó solicitaba exclusivamente el número de fallecidos que no habían cobrado pese a que tenían el derecho reconocido en vida a través de un plan de atención individualizada (PIA) –que establece el grado de dependencia y la cuantía a percibir–.
Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que la cifra de fallecidos facilitada por Munté tiene en cuenta a todas las personas que han hecho una solicitud, aunque quizás después no cumplieran los requisitos para el cobro, por lo que la han desvinculado de retrasos o errores en los pagos.
El periodo comprendido entre 2008 y 2010 fue el que registró más fallecidos esperando a entrar en el circuito se cobro de la dependencia, con 39.063, el 65,3% del total de los últimos seis años –14.232 en 2008, 13.849 en 2009 y 10.982 en 2010–.
Aunque en 2011 hubo una importante disminución, con 6.862 fallecidos, en 2012 se produjo un repunte de las muertes hasta las 9.301 personas, lo que supone un incremento de un 35,5% en un año.
Todas las cifras desde 2008 quedan muy lejos de las registradas en 2007, cuando murieron 4.521 personas que habían solicitado ser valoradas de su grado de dependencia.
Los trastornos del sueño en las personas mayores
El 60% de las personas mayores de 60 años sufre trastornos del sueño. Tardan más tiempo en dormirse y sufren más interrupciones del sueño durante la noche. Las personas mayores necesitan dormir las mismas horas que un adulto, pero conforme la persona envejece se reduce el tiempo de sueño lento y aumenta el sueño ligero.
Según la doctora Pilar Soler de Sanitas Residencial El Viso, el origen de los problemas del sueño suelen ser enfermedades preexistentes y/o factores psicosociales y ambientales como la soledad, el sedentarismo o el aislamiento. Entre las enfermedades que más alteran el sueño se encuentran aquellas que causan dolor, las demencias, el reflujo gastroesofágico, la insuficiencia cardiaca, las enfermedades respiratorias o la hipertrofia benigna de próstata. El 40% de estas personas mayores padecen la alteración más común, el insomnio, pero existen otros tipos de trastornos:
• Síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS): trastornos respiratorios durante el sueño.
• Síndrome de piernas inquietas: un trastorno donde se experimentan sensaciones extrañas en las piernas. Se necesita mantenerlas activas para interrumpir las molestias.
• Insomnio: gran dificultad para conciliar el sueño, despertarse frecuentemente durante la noche y muy temprano por la mañana. Un sueño insuficiente, intranquilo, de mala calidad.
• Síndrome de fase adelantada del sueño: no se suele dormir hasta altas horas de la madrugada, grandes dificultades para despertarse por la mañana y para mantener su vida diaria con normalidad.
“En los últimos años se ha variado la manera de tratar el insomnio. Se ha pasado del abuso de los fármacos hipnóticos a intentar reestructurar la arquitectura del sueño de la forma más fisiológica posible, dejando los tratamientos farmacológicos para los casos más complicados”, asegura Pilar Soler.
Para conseguir dormir mejor es conveniente que se opte por tratamientos no farmacológicos:
• No acostarse después de la cena.
• Realizar alguna actividad como leer, oír la radio o ver la televisión antes de ir a dormir.
• Realizar ejercicios de relajación antes o en el mismo momento de estar acostados.
• Antes de ir a la cama ingerir bebidas calientes.
• Regular los horarios, incluyendo una posible restricción del tiempo en la cama.
• Durante el día mantener una vida activa.
• Evitar siestas diurnas.
Dormir bien posee muchas ventajas para la persona y en muchas ocasiones también es sinónimo de tener buena salud. Descansar permite mejorar aspectos como la memoria o la concentración además de disminuir el estrés y controlar el apetito.