Dependencia
Más de 9.300 cuidadores dejan de cotizar por los recortes en dependencia
Los recortes en materia de dependencia se han llevado por delante las cotizaciones de más de 9.300 cuidadores no profesionales en la provincia. La decisión del Gobierno hace poco más de un año de dejar de financiar las cuotas de estas personas, en su mayoría mujeres, ha provocado que vuelvan a engrosar las listas del paro. Así, las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que a fecha de 30 de noviembre de 2013 sólo había 732 cuidadores afiliados en Málaga, frente a los 10.131 que estaban dados de alta en octubre del año anterior, justo antes de que entrara en vigor la medida del Ejecutivo.
Esto supone que apenas el 7% siguen cotizando para poder cobrar una pensión en un futuro, haciéndolo de su propio bolsillo. Al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado ‘invitó’ a los afectados a costearse sus cotizaciones extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%.
Pero son pocos los que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012, de 13 de julio- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían recibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad, que reciben más de 20.000 personas y que rondaba los 370 euros al mes, se vio reducida en unos 55.
Cobrar una pensión
La figura del cuidador no profesional es una de los recursos que la ley reconoce a los dependientes y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 20.000 en la provincia, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explica el presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que señala que los 732 cuidadores que continúan afiliados -654 mujeres y 78 hombres- lo hacen en su mayoría «porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación».
Para este especialista, la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone «la pérdida de un derecho subjetivo». Además, a su entender, «desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007». «Las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales», señala. «Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de mil millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres», denuncia Ramírez.
A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración. Tras Madrid (881) y Barcelona (2.038), Málaga es la provincia con más personas afiliadas como cuidadores en el ámbito familiar, aunque esta cantidad cae mes a mes desde noviembre de 2012.
Comunicado Edad&Vida: EN DEFENSA DE LA LEY
Ante las últimas noticias publicadas sobre la reciente aprobación de una modificación de la Ley de Servicios Sociales por parte del Parlamento Balear que establece “prioridad” en el caso de conciertos con la Administración Balear de unas entidades a través del denominado Concierto Social, sin tener que acudir dichas entidades a procedimientos competitivos, con formas de contratación no acordes con Ley de Contratos del Sector Público, la Fundación Edad&Vida se siente en la obligación de hacer pública su disconformidad ante dichos hechos y ante éstos declara que:
– En los últimos tiempos, algunas administraciones públicas vienen manteniendo formas de contratación directa con entidades sin ánimo de lucro, que sobrepasan ampliamente el espacio asignado para estas entidades en la Ley de Contratación Estatal, vulnerando con ello los sistemas generales de contratación que se basan en la aplicación de principios tales como publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, entre otros.
– En 2010, el Tribunal de Cuentas hizo una moción a las Cortes Generales, debido a unas alarmantes cifras de que en 10 años más de 32.500 millones de euros se habían convenido directamente, proponiendo la configuración de un marco legal adecuado y suficiente para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas y la adopción de las medidas necesarias para un uso eficiente de los recursos públicos que se canalizan por esta vía. Y todo ello, por varios motivos: porque estos convenios, por regla general, se celebran sin una norma habilitante específica, porque no se realizan actuaciones tendentes a dar publicidad o a promover la concurrencia y porque, bajo la apariencia formal de convenios de colaboración, se han tramitado auténticos contratos administrativos, eludiéndose así la aplicación de la legislación contractual.
– En Edad&Vida, fundación cuyos miembros se mueven por la mejora, promoción e innovación de la calidad de vida de las personas mayores, entendemos a la persona como eje de la atención social, lo que debe permitir concurrir a todos aquellos que, en igualdad de condiciones, sean capaces de ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios, en un proceso competitivo. Sólo esto permite a la administración tener garantía de calidaden la atención a las personas mayores, nuestra razón de ser.
– Desde Edad&Vida defendemos que todas las entidades deben someterse a procedimientos competitivos según la legislación en materia de contratación vigente y que, sólo un mejor resultado en ese proceso público, en igualdad de condiciones y sin discriminación por la naturaleza jurídica entre entidades, sea determinante en la adjudicación. No pedimos el compromiso de los responsables públicos, tan sólo exigimos el cumplimiento de la Ley en materia de contratación.
El servicio ‘+60’ mejora la calidad de vida de ancianos con respuesta rápida en caso de accidente doméstico
El servicio de emergencia personal ‘+60’, de la compañía de teleasistencia Tunstall Televida, pretende buscar mejorar la calidad de vida de las personas mayores poniéndoles en contacto en poco tiempo con cualquier profesional de la compañía, con un familiar o servicio de emergencia en caso de que la persona haya sufrido un accidente en su casa.
‘+60’ contiene un pequeño terminal de alarma conectado con la línea telefónica y un pulsador integrado en un collar, pulsera o llavero que permite poner en contacto al usuario con la central de asistencia de la compañía todos los días del año a cualquier hora. En el caso de que una persona de avanzada edad haya sufrido un accidente en su casa, la velocidad de respuesta es un aspecto «fundamental» para garantizar la seguridad de esta parte de la población.
De este modo, el sistema ofrece más seguridad a los ancianos que se encuentran solos en sus casas. En España, cada 30 segundos se produce un accidente doméstico, de los cuales el 80 por ciento son producidos por caídas, principalmente en el baño o en la cocina, según Tunstall Televida.
Este tipo de accidentes pueden estar causados por una mala iluminación de algunas zonas del hogar, alfombras, presencia de humedad o grasas, la utilización de productos de limpieza resbaladizos o falta de agarraderas en la ducha, señalan. Además, también apuntan que las caídas pueden ser propiciadas por pequeños despistes y a la falsa seguridad de un entorno conocido.
El servicio ‘+60’ resulta útil también al conocer que las personas mayores viven actualmente hasta los 80 ó 90 años y buscan ser más activas, tener una mejor salud y tener una mayor independencia, indica Tunstall Televida.
Madrid, asuntos sociales asegura que está al día con la ley de dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, aseguró este lunes que la región está al día con la Ley de Dependencia y dijo que Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley.
La Comunidad de Madrid emitió un total de 4.260 nuevos dictámenes sobre personas en solicitud de situación de dependencia entre mayo y diciembre de 2013, pasando de 167.854 expedientes en mayo a 172.114 a 1 de diciembre del año pasado, según datos del Sistema Nacional de Dependencia publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En un acto que se celebró hoy en la residencia de mayores Goya, el consejero valoró los datos publicados y subrayó que Madrid está a la cabeza de la prestación de servicios de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia.
En este sentido, manifestó que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo que la Comunidad de Madrid cree en la ley y en el espíritu de la ley y aseguró que la región está totalmente al día con la dependencia.
Asimismo, explicó que hemos hecho un gran esfuerzo y hemos simplificado el procedimiento administrativo de tal manera que con un solo acto valoramos y damos el PIA (programa individual de atención) y destacó que hemos hecho una encomienda de gestión a los ayuntamientos para que sean ellos mismos quienes realicen el informe social y el baremo de la dependencia de cada usuario para facilitar el proceso.
La atención a la dependencia seguirá en picado en 2014: 31.000 grandes dependientes menos
El pasado año ha sido probablemente el más duro para los dependientes y sus familias desde que la Ley de Dependencia se pusiera en marcha en el 2006. El Estado ha reducido el nivel mínimo un 13% (aporte a las CCAA), ha suprimido el nivel acordado (se perdieron 283 millones para atención a la dependencia), se ha reducido un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, se ha incrementado el copago de los enfermos, se ha eliminado la cotización a los cuidadores y se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios hasta 2015. Con este panorama, desde que Rajoy llegó a La Moncloa se han contabilizado 62.690 grandes dependientes menos en el sistema.
El año que acaba de comenzar no presenta mejores expectativas para aquellos que están pendientes de una valoración o que ya están dentro del sistema. En octubre de 2011, las personas dictaminadas con un grado III de dependencia (el mayor de todos, llamado ‘Gran Dependencia’, que supone que necesitan ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria varias veces al día con el apoyo continuo de otra persona para lograr autonomía) eran 433.290. En octubre de 2013 han bajado a 332.627 con 37.973 incorporaciones (antes de que se paralizaran), de manera que el total de grandes dependientes suma 370.600.
Estas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que se han perdido 2.588 grandes dependientes cada mes. De seguir la tendencia actual, en 2014 habrá 31.000 grandes dependientes menos, hasta quedar reducido su número a 340.000, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. «Esta reducción se explica básicamente por tres motivos: hay bajas por fallecimientos de las personas, estas bajas no se están reponiendo con nuevos usuarios atendidos y además en algunas comunidades se están realizando revisiones de grado a la baja«, comentaba José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación.
Las mencionadas revisiones de los dependientes han dado lugar enalgunos casos a una reducción de grado, algo que tiene su explicación en la necesidad de recortar las prestaciones económicas principalmente. Según los límites establecidos, un dependiente valorado con un grado III nivel 2 (existen tres grados de dependencia y cada grado se divide a su vez en dos niveles) podía llegar a percibir por cuidados familiares en enero de 2013 un máximo de 520 euros, que quedaban en 387 tras el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Rebajando un grado la valoración, el máximo a percibir sería de 337 euros al mes (268 tras la medida de julio), lo que supone un ahorro neto de 183 euros mensuales. Lo mismo ocurre con la prestación vinculada o con la ayuda a domicilio, en cuyo caso se reduciría el número de horas de ayuda.
«Es cierto que la rebaja de grado supone también una merma en la entrada de recursos estatales, pero les compensa. Por el dependiente de grado III nivel 2 con cuidados familiares la Comunidad Autónoma recibiría 231 euros al mes y una rebaja de grado supondría percibir únicamente 89 siendo grado II nivel 2. Esto con una merma de ingresos de 141 euros pero con cierta ‘ganancia’ neta mínima de 41 euros al mes que se acrecentaría en función del copago por parte del usuario en la prestación económica», explican desde la Asociación Estatal.
También la Administración General del Estado se beneficia de estas medidas, ya que reduce notablemente su aportación a las comunidades para la gestión de la dependencia. Si entre octubre de 2011 y febrero de 2012 debía transferirles 90 millones de euros por el nivel mínimo de las personas con grado III, desde julio de 2013 se ha reducido la cifra a menos de 70 millones, por lo que soncasi 25 millones de ahorro, «unos 23 si tenemos en cuenta ese 10% de grandes dependientes valorados pero sin Programa Individual de Atención (PIA)», comentan.
Lucha incansable
Pese a la pésima situación actual de la dependencialos actores sociales no han dejado de denunciar las medidas adoptadas y la manipulación de datosque dicen que lleva a cabo el Ministerio que ocupa Ana Mato y el IMSERSO, quien el pasado noviembre habría difundido unas estadísticas con un incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas. «Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las Comunidades Autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el “cambio de tendencia” desgraciadamente no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes. Es notorio que tras la supresión de los niveles, las personas dictaminadas con grado y nivel no pueden hacer sino disminuir su número a medida que se producen las bajas por fallecimiento. Por el contrario, los nuevos dictámenes (sólo de grado) son los que deberían mantener una línea ascendente. Si no fuera por lo dramático y serio del asunto,se podría decir que el IMSERSO ha “resucitado” este mes a más de 4.000 personas dependientes», decían desde la Asociación Estatal.
Precisamente para protestar por la suma de todo lo anterior, el pasado 20 de diciembre presentaron en el Congreso, junto con laCoordinadora Estatal de las Plataformas en defensa de las LAPAD,250.000 firmas para pedir al Gobierno que cumpla con la Ley de Dependencia. «Se está produciendo una derogación encubierta y una demolición controlada de la ley. En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, y en noviembre de 2013 se reduce a 940.642. En sólo dos años son 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones. Son 148 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy. El sistema tiene cuatro beneficiarios menos cada día en este periodo. Es inadmisible y cruel revertir esto con eufemismos como «mejora» o «sostenibilidad» del sistema o de la ley», concluye Ramírez.
Fundación Pilares edita un nuevo número de la colección Papeles de la Fundación con el título «Avanzar en Atención Gerontológica Centrada en la Persona» de Teresa Martínez Rodríguez
Documento pensado para facilitar el cambio de modelo en los centros de atención a personas mayores
Avanzar en Atención Gerontológica Centrada en la Persona. Agrupa un conjunto de instrumentos y documentos pensados para facilitar el cambio de modelo en los centros de atención a personas mayores. Se trata de una familia de herramientas sugeridas tras la revisión de distintas experiencias internacionales así como de los aprendizajes procedentes de diversas iniciativas puestas en marcha en nuestro país para avanzar hacia el logro de una atención orientada a las personas.
Este trabajo es una propuesta abierta y flexible que, como tal, irá generando e incluyendo diferentes metodologías y recursos que se consideren de interés para apoyar los procesos de cambio, ciertamente complejos cuando la organización procede de una cultura organizativa centrada en el servicio.
No es un método que deba ser conducido de un modo idéntico en todos los casos ni tampoco ofrece herramientas cuya aplicación excluya otras opciones. Propone una secuencia orientativa de intervención y distintos instrumentos de apoyo para lograr avanzar en algunos objetivos y temas esenciales en la aplicación de modelos de centros afines a la ACP en la que las organizaciones y equipos expresan tener mayores dificultades.
Esta obra de Teresa Martínez Rodríguez, da continuidad a la publicación de la misma autora La atención gerontológica centrada en la personal, e incluye dos partes:
La primera, Marco y fases para liderar un cambio de modelo presenta, como marco de partida el enfoque ACP y un modelo de atención que contempla un total de diez componentes. Además propone un orden secuenciado desde donde contextualizar los distintos instrumentos y metodologías incluidos en la familia Avanzar en AGCP.
La segunda presenta el Instrumento para la revisión participativa Avanzar en AGCP, herramienta que permite llevar a cabo una revisión participativa de los centros de atención a personas mayores. Ofrece para ello un manual explicativo de su aplicación y dos cuestionarios (versión residencias y versión centros de día) para ser auto-aplicados en cada centro mediante una revisión participativa en la que deben implicarse los diferentes profesionales. La versión completa de los dos cuestionarios puede ser descargada en: http://www.acpgerontologia.
Fuente: http://www.fundacionpilares.
Nueva sentencia para aplicar la Ley de Dependencia a internos en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina
Tras una tercera sentencia a favor de los residentes, familiares de personas que se encuentran en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina han creado una plataforma para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Junta.
Y es que las sentencias les dan la razón a quienes habían denunciado que están pagando una residencia pública como si fuera privada.
La plataforma ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera “improcedente” que los residentes de este centro, con los beneficios reconocidos de la Ley de Dependencia, paguen su plaza íntegramente como si fuera privada.
Se trata de una sentencia del mes de octubre, que se une a otra similar de mayo, en la que se falló de manera similar a favor de una persona interna en la residencia, y a otra en el mismo sentido de 2012.
Sentencia para todos
En la nueva sentencia se fija un criterio “extensible” a todos los afectados, que en Ávila podrían ser más de 40, por lo que algunos familiares han decidido adoptar las medidas necesarias para que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Las medidas incluirán el requerimiento para que se deje de cobrar como si estas plazas fueran privadas y se cobre únicamente el precio de referencia en cada caso.
Los promotores de la plataforma reclamarán la totalidad de las cantidades que cada residente ha abonado sin tener obligación a ello.
Según han asegurado en un comunicado, tienen constancia de que las administraciones central y autonómica han ingresado a la Diputación de Ávila “toda o parte” de las cantidades que correspondían a los residentes por aplicación de la Ley de Dependencia, aunque institución provincial no ha transferido esas cuantías a los beneficiarios ni se han aplicado a financiar el precio de la plaza residencial.
Consideran que, “de ser así, se habría producido un hecho gravísimo”, ante lo que consideran una posible “indebida retención”.
La Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Ley de Dependencia del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina anuncia denuncias ante los organismos e instancias judiciales, y han invitado a todos los afectaos a agruparse para “depurar responsabilidades”.
Coto a los dependientes más graves
La dependencia languidece en su séptimo aniversario entre recortes, copagos y reducciones de ayudas. Un ejemplo de ello es la caída del número de grandes dependientes reconocidos por la ley: desde junio de 2011, momento a partir del cual se registra un cambio de tendencia en negativo, el sistema ha perdido cada mes una media de 2.209; son 76 personas menos al día con el mayor grado de dependencia.
En total, la cifra de dependientes de grado III —aquellos que necesitan cuidados continuos para las actividades diarias más básicas— ha menguado en 64.083 personas en dos años y medio, de acuerdo con las últimas cifras publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta situarse en los 374.599. Son un 14,6% menos. Y ello a pesar del cambio de tendencia que se ha producido en los informes oficiales de los últimos dos meses, en los que, a contrapelo de los 27 meses anteriores, ha habido un aumento de grandes dependientes reconocidos. Lo que resulta muy sospechoso para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que no se lo cree: “No se han depurado todas las personas fallecidas en lo que parece una estrategia desesperada para ofrecer datos positivos a final de año”, denuncia esta entidad.
La caída en el número de grandes dependientes en el sistema es tan pronunciada que los datos de estos dos últimos meses apenas maquillan la magnitud del descenso. Lo mismo sucede con el hecho de que los datos de junio de 2011 aún no estaban depurados de las duplicidades que detectó en un informe el Tribunal de Cuentas. Esta institución identificó 13.418 expedientes que tenían errores con repercusión en las estadísticas del sistema de dependencia. Pero esto tampoco altera la dinámica regresiva que sufre la tasa de dependientes más graves. Incluso si estas repeticiones o casos de dependientes fallecidos solo afectaran a casos de grandes dependientes —lo que es virtualmente imposible—, la reducción en la atención a los beneficiarios más graves seguiría siendo muy abultada: 50.665 grandes dependientes menos (el 12%) desde mitad de 2011.
Este descenso se enmarca en el atasco que ha caracterizado a la ley a lo largo de los últimos meses. Parte de las autonomías no son capaces de cubrir las bajas que se dan por el fallecimiento de beneficiarios y de dar de alta a nuevas personas en el sistema porque no tienen fondos para asumir estas prestaciones, lo que resulta especialmente grave dadas las elevadas cifras de espera existentes. Los datos de finales de noviembre indican que hay
193.239 personas aguardando a acceder a unas prestaciones que les corresponden.
¿A qué obedece la disminución del número de grandes dependientes en el sistema? Para Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, uno de los motivos obedece a la aplicación del nuevo baremo que se emplea para valorar el grado de dependencia y que entró en vigor en febrero de 2012. Para Barriga, esta herramienta es más restrictiva que la anterior, lo que “dificulta la entrada al sistema de los grandes dependientes” y evita compensar las bajas que se van produciendo por fallecimientos con nuevas altas.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) —el organismo dependiente del ministerio que dirige Ana Mato encargado de gestionar la dependencia— no niega que la aplicación del baremo tenga que ver en la reducción del número de grandes dependientes. Pero rechaza que sea responsabilidad suya. “El baremo vigente lo aprobó el Gobierno anterior y lo aplican los profesionales. Este Gobierno no lo ha modificado en absoluto; si se reduce el número de grandes dependientes es por la aplicación de las comunidades autónomas del baremo”, comentan fuentes del Imserso.
A este aspecto se suma la “lentitud o ausencia de revisiones de los de grado II para pasarlos a III”, a juicio de Barriga. Es decir, el retraso en el reconocimiento de las personas que sufren un agravamiento de su situación y que evolucionan de un estado de dependencia severa a situaciones de gran dependencia.
Estos dos factores tienen implicaciones económicas directas. El Estado transfiere a las autonomías una suma por cada dependiente atendido. Pero esta cantidad no es igual si se trata de un dependiente con grado II o grado III. Según la última modificación del Gobierno —pendiente de cambiar en breve— , el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad paga a las autonomías 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. De esta forma, este dinero, el llamado nivel mínimo, se reduce si hay menos dependientes, en general, y si hay menos de grado III, en particular.
Hay otro motivo que explica la reducción del número de grandes dependientes, según comentan los especialistas en trabajo social. A pesar de que la tendencia natural es que a medida que los beneficiarios envejecen vayan perdiendo un mayor grado de autonomía y vayan necesitando mayor atención, algunas comunidades autónomas han procedido a revisar a grandes dependientes para rebajar su grado al considerar que se encuentran mejor.
Estos cambios, señalan desde las asociaciones de dependientes, suelen producirse en personas que reciben prestaciones económicas —las que implican una transferencia de dinero, no un servicio como la teleasistencia o una residencia— ya que el cambio de grado conlleva una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que paga las ayudas. En el caso de las prestaciones para el cuidado de familiares, las más frecuentes, la cantidad máxima de la ayuda (tras el recorte de julio de 2012) es de 387 euros al mes para un gran dependiente frente a los 268 euros de un dependiente de grado II. Un cambio de grado a la baja representa en este caso un ahorro de 1.428 euros al año por dependiente.
“Las revisiones se encuentran reguladas en la ley y las aplican las comunidades autónomas”, sostienen desde el Imserso. “El Gobierno no ha cambiado nada al respecto”, añaden.
El director del Imserso, César Antón ha hecho hincapié en distintas ocasiones en el, a su entender, elevado número de personas con gran dependencia que ha reconocido el sistema. Suele destacar, cuando se refiere a esta cuestión, que las estimaciones previas a la puesta en marcha de la ley calculaban unas cifras de unos 205.000 grandes dependientes cuando, a pesar del retroceso que se está produciendo en los últimos años, su número ronda los 370.000.
De mantenerse el mismo ritmo de caída que en la actualidad, en un plazo de poco más de seis años, menos del tiempo que la ley lleva en funcionamiento, el número de personas con una valoración de dependencia de grado III se situaría en las cifras a las que alude Antón.
El Ayuntamiento de Guadix reclama que se mantenga la ayuda a domicilio
El alcalde de Guadix, José Antonio González Alcalá, y la concejala de Servicios Sociales del consistorio accitano, M Carmen Alcalá, han manifestado hoy su adhesión a las declaraciones hechas por parte de la diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, en relación al Decreto de Exclusión Social de la Junta.
Según han explicado, desde el consistorio accitano se atiende a cien personas a través del citado Decreto, en su apartado de Ayuda a Domicilio. Precisamente la finalidad de esta medida es mantener la estabilidad laboral de las auxiliares de Ayuda a Domicilio, así como atender a aquellas personas que están pendientes de una resolución de la Junta con respecto a la Ley de Dependencia, puesto que es ella la que tiene competencias al respecto. Estas personas, que padecen lo que puede entenderse como una paralización encubierta de la Ley de Dependencia, son personas dependientes que se pueden atender a través de este Decreto mientras siguen a la espera de la resolución del recurso de Dependencia por parte de la Junta. Sin olvidar que a través de este Decreto sólo se pueden atender servicios de cuidados personales, lo que da una idea de la situación de dependencia de las personas beneficiarias.
M Carmen Alcalá destaca especialmente el buen trabajo de las profesionales de Servicios Sociales, con el que se ha hecho posible atender al mayor número de personas necesitadas de este servicio a pesar de la complejidad del Decreto y del escaso tiempo con el que se ha contado.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Guadix se pide a la Junta que agilice las resoluciones de la Ley de Dependencia, ya que es competencia exclusiva suya, y que entretanto se mantenga este Decreto que permite atender en Guadix a cien personas. «Han creado unas expectativas a familias en situaciones urgentes y necesarias, algunas esperando desde hace dos años una resolución de la Ley de Dependencia», ha señalado la concejala,al tiempo que ha destacado la importancia de seguir manteniendo la estabilidad laboral de las auxiliares de Ayuda a Domicilio.
Por su parte, el Ayuntamiento de Guadix mantiene su ayuda a domicilio municipal en los mismos términos de 2013, tal y como ha quedado reflejado en la aprobación del presupuesto. «Pero las personas sujetas a la Ley de Dependencia dependen de la resolución de la Junta, puesto que es competencia exclusiva suya», concluye.
Sector de la dependencia valora «positivamente» la subida del Gobierno regional cántabro del 1,6% por las plazas concertadas
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en Cantabria ha valorado «positivamente» la subida del 1,6 por ciento en los precios públicos que paga a las empresas y entidades del sector de la Dependencia por las estancias concertadas tanto en centros de día como en residencias.
Así lo ha afirmado en un comunicado su presidente, Víctor Pandal, quien ha opinado que esta medida aprobada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria se trata de un «pequeño paso para retornar a la senda de la normalidad», tras la bajada de 2012 –que cifra entre el 10% y el 13%– y la congelación de 2013.
«FRAGILIDAD ECONÓMICA» DE LOS CENTROS
Pandal ha opinado que el Gobierno regional «debe ser consciente» de que «muchos centros» se encuentran en una situación de fragilidad económica que «pone en serio peligro su viabilidad ante la proliferación de plazas vacías».
A su juicio, este hecho se vuelve «más acuciante» en los centros medianos y pequeños en zonas rurales, donde la posibilidad de ocupar plazas privadas es «mínima» puesto que la mayor parte de los posibles usuarios no disponen de los recursos necesarios.
Por ello, ha insistido en que el sector sigue reclamando la adopción de más medidas para dar viabilidad a los centros y mejorar la calidad de atención a los ciudadanos que reciben nuestros servicios.
Ha opinado que estas medidas deben ir orientadas a mejorar la normativa vigente, tanto sobre los criterios materiales exigidos como en la obligatoriedad de que todos los centros de Cantabria concertados cuenten con una acreditación que garantice una asistencia regulada y de calidad.
Por ello, y pese al «esfuerzo» que supone a las empresas y entidades del sector, ha considerado una «buena noticia» que a partir de junio de 2014 todos los centros concertados con el Gobierno de Cantabria deberán estar acreditados. A su juicio, «debe garantizarse de alguna forma el tipo de servicio que se presta y como se presta».
Así, ha afirmado que FED Cantabria seguirá colaborando con la Administración «para avanzar juntos» pero «sin renunciar a sus objetivos» en cuanto a la atención centrada en el usuario, la sostenibilidad empresarial y el reconocimiento social.
La Federación Española de Dependencia representa a 2.400 Centros Residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en Centros de Día, 230.000 beneficiarios de Servicios de Ayuda a Domicilio y 315.000 usuarios de Teleasistencia.
El dinero que se gaste en dependencia tendrá que ser certificado
Las comunidades autónomas tendrán que remitir cada año un certificado al IMSERSO para acreditar en qué han gastado el dinero que reciben del Estado para atender a sus ciudadanos en situación de dependencia, una medida que se acordó en el Consejo Territorial del ramo en julio de 2012 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Así lo recoge el proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de financiación –el importe que aporta el Estado– de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento fija esa aportación estatal en los términos recogidos en el Real Decreto de medidas de estabilidad presupuestaria aprobado en 2012, es decir, consolida el recorte de las ayudas, que pasaron de 231,28 euros por cabeza para los casos de gran dependencia Grado II –los más severos– y 157,26 euros para la gran dependencia Grado I, a 177,86 euros en ambos casos.
Asimismo, establece las condiciones en que los gobiernos autonómicos tendrán acceso a ese dinero: tendrán que expedir un «certificado acreditativo de su aportación» para la financiación del sistema «a más tardar el 30 de abril de cada año» que refleje la actividad realizada en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
Así, tendrán que reseñar el número de personas beneficiarias atendidas por cada grado, el número de servicios y prestaciones económicas percibidas por sus beneficiarios y el detalle de los gastos corrientes directamente ejecutados para la atención de los dependientes, tanto los que ya tenían las ayudas, como los que se hayan dado de alta en ese periodo.
«El certificado será expedido por la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma responsable de la gestión de la atención a la dependencia, con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma, para los datos económicos y presupuestarios», concreta el proyecto.
La Administración General del Estado abonará las cuantías correspondientes mes a mes, previa presentación de otro certificado que acredite las altas y bajas de sus beneficiarios, los traslados, las revisiones, la suspensión de la prestación y cualquier otra modificación en los expedientes que se haya producido. Deberá estar firmado por el responsable autonómico de dependencia.
No será el único trámite a realizar. Los gobiernos regionales deberán ‘subir’ al Sistema de Información del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) todos los datos relativos a las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia: el grado de las personas beneficiarias, la prestación reconocida, la fecha de efectividad del derecho, la capacidad económica de los dependientes y su aportación al coste del servicio, en su caso. Sin este trámite previo, no habrá transferencia de fondos.
El Consejo de Ministros aprobará también este viernes otro Real Decreto sobre dependencia que habrá de regular las prestaciones. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge todas las normas de desarrollo de la Ley que se han venido aprobando desde su entrada en vigor, incluidas las de reforma impulsadas por el Ministerio de Sanidad desde el año 2011.
Así, persigue dar uniformidad nacional a asuntos como la documentación necesaria para formalizar la solicitud de ayudas a la dependencia, las intensidades de protección que requieren las distintas situaciones de los beneficiarios, o el régimen de compatibilidades de servicios y prestaciones, conforme los decretos al respecto que ya están en vigor.
El Sistema de Dependencia «está tocando techo», según el IMSERSO, que cifra en 750.000 los que reciben prestación
El número de personas que recibe algún tipo de prestación por dependencia ha crecido desde el pasado mes de enero en un total de 2.693 personas, hasta alcanzar la cifra de 754.244 que reciben algún tipo de ayuda económica, según ha informado el director general del IMSERSO, César Antón.
El crecimiento de este año ha sido menor al del año pasado, cuando la cifra creció en 12.694 personas, aunque Antón ha matizado que la diferencia se debe, entre otras razones, a que el sistema «está tocando techo».
«Las cifras de crecimiento no pueden ser las mismas ahora que cuando se puso en marcha el sistema, en 2007», ha señalado.
El crecimiento se ha producido en un total de doce comunidades autónomas, encabezadas por la Comunidad de Madrid, que han sumado un total de 26.264 beneficiarios de las ayudas, pero la cifra queda reducida por el descenso del número de ayudas que se conceden en otras cinco, entre las que destaca Andalucía, con más del 80 por ciento de la reducción, según ha indicado Antón.
Según el director general del IMSERSO, la reducción de las ayudas concedidas en algunas comunidades y el aumento de un 17 por ciento del número de solicitudes rechazadas en el conjunto del sistema no se debe a un endurecimiento de las condiciones de acceso dado que el baremo para acceder a las mismas «sigue siendo el mismo y corresponde a un Real Decreto de 2010».
Por otra parte, desde que el actual Ejecutivo asumió la gestión del sistema, el número de beneficiarios del mismo ha crecido en más de 180.000 personas y las listas de espera para acceder a las ayudas se han reducido en 112.000 personas (un 35 por ciento menos), ha asegurado el responsable del IMSERSO.
Así, un total de 193.239 personas han sido reconocidos como «beneficiarios» aunque la concesión de prestaciones se encuentra aún «tramitándose», según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la solicitud de otras 296.337 personas ha sido «valorada» aunque el reconocimiento del grado de dependencia aún no es efectivo.
En este sentido, Antón ha señalado que «nadie está contento de que haya tantas personas en la lista de espera», pero ha valorado positivamente el hecho de que se haya reducido cerca de un 36 por ciento.
De hecho, ha recordado que, pese a las críticas recibidas tras la reforma del sistema de pensiones, «los datos están ahí» y ha señalado que el sistema «se ha mantenido» y ha obtenido un leve crecimiento «en el peor momento económico de la democracia».
Además, ha señalado que «ya no habrá más medidas ni ajustes en el sistema de atención a la dependencia más allá de la evaluación y el seguimiento» y ha recordado que tanto la cuantía como el catálogo de las prestaciones y las condiciones de acceso a ellas «se han mantenido intactos», a excepción de las ayudas a familiares, que se redujeron un 15 por ciento de forma pactada con las comunidades autónomas.
CRECEN LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Como resultado de ello, ha explicado que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores del sector de atención a la dependencia en un total de 6.218 personas en lo que va de año, hasta alcanzar los 342.147 trabajadores hasta el 30 de noviembre. «Son pocos, pero es un primer paso», ha asegurado el director general del IMSERSO.
Además, ha señalado que «se está estudiando algún tipo de cualificación» o reconocimiento de las capacidades para ejercer la actividad que sirva como marco regulador y que tenga un posible «efecto llamada» sobre las personas en situación de desempleo que puedan realizar estas tareas.
De este modo, además, se conseguiría tener «no solo una lista de personas que demandan estos servicios sino también una de personas cualificadas para ello. Así se agilizaría el trámite», ha asegurado.
Directoras y gerentes de Servicios Sociales dicen que los datos de la Ley de Dependencia están «manipulados»
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creen que los últimos datos de gestión de la Ley de Dependencia ofrecidos por el IMSERSO, referidos al mes de noviembre de 2013, no depuran todas las personas fallecidas en lo que, a su juicio, «parece una estrategia desesperada para ofrecer datos ‘positivos’ a final de año».
Según han denunciado, a través de un comunicado, es «enfermiza» la «manipulación» de los datos oficiales que mensualmente ofrece el IMSERSO respecto a la evolución de la Ley de Dependencia, y ha indicado que quieren «dar una apariencia de gestión diligente y mostrar las pretendidamente salvíficas mejoras introducidas por nada menos que tres reformas de la Ley».
«Se retuercen los datos hasta conseguir que ya nada sea fiable, comparable o que pueda ser estadísticamente analizado con un mínimo de rigor», señalan.
Así, critican que los datos de noviembre arrojan un «inaudito pero oportuno» incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas que, según han declarado, «ojalá fuera reflejo de la realidad».
«Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las comunidades autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el cambio de tendencia que anuncia el Gobierno, desgraciadamente, no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes», indica la asociación.
Otro elemento que, en su opinión, denota «una manipulación» es el incremento de personas con dictamen de grado y nivel de dependencia cuando desde agosto de 2012 se eliminaron los niveles. En el mes de noviembre respecto al mes anterior este incremento se dio en 4.103 casos:
En cuanto al mensaje de que las «mejoras» producidas en el sistema han reducido a 112.702 personas de la lista de espera, la asociación ha señalado que la «manipulación de los datos es obvia».
Así, ha explicado que la lista de espera se elevaba a 305.941 en enero de 2012 y que ahora, si se dan como buenos los datos de noviembre, se reduciría hasta 193.239 personas. «En el mismo intervalo de tiempo, el incremento de personas atendidas fue de 2.693 personas. Cuando una lista de espera se reduce en más de 112.000 personas con un incremento de atendidos de solo 2.693, es evidente que muchos de esa lista simplemente perdieron el derecho a ser atendidos (cerca de 30.000 personas que tenían grado I y nivel 2) gracias a la primera reforma de Ana Mato», ha indicado, para añadir que, el resto, «en un número indeterminado, han sufrido revisiones de grado a la baja».
«Vender esto como un ‘éxito en la gestión’, además de ser una ficción estadística y una mentira que exigiría más de una dimisión, es de una crueldad insoportable», han denunciado directoras y gestores de Servicios Sociales, que han señalado que «no se puede desbaratar por la vía de la inanición de recursos el desarrollo de una Ley como esta y luego pretender que se ha hecho más sostenible gracias a la ‘eliminación’ de los derechos de las personas y manipulando los datos hasta lo enfermizo».
Simon Senior prevé tener un volumen de ventas de 21 millones de euros en 2017
Simon Senior, compañía especializada en asesorar y equipar el hogar de las personas mayores, se ha consolidado como la marca de referencia en el sector de los mayores en España. Aunque la compañía tiene más de 20 años de experiencia en el sector, opera con el nombre de Simon Senior desde el pasado mes de abril, cuando pasó a formar parte del grupo de empresas Simon Holding, especializado en la venta de material eléctrico de baja tensión, electrónica y domótica, entre otros productos y servicios.
La compañía prevé obtener un volumen de ventas de 3,5 millones de euros en 2014 y crecer de manera importante los siguientes años, hasta llegar a tener unos ingresos de 21,3 millones de euros en 2017.
Según el director general de Simon Senior, Manel Santacana, “nuestro amplio conocimiento del producto y de las necesidades del usuario final nos han dado el liderazgo. Estamos seguros que Simon Senior seguirá creciendo de manera importante en España”.
“Creemos que la entrada de Simon Holding en el negocio es muy positiva porque se trata de un grupo de empresas muy importante, que constantemente apuesta por la innovación y que nos puede ayudar a iniciar un proceso de internacionalización de la compañía en un futuro no muy lejano”, apunta la product manager de Simon Senior, Anna Casanovas.
Simon Senior tiene sus oficinas centrales en Olèrdola, en la provincia de Barcelona, donde dispone de un showroom y un almacén de más de 1.000 metros cuadrados. La compañía también tiene un departamento propio de investigación y desarrollo de nuevos productos para poder satisfacer cualquier necesidad.
Historia de la compañía
El proyecto empezó en 1992, cuando un familiar cercano de los fundadores de la compañía enfermó de Alzheimer. Viendo las pocas soluciones que había en ese momento para personas dependientes y para sus cuidadores, Manel Santacana y Anna Casanovas decidieron crear una empresa que ofreciera productos para ayudar a las personas mayores que vivían solas en su domicilio y a sus cuidadores.
Manel Santacana explica que “viendo las posibilidades de crecimiento del sector de la tercera edad, decidimos apostar fuertemente por él y poner en marcha un negocio que ofrecía soluciones a unas necesidades no cubiertas. Durante estos años hemos ido creciendo de manera sostenida, ganando la confianza de los clientes gracias a nuestro expertise y a la calidad de nuestros productos”.
La primera empresa se llamó “MAM Serveis Seniors”, centrada en ofrecer servicios a personas mayores que vivían en su domicilio. Posteriormente, en 1997, crearon una compañía dedicada al equipamiento de residencias y colectividades: “Equip Integral”. En el año 2000 inauguraron la primera tienda en Sant Sadurní d’Anoia, “La Botiga de l’Avi”, para intentar acercar sus productos a la población en general. No tardaron en expandir la marca a diferentes ciudades de España y Portugal (“La Tienda del Abuelo” y “A loja do Avô”) y, después de algunas alianzas con empresas de otros sectores, decidieron ampliar el canal de comercialización creando la marca “Club Mayores”, que ofrecía productos en farmacias, ópticas, empresas de audiología, dispensarios médicos, etc. Finalmente, en abril de 2013, se creó Simon Senior gracias a la alianza con la empresa Simon Holding.
“Durante estos años hemos tenido experiencias muy gratificantes que nos han ayudado a creer todavía más en nuestro proyecto. En una ocasión, por ejemplo, una señora nos agradeció con lágrimas en los ojos que le hubiéramos vendido un producto para ponerse las medias, solucionándole así un problema que no le había permitido salir de casa en meses”, explica Anna Casanovas.
La tienda on line
El portal web permite ver información detallada y fotografías de todos los productos, y realizar el pedido de una manera rápida y segura. La compra es online, aunque también hay un servicio de atención telefónica para solucionar dudas y recibir más datos sobre los productos. Asimismo, con un blog al que se accede a través de la página web, la compañía ofrece consejos sobre salud y bienestar en su “Consultorio”.
Además de la web, la empresa también ofrece sus servicios a través de profesionales expertos que trabajan en centros especializados repartidos por todo el territorio español y portugués. Entre estos puntos de venta hay farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedias, centros auditivos y ferreterías. Esta red de prescriptores se prevé que crezca de manera importante este 2014.
Por otro lado, además de vender sus productos, la compañía asesora a colectivos e instituciones que tratan a diario con personas mayores y ofrece formación a profesionales del sector. En este sentido, por ejemplo, Simon Senior colabora con el Centre de Vida Independent (CVI), entidad que ofrece asesoramiento a las personas dependientes, formación y talleres, y un laboratorio de investigación para poner al alcance de usuarios y profesionales del sector toda la tecnología ya disponible en el mercado o la que se encuentra en un estado de desarrollo muy avanzado. Simon Senior colabora de manera muy activa con el CVI en Cataluña, así como con otras instituciones nacionales similares.
Simon Senior comercializa productos de marcas de gran prestigio internacional, especializadas en asistencia a la dependencia. Este es el caso de Doro (experta en telefonía adaptada a las personas mayores), Roth (barras de fijación con ventosas), Swereco (artículos ergonómicos para la higiene personal), Maddak (ayudas técnicas para personas con dificultades), Uplift (Estados Unidos, ayudas para la movilización), Kaudex (mobiliario ergonómico) y Goman (fabricante italiano de ayudas para baño).
250.000 firmas para exigir que el cumplimiento la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de LAPAD y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas para exigir el cumplimiento de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en su séptimo aniversario.
Se trata de una iniciativa ciudadana ante la «demolición controlada» del Sistema de Atención a la Dependencia y las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno actual, que según alertan estas entidades, «ha impactado de manera cruel» en las personas en situación de dependencia, «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Por ello, piden a los grupos en la Cámara baja la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente –al menos del 50%– para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma ley.
Estas dos entidades alertan de que más de 200.000 personas se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’ –con el grado reconocido, que esperan a ser atendidos– y del «recorte de más de 1.000 millones de euros» –supresión del nivel acordado y reducción 13% nivel mínimo– y el «abandono» de los cuidadores familiares.
La existencia de 70 normas diferentes causa inseguridad jurídica a los dependientes
La Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) denuncia en un informe la inseguridad jurídica y la desigualdad territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de 70 normas jurídicas distintas, tanto autonómicas como estatales.
Bajo el título ‘Regulación de la participación económica del beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia’, el informe concluye que la falta de la obligatoriedad de la normativa común genera falta de transparencia, inseguridad jurídica y desigualdades en el colectivo de dependientes y, en concreto, de aquellos con discapacidad.
El Sistema de Dependencia no sólo se rige por la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia de 2006, sino por normativas y desarrollos reglamentarios autonómicos y acuerdos en el seno del Consejo Territorial de Dependencia –integrado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad–.
Todo ello ha provocado la existencia de unas 70 normas que se han ido publicando desde 2007, pero sin derogar o sustituir completamente a las precedentes. Esto ha incurrido una «mezcolanza» normativa que afecta directamente al administrado y familiares, que, según este documento, «no saben de forma clara a qué texto remitirse».
NO HAY UN MÍNIMO COMÚN DE DERECHOS
Además, las diferencias entre regulaciones de las distintas comunidades autónomas determinan, según este estudio, que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación de dependencia varíe «sustancialmente» del territorio en que reside el beneficiario. «No existe un mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español», aseveran los autores de este informe.
El documento pone en evidencia que aunque la Ley de Dependencia establece que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos suficientes, y para ello pone como límite el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en la práctica algunas comunidades autónomas han establecido valores distintos. «Existe una importante falta de homogeneidad», añaden.
Durante la presentación de este informe, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha afirmado que el sistema de Dependencia «ha perdido fuerza» desde su implantación, «primero con los baremos, luego con la carta de servicios y después con el copago». Asimismo, ha subrayado que todos estos cambios unidos a criterios autonómicos dispares «se han lesionado los derechos de las personas con discapacidad».
«Vivimos tiempos difíciles», ha reconocido Martínez Donoso, no sin advertir de que España cuenta con un tejido asociativo que es «la envidia de Europa» y que existe un marco normativo que «ampara» las reivindicaciones del colectivo de las personas con discapacidad, pese a lo «difícil» que «día a día» se lo ponen las administraciones.
REFUNDICIÓN NORMATIVA
Entre las recomendaciones de este informe, realizado por la asesora jurídica de FEAPS, Inés de Araoz, destaca la necesidad de que las comunidades autónomas aborden una «refundición normativa» para que se aclare la situación jurídica de las personas con discapacidad y que ofrezcan en sus webs información actualizada, simplificada y accesible, de tal forma que los beneficiarios puedan consultarla y comprenderla.
Asimismo, propone que en el Consejo Territorial de Dependencia, los responsables autonómicos en esta materia alcancen un acuerdo para homogeneizar las condiciones de participación económica de los dependientes, estableciendo criterios y condiciones que «preserven su derecho a nivel de vida adecuado para ellos y sus familias».
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia piden más presupuestos
Con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
Con motivo de cumplirse hoy el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
En un comunicado, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (Lapad), cuyo portavoz es el toledano José Luis Gómez-Ocaña, exigió a los gobernantes que doten a las distintas administraciones de los presupuestos y las herramientas adecuadas para su desarrollo completo.
«Un Gobierno que deja desprotegido a sus ciudadanos más débiles, es un Gobierno injusto y desalmado», según esta Plataforma, que explicó que se ha pasado de «la esperanza» surgida en 2006 con la aprobación de la ley hasta el momento actual, en que los derechos reconocidos «retroceden a pasos agigantados».
La Lapad consideró que los distintos Gobiernos «al amparo de la crisis económica están llevando a cabo toda una batería de recortes presupuestarios en materia de dependencia» con «distintos repagos y copagos» que llevan a en muchas personas dependientes a tener que abandonar tratamientos y terapias que afectan a su salud y su calidad de vida.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló en una nota que la Ley de Dependencia «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
«Los crecientes recortes» han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad», según el CERMI, que hace un balance «negativo» de la legislación promulgada hace siete años.
El CERMI reclamó por ello «un auténtico pacto de Estado que revitalice la ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada».
Cermi: «la ley de dependencia, un intento fallido siete años después de su aprobación»
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo un balance negativo de los siete años que se cumplen este sábado de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Para el comité, este dispositivo normativo «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
La entidad que preside Luis Cayo Pérez señaló en un comunicado que «la falta de voluntad, los desencuentros y los crecientes recortes de los distintos gobiernos y administraciones públicas responsables de su puesta en marcha en estos siete años han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad».
«Siete años después de su entrada en vigor, el balance que hace el movimiento social de la discapacidad no puede ser más que negativo, ya que estamos lejos de ver implantado un sistema de protección social, con rango de auténtico derecho, que proporcione apoyos reales y efectivos para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad y mayores», afirma la nota.
El comité tiene una sensación «de oportunidad desaprovechada y de intento fallido, que revela la incapacidad de las estructuras de poder del país, para conectar con las necesidades genuinas de la población más expuesta a la vulneración de sus derechos y darles soluciones eficaces a la altura del problema».
Ante esta «triste» situación, el Cermi reclama «un auténtico pacto de Estado que revitalice la Ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada que no haga recaer el esfuerzo una vez más en las personas con discapacidad y mayores, y en sus familias».