Muchos pensionistas han dejado las residencias desde el inicio de la crisis económica. Es un goteo de abandonos, forzados por la precariedad económica familiar, que deja en suspenso el concepto de jubilación dorada que se había consolidado en las últimas dos décadas. (La vanguardia)

Carmen llevaba varios años en un geriátrico. Se encontraba bien allí, pero se ha ido a vivir al piso que aún conservaba con su hija. Esta, separada y con una niña, se quedó en el paro y sin recursos para subsistir. Viven de los 1.100 euros de pensión de la abuela mientras la madre no consiga un empleo.

Como esta señora de Valencia, muchos pensionistas han dejado las residencias de la tercera edad desde el inicio de la crisis económica. Es un goteo de abandonos, forzados por la precariedad económica familiar, que deja en suspenso el concepto de jubilación dorada que se había consolidado en las últimas dos décadas.

Carmen podría ser un ejemplo. Aún con buena salud, se había ido a la residencia tras enviudar y con las hijas independizadas. Ahora, ha reconocido a la directora del geriátrico que no se arrepiente de haberse ido para ayudar a su hija pero que se ve atrapada de nuevo en unas obligaciones de las que ya se había liberado, como atender la casa o a la nieta, mientras su hija busca trabajo.

Hay situaciones peores: a otra señora valenciana que requiere estar en cama, su hija se la llevó de la residencia porque la familia necesita la pensión para llegar a fin de mes. Isabel, enfermera especializada en geriatría que trabaja en un pequeño municipio del área de Barcelona, cuenta que una familia se interesó por ingresar a una anciana en el centro de día que tiene su residencia. Fue a su casa y se encontró con una pareja de unos 50 años que convivía con cuatro ancianos (los padres de él y la madre y la tía de ella). A dos los habían ido a buscar a un geriátrico de Alicante. “No sé qué suma mensual reunían con las cuatro pensiones, pero vivían en condiciones precarias, la mujer se quejaba de que tiene mala salud y le resulta difícil cuidar de los jubilados. Una era muy dependiente”, explica.

“Hasta cierto punto no es ético, si esa persona está mejor en una residencia, tenerla en casa, pero si hay una necesidad en la familia, los mayores estamos ahí para ayudar, lo que pasa es que de repente nos hemos convertido en un importante colchón –y el Gobierno lo sabe–. No sólo se saca a la abuela de la residencia, quienes viven en casa acogen a hijos en paro y nietos, sufragan gastos familiares y a veces hasta acogen a los nietos cuando los padres se van a buscar trabajo a otra ciudad”, señala Luis Martín Pindado, de la Unión Democrática de Pensionistas, UDP. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en el 27% los hogares en que la mayor aportación económica es la del pensionista.

En residencias consultadas de distintos puntos de España se desgranan historias de jubilados que se han ido para ayudar con su pensión a la subsistencia de la familia. José Alberto Echevarría presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), patronal de residencias no públicas cuantifica este abandono de los geriátricos en más del 12% de las plazas. “Hay 25.000 plazas vacías por esta razón, que se suman a otras tantas desocupadas”, dice.

La situación ha empeorado en el último año, aún más desde el verano. La marcha de residentes para sostener económicamente a la familia se suma a la de quienes cambian a un centro más barato buscando ahorrar algo más de dinero o a los que deben dejar el geriátrico porque no les llega el dinero para pagar la cuota mensual al haber menguado la liquidez familiar o haber reducido o hasta suspendido la administración algunas ayudas.

Además, son muchos los jubilados que ya no ingresan en una residencia para no gastar en ello su dinero, porque con su pensión y otras prestaciones contribuyen ya a mantener a la familia, porque esperan plaza en un centro público (hay largas esperas) y no pueden costearse uno privado o porque esperan recibir la prestación de la ley de Dependencia.

Hay que pensar que muchas personas que van a un geriátrico tienen una dependencia que dificulta que puedan vivir de forma autónoma en casa. Y Echevarría recuerda que de casi un millón de personas reconocidas por la ley de Dependencia con derecho a prestación, 200.000 aún no la cobran. Aparte, otras 600.000 personas esperan a ser valoradas y reconocidas.

Directores de residencias, como Mónica Peláez, de Sanitas Residencial Altanova, centro privado de Barcelona,  confirman que menos personas se interesan por una plaza y que cada vez más los residentes que llegan tienen mayor necesidad asistencial, por deterioro cognitivo sobre todo.

Las residencias han visto reducirse las tarifas que les paga la administración por plazas concertadas o el número de estas y les retrasan los pagos. Todo unido las aboca a una situación crítica, dice Echevarría. “Se puede decir que el sector –300.000 trabajadores, 4.000 centros privados y concertados, aparte de unos 1.500 públicos– está en quiebra. Van cerrando residencias y la previsión para 2014 no es mejor –afirma–. Se han hecho grandes inversiones que se dejan languidecer. La administración no es receptiva, aunque debe hacer algo porque esto es la muerte del sistema. Y lo peor es que no somos un sector de gasto perdido, generamos retorno en impuestos y cuotas de la seguridad social, generamos empleo, los jubilados consumen”…

Cinta Pascual presidenta de la patronal Associació Catalana de Recursos Asistencials (ACRA), añade que los pensionistas se van incluso de residencias públicas, lo que demuestra los apuros económicos de algunas familias.

“La mayoría de las personas que vienen a residencias hoy es porque necesitan cuidados que en su casa no pueden recibir. Si vuelven a casa, ¿qué atención tendrán? Aunque la familia ponga buena voluntad es probable que no sea la adecuada. Es una situación preocupante, trágica para las familias”, dice Echevarría, quien cree que repercute en un mayor gasto sanitario, porque los ancianos van más al médico. “Así que en gasto social, no se ahorra nada”, asegura.

Una trabajadora social de una residencia de Jaén lo ejemplifica: una residente que requería estar en cama y sondada se fue con su hija porque los 900 euros de pensión garantizaban la supervivencia familiar. “No sabemos cómo está atendida en casa, pero sí hemos sabido que va a menudo a urgencias”, dice.

La marcha de residentes plantea dilemas éticos en los centros, sin duda también en las familias, pues desde los geriátricos y asociaciones de jubilados se repite que nadie quiere contar su caso porque a nadie le gusta vivir de la pensión de la abuela. “Si viene un hijo o una hija y dice que debe llevarse al padre o la madre y es una familia que mantiene una relación estrecha con el abuelo, piensas que es una pena, que no tienen más remedio y que al menos el abuelo estará en familia, aunque el cariño no baste para cuidarle bien. Pero hay casos en que piensas ¡es imposible que esté bien en casa, si su familia no le visita ni por su cumpleaños!”, señala Pascual.

Algunas residencias han arbitrado comités éticos para evaluar los casos más preocupantes o avisan a los servicios sociosanitarios del barrio donde vivirá el residente para que hagan seguimiento. Pero la decisión la tienen el residente y su familia. Y los expertos en geriatría recuerdan que los ancianos son fácilmente manipulables y que la frontera entre la ayuda y el abuso económico es a veces difusa.

“Hay casos tremendos, abuelos que nos han pedido consejo, preguntan si están obligados a atender económicamente a los hijos. Nosotros estamos para una necesidad, no para pagar caprichos. Y, en cualquier caso, ayudar debe ser una elección del abuelo”, señala Francisco Muñoz, presidente dela Asociaciónde Abuelos y Abuelas de España.

“Antes había mucha gente mayor a la que los hijos les complementaban la pensión, ahora es al revés”, corrobora Susanna Roig, responsable de atención a la tercera edad y dependencia en Cruz Roja de Catalunya. Y ello, en muchos casos, con pensiones bajas. En esta institución, si antes se primaban los programas de apoyo para que los jubilados vivieran autónomos en su casa, ahora han debido reforzar los de cobertura de necesidades básicas y a menudo se beneficia de la ayuda toda la familia.

“La verdad es que es un dilema ético: ¿Hay que vivir del dependiente? ¿Los recursos para la dependencia deben ser para esto? Si se dan estas situaciones, ¿no deberían habilitarse ayudas especificas?”, cuestiona Cinta Pascual.

“La ayuda no puede ser por contrato, todo va mejor si hay cariño”, dice Muñoz. Pero incluso cuando los abuelos son queridos, es difícil cuidarlos si padecen enfermedades discapacitantes y hay problemas de convivencia (por los espacios de la casa, los horarios, discrepancias sobre la educación de los niños…)

Tanto desde las entidades de voluntarios que apoyan a las familias como desde las asociaciones de tercera edad se constata que los jubilados sufren una mayor carga psicológica (y hasta física, si pueden asumir tareas) y se angustian por los problemas de los hijos y los nietos. Muñoz explica que siempre aconsejan a los abuelos que van a convivir de nuevo con hijos y nietos que no olviden que sus vástagos ya no son unos adolescentes, sino adultos. Aunque la pensión del abuelo sea el principal ingreso, no es el cabeza de familia.

Gerardo Meil, catedrático de Sociología dela Universidad Autónoma de Madrid, reconoce que la convivencia forzada aumenta la tensión familiar “como un reflejo de la frustración de las expectativas y las relaciones interpersonales”. “Lo mejor es poner unas reglas, aunque no sean escritas y ver la situación como un fracaso del sistema, no personal, hay que pensar ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘pasemos el mal trago juntos’’’’’’’’’’’’’’’’”, recomienda Muñoz.

Para Meil, estas situaciones familiares son “una estrategia de supervivencia” por la crisis y no cree que reflejen una tendencia real a “privatizar” el cuidado de los ancianos. Recuerda que la tendencia general a que el jubilado autónomo viva en su casa (con un cuidador si hace falta) y si se siente solo o cuando se hace más dependiente, vaya a una residencia, era una pauta ligada a otros cambios familiares progresivos como la incorporación de la mujer al mercado laboral en la sociedad de consumo. Esta evolución histórica se ha roto con la crisis, pero cree que sólo de forma transitoria. Con todo, admite “un cierto riesgo de que las políticas públicas pierdan la sensibilidad social que, por ejemplo, alumbró la ley de Dependencia” y se intente que las familias se hagan cargo de los jubilados como décadas atrás.

Todas las opiniones convergen en que se dejan en suspenso años de lucha social y de trabajo para dignificar la tercera edad, para construir la llamada edad dorada, extender la autonomía de los mayores, el envejecimiento activo con la participación social, el ocio… “Hay crisis, la situación es excepcional –reflexiona Cinta Pascual–, pero la tercera edad sólo en los últimos años había logrado levantar cabeza, una cierta comodidad, y ahora se vuelve a lastrar a personas que ya han dado mucho”.

“Los últimos años, en general, había cuajado la idea, al llegar a la vejez, de ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘tenemos la familia asentada, la vida solucionada, toca disfrutar un poco de la que queda’’’’’’’’’’’’’’’’. Eso se acabó”, sentencia Francisco Muñoz. “Volvemos atrás, quizás 20 años, lo cual hace que la mayor esperanza de vida, que es otro gran logro social, no sirva de tanto”, concluye Luis Martín.

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