El CERMI alerta a Montoro sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales

Luis Cayo Pérez Bueno El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha manifestado su «máxima alerta» al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sobre el riesgo de que se excluya a la discapacidad de los Fondos Estructurales.

   A través de una carta, Cayo manifiesta el temor ante una posible desaparición de cuestiones que considera «clave» para la consecución de los objetivos de la Política de Cohesión. «Venimos trabajando en el proceso de reforma de la normativa reguladora de los Fondos Estructurales desde su inicio, habiendo logrado que determinados aspectos esenciales para el sector de la discapacidad estén incluidos en dicho proceso», ha apostillado.

De esta forma, Pérez Bueno ha trasladado la demanda del sector de la discapacidad, representado en España por el CERMI, y en la Unión Europea por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), en el marco de la estrategia del movimiento de la discapacidad en relación con los Fondos Estructurales.

Para el Comité y para el EDF, los Fondos Estructurales y de Inversión deberán, además de fomentar la cohesión social, económica y territorial, «contribuir a los objetivos de la Estrategia Europea por un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».

Sin embargo, el CERMI advierte de que «los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos excluyen a las mujeres, a las personas con discapacidad o a las personas en situación de pobreza».

En este sentido, Bueno subraya que la prevención de las desigualdades o discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual está «claramente establecida» en el Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de Derechos Fundamentales.

Asimismo, agrega que la Unión Europea como tal, así como los Estados miembro han firmado la Convención de la ONU, y, de esta manera, si se retirase la condicionalidad ex-ante, «se violaría estas disposiciones de los Tratados fundamentales», y «pondría en riesgo la consecución de la cohesión económica, territorial y social de Europa».

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