La profesionalización de la Dependencia permite crear o mantener 4.000 empleos
La profesionalización de la Ley de la Dependencia, esto es, la apuesta por ofertar servicios especializados alternativos al cuidado familiar, ha permitido mantener o crear 4.000 puestos de trabajo durante el último año. Así lo destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en el balance que ayer hacía en Valladolid, un año después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, que obligaba a reorganizar el modelo y orientarlo a esa mayor especialización. Según sus datos, se ha pasado de 4,5 empleos derivados de la atención personal por cada mil habitantes a los 6,1 actuales (que duplican la media nacional de 3,3 por ciento), y de 11.591 puestos de trabajo a medidados de 2012 a los 15.509 de junio de este año.
Unas cifras que tienen su traslación en el modelo autonómico, en el que se han reconocido 17.615 nuevas prestaciones por alta o cambio de servicio reconocidos a 15.504 usuarios, con un claro cambio de tendencia hacia los servicios profesionales, que suponen ya el 61 por ciento del total, frente al 39 por ciento de ayudas dirigidas al entorno familiar.
Esto representa un cambio estadístico evidente, que se ha hecho notar, en particular, a partir del pasado mes de febrero -seis meses después de que comenzaran a llegar los primeros expedientes posteriores el Real Decreto, que suelen resolverse en medio año-, lo que ha tenido como resultado la caída en un 17 por ciento de beneficiarios que recibían cuidados familiares, frente al avance, en ese mismo porcentaje, de personal externo que da apoyo a los pacientes dependientes. Milagros Marcos se refirió a los dos acuerdos sellados el pasado año (junio y septiembre) en el marco del Diálogo Social, que han propiciado el crecimiento de la profesionalización y destacó que a la norma estatal se añadió, por parte de Castilla y León, una rebaja del 15 por ciento en los recursos dirigidos a cuidados familiares en todos los grupos de dependientes, frente a la aportación suplementaria del 20 por ciento en los incluidos en los grupos I y III y del 74%para los registrados en el II.
Frente a las críticas socialistas, que apuntaban a una caída de beneficiarios y prestaciones, la consejera pidió «más coherencia y compromiso», si bien, desde el PSOE, la secretaria autonómica de Políticas Sociales, Marta Olmedo, planteaba a la Junta «que pregunte a los usuarios» del sistema si los recursos que reciben permiten pueden definir una asistencia de calidad.
