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Aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler
La comisión judicial ha aplazado el desahucio de una octogenaria en La Coruña por impago de un mes de alquiler, previsto para este lunes, una decisión comunicada por los representantes de la Plataforma Stop Desahucios que desde primera hora de la mañana se concentraron ante su domicilio.
Media hora antes de la hora prevista para el desalojo, a las 10.00 horas, numerosas personas se congregaban ya ante el inmueble donde reside Aurelia Rey, el número 9 de la calle Padre Feijoo de La Coruña, portando pancartas con lemas como «Casas sin gente, gente sin casas» o «Corrupción Justicia cómplice».
Finalmente, unas 200 personas se han concentrado ante la vivienda de la mujer, que lleva residiendo más de 30 años en el inmueble, y a la que arroparon con lemas como «Aurelia no se va, Aurelia se queda» o «Vivir es un derecho, tener casa también», proclamas que, junto a otros, como «Sí se puede» que se volvieron a repetir cuando, sobre las 13.00 horas, se comunicó la decisión de la comisión judicial.
Durante toda la protesta, la mujer ha permanecido en su casa, que abandonó a primera y última hora de la mañana para reiterar sus denuncias sobre la actuación de los propietarios del inmueble. Así les ha acusado de «querer» echarle de su vivienda, situada en el centro de la ciudad y por la que paga 126 euros con una pensión de 356 euros.
También ha calificado de «abuso» su posicionamiento en las negociaciones que representantes de la Plataforma Stop Desahucios han mantenido con ellos para evitar el desalojo, tras la sentencia de un juzgado.
APOYO POLÍTICO
En las últimas semanas, la Plataforma Stop Desahucios de A Coruña ha llevado a cabo distintas concentraciones ante el domicilio de Aurelia, sin familia y que se ha negado a irse para una residencia, opción que le ofrecieron desde el Ayuntamiento herculino.
En ellas, ha pedido que, por «humanidad» y dada su avanzada edad, se le permitiese en la casa, alegando también que los dos problemas de impago que tuvo –uno en 1999 y otro en marzo de 2011, el que originó la sentencia judicial– fueron abonados con posterioridad.
En la protesta de este lunes, han participado tanto miembros de la Plataforma como ciudadanos anónimos y representantes políticos, entre ellos la viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento gallego, Yolanda Díaz; el portavoz del BNG, Francisco Jorquera y concejales del Ayuntamiento de A Coruña como José Manuel Carril (BNG); César Santiso (EU) o las socialistas Gloria Vázquez o Yoya Neira.
UNA «INJUSTICIA SOCIAL»
«No son desahucios, son asesinatos», «No es una crisis, es una estafa» han sido algunos de los lemas que se han coreado durante la concentración. Durante la misma, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha calificado de «indecencia» el intento de desalojo de esta mujer, mientras que el portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Francisco Jorquera lo ha calificado como una «injusticia social».
Además, ha manifestado que espera que la admisión de la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso no sea «una maniobra de distracción» por parte del PP «y luego se paralice en la tramitación», ha advertido al defender la dación en pago u otras alternativas, como la moratoria de los plazos en el pago, para evitar «este drama», ha añadido.
NUEVA PROTESTA
Tras tres horas de espera, con presencia de Policía Nacional y Local en la calle donde reside Aurelia y hasta cinco vehículos policiales en las proximidades, finalmente no se llevó a cabo el desalojo. Al no conocerse la noticia del aplazamiento, Aurelia Rey se mostró agradecida y así lo transmitió a los participantes en la protesta bajando de nuevo a la calle.
Para el martes la Plataforma Stop Desahucios tiene previsto secundar una nueva concentración, en esta ocasión ante los Nuevos Juzgados de La Coruña, a partir de las 09.30 horas.
Sobre el caso de Aurelia, su portavoz en La Coruña, Joaquín Díaz, ha criticado la actitud del edil de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, al que ha acusado de «dejación de funciones» por «su gran amistad», ha dicho, con familiares de los propietarios del inmueble, de los que ha asegurado que buscan «especular» con el piso donde reside la anciana.
Más de 56.400 andaluces reciben el reconocimiento de grado de discapacidad en 2012, un 7,36% más que en 2011
Los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social emitieron en 2012 56.462 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 29.207 de hombres y 27.255 de mujeres, del total de 82.000 solicitudes que se recibieron, según ha informado este viernes el departamento del ramo.
Del total de resoluciones, más del 68 por ciento (56.462) tenían un 33 por ciento o más de grado de discapacidad. La mayoría de éstas (25.238) presentaban varias discapacidades al mismo tiempo; 16.576 tenían una discapacidad física; 11.845 tenían discapacidad psíquica y 2.803 personas tenían discapacidad sensorial.
Con este dato, son ya 491.907 las personas en Andalucía que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Un total de 241.047 son varones y 250.860, mujeres.
Por provincias, Sevilla registró el mayor número de personas atendidas en los centros de valoración en el año 2012, con 19250, seguida de Málaga (16750), Cádiz (12.706), Granada (9.486), Córdoba (7.191), Jaén (5.919), Huelva (5.409), y Almería (5.398).
En 2011 fueron 73.000 las solicitudes de valoración y 52.532 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 26.839 de hombres y 25.696 de mujeres, lo que significa que un 71,93 por ciento de las resoluciones emitidas reconocieron un grado igual o superior al 33 por ciento. Así, en 2012 han aumentado en un 7,36 por ciento las valoraciones que finalmente han recibido el reconocimiento de discapacidad.
Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto
Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.
Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.
Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».
Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».
Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».
En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
El Centro de Atención Sociosanitaria para Enfermos de Parkinson en Extremadura abre sus puertas en Mérida
El Centro de Atención Sociosanitaria para Enfermos de Parkinson en Extremadura se ha inaugurado este jueves en Mérida, con el objetivo de atender las necesidades tanto informativas de asistencia de los 5.000 enfermos que existen en la región con esta dolencia.
En la inauguración de este centro han estado presentes, entre otras autoridades, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias; el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, y la presidenta de la Asociación Regional Parkinson Extremadura, Eulalia Garrido.
En su intervención, el secretario de Estado de Servicios Sociales ha descubierto la placa de inauguración de este centro, que supone «un referente para toda España», así como «un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones puede aportar resultados positivos, y visibles, para la sociedad», informa el Ministerio de Sanidad en nota de prensa.
Destaca que seis millones de euros ha costado la ejecución de este Centro que, según ha declarado el Secretario de Estado, es un ejemplo de «cómo la colaboración entre administraciones», independientemente de su color político, «puede aportar resultados visibles y positivos para la sociedad».
Del coste total del centro, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha aportado dos desde 2009 gracias a las subvenciones con fines sociales recaudadas en concepto de IRPF.
IMPLICACIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
En su intervención, Juan Manuel Moreno ha agradecido la implicación en este nuevo centro de la Asociación Regional Parkinson Extremadura, pues su «liderazgo» ha resultado crucial en la terminación de las obras. Se trata de un edificio de 500 metros cuadrados que, distribuidos en distintas áreas, potenciará tratamientos de logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y atención psicológica, y sin descuidar espacios de ocio como una biblioteca o una videoteca.
Destaca que la colaboración con el Tercer Sector es un proceso vital para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como lo pone de manifiesto la creación, hace dos días, de la Plataforma de Diálogo con estas entidades sociales.
Para el secretario de Estado, las organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables son una «herramienta que cohesiona el Estado de Bienestar y lo robustece». Y prueba de la importancia que el departamento de Ana Mato da al Tercer Sector, señala Moreno, es el comienzo de los trabajos para redactar una ley que les dé el reconocimiento que merece.
Así, ha añadido que en las subvenciones IRPF se cristaliza también este tejido de colaboración. Juan Manuel Moreno ha subrayado que el Gobierno acometerá los cambios que sean necesarios para mejorar su distribución y evitar la litigiosidad que proviene de algunas CCAA. Una demostración palpable es el nuevo Centro de tratamiento del Parkinson de Mérida.
«Seguimos atentos a la mejora de las condiciones de vida de estas personas, trabajando en coordinación con el Tercer Sector, luchando por la sensibilización de esta enfermedad y la inclusión social de las personas que la padecen», ha concluido el número dos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN
Por su parte, el consejero de Salud y Política Social del Gobierno extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado que la Asociación Regional del Parkinson de Extremadura recibirá en 2013, a través de una subvención nominativa que «ya está prevista», un total de 62.500 euros que irán destinados al personal rehabilitador de sus centros en Badajoz, en Cáceres y en Mérida.
Durante su intervención, el titular de la cartera de Salud y Política Social ha destacado además que el compromiso del Gobierno de Extremadura en la atención integral de las personas que padecen esta enfermedad se ha traducido en la financiación de la Asociación por un total de 230.000 euros durante los ejercicios 2011 y 2012.
«Nuestro compromiso con esta causa debe continuar», ha señalado el consejero, quien además ha agradecido el esfuerzo del Gobierno Central para la construcción del centro en Mérida, por un importe de 2 millones de euros, con cargo al IRPF, informa el Gobierno extremeño en nota de prensa.
«MAGNÍFICAS» INSTALACIONES
Asimismo, Hernández Carrón ha tenido palabras de agradecimiento a la presidenta de la Asociación, Eulalia Garrido, tanto por las «magníficas» instalaciones como por su «constante labor en la mejora de la calidad de vida de este colectivo» y por «orientar su labor a combatir las necesidades y carencias que a nivel regional puedan tener tanto a nivel informativo como asistencial» las personas afectadas por Parkinson, que en Extremadura rondan en torno a las 5.000.
El centro ha sido construido sobre una parcela de más de 12.000 metros cuadrados, cedida por el consistorio local. El edificio cuenta con tres zonas diferenciadas, de rehabilitación integral, centro de día -para el que ya se ha solicitado acreditación al SEPAD- y zona residencial, con distintos servicios y objetivos.
La Asociación Regional del Parkinson de Extremadura cuenta en la actualidad con 230 asociados, que prestan sus servicios a unos 120 usuarios repartidos por toda Extremadura desde sus sedes de Badajoz, Cáceres y Mérida.
Hay que luchar contra la intolerancia social de considerar asexuadas a las personas de edad avanzada, dice experta
La afectividad y sexualidad no es algo intrínseco a la juventud, sino que, bien al contrario, supone la plenitud del bienestar de las personas hasta la edad más adulta, y por tanto, hay que luchar contra la intolerancia social de considerar asexuadas a las personas de edad avanzada.
Es una de las conclusiones expuestas esta tarde por la directora médica del Hospital Santa Clotilde, Ana Rodríguez Valcarce, en el Centro Cultural Madrazo, dentro del ciclo de charlas-coloquio ‘Caminando por la vida con salud’, organizadas por el Ayuntamiento de Santander y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria ‘Gregorio Marañón’.
Para la doctora Rodríguez Valcarce «hay que huir» del estereotipo de la sociedad actual que liga conceptos como belleza, juventud y sexualidad, como también del denominado «viejismo» que conduce, en muchas ocasiones, a los prejuicios e intolerancia social, familiar o institucional, «al considerar asexuadas a las personas de edad avanzada, algo contra lo que hay que luchar», ha dicho.
Por ello, según ha insistido, «reducir la sexualidad solo a la genitalidad es una simplificación, porque la afectividad y las relaciones personales requieren una mayor plenitud». La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como une estado completo en todas las necesidades, para conseguir una mayor calidad de vida y bienestar pleno.
Entre las recomendaciones para una vida plena en salud, desde todos los puntos de vista, también el afectivo y sexual, la presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Cantabria considera que no hay un único modelo de relaciones, que éstas se pueden iniciar en cualquier momento de la vida, que siempre hay que tener un cuidado con la autoprotección frente a las enfermedades de transmisión sexual y que, frente a cualquier problema o disfunción, es fundamental consultar al especialista médico.
Muere en Cáceres la primera persona por no disponer de ambulancia ni de servicio de urgencias
Tenía 70 años cuando sufrió su primer infarto. Hasta entonces, no había tenido problemas de corazón, pero en febrero de 2009 Antonio Moreno Barrado, un agricultor jubilado de Madroñera —localidad de unos 3.000 habitantes al este de Cáceres—, empezó a notar unos cosquilleos que luego identificaría como los previos a un ataque al corazón. El que sufrió el 28 de ese mes. Por la tarde, cuando avisó de que se sentía mal, un hijo suyo alertó al punto de atención continuada (PAC), que contaba con un equipo médico de guardia y una ambulancia para atender a cinco municipios con 4.500 habitantes. Tras recogerlo en su casa, le reanimaron y trasladaron a Trujillo (a 14 kilómetros, donde está el centro de referencia) y, de allí, al hospital de Cáceres. Se recuperó. Pero esa buena noticia no pudo repetirse el pasado 3 de septiembre, cuando sufrió un nuevo infarto. Con el PAC cerrado y sin ambulancia, su hijo decidió llevarlo directamente en su coche a Trujillo. No aguantó los 20 minutos de distancia. Falleció por el camino.
“Quizá el final hubiera sido el mismo, pero siempre nos quedará la duda de si se podría haber salvado”, explica José Moreno, otro hijo que vive en Alcalá de Henares (Madrid). Sin querer hacer “un circo” de la muerte de su padre, Moreno explica su rabia porque este perdiera la vida sin la atención médica que apenas tres meses antes hubiera recibido. Insiste en que no se puede culpar de la muerte de su padre al cierre del PAC, contra el que el pueblo —como otros 14 municipios extremeños que en junio de 2011 se quedaron sin centros similares, y nueve más en los que se han reducido los horarios— se ha movilizado intensamente, pero también recalca su indignación: “No podemos saber si habría muerto igual, pero al menos hubiera estado atendido por profesionales, no en un coche particular, en brazos de un familiar”.
El fallecido superó otro ataque en 2009 tras ser atendido en Madroñera
El Servicio Extremeño de Salud no recibió denuncias por este caso, pero informa que se cumplieron “convenientemente” los tiempos establecidos por ley en el acceso a una urgencia (un máximo de 30 minutos). Y señala que el tiempo de desplazamiento de Madroñera a Trujillo son 17.
La familia Moreno no denunció el fallecimiento porque no culpa directamente al cierre del PAC. “Lo que me da rabia es que jueguen con la salud de las personas y estén recortando los servicios básicos, además, sin dar ejemplo y sin que dejen de saltar casos de corrupción”, recalca Moreno. Además, recuerda que este “pasó toda la vida cotizando a la Seguridad Social hasta que se jubiló, a los 65 años, y empezó a trabajar en su infancia”.
La Junta de Extremadura anunció el cierre de las urgencias rurales en 15 municipios —entre ellos, Madroñera—, que daban servicio a otros muchos de su entorno, a finales de mayo del año pasado, poco antes de ejecutarlo, el 1 de junio. La medida despertó significativas movilizaciones entre los afectados, que en algunos casos siguen activas, como ocurre precisamente en el municipio del fallecido. “No entendemos que supriman un servicio cuando ni siquiera les supone ahorro, ya que simplemente han trasladado al personal (un médico y un enfermero) y la ambulancia a Trujillo”, explica Isabel Moza, miembro de la plataforma ciudadana contra el cierre del PAC de Madroñera.
Extremadura ha cerrado las urgencias rurales en 15 municipios
El Ejecutivo liderado por el popular José Antonio Monago proclama que “la organización de los recursos sanitarios no puede ser rígida”. Antes de tomar la medida, afirma que constató en un estudio que el 33% de los centros afectados no tenía actividad nocturna o registraba una media de dos pacientes a la semana. Ahora, apenas seis meses después, está preparando un informe sobre la modificación horaria de los 21 centros afectados que espera culminar antes de marzo, sin descartar que algunos PAC puedan recuperar su horario. “Posibilidad siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria”, advierte. El cierre de los PAC ha sido una de las medidas más criticadas por el PSOE e IU, cuya abstención posibilita el Gobierno del PP en la región.
El hijo del fallecido en Madroñera espera que la historia de su padre pueda contribuir a que se replantee esta decisión. “Si sirve solo para salvar una vida en 20 años, por tener unas urgencias cerca, habrá merecido la pena”, proclama. “Nosotros mantenemos la petición de reapertura y no paramos de organizar actividades —la última, un calendario reivindicativo que parodia la pérdida de las urgencias—; todo el pueblo se ha unido”, señala Moza.
Europa pone en marcha un proyecto creado por una empresa española para promover el antienvejecimiento activo y saludable
Europa va a poner en marcha el Proyecto Ecosistema Social para el Envejecimiento, la Capacitación y el Bienestar (SEACW, por sus siglas en inglés), liderado por la empresa española Áliad, con el objetivo de promover el antienvejecimiento activo y saludable entre la población.
En el proyecto participan ocho socios de cinco países europeos –Bulgaria, Francia, Italia, Malta y España–, está financiado por el Programa CIP-ICT-PSP de la Comisión Europea y tiene una duración de dos años, hasta el 4 de febrero de 2015.
SEACW va a crear un punto de encuentro en Internet para todos los interesados en el envejecimiento activo y saludable. Un ambiente «atractivo y acogedor» que busca la inclusión social de las personas mayores, la cooperación intergeneracional y el aumento de la esperanza de vida saludable, a la vez que un «nuevo panorama» de servicios sostenibles en una nueva sociedad.
Asimismo, el Ecosistema contendrá la alfabetización digital, cursos específicos y la información, todo ello basado en tecnologías de código abierto de Internet, aplicaciones móviles o en redes sociales. Todo ello, con el fin de que tanto las personas mayores como el resto de la sociedad puedan contribuir a estos objetivos.
Asunción Sánchez Zaplana tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer que el departamento que dirige desde diciembre tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses, aunque prefirió no «garantizar» una fecha hasta que no finalice la negociación que mantiene con la Conselleria de Hacienda.
«Creo que en dos o tres meses vamos a tener respuestas para todos los colectivos. Es lo que creo, pero no lo puedo garantizar hasta que no acabe de trabajar con Hacienda», explicó la titular de Bienestar Social, quien destacó el desembolso de 32 millones realizado por el departamento que dirige el pasado mes de enero, como pago de parte de las deudas que arrastraba con los centros.
Así se mostró ayer Asunción Sánchez Zaplana durante su visita al centro de personas con discapacidad psíquica Camp Santa Faz de Alicante, que depende íntegramente de la Generalitat, atiende residencialmente a 90 personas, con 69 plazas más del centro de día y está especializado en personas adultas con discapacidad psíquica profunda y severa. Durante el recorrido oficial, la consellera señaló que «una de las prioridades» del Consell es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
La consellera -exconcejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante- también se mostró contraria a la eliminación de programas de atención básica hacia los colectivos más vulnerables pese al recorte presupuestario del 9%. «Vamos a intentar que el descenso en el presupuesto afecte lo menos posible. Trabajamos para ser capaces de mantener el 100% de la atención. Nuestro objetivo es priorizar la atención a discapacitados y dependientes. Por ello, en este 2013, pido un esfuerzo a los centros», afirmó Sánchez Zaplana, quien matizó que, en caso de prescindir de alguna actuación, estaría relacionada con algún programa «complementario».
“El Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció hoy el “desmantelamiento” que a su juicio está sufriendo el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.
La organización indicó en una nota de prensa que el sistema de atención a la dependencia ha perdido 4.524 beneficiarios, según los datos publicados por el Gobierno.
La coordinadora critica que “se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia, ya que desde hace seis meses no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, bajan las solicitudes, los dictámenes de atención a grandes dependientes”.
Por otro lado, augura que “el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”.
Solo en este último mes, informó la coordinadora, se han cerrado 494 plazas de residencia, 67 de centro de día, 834 de ayuda a domicilio y 1.488 de teleasistencia, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además, 3.905 cuidadores familiares dejaron de recibir una prestación económica y 1.621 se han dado de baja en el convenio especial de laSeguridad Social, con la consiguiente desprotección y pérdida de todo derecho básico.
Asimismo, la coordinadora afirma que “se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que se conceda un menor grado de dependencia y, por tanto, reducir los costes».
Fundación Matía recibe el Premio Internacional Navarra de atención a la Dependencia
La Fundación Matía/Matia Fundazioa de San Sebastián ha resultado galardonada con el Premio Internacional Navarra de atención a la Dependencia.
En un comunicado, la Fundación ha explicado que el Gobierno de Navarra y la Fundación Caja Navarra reconocen con este premio su contribución a «la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes».
Matia Fundazioa ha sido distinguida por la labor de su Unidad de Ortogeriatría, puesta en marcha en el año 2010 en colaboración con el Gobierno Vasco con el fin de mejorar uno de los síndromes geriátricos que mayor dependencia generan, las caídas y fracturas de cadera. La unidad pretende alcanzar una mejoría funcional y la readaptación de las personas mediante la rehabilitación, la prevención de nuevas caídas y sistemas de innovación en el envejecimiento.
El Premio Internacional Navarra de Atención a la Dependencia fue instituido en 2010 como un reconocimiento a las personas o entidades que impulsan prácticas innovadoras, investigaciones relevantes y otras iniciativas para la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, bien sean personas mayores o con algún tipo de discapacidad.
Un matrimonio de jubilados se suicida cuando iban a desahuciarles en Mallorca
Un matrimonio de jubilados se ha suicidado en su vivienda de Cas Català, en el municipio mallorquín de Calvià, después de recibir el aviso de que iban a ser desahuciados del domicilio por impago, según han dejado escrito en una carta.Fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del caso, han confirmado a Efe de que la pareja explica en una nota que habían tomado la decisión de suicidarse acuciados por la pérdida de su casa.
Uno de los hijos del matrimonio ha encontrado sin vida al hombre, de 68 años, y a su esposa, de 67, en su vivienda de la calle Barranc de Cas Català en torno a las 14.20 horas, y ha avisado a los servicios de emergencias.
En un primer momento se han desplazado hasta el lugar personal sanitario y bomberos, pero solo han podido constatar el fallecimiento de la pareja.
Según los primeros indicios, los jubilados se han suicidado mediante una ingesta masiva de medicamentos, aunque como es preceptivo se les practicará la autopsia para determinar con exactitud las causas del fallecimiento. El servicio de coordinación de emergencias 112 ha puesto un psicólogo a disposición de la familia.
Bienestar Social de Valencia dice que «ha duplicado» en diez años la inversión para atender a personas con discapacidad
La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha subrayado este lunes que el Consejo «ha duplicado» en diez años la inversión destinada a atender a las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, al haber pasado de 88 millones de euros en 2003 a 150,9 en 2013, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Camp Santa Faz, en Alicante, donde ha afirmado que «una de las prioridades» del Gobierno valenciano es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
A lo largo de su intervención, ha explicado que la provincia alicantina dispone de 84 centros para atender a personas con discapacidad –de los cuales 76 son recursos específicos en la asistencia de carácter psíquico–, con un total de 3.577 plazas, de las que la Generalitat financian 2.897.
En cuanto a las instalaciones de titularidad pública que ha visitado en la ciudad, ha explicado que disponen de 90 plazas residenciales y 69 de centro de día, en las que se atiende a personas con discapacidad psíquica profunda y severa.
La consejera ha indicado que su departamento destinó el pasado año cerca de 5,8 millones de euros a este centro, que cuenta entre sus servicios con una sala de estimulación multisensorial que favorece la asistencia a los usuarios que presentan patologías físicas y altos niveles de dependencia. Por su parte, en el centro de día se realizan talleres de alambre, cerámica, madera, carpintería, avalorios y batuca.
«PROFESIONALIDAD» Y «VOCACIÓN»
En este sentido, ha trasladado su felicitación al personal de Camp Santa Faz por el «magnífico» trabajo que llevan a cabo «en beneficio de las personas que necesitan de cuidados especiales», y ha agregado que en los citados empleados «no solamente prima su profesionalidad, sino también su vocación».
«Disponemos de una amplia oferta de servicios para cubrir las necesidades específicas de cada usuario y de sus familias, ya que la red de recursos para personas con discapacidad psíquica está formada por centros de Atención Temprana, centros de Día, centros ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas», ha manifestado Sánchez Zaplana.
Grupo Ballesol recauda 4.000 euros para los niños y adolescentes enfermos de cáncer de la Fundación Aladina
Grupo Ballesol, empresa dedicada a la prestación de servicios asistenciales y residenciales para la tercera edad, ha recaudado 4.000 euros para la Fundación Aladina para cubrir las necesidades de los niños y adolescentes enfermos de cáncer y de sus familiares.
Los centros residenciales Ballesol y las personas mayores que acuden a ellos han sido los encargados de conseguir este dinero a través de la venta de objetos como pañuelos, muñecos de papel o monederos de cartón elaborados por ellos en los talleres de ‘Laborterapia’ de los centros, que posteriormente vendieron en los Mercadillos Solidarios.
La directora de la Fundación Aladina, Isthar Espejo, ha manifestado que este dinero «es un motivo más para que los niños enfermos de cáncer no pierdan la sonrisa». Además, ha indicado que lo recaudado servirá para mejorar las instalaciones de la fundación, adquirir pelucas para los enfermos de cáncer del Hospital Niño Jesús de Madrid y comprar ordenadores.
Telefónica y SARquavitae desarrollarán un servicio de teleasistencia de nueva generación
Telefónica y SARquavitae se han unido para desarrollar un servicio de teleasistencia de nueva generación en España por el que esperan ofrecer soluciones en este ámbito.
Así, y mediante la firma de este acuerdo, se ha combinado «el liderazgo de Telefónica en el campo de las tecnologías aplicadas a la salud y los cuidados sociales, y la experiencia de SARquavitae, en la prestación de servicios y atención sociosanitaria, indican desde ambas compañías.
Con esta unión, las dos entidades pretenden garantizar «el acompañamiento para todas las personas con necesidades asistenciales, tanto en el ámbito del domicilio como fuera de él». Para ello, han sellado esta colaboración el director de Nuevos Negocios Digitales de Telefónica España, Francisco Salcedo; y el consejero delegado y director general de SARquavitae, Jorge Guarner.
Además, este servicio de teleasistencia pretende facilitar «el acceso a todos aquellos usuarios y familiares que necesitan seguridad, control y asistencia, preservando su autonomía, su independencia, y su total movilidad», indican. En pro de conseguirlo, también se ha unido a este proyecto ATAM, asociación del Grupo Telefónica para la atención de personas con discapacidad y/o dependencia.
La teleasistencia de nueva generación es un servicio preventivo de asistencia «inmediata y permanente» que satisface y moviliza los recursos necesarios en caso de situaciones de necesidad o emergencia las 24 horas, los 365 días del año, señalan. Añadido a ello, «es capaz de detectar caídas, detectar situaciones de desorientación e, incluso ofrecer un seguimiento proactivo que garantice el máximo cuidado», sostienen.
Los colectivos a los que está dirigido son «personas mayores, dependientes o con discapacidad, enfermos crónicos, trabajadores solitarios, deportistas en áreas abiertas y víctimas de violencia de género que necesiten sentirse siempre protegidos», concluyen desde Telefónica y SARquavitae.
El Gobierno de Aragón garantiza la financiación de la teleasistencia que el IMSERSO ha dejado de aportar
La directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín, ha informado en la reunión con técnicos de las Diputaciones y Ayuntamientos con motivo de la prestación del servicio de teleasistencia, que el Gobierno de Aragón aportará la cantidad que el IMSERSO ha dejado de abonar para este año y así asegurar este servicio que utilizan 16.657 aragoneses.
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, anunciaba el pasado mes de diciembre de 2012 en las Cortes de Aragón, que el Gobierno garantizaría la financiación de la teleasistencia, tanto para personas dependientes, como no dependientes.
En la actualidad se trabaja en la orden que regula el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia en el marco de la atención a la dependencia, del que hasta ahora no formaba parte, que armoniza y homogeneiza unos mínimos básicos, y ya se han iniciado las conversaciones con las entidades locales que, hasta ahora, prestaban la teleasistencia fuera del ámbito de la dependencia.
Además, en la reunión de este lunes del Gobierno de Aragón con las Diputaciones provinciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza se han emplazado a trabajar técnicamente para concretar un servicio con un común denominador en cuanto a la calidad y al servicio en todas las provincias, ha informado el Gobierno de Aragón en un comunicado.
En la reunión también se ha trabajado en buscar una fórmula en la que «todos los aragoneses tengan las mismas posibilidades de entrada para recibir el servicio de teleasistencia domiciliaria».
Este servicio es un recurso que permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida de los usuarios.
El Govern de la Generalitat formará para detectar el maltrato a gente mayor
La Conselleria de Bienestar Social y Familia pone en marcha este mes de febrero cursos de formación a profesionales de los ámbitos social y de la salud, entre otros.
Lo hace para detectar e intervenir en situaciones de maltrato a gente mayor. Según ha informado el departamento en un comunicado este domingo, se trata de dos cursos que empezarán el 14 de febrero en el Consell Comarcal del Montsià (Tarragona), y durante la siguientes semanas continuarán en demarcaciones como Lleida, el 26 de febrero, y Girona, el 1 de marzo.
El primer curso, de cinco horas de duración, se centra en la detección de maltratos a personas mayores, y el segundo, de veinte horas, en la intervención en situaciones de maltrato.
La formación está dirigida al personal que tiene una relación directa con personas mayores, como responsables de ‘casals’, trabajadores, familiares y personal de residencias, mientras que la formación sobre intervención también está dirigida al equipo directivo y técnico de los servicios sociales de las distintas administraciones.
Los cursos, que se llevan a cabo con la colaboración de la Obra Social La Caixa, reforzarán la difusión del protocolo de orientaciones de actuación contra el maltrato a persones mayores que el departamento presentó el pasado 20 de julio, y el encargado de impartirlos es el Equipo para la investigación del Maltrato del Anciano (EIMA).
El Departamento de Bienestar Social y Familia y la Obra Social ”la Caixa” inauguran en Girona la ampliación de la Residencia Els Roures y el nuevo Centro de Día para personas con discapacidad intelectual
- Los gerundenses cuentan con un nuevo centro de día para personas con discapacidad intelectual que complementa la Residencia Els Roures. Este equipamiento también ha sido remodelado modernizando y adaptando sus instalaciones para una mejor atención a los usuarios.
- La Residencia Els Roures fue inaugurada en 1992, y con la actual remodelación y ampliación desea consolidarse como centro especializado de referencia. En la actualidad atiende a 84 personas con discapacidad intelectual: 72 de ellas viven en la residencia y 12 se desplazan hasta la misma para realizar actividades diurnas en el Centro de Atención Especializada (CAE).
- Las reformas de esta parte del Consorcio Sant Gregori han sido financiadas por el Departamento de Bienestar Social y Familia y por la
- Obra Social ”la Caixa”. Las obras, iniciadas en septiembre de 2010 y finalizadas a finales de 2012, han supuesto un coste total de 3.774.072 euros.
Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña; Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia; Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”, y Jordi Nicolau, director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, han inaugurado esta mañana la remodelación de la Residencia Els Roures y el nuevo Centro de Día Els Roures de Girona. También han asistido al acto Esther Planas, subdirectora general de la Fundación ”la Caixa”, y Anna Solés, gerente del Consorcio Sant Gregori.
La Residencia Els Roures
Inaugurada en 1992, la Residencia Els Roures cuenta con más de 1.600 metros cuadrados y ha sido remodelada de forma integral para la modernización y mejora de la distribución de los espacios existentes, favoreciendo así el confort de sus usuarios. En la actualidad atiende a un total de 72 persones con discapacidad intelectual grave o muy grave y necesidad de ayuda externa. Las 60 plazas de las que dispone la residencia han sido divididas en cinco unidades de convivencia concebidas para 12 personas cada una que cuentan con apoyo generalizado para la atención de problemas graves de salud y de conducta.
Todas las unidades de convivencia presentan el mismo programa funcional: están proyectadas como hogares familiares reducidos con un máximo de 12 residentes, y cuentan con recibidor-distribuidor, cocina americana, sala de estar – comedor, dormitorios, baños completos y zonas de limpieza, ropa limpia y ropa sucia. Además de las estas 60 plazas, la residencia dispone de una unidad diferenciada situada en otro edificio del complejo que cuenta con 12 plazas más para adultos.
El Centro de Día Els Roures
Este edificio de nueva construcción cuenta con 1.197 metros cuadrados y está distribuido en dos plantas donde se realizan actividades estrictamente diurnas. Dispone de sala de hidroterapia, aula de motricidad, aula de estimulación sensorial, aula de arteterapia, sala para cuidados personales y un espacio para los educadores con vestuarios y baños completos.
En este equipamiento también se halla el Centro de Atención Especializada (CAE), con capacidad para atender a 12 usuarios, externos a la residencia, que realizan en él actividades diurnas. En total, el Centro de Día atiende a 84 personas adultas con discapacidad intelectual: los 72 usuarios que viven en la residencia y otros 12 que se desplazan hasta el mismo para las actividades.
El Consorcio Sant Gregori
El Consorcio Sant Gregori está constituido por el Departamento de Bienestar Social y Familia, la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Privada Joan Riu. Además de la Residencia y el Centro de Día Els Roures para personas con discapacidad intelectual,
el Consorcio también gestiona la Escuela de Educació residencia infantil Joan Riu y el CAD (servicio de orientación y valoración del Centro de Atención a la Discapacidad). El principal objetivo del Consorcio Sant Gregori es velar por el bienestar de sus usuarios, así como trabajar para la mejora continua tanto en lo referente a las metodologías empleadas como a las instalaciones.
Para más información:
Departamento de Comunicación ”la Caixa” en Girona
Ester Hernández: 972 413 115 / ester.hernandez@lacaixa.es
Departamento de Comunicación Obra Social Fundación ”la Caixa” Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es
Sala de Prensa Multimedia
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Oficina de Comunicación del Departamento de Bienestar Social y Familia 934 831 518 / oficinapremsa.benestar@gencat.cat