Dependencia

Los mayores de Sanitas Residencial participan el Programa Terapéutico «Vivo cantando, vivo bailando» para potenciar sus capacidades físicas y cognitivas

Sanitas ResidencialLos mayores de Sanitas Residencial de toda España participarán los próximos días 19, 20, 21 y 22 de marzo en el programa  “Vivo Cantando, Vivo Bailando”. Con esta iniciativa terapéutica, los residentes podrán mejorar sus capacidades físicas y cognitivas además de evitar su aislamiento social y potenciar un envejecimiento activo.

Este programa incluye tres niveles de actividades dependiendo del deterioro cognitivo de la persona. Así, los mayores sin ningún tipo de patología cognitiva, participarán en un “Concurso de Talentos” interpretando canciones populares de su juventud. Empleados y  familiares acompañarán a los residentes en sus actuaciones.

Por su parte, las personas que padecen un nivel moderado cantarán y bailarán con el método “Stop and Go” siguiendo una selección de vídeos musicales de ritmos regionales españoles, y para las personas con un deterioro avanzado se proyectarán fragmentos de películas musicales del pasado para trabajar la reminiscencia.

Los 40 centros de Sanitas Residencial en España acogerán el programa terapéutico “Vivo Cantando, Vivo Bailando”. Concretamente, en Madrid, en Sanitas Residencial Las Rozas y Sanitas Residencial La Moraleja, la sesión tendrá lugar el martes 19 de marzo a las 17 horas. En este último, con motivo del Día del Padre también habrá una chocolatada.

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Catalunya cierra 107 geriátricos en los últimos cinco años

Cinta PascualUn total de 107 geriátricos han cerrado desde 2008 en Catalunya, con una media anual de 20 clausuras que se ha mantenido estable pese a los impagos de la Generalitat, que aún adeuda a los centros los conciertos correspondientes a julio de 2012, según datos de la Conselleria de Benestar Social i Família.

Fuentes del departamento que lidera Neus Munté han explicado a Europa Press que se han cerrado algunos centros pero también se han abierto otros, y han desvinculado los cierres de la crisis y de los retrasos en los pagos de la Generalitat, después de que las patronales del sector lo hayan achacado a la deuda de la administración pública catalana. «La cifra de cierres no ha variado de un año a otro, por lo que no es posible vincularla a la crisis o a los retrasos», sostiene la Conselleria, que ha añadido que cuando un geriátrico cierra es por decisión propia, o bien por orden judicial por deudas acumuladas o irregularidades en los pagos.

En 2008 cerraron 19 residencias; en 2009, 20; en 2010, 21; en 2011, 25, y en 2012, 22, lo que supone una reducción de dos respecto al año anterior, aunque la cifra se ha mantenido estable desde el inicio de la crisis.

La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), Cinta Pascual, cifró en su última comparecencia en el Parlament en 50 millones los retrasos en los pagos de la Generalitat, aunque la Conselleria asegura que «cuando se aprueba una prestación económica vinculada (PEV) para que un residente ingrese en un centro, hay un margen de dos o tres meses hasta regular el pago, que se acaba haciendo con carácter retroactivo».

Deuda no reconocida

El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias catalanas Upimir, Vicente Botella, ha alertado a Europa Press de que «la Generalitat no reconoce las residencias los retrasos correspondientes a las PEV», ya que es una modalidad de prestación que se abona directamente a los usuarios, aunque la mayoría de veces se dirige a los centros para agilizar trámites.

Por eso, algunas residencias han empezado a entregar facturas simbólicas a los usuarios en que se les informa de la deuda que acumula la Generalitat por su plaza: «A los residentes les pagan con tres o cuatro meses de retraso, pero a los centros nos pagan hasta un año más tarde», ha afirmado Botella.

Deuda por plaza

Botella también han explicado que la Generalitat adeuda 1.600 euros de media por cada plaza colaboradora y 1.900 por cada una de las concertadas, por lo que ha alertado de la «asfixia» del sector. Además, ha cifrado la deuda acumulada en entre un 12% y un 20% de la facturación anual de los centros: «Es muy difícil sobrevivir así. Tenemos beneficios pero no liquidez, porque la Generalitat no nos paga».

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El número de usuarios de servicios asistenciales a domicilio alcanza los 1,2 millones, según un informe de DBK

SAD, CLECE   El número de usuarios de servicios asistenciales a domicilio se sitúa en los 1,2 millones y el mercado alcanza los 1.600 millones de euros en 2012, lo que supone «una tendencia de desaceleración en el crecimiento en los últimos tres años», según un informe de DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE).

   «La desfavorable coyuntura económica, la contención del gasto público en este tipo de servicios y la ralentización en el desarrollo de la Ley de Dependencia han sido los principales frenos al crecimiento del mercado», ha sentenciado el Informe.

Este texto incide en que la mayor parte del volumen de negocio total –el 86,6 por ciento– correspondió a la prestación de servicios de ayuda a domicilio, cuyo valor alcanzó en 2012 los 1.385 millones de euros, un 0,7 por ciento más que en 2011, año en el que se había registrado un crecimiento del 6,6 por ciento.

Por su parte, los servicios de teleasistencia alcanzaron un valor de 215 millones de euros, el 13,4 por ciento del total, participación que ha ido en aumento en los últimos años. En cuanto al número de usuarios, a finales de 2012 se situaba en 1,2 millones, cifra que también ha también mostrado en los últimos años una tendencia de desaceleración. Así, tras crecer un 8 por ciento en 2010 y un 4 por ciento en 2011, en 2012 registró un aumento del 1,4 por ciento.

El grado de cobertura de los servicios sobre la población mayor de 65 años se situó en el 5,32 por ciento en el servicio de ayuda a domicilio y en el 9,25 por ciento en el de teleasistencia, según ha añadido el estudio.

Por su parte, el número de empresas que prestan servicios asistenciales a domicilio se situaba en unas 950 a finales de 2012, cifra que se ha reducido en los últimos años como consecuencia de la desaceleración en el crecimiento de la demanda, que ha motivado el cese de pequeñas compañías y la integración de empresas.

El informe concluye que a pesar del progresivo envejecimiento de la población, que seguirá generando una creciente necesidad de servicios asistenciales a domicilio, otros factores como el recorte del gasto público, las últimas modificaciones introducidas a la Ley de Dependencia, que retardará el desarrollo de la misma, y la alta tasa de desempleo existente, afectarán negativamente a la evolución del negocio.

Por ello, se estima que en 2013 el número de usuarios se mantendrá prácticamente estancado respecto a 2012, mientras que el valor del mercado podría descender un 2 por ciento, hasta los 1.565 millones de euros.

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Plataformas de Ley de Dependencia plantean vías para evitar el ‘copago’ farmacéutico

Asunción Sánchez Zaplana 2Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana remitirán a la Generalitat un escrito con las diferentes «vías» que existen para evitar aplicar en la Comunidad la normativa estatal que establece «copago» farmacéutico para las personas con discapacidad.

Representantes de estos colectivos se han reunido este martes con los consellers de Sanidad, Manuel Llombart, y de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para pedir la derogación del artículo 160 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre que suprime la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos a los discapacitados.

El encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Sanidad, también ha contado con la presencia de miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe).

La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, Palmira Castellano, ha explicado tras la reunión que la Conselleria de Sanidad «se enroca» en que el «copago» está establecido en una normativa estatal y, por tanto, aunque la Generalitat «no quiere» aplicarlo, «no tiene más remedio».

Sin embargo, la abogada del colectivo ha asegurado a los consellers que existen «vías» para no aplicar la norma en la Comunidad Valenciana, por lo que los miembros del Gobierno valenciano le han pedido que se las explique por escrito. Así, las plataformas enviarán al Consell las «alternativas» que hay y la Generalitat las estudiará y contestará en un plazo de 15 días, ha asegurado Palmira Castellano.

Asimismo, la portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en la actitud «conciliadora» de la consellera de Bienestar Social, que busca «integrar las diversas problemáticas de Bienestar Social con las distintas consellerias», ha subrayado.

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Las Fundaciones Caser para la Dependencia y Pilares para Autonomía Personal presentan «Innovaciones en residencias para personas en situación de dependencia. Diseño arquitectónico y modelo de atención»

Martes 19 de Marzo en la  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Fundación PilaresLas Fundaciones Caser para la Dependencia y  Pilares para Autonomía Personal presentan el próximo 19 de Marzo, a las 18:00 horas, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de  Madrid  la  publicación «Innovaciones en residencias para personas en situación de  dependencia. Diseño arquitectónico y modelo de atención», editada conjuntamente entre las dos Fundaciones.

 

Bien conocidos son, por recurrentes, los resultados de encuestas y estudios cualitativos sobre los deseos y expectativas de la ciudadanía acerca de los lugares donde desean recibir cuidados y atención en caso de necesitarlos: la casa, el propio entorno y, en su defecto, un lugar (residencia, apartamentos o viviendas con servicios) donde no se resienta la percepción de control de la propia vida.
En la publicación que se presenta se recogen textos de reconocidos expertos del ámbito internacional en relación con el diseño arquitectónico y los ambientes que producen bienestar a las personas que requieren apoyos. Se trata de arquitectos, investigadores y especialistas en políticas de atención de Estados Unidos, Países Escandinavos, Inglaterra, Alemania y Francia, que presentan los modelos  de alojamientos que se están proponiendo como idóneos en sus respectivos países.

 

Asimismo,  la publicación contiene experiencias muy innovadoras relacionadas con el modelo de atención integral y centrada en la persona que se están produciendo en España.  El origen de esta publicación fueron las Jornadas que con ese mismo título organizaron  las dos Fundaciones mencionadas en diciembre del año 2011, pero los contenidos que ahora  se presentan  han sido reelaborados por sus autores.
Intervienen:
José María de Lapuerta. Catedrático de Proyectos Arquitectónicos ETSAM-UPM
Heitor García Lantarón, Arquitecto
Juan Sitges Breiter, Director de la Fundación Caser para la Dependencia
Pilar Rodríguez  Rodríguez,  Presidenta  de la Fundación Pilares

Hora: 18:00

Lugar:
Sala de grados b. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Campus Ciudad Universitaria. Avda. Juan Herrera, 4. Madrid.

 Invitación presentación

Becerril reconoce que le «agobia» la situación de los mayores, dependientes y menores y espera que no se recorte más

Soledad Becerril La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, reconoce que le «agobia» y «preocupa» las personas mayores, con discapacidad, dependientes, los menores o inmigrantes, entre otros colectivos, que en los últimos años sufren las consecuencias de los ajustes por la crisis. «Espero que no sean necesarios más recortes», afirma en una entrevista con Europa Press.

«La (partida) más sensible es la de la asistencia socio-sanitaria porque es básica y fundamental para nuestras vidas, sobre todo para la de un determinado grupo social: mayores, dependientes, familias con niños, enfermos crónicos… Esto es lo que más nos agobia y preocupa. Eso es lo que esperemos que no haya de tocar y tratar de superar esta situación lo antes posible para volver a tener la situación que años atrás pudimos tener», asevera.

Si bien indica que no hay «más remedio» que reducir gastos y partidas que «no han sido necesarias en los últimos años», como las obras «muy ambiciosas que no eran imprescindibles», como «palacios de congresos, ciudades de la cultura, de la música, de la justicia» y que, a su juicio «ahora hay problemas para mantenerlas y sostenerlas».

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El COPPA organiza un curso sobre la Atención Centrada en la Persona

Imparte Teresa Martínez Rodríguez,  Psicóloga experta en gerontología social

(Oviedo. Días, 19 y 20 de abril – 3 y 4 de mayo de 2013)

Teresa Martínez

Teresa Martínez


El Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias
 organiza el curso:  «La Atención Centrada en la  Persona. Su aplicación en servicios de atención a personas mayores».

 

Un modelo de atención que busca la calidad de vida de las personas y la defensa de sus derechos en los centros y servicios. Será impartido por Teresa Martínez Rodríguez,psicóloga experta en gerontología social y autora de la guía La Atención Gerontológica Centrada en la Persona

 

Objetivos:
1.- Generar reflexión sobre la importancia de los modelos de atención en los servicios y centros de atención a personas mayores en relación a su calidad de vida y a la protección de sus derechos.
2.- Presentar la Atención Centrada en la persona como un enfoque que permite intervenciones orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y especialmente a apoyar que éstas puedan seguir gestionando sus propias vidas.
3.- Dar a conocer las principales ideas y aportaciones del modelo de Atención Gerontológica Centrada en la Persona así como los criterios de buena praxis derivados y metodologías de interés para su aplicación.
Fecha: Días, 19 y 20 de abril – 3 y 4 de mayo de 2013
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 horas, sábado de 9:00 a 14:00 horas

 

Lugar: Sede del Colegio. C/ Ildefonso Sánchez del Río 4 – 1º B. 33001- Oviedo.

Programa e inscripciónhttp://www.cop-asturias.org/index.php?page=Cursos

El número de beneficiarios de la Ley de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos que el mes pasado

Dependiente   El número de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia baja por sexta vez, con 5.070 personas menos en el sistema respecto al mes anterior, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes a febrero.

   «El Gobierno acelera en desmantelar el Sistema de la Dependencia y marca una velocidad record de siete beneficiarios menos cada hora», alertan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al tiempo que señalan que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».

Asimismo, apuntan que la tasa de reposición solo la mantienen de manera significativa Asturias, Cataluña, Extremadura, y País Vasco, mientras acusan al departamento de Ana Mato de «destruir el sistema por inanición», pues hay 4.264 grandes dependientes menos, 2.389 dictámenes menos que el mes anterior y más de 100.000 pendientes de valoración.

Esta organización señala también que una de cada cuatro personas que tienen derecho a una prestación continúan a la espera de recibirla, una situación que denomina «limbo de la dependencia» y que afecta exactamente a 227.780 personas.

«Esto indica que, al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido», advierte.

Directores y Gerentes de Servicios Sociales recuerda, además, que en este último mes se han cerrado 319 plazas de residencia, 517 de ayuda a domicilio, 1.083 de teleasistencia, lo que supone «el despido de casi un  millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia», de los cuales, el 90 por ciento son mujeres.

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El parón en la Ley de Dependencia afecta ya a 700 vecinos de Cádiz

Carmen SánchezCerca de 700 vecinos de la capital, 689, están pendientes de que la Junta de Andalucía apruebe los expedientes para obtener las ayudas previstas por la Ley de Dependencia. De este grupo, que no para de crecer desde que se aprobó esta norma en 2007, hay 522 a los que todavía no se les ha asignado el grado de dependencia, medida esencial para optar al Plan Individual de Atención. El resto, aunque ya cuenta con este Plan, que lo elaboran las trabajadores sociales del Ayuntamiento, todavía están a la espera de la propia administración regional pues de ella depende la valoración técnica que les permita optar a la ayuda procedente de la misma Junta.

«Todo el sistema está colapsado ya que desde hace meses la Junta de Andalucía no aprueba ninguna ayuda nueva. Ya no resuelve casos. Ahora la Delegación Provincial de Servicios Sociales se limita a realizar una primera criba para trasladar la documentación en Sevilla. Allí se realiza otra criba pero con todas las solicitudes de la región y para al final aprobar una o dos peticiones para todo el conjunto. Por si fuera poco, además de no ampliar los beneficiarios de la Ley de Dependencia, no cubre tampoco las vacantes que quedan por el fallecimiento del implicado, lo que le permite un ahorro para sus presupuestos pero toca de lleno a la economía de las residencias donde se encuentran alguna de estas plazas.

«La Junta se basa en excusas efímeras e incluso en la falta de dotación presupuestaria para intentar justificar este silencio», se lamenta la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, que destaca que si en 2012 existían 503 personas que disfrutaban el servicio de ayuda a domicilio por dependencias, en la actualidad se ha rebajado a 427 gaditanos, debido al fallecimiento de los restantes quedando sus puestos sin cubrir.

El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha hace unos años, como forma de complementar lo previsto por la Ley de Dependencia y asumiendo que la burocracia podía restar efectividad a la misma, el Servicio de Ayuda a Domicilio.

En la actualidad este programa atiende a 230 personas que le supone a las arcas municipales una inversión de 1,3 millones de euros. Por lo tanto «ese es dinero que la Junta se ahorra y que nosotros pagamos. Pero no solo eso, además tenemos convenios con entidades como la Cruz Roja, que ofrece a través del Programa Urbana un ‘kit’ para personas dependientes, como pueden ser la colocación de agarradores de duchas, barras para escaleras o la dotación de cucharas ergonómicas, así como otros servicios como cursos para las personas que se encargan de los cuidadoras del dependiente. Este servicio de ayuda a domicilio posibilita que haya personal que ayude al dependiente a ir al baño o les haga las comidas o las labores domésticas de las viviendas», destaca la concejala Carmen Sánchez.

Menciona a técnicos en esta materia que «consideran que la mejor opción tanto para mayores como para personas con movilidad reducida es acudir a centros asistenciales, donde la atención al mayor es continuada las 24 horas del día y siempre por personal cualificado. Por lo tanto, es indignante que la Junta no acepte ni una nueva alta ni realice la revisión de los planes individuales de atención.

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Las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas

Residencia   La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio que pone de manifiesto que «las residencias públicas están mejor valoradas que las privadas», según el grado de satisfacción mostrado por los familiares de personas mayores que han estado en alguna residencia durante los últimos cinco años.

   El texto, que está publicado en la revista ‘Dinero y Derechos’ del mes de marzo, concluye que «la mayoría de los encuestados se sienten satisfechos, aunque la satisfacción es mayor entre quienes estuvieron en residencias públicas que en las concertadas y privadas, independientemente del grado de dependencia del residente».

Los aspectos mejor valorados fueron el buen estado de la habitación, la seguridad de las zonas comunes y la inexistencia de barreras arquitectónicas. Por el contrario, el número de cuidadores, la posibilidad de menús alternativos o de hacer más actividades físicas y, sobre todo, las escasas opciones para decidir el horario de despertarse y acostarse fueron los aspectos peor valorados.

El estudio de la OCU también revela que, a pesar de ser las residencias públicas las que más satisfacción generan, «no es fácil el  acceso a una plaza». El 75 por ciento de los que accedió a una plaza pública tuvo que esperar y en el 16 por ciento de los casos la espera fue de más de dos años. Por su parte, para el acceso a una plaza concertada el 40 por ciento tuvo que inscribirse en una lista de espera, lo mismo que en el 20 por ciento de los que accedieron a una privada.

El precio es otro elemento fundamental a la hora de elegir un tipo u otro de residencia. Así, el coste medio mensual para una persona con dependencia moderada es de 1.700 euros al mes en una residencia privada. En el caso de una concertada y pública se reduce hasta los 1.500 euros, si bien en estas últimas cabe la posibilidad de que a las personas que no puedan sufragar este importe se les cobre un porcentaje entre el 65 y el 80 por ciento de sus ingresos, dependiendo de los casos.

Para la realización de este estudio, la OCU ha recabado la opinión de 600 personas de entre 50 y 65 años, y que en los últimos cinco años hubieran tenido un familiar en una residencia, sobre diversos aspectos del servicio prestados.

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Patronal de la Dependencia pide inversión para crear 800.000 empleos

España debería crear otras 31.251 camas sociosanitarias para alcanzar las 6.000 por millón de habitantes

Dependientes  La Confederación Europea ECHO, la principal patronal del sector de la Dependencia, ha reclamado este martes un plan de inversión de «alrededor de 30.000 millones de euros» con el objetivo de garantizar «que cualquier país de la Unión Europea alcance como mínimo una ratio de 6.000 camas por millón de habitantes, lo que implica la creación de medio millón de camas nuevas».

   El plan, bautizado ‘Salud y Empleo’ y elaborado por la Fundación Economía y Salud, prevé crear unas 500.000 plazas sociosanitarias y más de 765.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en el sector y coyunturales durante la construcción de las infraestructuras adecuadas, que requerirían una inversión de 30.000 millones en los primeros dos años, el plazo de ejecución de las obras.

El volumen de negocio de la atención a la dependencia en la Unión Europea se eleva a unos 167 millones de euros anuales (el 1,32% del PIB europeo), emplea en la actualidad a más de 20 millones de personas o el 4% de la población europea y cuenta con una oferta de cerca de 3,5 millones de camas sociosanitarias en la actualidad, según datos del informe de la Fundación Español Economía y Salud presentado este martes en la Eurocámara.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre países en cuanto a la oferta de camas sociosanitarias, según pone de relieve el informe de la Fundación Economía y Salud, que será presentado este martes en el Parlamento Europeo por el presidente y secretario general de ECHO , Alberto de Santis y José Alberto Echevarría, que también es presidente de la Federación Española de la Dependencia, integrada en ECHO.

Sólo Dinamarca (8.146), Países Bajos (10.293), Bélgica, (12.082), Austria (6.713), Alemania (10.324), Francia, (8.977), Finlandia (10.801), Suecia (13.900), Luxemburgo (10.688), Malta (10.821), Reino Unido (8.609), Hungría (8.290), Lituania (6.190), Estonia (6.314), Hungría (6.610), Eslovaquia (6.078) e Irlanda (6.045) alcanzan el ratio de las 6.000 camas o más por cada millón de habitantes en la actualidad, según datos del informe.

España, con 245.927 camas sociosanitarias, sólo alcanza las 5.323 camas por cada millón de habitantes, por debajo de las 7.133 de media en la UE y necesitaría crear otras 31.251 para alcanzar las 6.000 camas por millón de habitantes.

Además de España, los países que más se alejan del ratio de las 6.000 camas por millón de habitantes son Italia (3.503 camas por millón de habitantes), Letonia (3.017), Polonia (2.326), Bulgaria (1.849) y Rumania (1.209). Italia es el país que más camas necesitaría crear, 151.817 para llegar al ratio propuesto.

Italia sería el país que más camas adicionales necesitaría crear, unas 151.817 más camas adicionales neceistaría crear llegar al radio de 6.000 camas por millón de habitantes, seguido de Polonia (141.553), Rumania (102.314) y España (31.251).

En términos de empleo, el plan generaría la creación de 390.000 nuevos puestos de trabajo a tiemplo completo en el conjunto de Estados miembros y cerca de 375.000 durante los dos años de construcción de las nuevas camas.

En el caso de España, el plan generaría 24.938 empleos en el servicio de atención (17.813 directos y 7.125 indirectos) y otros 24.306 empleos durante la construcción de las nuevas camas necesarias, lo que permitiría en total crear 49.244 puestos de trabajo, según datos del informe.

ECHO defenderá que el plan presentado por el sector generará unos retornos para las Administraciones públicas superior al gasto para invertir en las camas sociosanitarias adicionales necesarias.

En el caso concreto de España, el efecto presupuestario «neto» es positivo durante once años, según refleja el informe.

La creación de 31.251 camas sociosanitarias de atención residencial, con un coste de 60.000 euros por cama, generaría retornos para la Administración pública de 4.545 millones de euros en un plazo de doce años a partir de una inversión privada de 2.268 millones de euros en dos años y un coste del servicio para la Administración española de 4.626 millones de euros.

España destina algo más de un millón de euros a la Dependencia, el 0,84% en 2011 y el sector genera un volumen de negocio que asciende a 8,9 millones de euros anuales, según datos del informe.

Se espera que la Patronal de la Dependencia ECHO defienda la necesidad de invertir en un sector estratégico en términos de generación de riqueza y empleos potenciales y para atender la creciente presión en los servicios sanitarios públicos. Se estima que la población de 65 años aumentará hasta el 30% en 2040 en la Unión Europea, donde ya existen cerca de 20 millones de personas en situación de dependencia.

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Los recortes en la ley de dependencia también afecta a menores

APPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la supresión de la tarjeta roja sanitaria a los menores con discapacidad

APPEIIAPPEII promoverá una Iniciativa Legislativa Popular contra la medida adoptada por el Gobierno Valenciano de María del Carmen González Asensi, presidenta de la Asociación de Pacientes Pediátricos con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (APPEII), ha presentado en la Consellería de Sanidad una carta remitida al Conseller Llombart, en la que le solicita la realización de una reunión urgente para trasladarle las gravísimas consecuencias que está teniendo en el colectivo de los menores con discapacidad, la supresión del párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.

Como señala González Asensi, estamos ante un ataque deliberado a los derechos sociales y sanitarios de los menores con discapacidad, excluyéndolos de la tarjeta roja sanitaria, hecho que se ha pretendido camuflar en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana para 2013, con la única intención dediluir su impacto en los medios de comunicación y en la sociedad valenciana.
Desde APPEII se pretende coordinar toda una serie de acciones conjuntas para movilizar al sector de los menores con discapacidad de la Comunidad Valenciana, puesto que, como señala otra de las responsables de la entidad – Gemma Prieto – vivimos un momento grave de quiebra del Estado de Derecho, que, bajo el argumento de la crisis económica, está recortando servicios básicos que necesariamente deben tener nuestros hijos con enfermedades crónicas y discapacidad.
Para Gemma Prieto, y tras las últimas palabras del presidente Fabra, la solución está en la negociación con la Consellería de Sanidad para reconducir este problema por los cauces del entendimiento, y por ello la urgencia de la reunión planteada, ya que la aplicación deesta medida conforma una hipoteca-sanitaria para los cientos de familias afectadas  que tienen menores con discapacidades asociadas a enfermedades crónicas complejas.
En ese sentido, y consultado el servicio jurídico de APPEII, se van a articular una serie deacciones muy concretas para dar visibilidad a la problemática de este colectivo en la sociedad valenciana, así como coordinar medidas conjuntas con todo el colectivo de la discapacidad, indistintamente de su tipología.
El abogado de APPEII, José Vidagany, ha informado que se está preparando la presentación de una denuncia ante el Sindic de Greuges y la Defensora del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, donde cuestionarán la legalidad de una medida que contradice la legislación nacional e internacional en materia de protección de las personas con discapacidad y los menores. En ese sentido, Vidagany ha señalado que la incidencia en la economía de cientos de familias valencianas afectadas rondaría los 500 euros mensuales, algo totalmente inasumible en un sistema garantista como el español, donde la sanidad y la asistencia a la personas con discapacidad debe ser cubiertas por el Estado, como impone la Constitución española.
Desde APPEII se pondrá a disposición de todos sus asociados y del resto de familias con menores discapacitados, independientemente de su tipología, un modelo oficial de denuncia ante el Sindic y la Defensora del Discapacitado, para que todos, tanto de forma individual como colectiva, podamos trasladar a la Administración valenciana nuestro malestar y preocupación. Se trata de una denuncia que tiene coste cero para el particular, pero que evidentemente debe movilizar la conciencia de nuestros gobernantes.
Además, Vidagany ha recalcado que, de no cerrarse un acuerdo con la Consellería, la próxima semana formalizarían la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular en la Comunidad Valenciana, donde se exigirá la reposición del citado párrafo segundo del artículo 16 del Estatuto del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, así como la configuración de unos estándares mínimos de calidad en el cuidado y atención de los niños valencianos con discapacidad.
APPEII está convencida de que tiene capacidad y estructura suficiente para coordinar una recogida masiva de firmas contra esa iniciativa del Gobierno Valenciano, por lo que, las 50.000 firmas que se piden en una iniciativa popular de esas características se conseguirían en menos de dos meses de movilización.
Estamos ante un momento decisivo en la defensa del Estado del Bienestar, y no podemos permitir que situaciones puntuales de crisis, vayan en detrimento de derechos adquiridos tras décadas de lucha de la discapacidad, concluyó Vidagany.

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Sanitas Residencial El Viso, un ‘Centro Libre de Sujeciones’

José Luis MélerSanitas Residencial El Viso ha recibido la acreditación ‘Centro Libre de Sujeciones’ que le ha otorgado la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). La directora de Sanitas Residencial El Viso, Carmen Barreda, que recibió la acreditación de manos del presidente de Ceoma, José Luis Méler, ha destacado que desde el comienzo, “la formación del personal ha sido uno de los puntos clave para conseguir el éxito del programa que se inició con los casos más sencillos para, posteriormente, hacerse extensible al resto de residentes”.

El acto también ha contado con la presencia del director de Operaciones de Sanitas Residencial, Pedro Sánchez, quien ha incidido en que después de más de 2 años de trabajo e investigación de Sanitas Residencial, “el nº de residentes con sujeciones que vive en los centros de la compañía hadisminuido de un 22% a menos de un 8%, cuando la prevalencia en España supera el 30%”. Para el presidente de Ceoma resulta imprescindible que “la sociedad tome conciencia de la importancia de eliminar el uso de sujeciones entre los mayores. La experiencia de países vecinos ha demostrado que se pueden llegar a erradicar por completo y que, por tanto, este programa resulta imprescindible en España, donde ya es pionero e innovador”.

‘Impulsando Pymes’

Por otro lado, Sanitas participó junto con otras 9 empresas en el encuentro de la II edición ‘Impulsando Pymes’ que se ha celebrado en Lorca. Rosa Martínez, directora de Sanitas la Comunidad Valenciana y Murcia, ha intervenido como ponente y ha explicado a los asistentes la importancia que tiene para las empresas, especialmente para las Pymes, disponer de un buen plan de retribución flexible que pueda adaptarse perfectamente a las necesidades de los empleados, lo que permite mejorar su relación con la empresa: “Ofrecer a los empleados una retribución flexible permite optimizar los salarios de los empleados sin un mayor coste para la empresa”. En esta línea se sitúa el seguro médico, cuyo coste para las empresas es deducible del impuesto de sociedades.

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Aerte asegura que la Generalitat se compromete a liquidar la deuda de 2012 en junio como «mes límite»

José María Moreno  La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, ha asegurado este jueves que la Generalitat se ha comprometido a liquidar la deuda de 2012 en junio «como mes límite» y que a partir de julio se resuelva la de 2013 «hasta que todos los centros queden en una situación de pago de 90 días».

   Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha indicado que estos han sido los compromisos «más apremiantes» asumidos por la Generalitat en el transcurso de una reunión mantenida este miércoles con la entidad, que contó con la presencia del vicepresidente del Consell, José Císcar y la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, con varios miembros de la Junta Directiva de Aerte, encabezados por su presidente, José María Moreno, y Alberto Echevarría, presidente de la Federación Española de la Dependencia.

Aerte planteó en el encuentro, del que ha destacado el «clima cordial favorable al entendimiento mutuo», la resolución de los expedientes pendientes. En este sentido, ha asegurado que los responsables de la Administración valenciana vieron «viable» la resolución de las Prestaciones Vinculadas al Servicios (PVS Residenciales), de Centro de Día y de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) «en un corto plazo de tiempo», un compromiso «que condicionaron a ser ratificado con Hacienda, por tratarse de un asunto presupuestario, pero que fue bien recibido por la capacidad de generación de riqueza y empleo que se reconoció al sector de la dependencia».

La asociación ha calificado como «viable» su objetivo de que al menos 4.000 prestaciones –entre Bonos y PVS Residenciales– y otras 1.400 prestaciones existentes –entre Bonos y PVS de Centro de Día– «puedan resolverse y mantenerse en el sistema, a pesar de que la asociación esperará los 30 días de plazo solicitados para recibir una respuesta en firme por parte de la Administración».

«PASO ADELANTE ESENCIAL»

José María Moreno ha valorado haber podido trasladar «de primera mano» la problemática del sector a «altos niveles» del Consell, así como los compromisos asumidos por parte de la Generalitat valenciana, «de gran relevancia pues garantizan la supervivencia del sector dependencia valenciano, de las empresas y centros representados por Aerte y en particular, garantizan la atención a los más de 20.000 pacientes a los que presta servicio».

El presidente de Aerte ha mostrado su «gratitud» a los miembros del Consell presentes en la reunión «por su disposición, la voluntad de resolución de problemas manifestada y en particular, su actitud positiva frente al carácter estratégico del sector dependencia».

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Nela García: «La reforma de la ley de Dependencia se ajusta a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y sostenibilidad»

Nela GarcíaLa secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, ha ofrecido una charla coloquio sobre la reforma de la Ley de Dependencia, su incidencia y su aplicación en la Comunidad Valenciana , organizada por la Asociació Valenciana d’Amics i Parents dels Malalts d’Alzheimer (AVAMA).

Durante su intervención, Nela García ha explicado los distintos aspectos de la reforma de la Ley de Dependencia, y ha señalado que estos cambios «se ajustan a parámetros de universalidad, solidaridad, coherencia y, sobretodo, sostenibilidad».

La Secretaria Autonómica ha asegurado que las nuevas medidas de la Ley que se van a aplicar en la Comunitat Valenciana «están basadas en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia pactado entre el gobierno y las comunidades autónomas el pasado mes de julio», y ha destacado que la reforma «pone las bases de un modelo que simplifica los procedimientos, promueve la calidad asistencial y su sostenibilidad, dando prioridad a los servicios profesionales y especializados».

En este sentido, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana «hemos apostado desde el principio de la aplicación de la ley por los servicios y la atención profesional para los grandes dependientes y severos».

Medidas adoptadas

Por un lado, la reforma de la ley ha simplificado los grados de reconocimiento, pasando de seis niveles a tres grados y aplazando la incorporación de los dependientes moderados al sistema. La Secretaria Autonómica ha matizado que estos últimos «en su mayoría están siendo atendidos ya por lo servicios sociales».

Asimismo, la prestación económica por cuidador no profesional se concederá con carácter excepcional, «de forma que se van a primar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, cumpliendo así con el espíritu de la Ley».

Respecto a los nuevos criterios comunes para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas, ha explicado que el objetivo «ha sido garantizar la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia», y ha querido puntualizar que «nadie quedará fuera de la cobertura del sistema de atención por no disponer de recursos económicos.»

La aplicación de los nuevos cálculos tienen distinto efecto para cada persona de acuerdo con su capacidad económica y el tipo de servicio o prestación que reciben, de manera que en algunos casos ha variado el importe de las prestaciones que venían recibiendo, y en otros casos no ha variado en absoluto.

Para finalizar, la Secretaria Autonómica ha explicado que la financiación pública a cuenta de la Administración General del Estado se efectuará conforme al número de beneficiarios del Sistema, al grado de dependencia reconocida y al servicio o prestación que recibe.

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Finaliza con éxito el II Curso e-learnig de Atención Centrada en la Persona

El  curso ha sido diseñado e  impartido por la psicóloga  y  experta en gerontología social Teresa Martínez Rodríguez que  ha profundizado   durante los últimos tres meses  en la formación sobre el innovador modelo

Teresa Martínez

Teresa Martínez

Las Fundaciones Matía y Asmoz junto con el Gobierno Vasco han organizado por segundo año consecutivo el Curso Modalidad E-learning de Atención Gerontológica Centrada en la Persona que ha  constado de 50 horas lectivas impartidas  entre el  27 noviembre 2012  y el   25  de febrero de 2013.

El curso, que se incluye en la serie de acciones formativas que comenzaron en 2010 de las tres instituciones vascas, ha sido  impartido por  segundo año consecutivo,  por su propia diseñadora, la experta gerontóloga Teresa Martínez Rodríguez, autora de la  Guía la Atención Gerontológica Centrada en la Persona,  con el objetivo de profundizar en la formación del referido innovador enfoque, para mejorar la calidad en la  prestación de servicios siendo  una herramienta útil para fomentar la competencia positiva en un sector cada vez más competitivo.

Han  participado  gestores y diversos   profesionales de  las distintas  disciplinas   del ámbito de  la atención a personas mayores de diferentes  ciudades españolas. El curso ha sido un éxito de participación y de contenidos,  a tenor de la sobresaliente evaluación efectuada por  los alumnos   cumpliendo   plenamente    sus   expectativas:

La aportación de elementos conceptuales y alternativas metodológicas que  permitan avanzar hacia una atención orientada a la calidad de la vida de las personas y a sus derechos; adiestramiento  en  nuevas formas de trabajo en los centros y servicios para  que los equipos técnicos se impliquen y construyan, junto con los usuarios y familias, intervenciones acordes al modelo y a la realidad de cada contexto asistencial; orientación  y   pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayudan  a construir planes de atención a cada persona usuaria; generar  reflexión sobre las buenas prácticas y los riesgos de las intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entre los principios rectores de la gerontología y la intervención profesional como contexto dinámico de interacción social.

A lo largo del mismo  se   abordaron cinco importantes asuntos para el desarrollo de dicho modelo, como la atención personalizada desde la promoción de la autodeterminación y la independencia; lo íntimo, lo privado y la confidencialidad; lo propio, lo cotidiano, lo significativo; las familias y, finalmente, lo organizativo y los profesionales. Contemplando,  desde este enfoque a lo largo  del  curso: que la persona mayor sea el centro, sea protagonista de su vida y no un mero receptor de cuidados, aunque estos estén bien programados y sean técnicamente correctos. Esto ha pasado ya en otros países, y aunque España y sus pueblos tengan su propia cultura, las personas, sus necesidades de ser no son tan diferentes.

 

Todos queremos vivir dignamente, ser apreciados,  respetados y poder vivir en coherencia a nuestra forma de pensar y sentir, aunque seamos muy mayores y necesitemos ser cuidados por otros. Y para ello los profesionales comprometidos y bien formados son imprescindibles.

 

Donostia, 28 de febrero de 2012

 

Patronales y Sindicatos cierran el convenio de residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid

Miercoles, 27 de febrero de 2013, las Patronales AMADE, AESTE, PAD y Lares Madrid y los sindicatos CCOO y UGT firmaron el VI Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de la Comunidad de Madrid con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2013.

 

Después de meses de negociación, se ha cerrado el convenio de residencias de mayores y centros de día de la Comunidad de Madrid para los años 2012 y 2013.

 

Reunidos en la sede de CCOO, la comisión negociadora del Convenio Colectivo firmó el texto que regirá los próximos dos años. El proceso de negociación se inició el pasado mes de marzo y después de casi un año se ha cerrado el texto que será publicado en el BOCM, si todo sigue su tramite, en fechas próximas.

 

La estabilidad en el empleo y los recortes económicos a las empresas han estado muy presentes en esta negociación. Tanto el banco patronal como el sindical han trabajado por el mantenimiento de puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas,  a la espera del cambio de la situación económica.

Los puntos clave de la negociación han estado en el articulo 5 de convenio estableciendo un periodo de dos meses de antelación para la denuncia del Convenio, una vigencia de dos años, con el mantenimiento de las tablas salariales de 2011 y en caso de prorroga del mismo se incrementarán todos los conceptos económicos por el IPC, siempre que el PIB de la CAM haya tenido un incremento del 1,25% o superior en el año anterior.

Un acuerdo razonable y responsable que supone un punto de inflexión en el capítulo de la negociación colectiva de los centros de la Comunidad de Madrid.

Convenio

Aerte reclama a la Generalitat Valenciana un plan de creación de empleo y atención a dependientes

María José MiraLa Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) va a mantener un encuentro este miércoles con el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, para transmitirle una batería de propuestas que palien la situación que atraviesa el sector y que cuenta con el aval de la propia Consejería de Bienestar Social.

Según ha explicado a Redacción Médica la gerente de Aerte, María José Mira, el punto principal sobre el que gira su propuesta es el desbloqueo de los expedientes que están pendientes desde 2009 y que afectan a personas en situación de dependencia que cuentan con valoración positiva pero a los que, “según la Generalitat, no se les adjudica la prestación por falta de presupuesto”. La propuesta de Aerte pasa por resolver estos expedientes y poner en marcha de un plan de empleo y de creación de plazas, “porque los retornos que supondrían para la administración la creación de esas plazas son más elevados que lo que gastaría”. En este sentido, Mira recuerda que según un informe elaborado por la propia patronal “cada euro que invierte la administración en dependencia, el retorno es de 1,3 euros, además de la generación de empleo”.

Así, Aerte propone “equilibrar las plazas existentes entre las concertadas, con un mismo número de plazas con prestaciones que reciben los usuarios”. Esta medida supondría el establecimiento de alrededor de 1.000 nuevas plazas en un tiempo prudencial, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, medida que para Aerte generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo estables, evitaría la destrucción de empleo actual en los centros, así como unos retornos económicos vía tributaciones que revierten en la administración.

“Hay 11.000 personas en la Comunidad Valenciana con prestación vinculada al servicio profesional reconocida, pero que no la reciben”, explica Mira. De ellas, “solo 2.000 o 2.500 tendrían acceso a una prestación residencial, el resto son prestaciones vinculadas a centros de día o ayuda a domicilio”. Pero además, “hay otras 8.000 que tienen reconocida una prestación de cuidador no profesional y que también están sin resolver”.  “Creemos que esta propuesta, además de solventar la situación de unas personas a las que están obligados a atender porque tienen el grado de dependencia reconocido, supondría no asfixiar a las empresas más de lo que están”, explica Mira.

Y es que la deuda de la Generalitat con las empresas de Aerte es muy elevada, hasta 50 millones, y viene, en algunos casos, desde 2011. “La deuda no es solo de 2012, sino también de 2011 y todo 2013”, recalca Mira, que asegura que cuando llegó a Valencia el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico se produjo un agravio con ciertas empresas, porque lo que se pagó “fue las plazas de accesibilidad social” que ofrecen “solo 10 empresas”. Es decir, la administración regularizó la deuda que mantenía con esas empresas hasta octubre, mientras que “el resto de empresas no cobró”. En este sentido, Mira considera que “no fue un problema de Bienestar Social”, que de hecho, les ha asegurado que tiene intención de “regularizar toda la deuda hasta diciembre de aquí a junio, y a partir de entonces comenzar a pagar la deuda de 2013”. El problema es que la resolución del problema no corresponde a la Consejería que dirige Asunción Sánchez, sino que depende de Hacienda.

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