Dependencia
La crisis y el parón de la dependencia vacían las residencias valencianas
Los geriátricos de Castellón funcionan a medio gas. El largo brazo de la crisis se extiende por todas partes. También ha llegado a las residencias de la tercera edad, sobre todo a las privadas, un nicho de mercado en el que, en plena burbuja inmobiliaria, se embarcaron promotores inmobiliarios, bancos, aseguradoras y otras compañías que vieron la posibilidad de obtener una buena rentabilidad y que hoy afrontan la realidad de ver cómo las camas se están quedando vacías.
A un buen número de familias no les ha quedado otra opción que sacar a sus mayores de la residencia y volver a acogerlos en sus casas, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que supone la estancia en una residencia privada. Una plaza cuesta una media de entre 900 y 1.000 euros mensuales. Eso si es una habitación compartida. En el caso de las habitaciones individuales la tarifa supera los 1.300, una cantidad que pocas familias pueden asumir. Y eso se nota mucho. Prácticamente ningún centro de la provincia ha cerrado su balance anual sin plazas libres. En el año 2008, la mayoría tenía colgado el cartel de completo.
La plena ocupación de que gozaba el sector hace cinco años ha ido disminuyendo poco a poco. En la Comunitat Valenciana, según datos de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte), existen unas 5.000 plazas libres, de las que más de un millar están en Castellón. “La situación por la que atravesamos es mala y lo es por dos circunstancias. La primera porque las familias ya no tienen dinero para costear una plaza y la segunda es por el parón de la ley de la dependencia. La Conselleria prácticamente no concede ninguna nueva ayuda y hay personas que han solicitado la prestación vinculada al servicio, en este caso la estancia en una residencia, y aún no se les ha concedido”, reconoce Francisco Artola, director de Residencial Azahar del Mediterráneo, ubicada en Castellón.
Aunque motivos hay varios, en el sector todos coinciden en afirmar que el culpable de que las residencias funcionen a medias es el paro. “Cuando el subsidio por desempleo se acaba los mayores dependientes son llevados de nuevo a casa, con lo que la pensión se ha convertido en parte del ingreso familiar desde hace dos años. Hemos tenido casos de residentes que han vuelto con sus hijos porque gracias a la pensión podía ir tirando toda la familia”, coinciden en todos los centros privados consultados.
2.400 MAYORES EN GERIÁTRICOS // Las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en la provincia hay 2.378 personas mayores que viven en alguna de las 35 residencias especializadas existentes. Son muchas menos que hace tan solo dos años. “Ahora mismo tenemos un 40% de plazas libres y no son más porque hemos hecho una política brutal de ajuste de precios”, reconoce la directora de otra residencia de la provincia.
Aerte asegura que en estos momentos existen entre un 30 y un 40% de camas disponibles y para que un centro sea rentable deben tener cubiertas, al menos, el 80% de sus plazas. Conclusión, a algunos centros no les ha quedado otra que echar el cierre. Otros están aguantando como pueden. En Valencia y Alicante ya han cerrado varias residencias por falta de rentabilidad, aunque en Castellón, de momento, todas tratan de aguantar como pueden.
Con ser importante, el de la salida de mayores de las residencias no es el único problema que la crisis ha provocado en el sector. Las ayudas o, mejor dicho, la falta de ayudas de la Administración pública por esa falta de recursos es otro de los grandes hándicaps con los que las empresas del sector deben apechugar cada día.
Y es que, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, los precios de las residencias deberían estar subiendo en lugar de bajando debido a las exigencias que las Administraciones imponen para que los establecimientos cumplan con un sinfín de requisitos a todos los niveles, tanto de instalaciones como de personal. Las empresas cumplieron e invirtieron millones confiando en el respaldo público, pero este no llega.
GENERADOR DE EMPLEO// Desde el sector no se dan por vencidos. Con los datos en la mano, reivindican el papel que pueden llegar a desempeñar las residencias de dependientes. “Por cada euro que invierte la Administración hay un retorno en este mismo año de 1,30 euros. Si se llenaran todas las plazas vacías que hay en la Comunitat se crearían más de 2.000 puestos de trabajo”, insiste María José Mira, directora general de la patronal del sector Aerte.
Pero no todas las residencias viven la misma situación. En Castellón hay tres tipos de infraestructuras y las privadas son solo una parte del sector. Las hay que son públicas (bien de titularidad municipal o de la Generalitat) y otras que funcionan vía concierto, es decir, pertenecen a una empresa privada pero el Consell les subvenciona determinadas plazas. Un ejemplo: si la estancia de una persona mayor cuesta 1.000 euros, la Generalitat paga 400 y el usuario los 600 restantes.
Aunque la situación de los centros públicos y con plazas concertadas no es tan mala como la de las residencias 100% privadas (hay varias residencias municipales en la provincia que prácticamente tienen llenas el 100% de las camas), este tipo de instalaciones tampoco pasa por su mejor momento. El Consell les debe parte del concierto del 2012 y todo este año. “Poco a poco van pagando, pero lo que la Administración valenciana adeuda al sector sigue siendo una cantidad muy importante. Muchas residencias siguen adelante gracias a los ayuntamientos”, reconoce el director de un centro público.
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia, casi 500 nuevos beneficiarios en un mes
Asturias impulsa la Ley de la Dependencia. La frase, reiterada en numerosas ocasiones por el equipo de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda encuentra respaldo en las cifras. En solo un mes, cerca de medio millar más de nuevos beneficiarios. Una cifra casi clónica a la rebaja sufrida en la lista de espera. Por primera vez, en Asturias hay menos de 3.000 personas en el ‘limbo’, denominación que da el Observatorio de la Dependencia a las personas que, con derecho a una ayuda o prestación de la ley, aún no la reciben.
Así lo demuestran los datos estadísticos a que ha tenido acceso EL COMERCIO, los relativos a la evolución de la Ley de la Dependencia en Asturias. Unas cifras que aún no ha hecho públicas el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), puesto que, según explica en su web, se encuentra aún en proceso de revisión de los datos para cumplir lo apuntado por el Tribunal de Competencia. No obstante, otras fuentes apuntan a que la nueva estadística evidenciará lo que ya apuntaba en su último informe el Observatorio de la Dependencia: que la ley está prácticamente paralizada.
Sin embargo, las cifras enviadas por el Principado a Madrid evidencian que, al menos en Asturias, la norma que da derechos a las personas sin autonomía personal sigue en marcha. Dicen los expedientes que son ya 18.553 las personas con derecho a recibir un servicio -centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, residencia o asistente personal- o una prestación, ya sea para pagarse un servicio en la red privada o para cubrir la nómina de un familiar que le cuide en su casa. De ellas, 15.560 lo reciben ya realmente, una cifra que supone una merma de seis expedientes respecto al mes de marzo.
Fuera del sistema
Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, esa disminución, así como la de solicitudes, se debe a la desaparición de los diferentes niveles de la dependencia. En la gran reforma de la ley, la aplicada por el Gobierno central en julio pasado, la dependencia quedó solo limitada a grados -III, II y I- mientras que se eliminaban los niveles -1 y 2- que diferenciaban cada grado.
Eso supuso, en la práctica, el primer gran recorte, ya que todos los dependientes de nivel I quedaron fuera del sistema, incluso los de nivel 2, que ya tenían derecho a un servicio o prestación.
Al recorte de beneficiarios se suma, en clave positiva, la de asturianos en el limbo. Según las cifras oficiales, son 2.993 quienes ya saben que tienen derecho a una ayuda, pero no la reciben. Se trata de 466 casos menos en un mes, una tasa que desde el Principado se cree posible superar en breve, ya que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha rechazado paralizar la ley para revisar cada caso, tal y como pretende el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los nuevos beneficiarios optaron, mayoritariamente, por los servicios. Sólo 39 pidieron que les cuide en casa un familiar, aunque la cifra eleva a 8.686 las pagas al cuidador no profesional, la prestación más alta de la región, pese a que la ley la considera ‘excepcional’. De entre los servicios, el geriátrico ha sido el más castigado. De acuerdo a las cifras oficiales, son 2.805 los asturianos que utilizan una residencia con cargo a la Ley de la Dependencia. Son 143 menos en un mes.
SEGG forma a los cuidadores de personas dependientes
Uno de los vacios que la Ley de Dependencia aún no ha cubierto, es la formación de los cuidadores familiares, sobre los que recae la atención de los dependientes. Ante este vacío, el Grupo de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha elaborado el ‘Manual de Habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes’, que se presentará en el 55 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) a celebrar en Valencia desde el 12 al 14 de junio de 2013.
Este grupo de trabajo de la SEGG, nació con los objetivos de promover la difusión del desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, formar a los profesionales y realizar materiales divulgativos que permitan colaborar a una mayor difusión y clarificación de lo que representa la Ley.
Desde sus inicios consideró prioritario dar una información, clara, sencilla y útil a los profesionales de la salud, para conocer más profundamente la Ley, sus recursos y las dudas en su aplicación.
En septiembre de 2011 presentaron ‘La Guía Práctica de la Ley de Dependencia’, en junio de 2012 el Manual Práctico de las 101 Dudas más frecuentes sobre la Ley de Dependencia, y ahora en 2013 este Manual de Habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes va dirigido a los cuidadores familiares y al colectivo de cuidadores no profesionales, que son quienes atienden mayoritariamente a las personas mayores dependientes en sus domicilios.
Su finalidad es dar formación a estos cuidadores en habilidades para el cuidado, ayudándoles a mejorar la calidad en la atención que proporcionan e informar sobre algunas ayudas técnicas que pueden facilitarles la importante labor que desarrollan.
En cuanto a su metodología, no pretende ser uno de los muchos libros que existen en el mercado sobre esta temática; es un sencillo manual que de forma divulgativa y formativa recoge los cuidados que más inquietan, y resuelve de forma concisa, escueta y clara, las dificultades que supone cuidar a un mayor dependiente por parte de sus familiares y/o cuidadores no profesionales.
Se ha elaborado con fichas sencillas y recuadros aclaratorios y su documentación tiene en cuenta la evidencia científica disponible.
Piélagos confía a una empresa privada su servicio de teleasistencia
El Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria) ha adjudicado su servicio de teleasistencia municipal, a través del que se facilitará la prestación a los 175 usuarios con los que cuenta el municipio. En este caso, la oferta ganadora ha sido la presentada por la compañía Igon CEE, con una puntuación de 95,31 puntos, por encima de sus competidoras, la entidad sin ánimo de lucro Cruz Roja (95 puntos) y la mercantil Servicios de Teleasistencia (91,96). Igon ha obtenido 16 puntos por la gestión del servicio y las mejoras ofertadas y otros 79,31 por la oferta económica (incluyendo diez por acreditación de calidad y por compromiso de renuncia a la revisión anual de precios). En concreto, la oferta de Igon asciende a 15,15 € (IVA excluido) por hora, frente a los 18,5 € con los que había salido la licitación.
Como se recordará, el concurso contempla la instalación de un dispositivo en el domicilio del usuario, con comunicación a un centro de atención a través de un botón de emergencia. Entre otros requisitos, los pliegos requieren que se garantice la comunicación interpersonal y bidireccional las 24 horas del día, así como una atención inmediata en emergencias, de carácter presencial cuando sea necesaria.
Con esta adjudicación, Igon refuerza su área de teleasistencia, ámbito en el que se hizo recientemente con la licitación presentada por la Diputación de Valladolid, en este caso, con un valor superior a 1 M€, teniendo en cuenta los dos años de contrato más las dos posibles prórrogas previstas. En la actualidad, la empresa dispone de más de 13.000 usuarios de teleasistencia y pretende seguir creciendo en Castilla y León, Galicia, Cantabria y País Vasco, a través de nuevos contratos. Controlada al 100% por la Asociación Igon, integrada por personas con discapacidad, la empresa registró una facturación de 1,5 M€ en 2012.
Fuente: Alimarket
Las familias con dependientes menores denuncian abandono
No representan un volumen importante dentro del millón y medio de españoles que no pueden valerse por sí mismos, pero los menores dependientes y sus familias rozan en muchos casos la exclusión social, sobre todo tras los recortes de la ley de dependencia. Los representantes de las asociaciones que defienden a este colectivo escondido entre las grandes cifras denuncian que tienen problemas específicos y que atraviesan una situación muy complicada, con ayudas siempre escasas. Las familias se sienten abandonadas. Hasta César Antón, director del Imserso, el organismo gubernamental que gestiona la ley de dependencia, reconoce que presentan «mayores necesidades, ya que a menudo se exige la dedicación plena de miembros de la familia».
El caso de Aleix Obregón es ilustrativo de estos graves apuros. Pero hay muchos más, auténticos dramas médicos y económicos. «El milagro para la mayoría de estas familias es vivir cada día», asegura en Toledo José Luis Gómez-Ocaña, padre de dos hijos, de 9 y 16 años, con una enfermedad degenerativa (Tay-Sachs) incurable. Es mortal, y no se conocen casos que hayan superado los 18 años de edad. Los dos son grandes dependientes y a ambos se les ha reducido la ayuda en un 15%. «Necesitan cuidados -explica- las 24 horas del día por las crisis que sufren. No controlan esfínteres. El mayor no habla y al pequeño ya no se le entiende. En mi casa no entra más sueldo que el mío de profesor, recortado también. Mi mujer dejó de trabajar hace unos años para cuidarlos».
PRIMERO, QUE COMAN
Gómez-Ocaña, coordinador de la plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castilla-La Mancha, asegura que «en contra de lo que se cree, los casos más graves y dramáticos de dependencia suelen ser de niños y jóvenes». La mayoría, según el perfil elaborado por la plataforma, afecta a mujeres que tienen que dejar de trabajar para dedicarse casi todo el día a sus hijos, con lo que implica de coste económico y, sobre todo, emocional y físico. No tienen descanso y a eso se añade la tensión de si van a poder hacer frente a los costes de rehabilitaciones y terapias. «Llega un momento en que la situación es agobiante, tiene que explotar por algún lado. Hay gente que se encuentra al límite», apostilla.
De los cinco miembros de la familia cordobesa López Cortés, dos hijos tienen enfermedades graves. Juan, de 12 años, ha de estar siempre encamado y Julia, de 6, sufre una enfermedad psicofísica. El padre está desempleado y sin derecho a prestación y tiene una incapacidad física que le obliga a usar silla de ruedas. El hijo mayor, Pablo, de 19 años, se ha marchado a Alemania a ver si logra ganar y enviar algo de dinero. «Mi marido y yo nos hemos planteado dejar de comer para poder comprar las medicinas. Lo primero es que los niños coman, luego ya veremos los mayores», dice Amelia, la madre y la única que aporta algo de dinero limpiando casas o incluso pidiendo en la calle.
«Un menor de edad impacta mucho más. Estas familias tienen un problema específico y muy limitada sus capacidad de respuesta, aunque reciben algún tipo de prestación. Es un colectivo que está pasando por una situación calamitosa», asegura José Miguel Delgado Trenas, trabajador social en el centro de evaluación de la dependencia de Córdoba.
«SI ESTO NO ES UN CALVARIO…»
Palmira Castellano preside la plataforma en defensa de la dependencia de la Comunidad Valenciana y es la madre de Sara, a la que diagnosticaron una enfermedad que se caracteriza por convulsiones intratables y retraso mental. Han de apañárselas con los 425 euros mensuales de ayuda. «Las personas mayores tienen un final. En estos casos es para toda la vida», subraya.
Dolores, de 44 años, es otro ejemplo. Dejó su empleo de cocinera en Madrid al nacer su hijo hace 4 años y le dieron la «paguilla» de 520 euros para atenderlo. Sufre encefalopatía epiléptica catastrófica, que le impide moverse y le roba la vista, y exige cuidados permanentes como un bebé. Ahora, viuda, cobra 418 euros y ha de pagar 200 de alquiler. «Si esto no es un calvario…», musita.
Aerte recurre el bloqueo de los expedientes aprobados que no reciben prestación
Aerte ha reclamado un acuerdo estatal que implique tanto a Gobierno Central como a CCAA, y en general, a todos los agentes involucrados en el sistema para evitar la desaparición de la Ley de Dependencia y con ello, el abandono en que entrarían miles de personas cuya atención no es compatible con los recortes que aplica el Gobierno, ni con los retrasos en los pagos, ni con la ausencia de resolución de expedientes que han sido aprobados.
Esta es la posición fijada por Aerte, en un contexto de recortes aplicados sin contar con los agentes del sector que, contradiciendo los argumentos esgrimidos por el Gobierno, no suponen una aplicación de la Ley de Dependencia con criterios de calidad y racionalidad, ni implican una derivación hacia la contratación de servicios profesionales, ni tampoco la incorporación de dependientes reconocidos al sistema, más bien al contrario, se han disminuido a los dependientes las cuantías de las prestaciones sin justificación aparente alguna.
Frente a esta situación, calificada como grave error por Aerte -a tenor de la rentabilidad que supone para la arcas públicas la inversión en Dependencia- en la última Asamblea de Aerte, se aprobó la ejecución de acciones jurídicas en contra de la actual política en materia de dependencia llevada a cabo por la Administracion Valenciana consistente en una actuación pasiva en la resolución de los expedientes, algunos de ellos desde el año 2009. Esto provoca que en algunos casos, personas dependientes fallecen sin haber visto resuelta su ayuda.
En respuesta a esta situación, la patronal ha pedido a sus asociados que soliciten a la Administración una interpretación del silencio administrativo en aquellos expedientes con un plazo superior al que establece la Ley, esto es, de los seis meses desde el inicio del mismo sin haber recibido resolusión de la PVS a pesar de tener derecho a ésta según establece la Ley de la Dependencia.
A su vez, Aerte ha puesto a disposición de los Dependientes, un servicio de asesoramiento jurídico para aquellos que se encuentren en esta situación de desamparo por incumplimiento de la ley por parte de la Administración y que posteriormente puedan interponer un Recurso Contencioso Administrativo en contra de la Consellería.
Con respecto a la minoración de las cuantías de las PVS sin comunicación previa, Aerte esta trasladando cada una de dichas disminuciones al Sindic de Greuges, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana ha sido la única autonomía donde se han aplicado recortes sin notificación ni aclaración previa a la población dependiente, dejando en una situación de indefensión a los receptores, de pleno derecho, de dichas ayudas.
Para Aerte, las medidas de “ahorro” anunciadas por el Ejecutivo no están alineadas con la voluntad de potenciar la Atención Profesional en el sector de la Dependencia, sino que tal y como se han planteado, suponen un claro recorte muy perjudicial para la población en situación de dependencia, y a su vez, insostenible para el sistema.
Así lo ha manifestado la Directora General de Aerte, María José Mira, para quien el Gobierno aplica medidas en teoría más racionales y equitativas pero al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana no resuelve las prestaciones vinculadas al servicio de los dependientes con expedientes aprobados desde hace años, y disminuye las cuantías de los que ya tenían un derecho reconocido por tener una resolución administrativa, sin comunicarlo previamente, hechos que sumados a los retrasos que ha experimentado y aún experimenta el sector, hacen insostenible la atención profesional.
Frente a esta situación de dificultades económicas que sufre el sector y el bloqueo en la resolución de expedientes, Aerte considera necesarios acuerdos políticos, económicos y sociales que hagan viable el sistema de atención a la dependencia, que afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
Ayer se puso en marcha en IESE la Mesa de Debate sobre Dependencia, promovida por la Federación Empresarial de Asistencia a la Depenencia (FED) y la Fundación Economía y Salud. Un espacio de reflexión de carácter itinerante que contó con la presencia de César Antón, Director General del Imserso, quien negó la existencia de nuevas medidas de ahorro en el sistema de dependencia, en alusión a los 1.108 millones anunciados en el Plan de Reformas que, según el Director del Imserso, proceden de actuaciones acordadas en el Consejo Territorial de Junio 2012.
En el curso de su intervención, César Antón transmitió su intención y compromiso de impulsar y continuar con la profesionalización de los servicios para atender a las personas en situación de dependencia”.
Estas palabras han sido valoradas positivamente por María José Mira, Directora General de AERTE, para quien ha calificado de contradictorio que la Comunidad Valenciana sea la única autonomía que no sigue las directrices del Imserso relativas a salvar la Ley de Dependencia mediante resoluciones de Prestaciones Vinculadas al Servicio, el tratamiento igualitario de personas con mismo nivel de dependencia y capacidad económica y en particular, reconociendo a todas estas personas los servicios profesionales acreditados como dentro de la red de servicios sociales y no sólo a una parte de esta población dependiente.
Frente a la necesidad de establecer unas reglas igualitarias en el sector que redunden en un mejor servicio global al dependiente, la directora general de Aerte ha aludido a un contrato que ha aportado a diez empresas importantes beneficios, concertándoles 2. 000 plazas que deberían haber salido a concurso público y que por ello, está llevando a la muerte de las empresas del sector y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.
El Ayuntamiento de Ourense adjudica el servicio de teleasistencia domiciliaria a la empresa Clece
La junta de Gobierno local de Ourense ha acordado adjudicar la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria a la empresa Clece, S.A, que «presentó la oferta más económica cumpliendo con las prescripciones del pliego, siendo este el único criterio de la adjudicación».
De ello ha informado el Consistorio en un comunicado en el que ha indicado que Clece prestará este servicio por un importe de terminal/mes de 17,58 euros –IVA incluido–, lo que significa una bajada de 18,23 por ciento respecto al presupuesto de licitación.
Con este acuerdo, el Consistorio ha señalado que «da continuidad» a este servicio de atención a las personas mayores, que hasta el año pasado prestaba la Diputación provincial, a través de un convenio con el Imserso y que desde este año el Ayuntamiento deberá prestar en solitario en la ciudad, financiando en la totalidad su coste, de unos 60.000 euros anuales, que permiten dar atención gratuita a un total de 237 personas mayores.
SEÑALIZACIÓN DEL COMPLEJO DE EIROÁS
En la reunión de este jueves, la junta de gobierno local también ha aprobado cuatro medidas de mejora de la señalización y aparcamiento en el entorno del complejo deportivo de As Eiroás a propuesta de la concejalía de Policía Local y Tráfico que atendía a una petición vecinal.
Además, en la misma sesión, se han desestimado cinco reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que solicitaban indemnizaciones por daños y pérdidas que, supuestamente, se les irrogaron a consecuencia de la anulación por sentencia judicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense del año 2003.
El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo
El Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. El alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional número once de la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008 que rezaba: «en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa determinará la desestimanción de la solicitud formulada por silencio administrativo». El Consell ya rectificó esta norma en 2009, según confirmaron fuentes de la Conselleria de Bienestar Social.
La norma impulsada por el Consell en 2007 y aprobada por las Corts el 27 de diciembre del mismo año fue recurrida por el Defensor del Pueblo. El Consell defendía que la medida era necesaria para ahorrar, argumento que tumba el Tribunal Constitucional al entender que «el eventual ahorro se produciría únicamente cuando la denegación fuera firme, no bastando para ello su desestimación inicial». Los magistrados anulan la norma pero su decisión no afectará a las situaciones que hasta la fecha de hoy se hayan denegado así.
Para el TC la disposición adicional que denegaba ayudas por silencio administrativo «se encuentra fuera del contenido constitucionalmente admisible de una ley de presupuestos autonómica». Además de tumbar el argumento de la Generalitat, el TC considera que «la norma se reputa contraria al artículo 9.3 de la Constitución (seguridad jurídica)».
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) anunció ayer la interposición de recursos contencioso-administrativos por el bloqueo de los expedientes aprobados que no han recibido prestación. La patronal de la dependencia pide un acuerdo «estatal» que implique al Gobierno y a todos los agentes competentes para evitar que desaparezca la ley de Dependencia.
Más de 3.000 personas contra los impagos
Miles de personas recorrieron ayer las calles de Valencia para denunciar el retraso por parte del Consell en el pago de servicios y entidades que atienden a personas con discapacidad, centros cuya situación consideran «dramática» debido a que algunos trabajadores llevan cinco meses sin cobrar. La manifestación fue convocada por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia (CDD) y fue desde la estación del Norte de Valencia hasta la Conselleria de Bienestar Social y la Generalitat. Más de 3.000 personas, según fuentes de la organización, participaron en una marcha que iba encabezada por una pancarta con la frase «Por el respeto, la dignidad y la justicia social» y durante la cual se gritaron frases como «la dependencia no se vende» o «dignidad para la discapacidad».
Autonomía Personal y Dependencia: Una Ley en el corredor de la muerte
Por su interés, reproducimos el post de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su blog http://www.lawyerpress.com
No hace ni siete años que se aprobaba en España una Ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así rezaba su denominación oficial, que a pesar de sus muchas insuficiencias parecía inaugurar algo inédito en nuestro país, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más básicas de extensas capas de población –personas mayores y personas con discapacidad que precisan apoyos intensos para su autonomía individual- en clave de derechos. Este clase de necesidades no había tenido hasta entonces una respuesta firme en términos de derechos, por lo que con reticencias y aprensiones, que las hubo, y justificadas, tanto por el modo en que se hizo como por el resultado obtenido, fue saludada como un avance social. El lance estaba hecho, y podía concluir más o menos bien, a reserva de la intervención del azar, que como dijo el poeta nunca puede ser abolido.
En estos casi siete años de despliegue, un sino aciago parece haberse apoderado de esta Ley, frustrando amargamente las expectativas de cientos de miles de personas y de sus familias que aguardaban, en una suerte de justicia histórica, tan desacostumbrada para ellas, el comienzo de una cierta reparación a una demanda tan antigua como insatisfecha. Los motivos de este fracaso social, particularmente cruel por lo mucho que prometía y sobre todo por a quienes lo prometía, no son solo económicos, no son ni siquiera principalmente económicos, aunque la aguda crisis de estos últimos años haya precipitado el fracaso que se gestaba.
¿Dónde estarían pues las causas de este resultado adverso? ¿Acaso España como comunidad política es incapaz de un proyecto ambicioso de mejora colectiva destinado a las partes de la ciudadanía más castigadas? ¿Si el fin perseguido suscitaba un amplio consenso social y político, qué ha malogrado su consecución? Las concausas son variadas, como siempre que nos enfrentamos a hechos complejos. Citemos algunas, las más notables. Defectos de origen, como la no incardinación de esta modalidad de protección social en la esfera de la Seguridad Social que por suerte sigue siendo atribución del Estado, y que la hubiera dotado de estabilidad y dirección única. Lejos de eso, el precario título competencial sobre el que se ha desarrollado, ha condenado al naciente sistema a quedar a resultas de la rebatiña permanente entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, colocándolo en una tierra de nadie, que más parece cementerio inerte que campo abonado para dar frutos. Defectos de despliegue, producto de una gobernanza anómala sin centro de decisión definido ni participación de aquellas partes de la ciudadanía que son las destinatarias naturales de sus pretendidos beneficios. Falta de buena fe y clamorosa ausencia de lealtad institucional de los operadores políticos llamados a implantarla, que se han desangrado en estos años en disputas partidistas improductivas, como si las miras altas estuvieran vedadas a los responsables públicos. Y la crisis, también la crisis, pero en menor medida y a título de falsa coartada, que todo lo excusa y justifica.
Estos días se anuncian nuevos recortes en materia de autonomía personal y dependencia, y durante un tiempo, esta situación terminal reverdecerá un tanto en los medios y algún eco llegará a la opinión. Pero como los temas sociales carecen de prestigio en nuestra vida pública, el asunto pasará, sin pena ni gloria. El golpe de gracia puede estar avecinándose y quedarían solo los engorrosos trámites de todo deceso, el levantamiento del cadáver, la partida de defunción, la autopsia. Una Ley y un sistema de protección social condenados por las culpas de otros, espera en el corredor de la muerte. La fecha fatídica se acerca o al menos eso parece. Como en las películas norteamericanas, queda una última esperanza, que el Gobernador telefonee comunicando la conmutación de la pena. En esas estamos, con la soga al cuello. ¿Quién nos salvará?
Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
Aerte desaprueba que el Gobierno «pueda siquiera plantearse un nuevo recorte en los derechos de las personas dependientes»
Para Aerte, Patronal de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, los nuevos recortes anunciados por el Gobierno en Dependencia impedirían a miles de dependientes vivir con un mínimo de dignida, vulnerando, con esta medida, los derechos de los dependientes y faltando, a su vez, al compromiso que asumió el Estado con la población dependiente, cuyos recortes anunciados de forma unilateral por el Gobierno, son rechazados por Aerte.
Según la patronal de la dependencia en Comunidad valenciana, esta nueva medida de ajuste, junto a los retrasos en los pagos, la disminución de beneficiarios de las prestaciones, el incremento del copago por los dependientes y todos los expedientes bloqueados que dejan sin atención a miles de dependientes con derecho reconocido, certifican la extinción objetiva de la Ley de Dependencia.
Así lo ha manifestado María José Mira, directora general de Aerte, quien ha subrayado la contradicción que supone recortar en la aplicación de derechos fundamentales para las personas Dependientes mientras que, por otro lado, se mantienen estructuras de despilfarro que hacen más injusta e insostenible la situación en la que se encuentran nuestros Dependientes.
Para la directora general de Aerte, no es de justicia que en España se destinen fondos públicos millonarios como grandes obras e infraestructuras que no ofrecen rentabilidad, cuando la alternativa que se ofrece como ahorro sea dificultar, aún más, el día a día de miles de personas dependientes y especialmente vulnerables.
Máxime cuando se ha demostrado con estudios independientes la rentabilidad económica del sector en retornos vía impuestos como IVA o IRPF, recaudación en seguridad social, etc, que suponen los fondos destinados a este sector, así cómo el impacto directo sobre el empleo, dado que se genera un trabajador directo por cada 2 plazas residenciales según la legislación existente.
Obviamente el simple anuncio de aplicación de nuevas medidas de recortes, además de ser socialmente perversas -dado que afectan a aquellos ciudadanos más débiles- conllevarían una destrucción de empleo más elevado que en otros sectores por la misma argumentación anterior. Aun se entienden menos estos anuncios, afirma la directora general cuando los políticos actuales no dejan ocasión para declarar su preocupación por las estadísticas de desempleo.
María José Mira califica estos nuevos ajustes presupuestarios anunciados como “medidas impropias de un sistema democrático comprometido con la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos”.
Cuando el pasado julio el gobierno anunció modificaciones en la Ley Dependencia que racionalizaban su aplicación, Aerte inocentemente aceptó dichas medidas por entenderlas como un comienzo de exigencia hacia la profesionalización del sector asumiendo que así, la ley de dependencia, se convertía en una ley de servicios.
Siempre creímos, señala Mira, que con los ahorros que se generaban al aplicar medidas de ajuste, como la modificación en los criterios del copago, se iban a atender a las personas en situación de dependencia que todavía no están asistidas. Nunca imaginamos, comenta la directora general de la Patronal, que los ahorros irían encaminados a recortar presupuesto directamente.
Aerte anuncia demandas judiciales
Ante esta situación y tal y como propusieron y aprobaron los asociados de AERTE en su reciente Asamblea General anual, la patronal de la Dependencia sólo ve una solución a la cegera e incapacidad que muestran nuestros dirigentes y que nunca se ha querido aplicar: aconsejar a los dependientes a que emprendan acciones jurídicas que puedan traducirse tanto en la reclamación del cumplimiento de la Ley de Dependencia en sus plazos, como en el respeto a la libertad de elección del usuario que ésta establece.
Aerte también ha anunciado otras acciones jurídicas como recursos contra las órdenes de Bono (por entender que se tratan de plazas concertadas de centros que deben de tratarse equitativamente que el resto de operadores del sector) y contra la supuesta firma de un contrato que sólo beneficiaría a unas pocas empresas en detrimento de la gran mayoría del sector cuando el coste de dichas plazas es justo el doble que las ayudas de la dependencia; así como contra los concursos públicos del sector que se liciten por debajo del coste legal.
La patronal no ha tenido más remedio que personarse, por tratarse de un tema que afecta a la mayoría de sus asociados, en todos los recursos presentados por algunas empresas que defienden una falsa exclusividad del concierto de sus plazas frente a cualquier otro tipo de financiación pública.
Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno
La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gastosupondrá una «condena a la exclusión social, e incluso a la muerte» para miles de personas.
De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. «Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia yun acto de profundo desprecio hacia la vida humana«, asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.
Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: «Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios», afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: «Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado».
Así, la plataforma asegura que «en paralelo al desmantelamiento de la ley» han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. «El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70«, señala Gomez-Ocaña.
Recortes a los beneficiarios y freno a las altas
Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las «reevaluaciones». Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: «Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación», dice.
También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: «Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones», explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.
«El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo», cree Gómez-Ocaña. «Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados», dice.
Nada que perder
Ante esta situación, «la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes«, dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de «gran dependencia», en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. «Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico«, asegura.
Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. «Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas», explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas «muy difícil de movilizar»: «La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara», comenta.
Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca «medir muy bien las protestas» en un momento en el que el Ejecutivo «está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones». Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para «defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida». «Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo», concluye.
El CERMI da por muerta la Ley de Dependencia si se aplican los nuevos recortes
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supondría «la defunción de la norma y un gran fracaso social».
En este sentido, el CERMI ha asegurado que el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia «languidece desde hace muchos meses, por lo que someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro sería frustrar las expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual». «Recortar más la Ley constituiría un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte a los segmentos más vulnerables, en términos de derechos y bienestar del país», ha precisado en un comunicado.
Asimismo, ha subrayado que la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia «es un valor social inmenso que no puede estar continuamente en juego». Por ello, ha expresado que «requiere el apoyo explícito y permanente con hechos y decisiones de las Administraciones responsables, del Gobierno central y de las comunidades autónomas».
Finalmente, ha reclamado que todas las fuerzas políticas y los sectores sociales de mayores y discapacidad suscriban «un gran pacto para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron y que les dote de estabilidad institucional y financiera».
MUGABE elige la atención centrada en la persona para su X jornada
La Jornada MUGABE que se celebra una vez al año, pretende ser un espacio organizado, dirigido y participado por personas mayores en el que se expongan y debatan opiniones, y se generen ideas e iniciativas en relación a sus temas de interés, con un espíritu abierto y dirigido a toda la sociedad.
Se reúne en un mismo foro a los participantes en las distintas actividades que se desarrollan bajo el programa MUGABE.
Para el acto se elige un tema relevante y de actualidad, y una persona profesional del tema ofrece una conferencia que posteriormente da lugar a un debate entre todas las personas asistentes.
Por ello, el próximo día 8 de mayo, MUGABE celebra en la sala Kutxa de la calle Andia (Donostia- San Sebastian) la X. Jornada MUGABE, bajo el título: “Pertsonek laguntza behar dutenean, ETXEAN ONDO, cuando las personas necesitan ayuda”.
El programa de la jornada será el siguiente:
- 10:00 Saludo y presentación de la Jornada. Actuación del Coro “Cum Jubilo” (Acex-Eske).
- 10:15 Ponencia. “La atención centrada en la persona. Un modelo para el buen trato a las personas mayores”. Teresa Martínez (Psicóloga experta en Gerontología Social. Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias). Autora de la Guía La Atención Gerontológica Centrada en la Persona, editada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en 2011.
- 11:00 Coloquio
- 11:30 Descanso
- 12:00 Mesa redonda “Etxean Ondo: Vivir bien en casa o como en casa cuando necesitamos ayuda”.
Ponentes:
- Miguel Leturia Coordinador del “Proyecto Etxean Ondo domicilios”.
- Pura Díaz Veiga Coordinadora del “Proyecto Etxean Ondo residencias”.
- Leyre Carrasco Diego auxiliar del Centro Gerontológico Fraisoro participante en el Proyecto Etxean Ondo.
- 13:00 Coloquio
- 13:30 Despedida y cierre. Actuación del Coro “Cum Jubilo” (Acex-Eske).
La Jornada está abierta al público en general.
Fuente: http://mugabe-elkartea.com/
César Antón asegura que no hay nuevas medidas de recorte en dependencia
El director general del Imserso, César Antón, ha afirmado hoy que no se están produciendo nuevos recortes en las ayudas sobre la dependencia y que la aportación de los usuarios ya se acordó en 2012, aunque en algunas Comunidades autónomas se esté adaptando ahora.
Antón ha matizado que todos los acuerdos sobre dependencia se tomaron el 10 de julio de 2012 en el consejo interterritorial de Sanidad con todas las Comunidades autónomas, que los acuerdos se publicaron en el BOE en agosto de ese año y que desde entonces «no hay nada nuevo».
El desarrollo de esos acuerdos supuso unas medidas de ahorro que en algunos casos tuvieron efectos presupuestarios en 2012 y en otros se están aplicando progresivamente y tienen su traslación en los presupuestos de 2013, ha agregado en rueda de prensa.
Por tanto «no hay nada nuevo, hemos sido transparentes y estamos haciendo lo que hemos aprobado de acuerdo con las Comunidades autónomas», ha subrayado.
En cuanto a la aportación del usuario, Antón ha manifestado que también se aprobó en el consejo interterritorial con el acuerdo de todas las Comunidades autónomas.
En este sentido ha recordado que la Ley de Dependencia ya establece, desde el año 2006, que los usuarios deben participar con aportaciones para contribuir a su financiación.
«El problema es que no había un desarrollo de esa parte de la ley, con una sentencia recurrida y un gran vacío legal», ha recordado.
Por eso en el consejo de julio de 2012 se establecieron las bases para esa aportación, con el principio de que fuese igual para todo el territorio, ya que «la normativa debe ser igualitaria en todo el territorio».
En este punto, Antón ha explicado que desde ese mes de julio algunas comunidades autónomas han adaptado a su normativa la aportación del usuario y en base a ese acuerdo, se está aplicando dicha aportación.
Ha recordado que en el caso de usuarios dependientes con una capacidad económica por debajo del IPREM «la aportación es de cero euros» y que se va incrementando en función de la capacidad económica del usuario, de forma que «aporten más los que más tienen», ha concluido.
El Gobierno extremeño contratará por 6,8 millones la gestión de cien plazas para atención a dependencia tipo tres
El Gobierno extremeño contratará por un importe total de 6.837.480 euros la gestión, durante cuatro años, del servicio de estancias de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, modalidad Tipo Tres (T3), para las 100 plazas que quedaron desiertas en la licitación pública realizada en julio de 2012.
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para contratar, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, la gestión de este servicio.
Según explica el Ejecutivo regional en nota de prensa, el servicio público de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia, estancias T3, tiene por objeto la «prestación de cuidados integrales a personas en situación de dependencia que poseen un bajo nivel de autonomía y necesitan cuidados o supervisión prolongados», dentro de un entorno residencial, «con intervención sanitaria puntual, ante la inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo suficiente».
Con esta autorización se pretende completar la oferta de 778 plazas que se ofertaron en el año 2012, de las que 100 no fueron adjudicadas en la licitación pública realizada.
El importe de la contratación para este centenar de plazas asciende a 6.837.480 euros, más 4.102 euros para traslados, por un periodo de cuatro años.
PLAZAS PARA MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con los ayuntamientos de Villanueva de la Vera, Lobón y La Coronada para el mantenimiento de 48 plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros de día y residenciales.
El presupuesto global que la Consejería de Salud y Política Social destinará a estos convenios, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, se eleva a 432.800 euros.
En concreto, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera recibirá una subvención de 310.800 euros para el mantenimiento de 28 plazas en el centro residencial de titularidad municipal.
Además, el Ayuntamiento de La Coronada se concederán 61.000 euros para el mantenimiento de 10 plazas en su centro de día y al de Lobón la misma cuantía también para el mantenimiento de una decena de plazas en el centro de día de titularidad municipal.
AYUDA A DOMICILIO
Finalmente, el Ejecutivo regional ha autorizado la firma de convenios con once ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para el mantenimiento y financiación, con una cuantía global de 955.283,97 euros, del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Estos convenios, por los que se articula una subvención para el mantenimiento de este servicio, se celebrarán entre la Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y los consistorios.
Se trata de Casar de Cáceres, que recibirá una subvención de 60.509,38 euros; Arroyo de la Luz (82.030,75 €) ; Campanario (68.618,88 €); Cabeza del Buey (69.320,66 euros); Jaraíz de la Vera (82.966,46 euros); Guareña (91.699,78 euros); Coria (160.942,46 euros); Llerena (72.829,58 euros); Calamonte (75.870,65 euros); Miajadas (126.087,19 euros), y Quintana de la Serena (64.408,18 euros).
El Gobierno prepara un recorte de 958 millones en Dependencia para este año
El Gobierno asesta el enésimo hachazo a la ya de por sí maltrecha ley de dependencia con un recorte previsto para 2013 de 958 millones de euros. Así consta en el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea por el Ejecutivo y conocido a última hora de ayer. En concreto, el programa anuncia para este año la aprobación de dos nuevos reales decretos para «adecuar las prestaciones a la capacidad económica del beneficiario» y «para regular las prestaciones del sistema» que en la práctica supondrán un «ahorro» de 958 millones. Sin embargo, no es la única sorpresa que depara el documento. De hecho, en total, el Gobierno prevé ahorrar cerca de 4.000 millones en todo tipo de políticas sanitarias nuevas o con la recaudación de algunas de las medidas que ya tomó durante el año pasado.
Los 770.000 dependientes que reciben ayuda en la actualidad verán reducida su cuantía este año casi con toda seguridad en lo que puede ser casi el golpe definitivo a la que se consideró en 2006 la cuarta pata del Estado de Bienestar. Y es que las medidas anunciadas en el documento remitido a Bruselas insisten en profundizar los recortes aplicados ya el año pasado -mediante otro real decreto en julio y a través de los presupuestos-. De hecho, el Gobierno vuelve a poner el foco del ajuste en las prestaciones del beneficiario. Unas ayudas que en 2012 ya se redujeron mediante una menor aportación del Estado de hasta un 13% (200 millones) al denominado ‘nivel mínimo de protección’, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad.
Este ajuste se suma a otros realizados en 2012 como la suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares, que afectó a 146.000 personas. Unos cuidadores que ya habían sufrido otro tijeretazo del 15% en las ayudas directas por cuidar del familiar. El Gobierno siempre ha alegado que estas medidas pretendían fomentar el incremento de los cuidadores profesionales en detrimento de los familiares, una figura contemplada en la ley como «excepcional» que se había generalizado. Otra medida de ahorro detallada en el Plan Nacional de Reformas es la demora en la incorporación al sistema de las personas beneficiaras con menor grado de dependencia, cuyas ayudas no empezarán a recibir hasta 2015. Con todas estas medidas el Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 530 millones.
Ahorro sociosanitario
En el documento enviado a Bruselas el Ejecutivo también recoge la «simplificación en el proceso de valoraciones» de los solicitantes con los el ministerio que dirige Ana Mato se ahorró 69 millones en 2012. El Gobierno estima que ese ahorro se elevará hasta los 150 millones en 2013 y a 168 millones en 2014.
Sin embargo, numerosas asociaciones criticaron esta nueva fórmula de evaluación porque el ministerio eliminó varias subdivisiones en los distintos grados de dependencia. De esta forma, muchos solicitantes pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, sus ayudas fueron retrasadas hasta 2015.
En el desglose de las medidas de reformas, el Ejecutivo apuesta por una reducción de 1.809 millones del gasto farmacéutico, de los cuales 409 millones corresponderán «a la implantación de la orden de precios de referencia», una nueva medida para este año. También prevé el establecimiento de nuevos tramos de aportación farmacéutica, aunque no detalla si será un aumento del copago o la creación de dos categorías en el tramo más alto, entre los 18.000 y los 100.000 euros. Otra de las medidas previstas incluye el ahorro de 150 millones que las arcas públicas obtendrán con la aplicación «de la cartera de servicios, el perfil de los beneficiados y su acreditación».
En cuanto a gestión sanitaria, el despliegue de la historia clínica digital y el el impulso de la receta electrónica permitirán no gastar 300 millones. Por otra parte, la ordenación de la cartera de servicios básicos va a generar un ahorro de 875 millones, correspondiendo 700 millones a la de servicios asistenciales y 175 millones a la cartera sujeta a la aportación del usuario.
Más del 45% de la población española será dependiente en 2032
Más del 45 por ciento de la población española será dependiente en el año 2032, afectando principalmente a aquellos que en la actualidad tengan entre 30 y 35 años, según los datos ofrecidos por el INE y recogidos en el informe del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia ‘The Family Watch’ sobre la calidad de vida en la Tercera Edad y el envejecimiento activo.
Ante esta cifra, el documento, presentado este lunes en Madrid con motivo del Día Europeo de Solidaridad entre Generaciones, propone una serie de prácticas que «favorecen un buen envejecimiento a nivel físico» y que parten desde la prevención. Así, destaca que «mantenerse activo y ser optimista ante el envejecimiento, puede ser un factor determinante para vivir hasta 7,5 años más».
Para el gerontólogo de la Fundación Vianorte-LAGUNA, Fermín Mínguez, lo realmente importante a la hora de envejecer es «la forma en que una persona se percibe a sí misma». «Ante la evidencia de que lo único claro es que vamos a envejecer, lo que podemos hacer es modificar la forma en la que envejecemos e intervenir sobre nuestra vejez», ha apostillado.
Asimismo, Fermín Mínguez ha asegurado que la integración social es «prioritaria». «Es fundamental que una persona se sienta útil y querida, y aquí el papel de la familia es vital –ha añadido–. Es importante trabajar desde la integración de las personas mayores, sabiendo que nosotros, nos guste o no, también seremos mayores».
Además, el trabajo alerta sobre un factor demográfico «preocupante», como es que la proporción de mayores crece más rápidamente que cualquier otro grupo de población. Ante esto, el director general de ‘The Family Watch’, Ignacio Socías, ha recordado que, según datos del INE, en España el índice de envejecimiento –el porcentaje de población mayor de 64 años respecto a los menores de 16– ha pasado del 36 por ciento en el año 1975, al 82 por ciento en 1995 hasta alcanzar un 108 por ciento en 2012. «El envejecimiento de la población es un dato preocupante, dado que en la actualidad, en España, los mayores de 65 años es el grupo de edad que más está aumentando», ha precisado.
Por ello, Mínguez ha subrayado la importancia de la prevención, puesto que, a su juicio, «sería la parte más barata en los tratamiento, ya que prevenir siempre es mucho más barato que curar». «Hay que lamentar que no se esté interviniendo sobre esa prevención, que puede complicar mucho la vida a largo plazo», ha añadido.
Por su parte, Socías ha asegurado que proponer leyes o programas para ámbitos como la familia, la infancia o los mayores conllevan «el peligro de quedarse en buenas intenciones y que no se lleguen a concretar». «Tenemos que pedirles a los políticos que no basta con que manifiesten buenas intenciones, sino que den pasos a delante que de verdad sirvan», ha apuntado.
El texto expone también la existencia de varios pilares básicos sobre los que debe apoyarse el envejecimiento activo y que se basan en mantener un etilo de vida saludable, con el fomento de la actividad cognitiva a través de la realización de actividades estimulantes y la participación en actividades sociales que reduzcan el sentimiento de soledad o aislamiento; en el fomento de las emociones positivas como el optimismo; así como fomentar la actividad cognitiva.
5 millones para paliar los recortes estatales en ayudas sociales
El Ayuntamiento de La Laguna aportará de su propio presupuesto cinco millones de euros para compensar el drástico recorte del Gobierno de España en el ámbito de los servicios sociales. Así lo confirmó el concejal responsable de Bienestar Social, Miguel Ángel González, quien denunció que «la incomprensible dejación estatal en el ámbito social es vergonzosa, poniendo en entredicho la propia viabilidad del sistema de atención social en todo el país, y dejando caer todo el peso de la financiación de numerosos recursos en los ayuntamientos, a los que al mismo tiempo limita su capacidad de maniobra, generando un círculo vicioso que paradójicamente sufren las personas con mayores necesidades».
Sin embargo, «este Ayuntamiento y su alcalde Fernando Clavijo sí tienen clara cuál es la prioridad absoluta, por lo que seguiremos poniendo las partidas económicas que sean precisas para que los diferentes programas y recursos sociales sigan prestándose», precisó González, aludiendo a un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la pasada semana que aprobó la citada aportación municipal de cinco millones de euros.
En concreto, la aportación del Gobierno de España al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se ha reducido este año un 42% con respecto al pasado año, en que también había habido recorte estatal, quedando su financiación para La Laguna durante este 2013 en apenas 67.000 euros. A su vez, el Gobierno de Canarias ha mantenido su financiación a este plan, cifrada en 509.000 euros.
El Plan Concertado es una herramienta fundamental que, desde finales de los años 80, establece la cooperación económica entre las diferentes administraciones públicas para garantizar unos servicios sociales básicos a la ciudadanía. Bajo su paraguas se halla la red de Unidades de Trabajo Social de zona (encargadas de la tramitación de ayudas de emergencia social, a familias, personas mayores o con discapacidad) o la financiación de programas tan relevantes como la ayuda a domicilio y la teleasistencia a mayores y dependientes.
El presupuesto de Bienestar Social previsto para este año es de 14,4 millones de euros, cifra que representa un 10% del gasto total de la Corporación local.
Es preciso señalar que el pasado mes de marzo el Pleno municipal ya acordó por unanimidad instar al Gobierno de España a reponer sus aportaciones al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, contribuyendo en mayor medida a la continuidad del régimen de prestaciones que recibe la ciudadanía en situación de necesidad social.
Asimismo, el concejal lagunero de Bienestar Social, Miguel Ángel González, también expresó su preocupación sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en línea con la postura ya expresadas por las federaciones de municipios canarios y españoles. Según indica el concejal, «este anteproyecto estatal, bajo la excusa de clarificar competencias, retira numerosas prestaciones de servicios sociales a los ayuntamientos, alejándolas de los ciudadanos, lo que asestaría un golpe sin precedentes a la actual estructura del sistema público de servicios sociales».