Dependencia
Asociaciones de pacientes con enfermedades neurodegenerativas se unen en Neuroalianza
Para hacerse una idea del impacto de las enfermedades neurodegenerativas en nuestro país, sólo hay que echar un vistazo a los datos que manejan las asociaciones de pacientes. Así, en España, el 10% de las personas mayores de 65 años y el 50% de las personas mayores de 85 años tiene Alzheimer; una de cada 2.000 personas presenta enfermedades neuromusculares; hay más de 150.000 personas con Parkinson; cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos de ELA; y cada 5 horas se conoce un nuevo caso de Esclerosis Múltiple.
Estas enfermedades, además, carecen de una “foto fija”: sus síntomas y efectos varían según el tiempo de diagnóstico transcurrido y conforme progresa la propia enfermedad. Por eso, con el objetivo de aunar fuerzas y demandar una mayor equidad en la calidad asistencial, las asociaciones de pacientes Ceafa (Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias), FEP (Federación Española de Parkinson), Felem (Esclerosis Múltiple España), Asem (Federación Española de Enfermedades Neuromusculares) y Adela (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), se han unido voluntariamente y de manera independiente para crear una alianza estratégica de pacientes sin ánimo de lucro, bajo la denominación de Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas: Neuroalianza.
Esta unión de los representantes de pacientes nace con el objetivo de defender los derechos e intereses de los afectados por enfermedades neurodegenerativas en el conjunto del territorio español. La Neuroalianza aglutinará a 400 asociaciones con 230.000 socios, representando a una población de 1.150.000 personas y familias afectadas por Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Enfermedades Neuromusculares y Esclerosis Lateral Amiotrófica.
La creación de esta alianza pretende concienciar a la población y administraciones del reto que supondrán para el conjunto de la sociedad estas enfermedades neurodegenerativas ya que por su incidencia y características, y debido, en parte, al envejecimiento progresivo de la población, constituirán el grupo de enfermedades más prevalentes en España. Al respecto, las asociaciones de pacientes hacen un llamamiento a la gestión eficiente de recursos para la atención a los afectados, a la investigación así como al apoyo de los agentes implicados con las medidas apropiadas.
Ana Torredemer, presidenta de la Neuroalianza explica que, “en el marco actual es necesario defender los derechos de los afectados con uniones como la Neuroalianza, con la que pretendemos sumar esfuerzos para que no se limiten los recursos y apoyos de los afectados y se tengan en cuenta la realidad de estas enfermedades, además de velar para que la implementación de las políticas sanitarias no afecte a la seguridad e intereses de estas poblaciones. Para ello, la Neuroalianza ha planteado varias líneas de trabajo dirigidas a los diferentes agentes implicados en el manejo del paciente neurológico”.
Torredemer afirma que “para las personas afectadas por las enfermedades neurodegenerativas, es necesario disponer de tratamientos farmacológicos y sanitarios idóneos y no restringidos, con los que responder a un adecuado tratamiento de su enfermedad y prevenir su agravamiento o deterioro. Igualmente es necesario mejorar los recursos y la atención sociosanitaria y conocer y acceder a todos los apoyos que sirvan para mejorar su calidad de vida.”
En este sentido, los recortes en materia sanitaria y social y el descenso del apoyo económico por parte de las instituciones a las asociaciones han provocado que el acceso de los afectados al tratamiento que necesitan esté más limitado. “Hemos percibido que hay afectados por enfermedades neurológicas que no están siendo tratados adecuadamente a pesar de que existen tratamientos específicos para sus casos”.
Ámbito de actuación
En concreto, los responsables del proyecto han fijado como objetivos avanzar en el conocimiento y sensibilización de las enfermedades neurodegenerativas, contribuir al enfoque de soluciones para la sostenibilidad del sistema sanitario, conseguir un plan de atención para estas patologías, el reconocimiento automático del 33% de grado de discapacidad con el diagnóstico médico de cualquier enfermedad neurodegenerativa, desarrollar un observatorio para detectar las limitaciones en los derechos de los pacientes así como desarrollar investigaciones que contribuyan a conocer la realidad de los afectados.
“Trabajar bajo la Neuroalianza es un modo de unir esfuerzos, crear sinergias, aprovechar recursos y aumentar la eficacia de nuestras acciones en el ámbito de las enfermedades neurológicas. Vamos a sensibilizar a la población, actuar ante la administración y generar proyectos conjuntos en este campo. Es una alianza que va más allá de la colaboración puntual: es un compromiso a largo plazo de las cinco entidades con los pacientes, para que accedan a los recursos sanitarios que necesitan y merecen”, concluye Torredemer.
El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha un proyecto para paliar el aislamiento de los cuidadores de personas dependientes
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una prueba piloto para dar soporte a los cuidadores de las personas dependientes, que se basa en el empleo de tabletas electrónicas para evitar el aislamiento al que a veces se enfrentan los familiares de personas dependientes. El proyecto está liderado por Tunstall Televida, la empresa que gestiona el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento, cuenta con la participación de Orange y el Institut de l’Envelliment de la UAB; y ha sido presentado en el contexto del m4all de la Mobile World Capital, ya que pretende mejorar la comunicación y las relaciones sociales de los cuidadores mediante una tableta digital.
La jefa del Departamento de Gent Gran de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Ester Quintana; Òscar Pallerols, director de los Centros de Competencia de la Fundación Barcelona Mobile World Capital; y representantes de las empresas Tunstall Televida y Orange fueron los encargados de presentar el proyecto Easy Tablet en Barcelona, un acto que se enmarca en la celebración de las fiestas de la Mercè 2013 en la decimoctava Mostra d’Associacions de Plaça Catalunya.
El piloto va dirigido a los cuidadores de las personas dependientes con el objetivo de facilitarles la comunicación y la integración social, debido al aislamiento que a menudo sufren los familiares o responsables de atender a personas con necesidad de cuidado durante las 24 horas.
30 personas usuarias del Servicio Municipal de Teleasistencia forman parte de este proyecto, que arrancó el 21 de septiembre y que tendrá una duración de seis meses. Con las tabletas, el usuario puede, de forma sencilla e intuitiva, realizar videoconferencias, gestionar sus contactos y su agenda (con alertas de recordatorios), así como enviar mensajes y realizar actividades de ocio (juegos, vídeos, fotos…). Además, la solución incluye capacidades de conversión texto-voz y viceversa.
El proyecto contempla la figura del dinamizador, que puede gestionar las tabletas de forma remota con la plataforma cloud de Orange, y que cuelga documentos y vídeos sobre temáticas de interés de las personas usuarias, hace recordatorios de hábitos saludables e informa sobre acontecimientos y actividades socioculturales de su entorno. Los usuarios también pueden acceder a juegos, intercambiar mensajes con otras personas usuarias de la tableta, sus contactos o con el Servicio Municipal de Teleasistencia, hacer fotos y acceder a la biblioteca fotográfica en la que el dinamizador puede colgar fotos de interés.
El programa se beneficia del servicio Esencial Tablet, la infraestructura y los recursos tecnológicos que aporta Orange. La adaptación de la tecnología y el sistema a las necesidades de las personas que van a usarla, la dinamización de las actividades y la interacción con los y las participantes que corresponde a Tunstall Televida. El asesoramiento y el estudio de impacto lo lleva a cabo el Institut de l’Envelliment.
La presentación tuvo lugar en el Mobile World Centre, un espacio de exposición permanente de la Mobile World Capital, ubicado en la plaza Catalunya, para difundir y enseñar las tecnologías más innovadoras y las soluciones móviles a los ciudadanos.
El proyecto piloto se enmarca en las mejoras en innovación y adaptación a las necesidades y a diferentes perfiles de usuarios que está implantando el Ayuntamiento de Barcelona en el Servicio Municipal de Teleasistencia, que atiende a más de 64.000 personas en la capital barcelonesa.
La Junta crea un grupo de trabajo para encontrar «la mejor solución» a la reserva de plazas en residencias de mayores
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la semana próxima se formalizará el grupo de trabajo creado con el sector de las residencias de mayores y personas discapacitadas para encontrar «la mejor solución» al asunto de la reserva de plazas.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, la consejera ha matizado que la orden dada por su antecesora en el cargo de eliminar la reserva de plazas se ha «paralizado» para «retomarla» con el colectivo afectado y estudiar conjuntamente «cómo se podría modificar para que, de alguna forma, sigamos atendiendo a las personas que tenemos que atender y no lesionemos los intereses de los que están gestionando las plazas».
Explica Sánchez Rubio que hasta ahora «estábamos financiando en torno al 60 por ciento de las plazas que estaban vacantes y había personas que estaban esperando a entrar a las residencias». Eso era «razonable» cuando la plaza se cubría «en una semana», pero «ahora ya no era razonable y, por tanto, hay que estudiarlo».
La Junta de Andalucía garantiza que abonará las deudas a empresas y familias por dependencia
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha garantizado este martes que la administración autonómica abonará las deudas a empresas y familias por el servicio de dependencia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha querido dejar clara la apuesta de la Junta por la dependencia y por lo que supone para muchas familias ese cuarto pilar del estado del bienestar, al tiempo que ha garantizado que la pretensión es mejorar, sabiendo las enormes dificultades impuestas por el Ejecutivo de la nación, con medidas que vienen a recortar todas las conquistas que se habían logrado.
Además, ha manifestado que la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, lo primero que ha hecho es plantear un plan de pago en la línea de poder atender esas deudas que se tienen y que no se han podido abonar en su momento.
Vázquez ha recalcado que hay una voluntad política, evidentemente, de sufragar el pago para que el sistema siga funcionando, porque la dependencia es un pilar irrenunciable.
También ha señalado que la Junta entiende el malestar de empresas y de familias que ven que les llega el dinero con cierto retraso. «Pero les llegará y no es solo una cuestión de voluntad política, sino de convencimiento y de apuesta firme por las políticas de dependencia», ha sentenciado.
La patronal AERTE sigue a la espera de una solución a los impagos
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), tras haberse reunido esta mañana con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, sigue a la espera de un compromiso y de la firma de una regulación segura de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa.
La Administración valenciana se compromete a que no aumente la deuda actual con un mecanismo de pago mensual.
Aerte, que había solicitado a las administraciones valencianas un plan de pagos que pueda garantizar la sostenibilidad del sector, sigue sin una contestación clara ni con la seguridad de que se vaya a afrontar la deuda que mantiene con la administración, aunque desde las Consellerias de Bienestar Social y de Hacienda se han comprometido a que no se eleve la deuda contraída desde 2012 mediante un mecanismo de pago mensual que podría estar listo a finales de este mes.
Desde la patronal valenciana le han insistido a las administraciones que el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación muy compleja y delicada al no poder hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat Valenciana y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a las facturas desde octubre de 2012. Cabe recordar que estos centros atienden a más de 5.000 personas, entre dependientes y discapacitados, y dan empleo a más de 3.000 profesionales.
Por otra parte, Aerte le ha solicitado una vez más a la Administración que es necesaria la ordenación del sector con iniciativas como la existencia del mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario con un presupuesto que se distribuya equitativamente entre ambos programas, respetando siempre la libertad de elección del usuario. Por último, desde la patronal valenciana han insistido en la necesidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia pero no reciben ninguna prestación.
Más de 18.000 jienenses tienen el servicio de teleasistencia
El Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha atendido desde la entrada en funcionamiento de este servicio más de tres millones de llamadas en Jaen.
“De las llamadas que las personas beneficiarias han realizado al SAT pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia, una parte importante se han producido por motivo de conversación y compañía (el 64% de las recibidas), de ahí el importante papel que juega esta prestación para paliar situaciones de soledad y aislamiento social”, ha destacado la delegada territorial de Salud y Bienestar Social, Ángeles Jiménez. También resaltan las llamadas por motivo de emergencia (el 16,8%) o para solicitar algún tipo de información (19,26%).
Entre las llamadas gestionadas, también se encuentran las que los propios profesionales del SAT realizan desde la central, ya sea para movilizar recursos en caso de emergencias, dar aviso a familiares o contactos en caso de necesidad, para proporcionar alguna información de interés, hacer un seguimiento periódico del estado de las personas beneficiarias, recordar una cita médica o para actualizar sus datos de forma que se garantice una prestación de calidad, eficaz y eficiente.
En la actualidad, el SAT cuenta en Jaén con 18.752 personas titulares. “Estas personas sin moverse de su domicilio y con tan sólo apretar un botón, se ponen en contacto a través de una línea telefónica con el equipo de profesionales que atiende este recurso social”, ha enfatizado Jiménez.
No obstante, son muchas más personas las que se benefician en Jaén de este servicio, ya que hay que añadir, como personas beneficiarias del SAT, a aquellas que conviven con los titulares y que también tienen más de 65 años, así como a los cuidadores y las cuidadoras de las personas en situación de dependencia que, de igual manera, también disfrutan de las prestaciones del SAT, puesto que pueden hacer uso del dispositivo de teleasistencia y se les presta la misma atención.
Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley de Dependencia
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.
La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. «Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión», concluye.
En comparación con el mes anterior, «el retroceso es notorio», según el estudio, porque «todas las cifras son negativas»: 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos.
Misma tónica revelan los datos de prestaciones y servicios que recogen los directores y gerentes, con una reducción de 2.496 sistemas de teleasistencia, 1.088 Ayudas a domicilio menos, una caída de 242 plazas de Centros de Día y de 1.258 plazas en residencias, 289 prestaciones vinculadas al Servicio menos que el mes anterior y hasta 2.448 prestaciones para cuidadores familiares menos. Esto equivale, según sus cálculos, a la pérdida de 1.500 empleos.
«Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncian los expertos, para asegurar que «los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema».
En este sentido, señalan que la reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida «como un logro» por el Ministerio de Sanidad, «se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema –modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015–, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos», señalan.
La Generalitat valenciana adeuda más de 35 millones de euros a los centros de atención a dependientes
El viernes 13, Aerte se reune con las consellerías de Hacienda y de Bienestar Social. Los centros sufren también las bajas de los residentes que esperaban el pago de su dependencia reconocida, y no llega.
En junio, la Generalitat se comprometió con Aerte, la asociación que aglutina a la mayoría de estos centros, a pagar en agosto toda la deuda de 2012. Pero no ha sido así. Ha habido algunos pagos, pero no el total. Con la suma de todo 2013, la deuda es ya de más de 35 millones de euros. La presidenta de Aerte, Mª José Mira se reune el próximo viernes con los secretarios autonómicos de las consellerías de Hacienda, Eusebio Monzón y de Bienestar Social, Álvaro Cuadrado.
A esta situación tan grave, se une el drama de las personas que tienen reconocido un nivel de dependencia y el cobro de una ayuda, y no la han cobrdo núnca. Aerte denuncia que once mil expedientes se encuentran en esta situación. Muchos de ellos, que han venido pagando la residencia como adelanto de lo que tenían que recibir, ya no pueden pagar más, y están abandonando las residencias.
Los beneficiarios asturianos de la ayuda a domicilio deberán pagar hasta 10 euros a la hora
Los beneficiarios asturianos de las prestaciones de la Ley de Dependencia deberán abonar, con carácter retroactivo al pasado 1 de julio, una parte del coste de los servicios que reciben y, además, verán recortado el volumen de horas semanales de ayuda a domicilio que tenían asignado por parte la Administración regional. Así se lo está comunicando a los afectados, por medio de una carta, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado, cuyos responsables aseguran que han pospuesto hasta el límite legal una medida que -subrayan- se deriva de los recortes aplicados al sistema de dependencia por iniciativa del Gobierno central.
El recorte fue denunciado ayer por Julio Carretero, secretario general de UGT en Siero, quien ha recogido las quejas formuladas por las trabajadoras de ayuda a domicilio de la comarca sierense. «Los usuarios les están comentando que han recibido una carta y que, como consecuencia de su contenido, muchos de ellos se ven obligados a reducir o anular la demanda de ayuda porque, sencillamente, no pueden pagarla», señaló Carretero.
El dirigente ugetista agregó que el coste de las prestaciones para los usuarios puede alcanzar los diez euros a la hora. A juicio de Julio Carretero, la implantación de un copago -pago compartido entre las administraciones públicas y los ciudadanos- tiene una doble repercusión negativa. Por un lado, para los beneficiarios, en su mayoría pensionistas con recursos económicos limitados, que no pueden afrontar el coste y se ven obligados a restringir las horas de ayuda que reciben. Por otro, para el colectivo de trabajadores -mujeres en su práctica totalidad- dedicados a la prestación de estos servicios, que inevitablemente serán víctimas de «una pérdida de empleo en un momento muy crítico para todos».
La misiva enviada a los usuarios de la dependencia lleva la firma de la jefa de servicio de atención a la dependencia. El documento explica los cambios en la regulación de la dependencia promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el epígrafe de la ayuda a domicilio, señala que «la nueva intensidad de horas» del servicio -esto es, el recorte de tiempo- entrará en vigor «a partir del primer día del mes siguiente al que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión». En el capítulo de copago, indica que sus efectos tienen carácter retroactivo con fecha 1 de julio de 2013.
Una portavoz de la Consejería de Bienestar Social precisó ayer que las cuantías que deberán abonar los usuarios no han sido estipuladas por el Gobierno asturiano, sino por el Ejecutivo central con arreglo a una fórmula matemática que combina los ingresos y otros datos de cada beneficiario.
Galicia abre servicios de residencias a dependientes que no vivan en ellas
Galicia modificará en 2013 su cartera de atención a la dependencia e introducirá cambios «pioneros», puesto que incluirá recursos específicos para cada tipo de discapacidad y «romperá la barrera» de los 65 años –o 60 en algunos casos– para acceder a determinados servicios. La puesta en marcha de este nuevo modelo se concretará en el último trimestre de este año.
«Galicia se convertirá en la primera comunidad que abandona el modelo tradicional de los servicios sociales que era acreditar centros y lo cambia por un nuevo paradigma, que consiste en acreditar servicios de cada centro», ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras analizar el decreto en el Consejo de la Xunta.
A modo de ejemplo, ha señalado que este cambio supondrá, entre otras cuestiones, que en una residencia o centro de día se podrá acreditar no sólo su papel como residencia asistencial, sino que se podrán acreditar por separado servicios como el de fisioterapia, al que se abrirá el acceso para personas que no residan en el centro.
Para poder convertirse en usuario del servicio acreditado, Feijóo ha explicado que habrá que contar con la condición de dependiente y tener una propuesta de su programa individual de atención.
También se «romperá la barrera de la edad». Así, por ejemplo, una persona de menos de 60 años con una enfermedad degenerativa podrá acceder a una residencia. Según la Xunta, los usuarios podrán acceder a un menú de servicios flexible, una especie de traje a la medida donde se podrán combinar los diferentes recursos existentes para la atención a la dependencia».
MODELO DE COPAGO
En cuanto a la financiación de los servicios, preguntado al respecto, Feijóo ha respondido que el decreto se va a desarrollar para que esté «en el último trimestre» plenamente cerrado y que, por el momento, «no hay previsión» de cambios determinantes, aunque si ha avanzado bonificaciones para determinados colectivos.
Así, ha incidido en que el Gobierno gallego intentará «reducir el pago» para casi el 50 por ciento de usuarios que pernocten en residencias y para «prácticamente el cien por cien» de las personas con discapacidad.
«También haremos reglas de participación en el coste de servicios atendiendo a la renta», ha admitido Feijóo, si bien ha insistido en que el objetivo «fundamental» no es «una enmienda» al sistema de cofinanciación vigente, sino «poder ofrecer más servicios con los precios actuales».
Feijóo también ha anunciado que la Xunta invertirá casi 2 millones de euros en la construcción y equipamiento de cinco centros de día en Leiro, Muiños, Montederramo y Cualedro –en Orense– y en Palas de Rei (Lugo). Estas instalaciones sumarán 247 plazas, 198 en Orense y 49 en Lugo.
NUEVOS COLEGIOS
Por otra parte, Cultura e Educación invertirá casi 8 millones de euros para la construcción de un nuevo CEIP en Oleiros y una nueva escuela de Educación Infantil en Betanzos.
Asimismo, el presidente gallego ha remarcado que el Gobierno gallego «refuerza» las enseñanzas de FP en la comunidad a través de la renovación del convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción para que los estudiantes del ciclo medio de carpintería y mueble que se imparte en el CIFP Politécnico de Lugo puedan usar las instalaciones y los equipamientos de esta Fundación.
También se renovará el acuerdo con la Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada para la formación práctica en el ciclo de grado medio en carpintería y mueble, que se imparte en el IES Antón Losada Diéguez.
En tercer lugar, los estudiantes que cursen en el CIFP Ánxel Casal Monte-Alto (A Coruña) el ciclo de grado superior de FP en radioterapia podrán emplear las instalaciones especiales de la Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia.
CENTRALIZACIÓN DE CONTRATOS
El Consejo de la Xunta también ha analizado la decisión del Servicio Gallego de Salud de contratar para todos sus centros asistenciales de un servicio de mantenimiento integral de equipamientos de alta tecnología con el objetivo de unificar y garantizar la seguridad y la profesionalización en este ámbito.
Entre los equipamientos incluidos se incluyen los de tomografía axial computarizada (TAC), los de tomogafía por emisión de positrones (PET); los de radiología y mamografía digital; y los equipos de resonancia magnética. La contratación de un servicio de mantenimiento integral permitirá un ahorro del 4 por ciento, según la Xunta.
Aburto denuncia que la actual Ley de Dependencia es una ‘falacia’
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha manifestado que la Ley de la Dependencia «no deja de ser una falacia» porque por un lado incluye en su denominación la promoción de la autonomía, pero por otro es necesario ser una persona dependiente y ser calificada como tal para tener derecho a los servicios y prestaciones de la misma. «Quizá sea el momento de pensar de verdad en una ley o en un pacto de verdad de promoción de la autonomía», proclamó.
Frente a esta legislación, el consejero expresó ayer su voluntad de que en Euskadi «seamos capaces de aprobar un plan vasco de envejecimiento activo» en esta legislatura y destacó las oportunidades económicas y profesionales que aporta este sector, por encima del enorme gasto que conlleva para la sociedad.
En la inauguración del curso de verano de la UPV/EHU Envejecimiento activo. Calidad de vida y solidaridad intergeneracional, Aburto hizo hincapié en que el envejecimiento activo constituye «una forma de plantear las políticas»»y por tanto «un medio para transformar nuestra sociedad abocada al envejecimiento».
El consejero explicó que una de las actuaciones en las que está inmerso su departamento en estos momentos es el desarrollo de «una Euskadi más amigable», ya que un entorno «amigable» alienta la prolongación de la vida activa y autónoma de los mayores mejorando así la calidad de vida de todos.
Para Aburto, «el reto» de desarrollar actuaciones orientadas al envejecimiento activo puede verse de dos formas: como el enorme gasto que genera «el bienestar de una sociedad envejecida», pero también como una «oportunidad de generar riqueza».
«Consideramos que la priorización de la atención de las personas que forman nuestra comunidad es un hecho fundamental, y que en su análisis, investigación e intervención se generan oportunidades socioeconómicas».
Según dijo el consejero, la intención de sus palabras era evitar «generar más incertidumbre en todo el entorno de prestaciones y derechos relacionados con la protección social de las personas mayores». Teniendo en cuenta la alta esperanza de vida registrada en el País Vasco, el colectivo de personas mayores «supone un gran potencial que puede revertir en el bienestar de la propia sociedad», insistió.
Y es que la contribución activa de la sociedad no sólo se hace desde la actividad laboral, apuntó, sino también desde el trabajo voluntario, que es «una fuente de riqueza cada vez de mayor valor». Por este motivo, defendió la idea de «explorar nuevas oportunidades» de forma coordinada entre las administraciones públicas y con los agentes que trabajan en esta materia. Estamos en el inicio de «un cambio largo», pero de cuyos resultados «podemos esperar una auténtica revolución cultural que depende en definitiva de todos y cada uno de nosotros».
El objetivo es pasar de la situación actual a «un nuevo paradigma de envejecimiento activo» aprovechando las estructuras que ya existen –como los órganos de participación del departamento de Empleo y Políticas Sociales– para abrir nuevas líneas de trabajo y reducir las barreras existentes. «Sin ninguna duda el esfuerzo vale la pena», alentó.
Aburto destacó que Euskadi goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, lo que representa «un éxito social» y abre nuevos horizontes. «Me gustaría poner esto en valor porque a veces hablamos del problema de las personas mayores y terminamos concluyendo que son un problema, sobre todo si lo ligamos a la sostenibilidad de los servicios sociales», admitió. «Que vivamos más es un éxito de todos«.
Por otra parte, el consejero propuso «estudiar» el tránsito de la jubilación laboral a la vida posterior de las personas mayores. El fin del ciclo laboral –antes a los 65 años– «no agota las aspiraciones vivenciales», aseguró.
Aburto abogó por establecer mecanismos asociados al envejecimiento activo para que la vida de las personas «no cambie de un día para otro» y no dejen de golpe de hacer lo que habían estado haciendo durante los últimos veinte o treinta años, de manera que su vida sea «absolutamente diferente» de un día para otro.
Asimismo, sostuvo que el proceso de envejecimiento activo debe ser «un éxito» en el sentido de que las personas mayores asuman el reto de «ser productivas y útiles» para la sociedad, que vean su propio proyecto personal «con un aspecto participativo», y que no adopten «una actitud pasiva fomentada muchas veces por actitudes paternalistas tanto de las administraciones públicas como de la propia sociedad».
La profesionalización de la Dependencia permite crear o mantener 4.000 empleos
La profesionalización de la Ley de la Dependencia, esto es, la apuesta por ofertar servicios especializados alternativos al cuidado familiar, ha permitido mantener o crear 4.000 puestos de trabajo durante el último año. Así lo destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en el balance que ayer hacía en Valladolid, un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, que obligaba a reorganizar el modelo y orientarlo a esa mayor especialización. Según sus datos, se ha pasado de 4,5 empleos derivados de la atención personal por cada mil habitantes a los 6,1 actuales (que duplican la media nacional de 3,3 por ciento), y de 11.591 puestos de trabajo a medidados de 2012 a los 15.509 de junio de este año.
Unas cifras que tienen su traslación en el modelo autonómico, en el que se han reconocido 17.615 nuevas prestaciones por alta o cambio de servicio reconocidos a 15.504 usuarios, con un claro cambio de tendencia hacia los servicios profesionales, que suponen ya el 61 por ciento del total, frente al 39 por ciento de ayudas dirigidas al entorno familiar.
Esto representa un cambio estadístico evidente, que se ha hecho notar, en particular, a partir del pasado mes de febrero -seis meses después de que comenzaran a llegar los primeros expedientes posteriores el Real Decreto, que suelen resolverse en medio año-, lo que ha tenido como resultado la caída en un 17 por ciento de beneficiarios que recibían cuidados familiares, frente al avance, en ese mismo porcentaje, de personal externo que da apoyo a los pacientes dependientes. Milagros Marcos se refirió a los dos acuerdos sellados el pasado año (junio y septiembre) en el marco del Diálogo Social, que han propiciado el crecimiento de la profesionalización y destacó que a la norma estatal se añadió, por parte de Castilla y León, una rebaja del 15 por ciento en los recursos dirigidos a cuidados familiares en todos los grupos de dependientes, frente a la aportación suplementaria del 20 por ciento en los incluidos en los grupos I y III y del 74%para los registrados en el II.
Frente a las críticas socialistas, que apuntaban a una caída de beneficiarios y prestaciones, la consejera pidió «más coherencia y compromiso», si bien, desde el PSOE, la secretaria autonómica de Políticas Sociales, Marta Olmedo, planteaba a la Junta «que pregunte a los usuarios» del sistema si los recursos que reciben permiten pueden definir una asistencia de calidad.
La reforma de la dependencia ha tenido «efectos devastadores»
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado que la reforma de la Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno en julio de 2012 ha tenido «efectos devastadores», tras un año de la aprobación del texto.
Según los portavoces de la organización, la medida ha «consolidado la dinámica de destrucción paulatina del sistema» y ha «impactado» en las personas dependientes «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Así, han acusado al Gobierno de «hacer un alarde de manipulación de datos sin precedentes» y de ofrecer información «mentirosa» cuando afirma que el número de desatendidos por los servicios sociales de atención a la dependencia bajó en más de 25.000 personas entre enero y julio de este año.
En este sentido, destacan que se trata únicamente de una «verdad a medias» y critican que el Gobierno no ofrezca los datos relacionados con la evolución del número de personas atendidas por estos servicios y que, según han indicado, «no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que va de 2013».
En la misma línea, señalan que la explicación de la reducción en 100.000 personas desatendidas que el ministerio afirma haber logrado proviene de «aquellos a quienes se cercenó el derecho a atención» y de los que han muerto «sin haber sido atendidos por el sistema».
Por otra parte, aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto la reducción de las prestaciones económicas de las 400.000 personas atendidas por el sistema y que 158.830 cuidadores familiares hayan dejado de cotizar a la seguridad social por la labor que realizan, también ahora, «pero sin ninguna cobertura».
También apuntan a una reducción, no solo de las personas desatendidas, que relacionan con un descenso de las personas con derecho a las prestaciones, sino también de las personas atendidas. En este sentido, señalan que de enero a julio de 2013, el sistema de atención a la dependencia se ocupa de 7.173 personas menos.
Por último, han criticado la supresión de los niveles convenidos de financiación a las Comunidades Autónomas para la atención a personas dependientes y aseguran que la ley «dilata los plazos hasta la desesperación» e influye en la destrucción de empleo del sector de servicios.
«Abuelos golondrina», cada uno con su informe clínico
Los conocidos «abuelos golondrina», que rotan durante todo el año o solo en verano por los diferentes hogares de los hijos, no solo cambian de domicilio también de médicos, lo que dificulta el seguimiento de su salud y de sus tratamientos. Por eso, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) advierte cada año que los mayores que se trasladen de casa lleven consigo un documento clínico informativo para evitar, en la medida de lo posible, ciertos problemas como la polimedicación, la prescripción de medicamentos innecesarios o la repetición de pruebas diagnósticas.
En concreto, la SEGG pide que lleven a las consultas información sobre el diagnóstico y tratamientos en vigor, periodicidad de los controles analíticos, datos de posibles alergias o intolerancias, así como una referencia al contexto sociofamiliar donde se explique la periodicidad de los cambios de domicilio. La vicepresidenta de la SEGG, Puerto Gómez, advirtió además que cambiar de casa continuamente dificulta la integración del mayor en el entorno: «Cada familia —dijo— tiene personas y dinámicas distintas y el mayor ocupa un rol diferente. La constante adaptación al cambio puede favorecer la ausencia de rol en la familia», afirmó.
La situación puede generar incluso conflictos entre los distintos miembros de la familia, normalmente provocados por una mala organización a la hora de repartir los cuidados. Pero, ante estas situaciones, los más perjudicados son nuestros mayores que por los constantes cambios de domicilio pueden sufrir problemas de adaptación, desarraigo y desorientación.
El Ayuntamiento almeriense no dará pasos atrás con las cuidadoras de dependencia
Después de semanas de negociación y de varios tira y afloja, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aránzazu Martín, está dispuesta a sacar dos pliegos de condiciones diferentes para concertar el servicio de atención a personas dependientes con dos empresas diferentes. El motivo: la falta de acuerdo con las 53 trabajadoras del plan concertado de ayuda a domicilio del Ayuntamiento.
Martín explica que el Estado ha retirado la aportación al plan concertado de los ayuntamientos y ha apostado por unificar las ayudas en torno a la Ley de Dependencia a cuyas trabajadoras, más de 400, también subvenciona la Junta de Andalucía. La concejal entiende que lo suyo sería sacar unificar el servicio y no tener dos empresas diferentes, con condiciones laborales diferentes y una de ellas con, cada vez, menos aportaciones económicas “puesto que lo del plan concertado para la ayuda a domicilio se acaba”.
Pérdida de beneficios La edil reconoce que las 53 trabajadoras del plan concertado tendrán que perder algunos de sus beneficios. Además de una rebaja en el sueldo (pasarían a cobrar 13 euros la hora en lugar de los 24 actuales), se les pide una modificación en la jornada laboral que quizá no fuera inmediata, pero sí a medio o largo plazo.
Y es que, si se unifica el servicio, el medio centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio no pueden “legalmente” entrar a formar parte de una empresa cuando el grueso del personal (más de 400 trabajadoras) tienen otras condiciones laborales inferiores. Así lo explica la concejal que ve “imposible” que el Ayuntamiento pueda subir el sueldo a más del doble a cientos de trabajadoras algo que ocurriría si éstas lo solicitan legalmente tras una unificación de servicios.
La concejal de Asuntos Sociales insiste en que se trata de “perder ahora, para ganar después”. No sólo se les garantiza el trabajo, la antigüedad y una indemnización, sino que tendrían un empleo “de gran proyección en el futuro” y en el que mejorarían las condiciones laborales en cuanto haya mejores perspectivas económicas, entiende la edil.
Una concejal que “se ha cansado” de la postura de las trabajadoras del plan concertado y está dispuesta a dejar los dos servicios y preparar dos pliegos de condiciones diferentes para concesionar el servicio a dos empresas.
Claro que así las trabajadoras del plan concertado no asegurarían su puesto de trabajo dado que “las ayudas para este plan se están agotando”, insiste.
Mediación del alcalde Por su parte, las cuidadoras del plan concertado han denunciado en una nota de prensa que la concejal “juega con los derechos y los puestos de trabajo” y piden al alcalde que intervenga a su favor. Si no iniciarán protestas, dicen.
Por otra parte, frente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Almería, hay más de 400 empleadas más que están sujetas a la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía y que piden igualdad de condiciones laborales y “más compañerismo” a las que hoy dependen del Ayuntamiento. Consideran que la situación de crisis obliga a “apretarse el cinturón”, pero confían en que mejore a corto plazo.
Patronales de residencias de mayores piden a Junta andaluza no dejar de pagar plazas reservadas por cuestiones económica
Diferentes patronales de residencias de mayores han solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden que ha iniciado la Consejería de Salud y Bienestar Social con el propósito de «dejar de pagar» las plazas reservadas en los centros para mayores «por falta de dinero» porque con ello «menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales».
Según ha informado a Europa Press el presidente de una de estas patronales, la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación propuesta por Salud se permitiría a las residencias bajar el ratio de residentes autorizados en función de la población, cuando Andalucía cuenta sólo 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8.
Este hecho desencadenaría, según Olmedo, la pérdida de «unos 2.000 puestos de trabajo» en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque «la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando esta suba volver a contratarlos nos costaría el collar más que el perro».
Según la patronal del sector, el proyecto de orden de la Junta consideraría vacía una plaza, y por tanto la dejaría de pagar, cuando el residente supere los cuatro días de permiso de fin de semana o vacaciones fuera de la residencia o bien cuando el titular se encuentre hospitalizado.
Olmedo ha criticado especialmente este aspecto, ya que ha puesto de manifiesto que «las personas mayores con frecuencia están en el hospital y cada vez que estén ingresados la Junta dejará de pagar esa plaza, pero al mismo tiempo estará reservada y no podrá entrar otra persona».
«UN AÑO MUY DIFÍCIL»
Según ha subrayado, esta nueva orden se produce durante un año «muy difícil», ya que hay más de 2.800 plazas sin ocupar y «este asunto está afectando de manera importante», sobre todo porque la mayoría de las residencias están en entornos rurales.
Asimismo, «se están llevando a cabo traslados de los pueblos a las ciudades, hay personas que están en pueblos porque cuando solicitaron la plaza no había sitio en la ciudad, y cuando hay sitio en las ciudades son trasladados», lo que se traduce en una despoblación de las pymes en los pueblos y supone «un problema grave», ha destacado Olmedo.
Sin embargo, a pesar de las 2.800 plazas vacías, la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada por la Junta asciende a más de 40.000 personas, según los datos aportados por las patronales.
Catalunya tendrá una ley propia de dependencia antes de tres años
La Generalitat está elaborando el anteproyecto de una ley catalana de promoción de la autonomía personal para antes de que finalice la legislatura en 2016, con el objetivo de potenciar el sistema de servicios sociales de Catalunya e intentar subsanar las dificultades de financiación actual, fruto de los impagos del Estado.
Lo ha explicado la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, en la que afirma que los principios que inspiran la nueva ley son la «corresponsabilidad» entre el Govern, los dependientes y las familias, aunque no ha concretado si será a través de un mayor copago.
La próxima norma también persigue potenciar la prevención, la transversalidad, la atención integral, la optimización de recursos y la sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que actualmente la Generalitat soporta el 80% de la financiación de la Ley de dependencia y el Estado aporta el 20%, mientras que el marco normativo establece que debería pagarse a partes iguales.
El Govern pretende ahora «reformular el papel de los servicios sociales» actuales con el objetivo principal de evitar duplicidades, aunque manteniendo el espíritu de territorialidad y cercanía que actualmente tiene la Ley de servicios sociales.
La ley propia de dependencia también «delimitará claramente las competencias de los distintos ámbitos y administraciones» que intervienen en el sistema de la dependencia, que van desde el prisma local hasta el estatal.
Munté ha insistido en la importancia de modificar el nombre de la ley española de dependencia y sustituirlo por el concepto de autonomía personal: «Se trata de cambiar el paradigma actual centrado en los servicios por otro centrado en las personas».
Comité de expertos
Munté ha revelado que actualmente un «comité de expertos» está trabajando en un documento de bases, para el que ya ha celebrado cuatro reuniones plenarias y 16 específicas por temas.
Una vez finalizado este trabajo previo, el documento de bases será sometido a la consideración y debate con representantes de personas dependientes y de sus familias, además de con los partidos parlamentarios.
Una vez estudiadas todas las aportaciones, se procederá a la elaboración de un nuevo documento que deberá servir de guía para redactar el proyecto de ley, ha concluido la consejera, tras recordar que el objetivo del Govern es culminar el proceso en tres años.
Gobierno valenciano concede 530 Bonos Respiro para estancias temporales en centros residenciales de mayores dependientes
La Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana ha concedido este año un total de 530 Bonos Respiro, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes, según ha destacado este viernes la titular de este departamento, Asunción Sánchez Zaplana.
Sánchez Zaplana ha explicado que el objetivo de este recurso «es ofrecer a las personas mayores dependientes la atención que requieren en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar».
La consejera ha subrayado que, en muchos casos, «es la familia quien asume el cuidado de sus mayores dependientes, y desde la administración debemos apoyar a las familias a través de programas como el Bono Respiro, que permite sustituir de forma temporal al cuidador principal de la persona mayor dependiente».
En total se han concedido 530 Bonos Respiro, que se utilizan en las tres modalidades que contempla: mensual, de fin de semana o diario. Por provincias, se concedieron 408 en Valencia, 79 en Alicante y 43 en Castellón. Para este año, la Consejería de Bienestar Social ha destinado alrededor de 450.000 euros para financiar el programa.
Según Sánchez Zaplana, «la Generalitat, teniendo como prioridad la atención de las personas mayores y de sus familias, busca soluciones a través de servicios y recursos que mejoren las condiciones de vida de todos, sin olvidar por supuesto a los cuidadores, de forma que la atención a sus familiares no implique un desgaste físico y emocional».
El Bono Respiro está encaminado a satisfacer necesidades como la sustitución del cuidador principal cuando, de forma temporal y por necesidades sanitarias, sociales o laborales, no pueda realizar las actividades habituales que exige el cuidado de la persona mayor; cuidados del anciano tras altas hospitalarias en periodos de convalecencia; descanso del cuidador principal; o por otras necesidades que impidan a las familias, transitoriamente, la atención a personas mayores dependientes a su cargo.
DISTINTAS MODALIDADES
La Generalitat establece varias modalidades del Bono Respiro: Mensual o Bono Verde que consiste en una estancia durante un mes consecutivo, cuando por las necesidades sanitarias o sociales la persona mayor necesite la atención integral en un centro especializado. Esta modalidad podrá hacerse efectiva durante un mes natural o bien de fecha a fecha en dos meses consecutivos, siempre que su disfrute se realice con anterioridad al 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, se dispone del Bono Respiro Días o Bono Azul, que consistirá en 20 bonos diarios para la atención en residencias que podrán hacerse efectivos a lo largo de 2013, durante 20 días consecutivos o agrupados, en cuyo caso el mínimo será de dos días consecutivos y el Bono Respiro Fin de semana o Bono Blanco, consistente en 12 bonos para disfrute en una residencia de tercera edad, en los fines de semana que el interesado elija. En este caso, podrán disfrutarse en un horario que se establece a partir de las 9.00 horas del viernes hasta las 17.00 horas del domingo.