Dependencia
El exalcalde de Oria, en huelga de hambre por el impago a 31 empleadas de una residencia que lleva su nombre
El exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado este martes en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan 31 trabajadoras de una residencia de mayores que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que han realizado una serie de protestas y han iniciado una huelga indefinida.
Así lo ha explicado a Europa Press el propio exregidor, quien con algunos trabajadores ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria, gobernado actualmente por el ‘popular’ Marcos Reche, a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en tres días debería producirse el abono de un décimo salario.
La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.
Así, a pesar de los encuentros mantenidos entre la empresa, los trabajadores y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en los que se pactó que las empleadas recibirían la pasada semana al menos cuatro de las nueve nóminas adeudadas, la sociedad concesionaria no ha abonado las nóminas. En este sentido, Sánchez Moreno ha afirmado que la Junta se mantiene al día en los pagos a la empresa.
«No hay muchas esperanzas de cobrar porque la empresa dice que no tiene ni un duro», ha dicho el exprimer edil, quien añade que la sociedad gestora «no ha justificado» a qué se debe el impago de las nóminas. En este sentido, los trabajadores se han reunido nuevamente este martes con el delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, para tratar de hallar una solución, según Sánchez Moreno.
El exalcalde ha manifestado su intención de permanecer en huelga de hambre hasta que la empresa no abone todas las nóminas a los trabajadores, se atiendan las normas de eficiencia de la residencia y la Junta de Andalucía no retire la concesión de la gestión a la adjudicataria por incumplimiento de contrato y conceda la gestión a otra empresa solvente.
Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica, para que este derecho no esté «al albur de los presupuestos generales del Estado» cada año.
«Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha querido revisar», recalcó Marcos para luego matizar: «Sin garantía financiera no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos», ha recaldado durante su comparenencia ante la Comisión en las Cortes, en la que también ha puesto de manifiesto que en estos años, por cada cinco euros aportados por la Comunidad a la Dependencia, «el Estado sólo ha puesto uno«.
En una intervención en la que ha hecho balance de la aplicación de la ley desde que se aprobó hace seis años, Marcos ha demandado también al Ejecutivo que simplifique la tramitación. «Queremos dedicar más esfuerzo a las personas, no al papeleo«, ha indicado, tras subrayar que «no existe procedimiento tan complicado en toda la administración».
«Estabilizar la financiación» es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo, al mismo tiempo que recordó que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros. Por su parte, en 2012, la Junta destinó 367,6 millones y recibió del Estado 107, es decir, 130 millones de euros menos de lo previsto.
La consejera invitó a la oposición a «sumarse» a estas propuestas, aunque no lo hayan «querido hacer en otros momentos», ya que «es la única forma de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años», cuando se aprobó la Ley, «siga como lo está aún hoy, al albur de los presupuestos de cada año».
En su repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, Milagros Marcos recordó, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, que ésta nació con un «insuficiente y lento desarrollo normativo por parte de la Administración General del Estado», lo cual «impedía en la práctica su aplicación efectiva», y que desde sus orígenes estuvo lastrada por «un complejo sistema de financiación».
Nuevo recorte de 200 millones a la Ley de Dependencia
Esta reducción se une a la ya anunciada por el Ejecutivo en los PGE, en los que suprimió 283 millones que recibían las comunidades autónomas.
El Gobierno ha rebajado en un 13% el llamado nivel mínimo, el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad, de forma que las regiones recibirán 200 millones de euros menos para atender a los dependientes con respecto al año pasado, según recoge este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este recorte se une al ya anunciado por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que suprimió los 283 millones de euros que recibían las comunidades autónomas para aumentar la protección de los beneficiarios del Sistema de Dependencia.
Del mismo modo, se reduce en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción.
La reforma también modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle. Pero las comunidades autónomas tendrán un plazo de ocho años para pagar a los beneficiarios los efectos retroactivos.
En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de «agilizar la entrada de los grandes dependientes».
Elimina las cotizaciones a los cuidadores no profesionales
Además, el decreto confirma que el Ejecutivo suspenderá el 31 de agosto las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba a aquellos familiares que cuidaban de un dependiente en casa.
Así, a partir del 1 de septiembre el cuidador contará con una bonificación del 10%, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota, y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional.
Y en enero de 2013, el cuidador no profesional deberá hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sociales.
Centros de dependientes valencianos exigen al Consell el pago de 50 millones
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, pedirá al vicepresidente del Consell, José Císcar, un calendario de pagos para las empresas del sector en el encuentro que mantendrán este próximo miércoles. El objetivo de la reunión es “lograr un plan objetivo que permita resolver los pagos aún pendientes, casi 50 millones de euros correspondientes a 2012 y la deuda acumulada durante los dos primeros meses de 2013”.
En el caso de la provincia de Castellón, Aerte representa a 30 centros y residencias de mayores, a los que el Consell todavía adeuda ocho millones de euros. En este sentido, la patronal recalca que la situación económica por la que atraviesan sus empresas asociadas es “insostenible” y algunas de ellas “todavía no han cobrado nada durante el año 2012, otras empresas cuentan con partidas de pago de años anteriores aún pendientes de pago y hay empresas con facturas sin pagar correspondientes de 2011”.
Para los centros y residencias de mayores y dependientes resulta esencial que esta deuda pendiente “pueda incorporarse a la relación de pagos que se prevé puedan activarse durante la próxima semana, así como establecer un calendario de pagos efectivo para este año, con el fin de evitar un incremento de la deuda que termine generando un círculo vicioso”.
PLAZAS CONCERTADAS // Asimismo, considera “imprescindible” una regulación para limitar las plazas concertadas en los centros privados, equivalente a dos tercios de sus plazas autorizadas, y un reconocimiento de las plazas de bono -sistema de concertación de plazas válido desde hace 20 años de la Comunitat- en la red de plazas públicas.
A este respecto, la patronal propondrá medidas que, sin incrementar los costes a la Administración, permitan reducir la lista de espera de dependientes, que en la actualidad roza las 11.000 personas. En un primero momento, se planteará establecer alrededor de 1.000 nuevas plazas, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, lo que, según los cálculos de Aerte, “generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo”.
Cabe señalar que este sector genera en la provincia de Castellón unos 3.000 puestos, entre empleos directos e indirectos.
El Síndic exige a Bienestar Social dotar de presupuesto al servicio de teleasistencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Consell para reclamarle que «unifique» los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria. Asimismo, ha exigido a la Conselleria de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera «imprescindible» por la «gran importancia» que tiene «tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos».El Servei Català de la Salut emite una nueva tarjeta sanitaria para pacientes que necesitan una atención especial
A lo largo del mes de enero, el Servei Català de la Salut ha empezado a tramitar una nueva tarjeta sanitaria que identifica a aquellas personas que por sus características clínicas necesitan un conjunto de actuaciones diferenciadas en su relación con los profesionales y los servicios sanitarios.
La nueva tarjeta sanitaria es un elemento identificador que facilita una atención más personalizada porque identifica a las personas que pertenecen a colectivos con enfermedades que comportan limitaciones relacionales, las cuales por sus características clínicas específicas necesitan un conjunto de actuaciones diferenciadas y el acompañamiento de un cuidador en sus contactos asistenciales.
La tarjeta Cuida’m no conlleva ninguna modificación en relación con el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria a cargo del CatSalut, ni con respecto al nivel de cobertura; es decir, no otorga ningún derecho adicional pero permite una atención más accesible y adaptada a las necesidades de ciertos colectivos.
Las características clínicas específicas comportan al necesitado de atención específica, de acuerdo con un determinado nivel de capacidad y de dependencia, que se asocia a un diagnóstico principal.
La solicitud de la nueva tarjeta Cuida’m tiene que hacerla el médico del paciente, el cual la solicita ya sea a petición propia o de su representante o tutor. En todo caso, siempre se tendrá en cuenta la opinión del médico. Una vez llevada a cabo la solicitud, el CatSalut hará la tramitación y la entregará al paciente o tutor.
La prueba piloto se implanta en diferentes centros de la red de utilización pública de las localidades de Cornellà de Llobregat, Manresa y el Maresme Central.
De acuerdo con el correspondiente procedimiento establecido por el CatSalut, pueden disponer inicialmente de la tarjeta las personas con demencias (con un nivel de afectación cognitivo moderado), discapacidad intelectual grave o profunda, discapacidad intelectual leve o moderada con trastornos de conducta, trastornos del espectro autista y daño cerebral.
Ninguna empresa puja por la gestión de la residencia de Navaleno
La Diputación de Soria recibió ofertas para la adjudicación de la gestión de tres de las cuatro residencias públicas que actualmente gestionan y que se ubican en Ágreda, El Burgo de Osma, Navaleno y El Royo. En concreto quedó desierto el pliego de la residencia de Navaleno.
Para la residencia de Los Milagros de Ágreda se presentaron dos ofertas: Sar Residencial y Asistencial S.A.U y Clece S.A; para la residencia San José de El Burgo de Osma se presentó Cecle S.A y para Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo otras dos Clece S.A y Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, según informa Ical.
En los próximos días, la Diputación de Soria procederá a la apertura de las ofertas que serán estudiadas y analizadas por los servicios técnicos para su posterior resolución, indicó la institución. El pasado viernes 15 de febrero a las 14.00 horas concluyó el plazo para presentar las propuesta por parte de las empresas interesadas a cada uno de los pliegos correspondientes a cada centro asistencial.
Sánchez Zaplana considera «necesaria» la colaboración entre Generalitat y las entidades del sector de la discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha considerado este lunes «necesaria» la colaboración entre la Generalitat y las entidades representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, según ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su presencia en Petrer (Alicante), donde ha visitado el Centro de Atención Integral (CAI) para grandes dependientes, «un recurso que es ejemplo de trabajo conjunto entre las administraciones central, autonómica, provincial y local, las obras sociales de Caja Madrid e Ibercaja, y gestionado por la Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría».
En el mismo sentido, ha recordado que el Consell invirtió 2,5 millones de euros para su construcción y puesta en marcha, y destinó otros 400.000 al mantenimiento de sus plazas en 2012. «El CAI de Cocemfe Alicante responde a las demandas trasladadas por la entidad a Conselleria y, además, se ha constituido como un centro de referencia nacional por su accesibilidad y diseño, domótica y control del entorno», ha agregado.
El recinto tiene una capacidad para 40 personas en régimen residencial y para 30 en centro de día. Es un recurso de alojamiento especializado y dirigido a personas con discapacidad física u orgánica de gran dependencia, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.
La Generalitat ha indicado que la Comunitat dispone en la actualidad de 10.733 plazas residenciales y diurnas en 295 centros de diferentes tipologías, destinados a personas con discapacidad. De ese total de puestos, el 86,8 por ciento son financiadas por el Ejecutivo valenciano.
AUMENTO DE LOS RECURSOS
Sánchez Zaplana ha subrayado que en los últimos cinco años «han aumentado en un 33 por ciento los recursos dirigidos» a este colectivo, y ha enfatizado que «desde los distintos departamentos del Consell se están volcando todos los esfuerzos para atender las necesidades» de estas personas.
Así, ha recalcado que se preservarán los equipamientos disponibles y se hará «un uso eficiente» de los mismos, «trabajando de forma coordinada y transversal entre los servicios de discapacidad y los de asistencia sanitaria».
Durante su visita a las instalaciones de Petrer, ha expresado su felicitación a Cocemfe por la labor que desarrolla, «haciendo valer los derechos y trasladando las demandas» de este colectivo. Además, ha resaltado la profesionalidad del personal del centro, «por el magnífico trabajo que realizan día a día en la atención que ofrecen a quienes acuden a ellos».
Más de 56.400 andaluces reciben el reconocimiento de grado de discapacidad en 2012, un 7,36% más que en 2011
Los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social emitieron en 2012 56.462 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 29.207 de hombres y 27.255 de mujeres, del total de 82.000 solicitudes que se recibieron, según ha informado este viernes el departamento del ramo.
Del total de resoluciones, más del 68 por ciento (56.462) tenían un 33 por ciento o más de grado de discapacidad. La mayoría de éstas (25.238) presentaban varias discapacidades al mismo tiempo; 16.576 tenían una discapacidad física; 11.845 tenían discapacidad psíquica y 2.803 personas tenían discapacidad sensorial.
Con este dato, son ya 491.907 las personas en Andalucía que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Un total de 241.047 son varones y 250.860, mujeres.
Por provincias, Sevilla registró el mayor número de personas atendidas en los centros de valoración en el año 2012, con 19250, seguida de Málaga (16750), Cádiz (12.706), Granada (9.486), Córdoba (7.191), Jaén (5.919), Huelva (5.409), y Almería (5.398).
En 2011 fueron 73.000 las solicitudes de valoración y 52.532 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 26.839 de hombres y 25.696 de mujeres, lo que significa que un 71,93 por ciento de las resoluciones emitidas reconocieron un grado igual o superior al 33 por ciento. Así, en 2012 han aumentado en un 7,36 por ciento las valoraciones que finalmente han recibido el reconocimiento de discapacidad.
Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto
Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.
Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.
Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.
En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».
Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».
Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».
En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».
Héctor lleva aguardando por la Ley de Dependencia casi tres años
Una familia palmera está dispuesta a llegar a los tribunales para conseguir que Héctor, su hijo de seis años con síndrome autista y reconocido como gran dependiente en el marco de la Ley de Dependencia, se le reconozcan sus derechos y se cumpla con los preceptos de una normativa que, entre otras prestaciones, le reconoce una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
Ya han transcurrido casi cuatro meses desde que sus padres presentaron ante la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención para Héctor. Un paso que decidió dar la familia y tras el que fueron recibidos por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien, según detalló el padre del menor en declaraciones a este periódico, “nos explicó que no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más en el sistema por la falta de recursos económicos”.
Una vez se cumplan los seis meses sin respuesta por parte del organismo competente en esta materia, llegando a lo que técnicamente se define como “silencio administrativo”, la familia de este niño tiene previsto interponer una demanda por la vía judicial para conseguir alcanzar los derechos que le corresponden a este niño.
Los padres de Héctor decidieron cambiar toda su vida, trasladándose a la vecina isla de Tenerife y abandonando la madre su puesto de trabajo que tenía en La Palma, para atender las necesidades del pequeño. Trabajan cada día para conseguir una mejora de las capacidades del pequeño, una labor para la que cuentan con la colaboración de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate).
Una entidad sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, que comenzó a desplegar su actividad en el año 1995 con el fin de promover el bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. De ahí el esfuerzo que han realizado los padres de Héctor para que su hijo pueda recibir una atención especializada.
BATALLA ADMINISTRATIVA
La familia ha reclamado ante todas las instancias administrativas posibles, y aunque reconocen estar “agotados” por el desgaste personal que esta batalla administrativa les está suponiendo, aseguran que no van a cejar en su objetivo de conseguir que el Gobierno de Canarias cumpla con los preceptos de una Ley que debería amparar a Héctor pero que se sigue incumpliendo en base a los recortes impuestos por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y que el ministro anunció en enero del pasado año en el Congreso de los Diputados.
Tras esa vía, que cercenó el derecho a las prestaciones de miles de dependientes, el entonces viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y responsable del área de Dependencia, Melchor Núñez, explicó a este periódico que “la decisión que han tomado es muy grave porque contraviene la Ley de Dependencia y el Gobierno de Canarias no está de acuerdo con esta medida”.
Pese a esa postura en contra de los recortes del Estado, es ahora el Gobierno de Canarias el que niega a Héctor las prestaciones reconocidas por la normativa, algo sobre lo que el Diputado del Común preguntó meses atrás a la Administración, recordando “la demora injustificada en la tramitación de los procedimientos de la reconocimiento de la situación de dependencia y derechos del sistema”.
Unos padres que están dispuestos a seguir luchando para que la Administración pública reconozca los derechos de su hijo y que no piensan arrojar la toalla pese a las dificultades con las que se han encontrado a lo largo de este camino. La Ley de Dependencia los ampara y no van a ceder en esta batalla por el bienestar de su hijo.
Asunción Sánchez Zaplana tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, reconoció ayer que el departamento que dirige desde diciembre tiene previsto saldar la deuda con los centros de discapacitados en un plazo máximo de tres meses, aunque prefirió no «garantizar» una fecha hasta que no finalice la negociación que mantiene con la Conselleria de Hacienda.
«Creo que en dos o tres meses vamos a tener respuestas para todos los colectivos. Es lo que creo, pero no lo puedo garantizar hasta que no acabe de trabajar con Hacienda», explicó la titular de Bienestar Social, quien destacó el desembolso de 32 millones realizado por el departamento que dirige el pasado mes de enero, como pago de parte de las deudas que arrastraba con los centros.
Así se mostró ayer Asunción Sánchez Zaplana durante su visita al centro de personas con discapacidad psíquica Camp Santa Faz de Alicante, que depende íntegramente de la Generalitat, atiende residencialmente a 90 personas, con 69 plazas más del centro de día y está especializado en personas adultas con discapacidad psíquica profunda y severa. Durante el recorrido oficial, la consellera señaló que «una de las prioridades» del Consell es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
La consellera -exconcejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante- también se mostró contraria a la eliminación de programas de atención básica hacia los colectivos más vulnerables pese al recorte presupuestario del 9%. «Vamos a intentar que el descenso en el presupuesto afecte lo menos posible. Trabajamos para ser capaces de mantener el 100% de la atención. Nuestro objetivo es priorizar la atención a discapacitados y dependientes. Por ello, en este 2013, pido un esfuerzo a los centros», afirmó Sánchez Zaplana, quien matizó que, en caso de prescindir de alguna actuación, estaría relacionada con algún programa «complementario».
“El Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”
La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia denunció hoy el “desmantelamiento” que a su juicio está sufriendo el Sistema de Atención a las Personas Dependientes.
La organización indicó en una nota de prensa que el sistema de atención a la dependencia ha perdido 4.524 beneficiarios, según los datos publicados por el Gobierno.
La coordinadora critica que “se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia, ya que desde hace seis meses no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, bajan las solicitudes, los dictámenes de atención a grandes dependientes”.
Por otro lado, augura que “el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”.
Solo en este último mes, informó la coordinadora, se han cerrado 494 plazas de residencia, 67 de centro de día, 834 de ayuda a domicilio y 1.488 de teleasistencia, lo que supone el despido de casi un millar de trabajadores del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además, 3.905 cuidadores familiares dejaron de recibir una prestación económica y 1.621 se han dado de baja en el convenio especial de laSeguridad Social, con la consiguiente desprotección y pérdida de todo derecho básico.
Asimismo, la coordinadora afirma que “se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que se conceda un menor grado de dependencia y, por tanto, reducir los costes».
Bienestar Social de Valencia dice que «ha duplicado» en diez años la inversión para atender a personas con discapacidad
La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha subrayado este lunes que el Consejo «ha duplicado» en diez años la inversión destinada a atender a las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, al haber pasado de 88 millones de euros en 2003 a 150,9 en 2013, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Camp Santa Faz, en Alicante, donde ha afirmado que «una de las prioridades» del Gobierno valenciano es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
A lo largo de su intervención, ha explicado que la provincia alicantina dispone de 84 centros para atender a personas con discapacidad –de los cuales 76 son recursos específicos en la asistencia de carácter psíquico–, con un total de 3.577 plazas, de las que la Generalitat financian 2.897.
En cuanto a las instalaciones de titularidad pública que ha visitado en la ciudad, ha explicado que disponen de 90 plazas residenciales y 69 de centro de día, en las que se atiende a personas con discapacidad psíquica profunda y severa.
La consejera ha indicado que su departamento destinó el pasado año cerca de 5,8 millones de euros a este centro, que cuenta entre sus servicios con una sala de estimulación multisensorial que favorece la asistencia a los usuarios que presentan patologías físicas y altos niveles de dependencia. Por su parte, en el centro de día se realizan talleres de alambre, cerámica, madera, carpintería, avalorios y batuca.
«PROFESIONALIDAD» Y «VOCACIÓN»
En este sentido, ha trasladado su felicitación al personal de Camp Santa Faz por el «magnífico» trabajo que llevan a cabo «en beneficio de las personas que necesitan de cuidados especiales», y ha agregado que en los citados empleados «no solamente prima su profesionalidad, sino también su vocación».
«Disponemos de una amplia oferta de servicios para cubrir las necesidades específicas de cada usuario y de sus familias, ya que la red de recursos para personas con discapacidad psíquica está formada por centros de Atención Temprana, centros de Día, centros ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas», ha manifestado Sánchez Zaplana.
El Departamento de Bienestar Social y Familia y la Obra Social ”la Caixa” inauguran en Girona la ampliación de la Residencia Els Roures y el nuevo Centro de Día para personas con discapacidad intelectual
- Los gerundenses cuentan con un nuevo centro de día para personas con discapacidad intelectual que complementa la Residencia Els Roures. Este equipamiento también ha sido remodelado modernizando y adaptando sus instalaciones para una mejor atención a los usuarios.
- La Residencia Els Roures fue inaugurada en 1992, y con la actual remodelación y ampliación desea consolidarse como centro especializado de referencia. En la actualidad atiende a 84 personas con discapacidad intelectual: 72 de ellas viven en la residencia y 12 se desplazan hasta la misma para realizar actividades diurnas en el Centro de Atención Especializada (CAE).
- Las reformas de esta parte del Consorcio Sant Gregori han sido financiadas por el Departamento de Bienestar Social y Familia y por la
- Obra Social ”la Caixa”. Las obras, iniciadas en septiembre de 2010 y finalizadas a finales de 2012, han supuesto un coste total de 3.774.072 euros.
Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña; Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia; Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”, y Jordi Nicolau, director territorial de ”la Caixa” en Cataluña, han inaugurado esta mañana la remodelación de la Residencia Els Roures y el nuevo Centro de Día Els Roures de Girona. También han asistido al acto Esther Planas, subdirectora general de la Fundación ”la Caixa”, y Anna Solés, gerente del Consorcio Sant Gregori.
La Residencia Els Roures
Inaugurada en 1992, la Residencia Els Roures cuenta con más de 1.600 metros cuadrados y ha sido remodelada de forma integral para la modernización y mejora de la distribución de los espacios existentes, favoreciendo así el confort de sus usuarios. En la actualidad atiende a un total de 72 persones con discapacidad intelectual grave o muy grave y necesidad de ayuda externa. Las 60 plazas de las que dispone la residencia han sido divididas en cinco unidades de convivencia concebidas para 12 personas cada una que cuentan con apoyo generalizado para la atención de problemas graves de salud y de conducta.
Todas las unidades de convivencia presentan el mismo programa funcional: están proyectadas como hogares familiares reducidos con un máximo de 12 residentes, y cuentan con recibidor-distribuidor, cocina americana, sala de estar – comedor, dormitorios, baños completos y zonas de limpieza, ropa limpia y ropa sucia. Además de las estas 60 plazas, la residencia dispone de una unidad diferenciada situada en otro edificio del complejo que cuenta con 12 plazas más para adultos.
El Centro de Día Els Roures
Este edificio de nueva construcción cuenta con 1.197 metros cuadrados y está distribuido en dos plantas donde se realizan actividades estrictamente diurnas. Dispone de sala de hidroterapia, aula de motricidad, aula de estimulación sensorial, aula de arteterapia, sala para cuidados personales y un espacio para los educadores con vestuarios y baños completos.
En este equipamiento también se halla el Centro de Atención Especializada (CAE), con capacidad para atender a 12 usuarios, externos a la residencia, que realizan en él actividades diurnas. En total, el Centro de Día atiende a 84 personas adultas con discapacidad intelectual: los 72 usuarios que viven en la residencia y otros 12 que se desplazan hasta el mismo para las actividades.
El Consorcio Sant Gregori
El Consorcio Sant Gregori está constituido por el Departamento de Bienestar Social y Familia, la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Privada Joan Riu. Además de la Residencia y el Centro de Día Els Roures para personas con discapacidad intelectual,
el Consorcio también gestiona la Escuela de Educació residencia infantil Joan Riu y el CAD (servicio de orientación y valoración del Centro de Atención a la Discapacidad). El principal objetivo del Consorcio Sant Gregori es velar por el bienestar de sus usuarios, así como trabajar para la mejora continua tanto en lo referente a las metodologías empleadas como a las instalaciones.
Para más información:
Departamento de Comunicación ”la Caixa” en Girona
Ester Hernández: 972 413 115 / ester.hernandez@lacaixa.es
Departamento de Comunicación Obra Social Fundación ”la Caixa” Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es
Sala de Prensa Multimedia
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial
Oficina de Comunicación del Departamento de Bienestar Social y Familia 934 831 518 / oficinapremsa.benestar@gencat.cat
José María Moreno, nuevo presidente de Aerte hasta la consolidación del proceso electoral en abril
La Junta Directiva de Aerte, principal patronal de la dependencia valenciana, ha elegido por unanimidad a José María Moreno como presidente de la Asociación, tras la entrada en vigor de la dimisión anunciada por Alberto Giménez el pasado mes de diciembre por la incompatibilidad con nuevos proyectos profesionales y hasta que se materialice el proceso electoral que culmine en el mes de abril.
José María Moreno era vocal de la Junta Directiva de Aerte, por la que ha pasado ocupando diversos cargos desde hace más de 12 años, y por ello conocedor de la realidad y retos del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana. También es un prestigioso empresario con una dilatada experiencia en el sector y cuenta con amplios como conocimientos y voluntad para afrontar los graves problemas por los que atraviesa el sector dependencia.
Durante su presidencia, José María Moreno trabajará para defender los intereses de los asociados de Aerte, quienes actualmente se encuentran en una situación muy compleja por la falta de liquidez y los impagos que arrastran desde 2012, así como por conseguir un serie de reivindicaciones históricas del sector que lleven a alcanzar el restablecimiento del equilibrio entre los distintos agentes implicados.
Consejera andaluza de Salud advierte al Estado de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que al Gobierno central de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia y le acusa de llevar a cabo una «derogación velada» al «retirarse» de las aportaciones que está obligado por ley.
«Piensa que las comunidades solas y las corporaciones locales podemos sostener este pilar del Estado del Bienestar, pero desde ya le digo que es imposible», ha matizado.
Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz a fin de informar sobre el grado de aplicación de esta ley, tanto a petición de IU como del PSOE, Montero ha apostado por «unir fuerzas» para que se pueda «disuadir al Gobierno de su intención de retirase de las aportaciones a la ley».
Así, ha reprochado que el Gobierno se haya «retirado» del reparto de la carga económica, «que antes estaba al 50 por ciento por parte del Estado y el 50 por las CC.AA., y ahora es del 30 y 70 por ciento, respectivamente», al tiempo que ha denunciado, por contra, la «extralimitación que la Administración estatal está haciendo en sus competencias al invadir las de las comunidades», en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.
«Sólo en 2012 hemos contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos», ha recordado Montero, quien, pese a esta menor aportación estatal, ha lamentado que el Gobierno central «encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita’ a las familias».
«La falta de aportación del Gobierno no se pueden compensar ni por corporaciones locales ni por la Junta, además de que ello está provocado que el ritmo de incorporaciones a la ley se haya ralentizado, que exista una menor tasa de reposición o que encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita'», ha lamentado.
Pese a esta «derogación velada» de la ley por «falta de financiación estatal», Montero ha ensalzado que el «esfuerzo» del Gobierno andaluz está haciendo posible que en Andalucía «existen más de 190.000 personas beneficiarias de la ley, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz».
Según ha defendido, uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, «es decir, el 51 por ciento del total nacional».
«NUEVAS TRABAS»
Respecto a las «nuevas trabas» que estaría poniendo el Gobierno central, ha aludido a la «obligatoriedad» que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, «que hasta ahora no se exigían».
«El Gobierno de España llega a quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones, al exigir nuevas certificaciones a las comunidades, que pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente», ha insistido en sus denuncias Montero, al tiempo que alertado de que estas medidas del Ejecutivo central estarían provocando, en la práctica, «la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema».
INVERSIÓN ANDALUZA
Por contra, ha subrayado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor y que ha multiplicado por siete la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.
Asimismo, 177.000 andaluces reciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 son personas en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 personas beneficiarias, el 40 por ciento del total nacional. Además, la cifra de personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.
VOLUMEN ANDALUZ POR ENCIMA DE VARIAS CC.AA.
Tras aportar estas cifras, Montero ha subrayado que Andalucía suma actualmente «casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas», al tiempo que ha destacado que la ratio de personas beneficiarias en Andalucía, «según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes)».
Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, «que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón».
La consejera ha detallado que la supresión del Nivel Acordado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supuso 70,7 millones de euros menos para la aplicación de la ley en Andalucía. Además, los PGE para ese ejercicio retrasaban a 2015 la entrada en el sistema de las personas en situación de dependencia moderada. Igualmente, en julio de 2012 el Real Decreto ley 20/2012 estableció otra batería de modificaciones en la Ley, entre las que la titular de Salud y Bienestar Social ha destacado la reducción de la aportación estatal al Nivel Mínimo de la Dependencia, lo que supuso 18,5 millones de euros de recorte. Todo ello supone, según ha manifestado Montero, una reducción de 89 millones de euros en los recursos que destinaba el Gobierno central a Andalucía el año pasado.
«AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS LOBBIES»
Asimismo, Montero se ha referido a la bajada de un 15% acordada por el Ejecutivo central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el aumento del copago en dependencia, la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio «o el modelo que pretende implantar el PP y que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia, a través de concesiones a los lobbies en detrimento de los usuarios y dejando de lado aspectos como la ruralidad, que es especialmente importante en Andalucía».
Igualmente, el dato de recortes extrapolado a 2013 se cifra, según la consejera, en 125 millones de euros, con lo que en dos años Andalucía dejará de percibir 214 millones de euros para dependencia.
50.000 ANDALUCES A LA ESPERA DE SE LES REALIZA EL PIA
Respecto a la ralentización, la consejera ha apuntado que en Andalucía existen unos 50.000 ciudadanos a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), de los que casi un 75% (37.617) corresponden a personas en situación de dependencia moderada cuya incorporación al sistema ha sido retrasada por el Ejecutivo central hasta 2015. No obstante, Montero ha indicado que desde Andalucía se hará un esfuerzo para intentar que esa incorporación se haga antes.
Aerte no firmará el nuevo convenio con el Consell hasta que le pague la deuda
Aerte considera que no «existe garantía del cumplimiento del mismo» y quiere aclarar, «en contra de los comunicados que han vertido los sindicatos UGT y CCOO en la que se les tilda de irresponsables, la situación de la mesa de negociación del convenio colectivo».
Aerte afirma en un comunicado que está concentrando sus esfuerzos en resolver la situación de impagos que la administración valenciana tiene con sus empresas asociadas, de la que se ha pagado aproximadamente un 10% del total pendiente, a todas luces insuficiente.
Por ello no está dispuesta a firmar un convenio en negociación pues mientras no exista un calendario de pagos por parte de la administración, no existe garantía del cumplimiento del mismo.
La patronal ya ha manifestado en diferentes ocasiones que el condicionante para la continuidad en las negociaciones con cualquier agente del sector -desde la firma del protocolo de colaboración con la conselleria como la firma del convenio- y según lo aprobado en su asamblea del pasado diciembre, era el cobro de la deuda pendiente.
«Al menos en su mayoría, teniendo en cuenta que actualmente quedan pendientes 50 millones del resto del bono, Peis, salud mental y la gran mayoría de la deuda de plazas públicas de gestión privada, cuyos empresarios y trabajadores parece que están siendo abandonados a su suerte».
Independientemente de todas cuestiones, Aerte no entiende que «primero los sindicatos trasladen a sus bases de forma anticipada la fecha de firma inminente del convenio, cuando ésta no se había confirmado por las patronales firmantes del mismo, y posteriormente emitan un comunicado tan agresivo como el actual, cuando tenían conocimiento como indicamos, que por mandato de la asamblea, dicho convenio sólo se firmaría cuando se produjeran los pagos pendientes de la Administración, o al menos hubiera un plan de pagos aprobado».