Reforma
Nueva sentencia para aplicar la Ley de Dependencia a internos en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina
Tras una tercera sentencia a favor de los residentes, familiares de personas que se encuentran en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina han creado una plataforma para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Junta.
Y es que las sentencias les dan la razón a quienes habían denunciado que están pagando una residencia pública como si fuera privada.
La plataforma ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera “improcedente” que los residentes de este centro, con los beneficios reconocidos de la Ley de Dependencia, paguen su plaza íntegramente como si fuera privada.
Se trata de una sentencia del mes de octubre, que se une a otra similar de mayo, en la que se falló de manera similar a favor de una persona interna en la residencia, y a otra en el mismo sentido de 2012.
Sentencia para todos
En la nueva sentencia se fija un criterio “extensible” a todos los afectados, que en Ávila podrían ser más de 40, por lo que algunos familiares han decidido adoptar las medidas necesarias para que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Las medidas incluirán el requerimiento para que se deje de cobrar como si estas plazas fueran privadas y se cobre únicamente el precio de referencia en cada caso.
Los promotores de la plataforma reclamarán la totalidad de las cantidades que cada residente ha abonado sin tener obligación a ello.
Según han asegurado en un comunicado, tienen constancia de que las administraciones central y autonómica han ingresado a la Diputación de Ávila “toda o parte” de las cantidades que correspondían a los residentes por aplicación de la Ley de Dependencia, aunque institución provincial no ha transferido esas cuantías a los beneficiarios ni se han aplicado a financiar el precio de la plaza residencial.
Consideran que, “de ser así, se habría producido un hecho gravísimo”, ante lo que consideran una posible “indebida retención”.
La Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Ley de Dependencia del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina anuncia denuncias ante los organismos e instancias judiciales, y han invitado a todos los afectaos a agruparse para “depurar responsabilidades”.
El dinero que se gaste en dependencia tendrá que ser certificado
Las comunidades autónomas tendrán que remitir cada año un certificado al IMSERSO para acreditar en qué han gastado el dinero que reciben del Estado para atender a sus ciudadanos en situación de dependencia, una medida que se acordó en el Consejo Territorial del ramo en julio de 2012 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Así lo recoge el proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de financiación –el importe que aporta el Estado– de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento fija esa aportación estatal en los términos recogidos en el Real Decreto de medidas de estabilidad presupuestaria aprobado en 2012, es decir, consolida el recorte de las ayudas, que pasaron de 231,28 euros por cabeza para los casos de gran dependencia Grado II –los más severos– y 157,26 euros para la gran dependencia Grado I, a 177,86 euros en ambos casos.
Asimismo, establece las condiciones en que los gobiernos autonómicos tendrán acceso a ese dinero: tendrán que expedir un «certificado acreditativo de su aportación» para la financiación del sistema «a más tardar el 30 de abril de cada año» que refleje la actividad realizada en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
Así, tendrán que reseñar el número de personas beneficiarias atendidas por cada grado, el número de servicios y prestaciones económicas percibidas por sus beneficiarios y el detalle de los gastos corrientes directamente ejecutados para la atención de los dependientes, tanto los que ya tenían las ayudas, como los que se hayan dado de alta en ese periodo.
«El certificado será expedido por la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma responsable de la gestión de la atención a la dependencia, con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma, para los datos económicos y presupuestarios», concreta el proyecto.
La Administración General del Estado abonará las cuantías correspondientes mes a mes, previa presentación de otro certificado que acredite las altas y bajas de sus beneficiarios, los traslados, las revisiones, la suspensión de la prestación y cualquier otra modificación en los expedientes que se haya producido. Deberá estar firmado por el responsable autonómico de dependencia.
No será el único trámite a realizar. Los gobiernos regionales deberán ‘subir’ al Sistema de Información del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) todos los datos relativos a las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia: el grado de las personas beneficiarias, la prestación reconocida, la fecha de efectividad del derecho, la capacidad económica de los dependientes y su aportación al coste del servicio, en su caso. Sin este trámite previo, no habrá transferencia de fondos.
El Consejo de Ministros aprobará también este viernes otro Real Decreto sobre dependencia que habrá de regular las prestaciones. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge todas las normas de desarrollo de la Ley que se han venido aprobando desde su entrada en vigor, incluidas las de reforma impulsadas por el Ministerio de Sanidad desde el año 2011.
Así, persigue dar uniformidad nacional a asuntos como la documentación necesaria para formalizar la solicitud de ayudas a la dependencia, las intensidades de protección que requieren las distintas situaciones de los beneficiarios, o el régimen de compatibilidades de servicios y prestaciones, conforme los decretos al respecto que ya están en vigor.
Aprobada la reforma de pensiones sin consenso político ni social
El Pleno del Congreso aprobó el jueves 19 de diciembre, de forma definitiva, el proyecto de ley de la reforma de pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios.
De esta forma, la norma, que entrará en vigor el 1 de enero del 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, dónde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.
En el transcurso de estos debates, el grupo socialista y CiU, respaldados por el resto de la oposición, han vaticinado, en más de una ocasión, que la reforma «no tendrá larga vida» y será derogada cuando haya cambio de Gobierno.
Ante estos vaticinios, la portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y diputada Carolina España ha advertido de que si esto llega a ocurrir «volvería la ruina, el déficit, la congelación y el rescate» por lo que ha instado a la oposición a «arrimar el hombro».
En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP ha insistido, de nuevo, en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que ha asegurado que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.
Novedades
Con esta reforma, las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC si no en función de los ingresos y gastos del sistema y del aumento de los pensionistas. La ley fija un suelo de subida del 0,25 % para los años malos y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros y para 2014, el Gobierno ya ha decidido que la subida será del 0,25%.
Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad que añade un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas.
No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años. Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
Enmiendas
Durante estas semanas de debate parlamentario, la oposición ha escenificado, más de una vez, en ambas cámaras, su rechazo unánime al proyecto y su convencimiento de que el Ejecutivo albergaba con estas medidas una «maniobra» para «consumar la muerte del sistema público de pensiones». En este tiempo, el proyecto de ley solo incorporó cuatro enmiendas del PP. Una, la que elevaba al IPC más el 0,50% la subida de las prestaciones en época de bonanza; otra, que nombraba una autoridad fiscal independiente para valorar el índice de revalorización y dos más referidas a sendos informes quinquenales sobre los efectos de la ley en la suficiencia de las pensiones.
En esta polémica, los populares han insistido en que con esta reforma las pensiones nunca bajarán. «El barco se mantendrá siempre a flote» llegó a decir la ministra de Empleo en el primer debate en el Congreso. Además, los populares han sostenido que las medidas recogidas en la reforma son «absolutamente necesarias» para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas, que serán 15 millones en el año 2050.
Esta reforma no será la última ya que el Ejecutivo planea en un futuro sacar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) de la Seguridad Social. De llevarse a cabo esta medida se generaría un ahorro anual al sistema de 22.300 millones de euros, es decir, el 20 % del gasto total de las pensiones contributivas.
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia piden más presupuestos
Con motivo de cumplirse el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
Con motivo de cumplirse hoy el séptimo aniversario de la promulgación de la Ley de Dependencia, distintas asociaciones, entre ellas la de Castilla-La Mancha, pidieron a los Gobiernos central y autonómicos más presupuestos.
En un comunicado, la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (Lapad), cuyo portavoz es el toledano José Luis Gómez-Ocaña, exigió a los gobernantes que doten a las distintas administraciones de los presupuestos y las herramientas adecuadas para su desarrollo completo.
«Un Gobierno que deja desprotegido a sus ciudadanos más débiles, es un Gobierno injusto y desalmado», según esta Plataforma, que explicó que se ha pasado de «la esperanza» surgida en 2006 con la aprobación de la ley hasta el momento actual, en que los derechos reconocidos «retroceden a pasos agigantados».
La Lapad consideró que los distintos Gobiernos «al amparo de la crisis económica están llevando a cabo toda una batería de recortes presupuestarios en materia de dependencia» con «distintos repagos y copagos» que llevan a en muchas personas dependientes a tener que abandonar tratamientos y terapias que afectan a su salud y su calidad de vida.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) señaló en una nota que la Ley de Dependencia «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
«Los crecientes recortes» han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad», según el CERMI, que hace un balance «negativo» de la legislación promulgada hace siete años.
El CERMI reclamó por ello «un auténtico pacto de Estado que revitalice la ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada».
Inician una recogida de firmas para pedir anulación acuerdo ICASS y patronal
La asociación Drets de la Gent Gran de Barcelona ha iniciado hoy una campaña para recoger firmas para pedir la abolición del acuerdo que firmó la consellería de Bienestar Social y la patronal de los geriátricos que redujo las horas de atención especializada de determinados profesionales a los ancianos.
La campaña de recogida de firmas, iniciada en la plataforma Change.org, quiere solicitar que se anule el acuerdo firmado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del departamento de Bienestar Social con las principales patronales del sector de las residencias, en el que se redujo la ratio de algunos profesionales, como psicólogos o terapeutas, en los centros residenciales.
Según los impulsores de la campaña, el ICASS «quiere aplicar un nuevo modelo asistencial en los centros de personas mayores, a través del cual se quiere reducir de manera drástica los tiempos de atención directa de los profesionales técnicos, responsables directos de todas estas necesidades, provocando una mayor dependencia y una peor calidad asistencial».
Pese a que el acuerdo del ICASS y las patronales asegura que la reducción de horas de dedicación no afectará a la calidad asistencial, la asociación considera que sí tendrá una afectación directa en el fomento del «ejercicio físico, la autonomía personal, la funcionalidad, el acompañamiento emocional, las relaciones sociales, la cultura y la diversión, la escucha, la movilidad, la atención centrada en la persona».
Psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales claman contra los recortes en residencias de Cataluña
Los colegios profesionales de psicólogos, fisioterapuetas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y educadores sociales catalanes han clamado contra los recortes en horas que sufrirán sus especialidades en las residencias catalanas, tras un acuerdo entre las patronales y la Generalitat en el que critican que no han sido consultados.
En un comunicado conjunto, han deplorado el citado pacto porque, a su juicio, favorecerá el aumento de la dependencia de los usuarios de centros residenciales y disminuirá la atención y calidad de vida de los ancianos.
Esta medida provocará la existencia de «dos modelos diferenciados de atención», entre los de titularidad pública del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), donde no se aplicarán estas medidas, y los centros concertados y colaboradores, donde sí se podrán aplicar.
Han manifestado comprender la situación económica del sector, pero han criticado que esta política perjudicará la atención de los usuarios y los programas de autonomía.
También han alertado de que este pacto no se puede aplicar hasta que no se modifique la cartera de servicios, lo que se puede hacer con una orden del Govern o bien con un decreto ley debatido en el Parlament.
Han apoyado la segunda opción por entender que deben ser los representantes de los ciudadanos quienes decidan si el pacto alcanzado entre Generalitat y patronal es bueno.
Han firmado el documento el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya y el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya.
Sólo un tercio de los 7.380 enfermos mentales de Cantabria están reconocidos como dependientes
Sólo un tercio de las 7.380 personas que en Cantabria tienen una discapacidad atribuida a una enfermedad mental están reconocidas como dependientes, es decir, tienen derecho a una prestación. ¿El motivo? Los baremos por los que se rige la actual Ley de Dependencia estatal valoran el grado de dependencia física, pero no tienen en cuenta la enfermedad mental por sí sola.
Según los datos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), a fecha de mayo de 2013, la cifra de dependientes como consecuencia de una enfermedad mental crónica es de 2.326, siendo en su mayoría (1.637) grandes dependientes o con dependencia severa -grados 2 y 3-. Los 699 restantes tienen reconocido el grado 1 -moderado o leve-, pero porque fueron valorados antes de la moratoria de julio de 2012. El decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impide la incorporación al sistema de dependencia de las personas con dependencia moderada hasta el año 2015.
La reivindicación de colectivos como Ascasam (Asociación Cántabra de Salud Mental) y Amica es que «estos filtros desaparezcan», como se ha hecho ya en otras comunidades autónomas, para que los afectados por trastornos mentales puedan acceder a los recursos de rehabilitación psicosocial, ocupacionales y residenciales y recibir el apoyo terapéutico que precisan para que la enfermedad esté controlada y evitar su deterioro. En definitiva, que puedan beneficiarse de una atención sociosanitaria para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones y facilitar su reinserción social.
El Gobierno cántabro espera dar respuesta a esta situación con el Plan de Salud Mental, que prevé esté listo en marzo. La Consejería ultima ya el documento, en el que un amplio grupo de expertos ha trabajado durante meses. En él quedan bien definidos los objetivos y las líneas estratégicas de este proyecto, que integrará en una única red todos los dispositivos sanitarios asistenciales, ahora dispersos. Jesús Artal, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla y coordinador del grupo de trabajo de salud mental, confirma que el primer paso de esta nueva etapa será la integración, en los próximos meses, del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, que ahora depende de la Consejería de Sanidad, en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). «Uno de los objetivos de este plan es unificar las redes, que todos los instrumentos sanitarios, que ahora tenemos bastante dispersos, dando lugar a áreas de nadie y a duplicidades, se integren en una sola. Será bueno para los profesionales y para los pacientes y familiares, que ya no saben a veces dónde tienen que acudir», explica.
Parayas es el único centro psiquiátrico público de Cantabria, donde se atiende la patología mental más grave, que es la que requiere de una estancia más prolongada. Con un centenar de profesionales y 60 camas operativas, el año pasado registró un centenar de ingresos, con un balance de 17.615 estancias. En sus instalaciones dispone, además, de un centro de día para rehabilitación psiquiátrica ambulatoria, cuyo balance en 2012 fue de 2.580 estancias
El SCS es el principal proveedor de servicios que atienden a las personas con enfermedad mental. El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla presta atención hospitalaria para patología aguda (708 ingresos el año pasado), atención en hospital de día (225 ingresos) y de urgencia (1.409 intervenciones). Además, tiene a su disposición 30 camas concertadas con el SCS para la media estancia sanitaria en el Hospital Padre Menni. Asimismo, la Consejería, a través del Icass, cuenta con varios dispositivos de rehabilitación psicosocial concertados en Santander, Torrelavega, Reinosa y Colindres y recursos para atención en régimen de 24 horas.
El jefe de Psiquiatría destaca la importancia de disponer en Cantabria de un programa regional para atender al enfermo mental grave, en cada uno de los pasos de su tratamiento: el ingreso hospitalario, el acceso a tratamientos ambulatorios y a la rehabilitación psicosocial y las estancias de media estancia? El objetivo es que la integración de todos estos dispositivos en una única red facilite la gestión de los casos y el establecimiento del circuito asistencial, con una historia clínica única y accesible desde el sistema en su conjunto. «En la práctica habitual tenemos que mejorar los protocolos, para que cada profesional tenga elementos para decidir cuándo debe derivar al paciente y qué tipo de atención necesita. La clave es que tengamos una buena continuidad de cuidados», señala.
El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla va a ser el motor de este plan, aunque Artal hace hincapié en que debe ser la Unidad de Salud Mental, y no el hospital, quien supervise todo el recorrido del paciente. «Más del 90% de los pacientes psiquiátricos no tienen que hacer ningún recorrido, les basta con ser atendidos una o varias veces en la Unidad de Salud Mental, porque jamás van a precisar ingreso ni van a tener que ir al hospital de día, ni tendrán consideración de enfermos crónicos. Pero hay un 10% de enfermos que tenemos que conocer, tener registrados y acompañar, porque en algún momento van a necesitar la unidad de agudos, ingresos de media estancia?». Lo que se pretende es proporcionar a las personas con trastorno mental grave un plan individualizado de intervención, que se despliegue desde la atención psiquiátrica hacia los otros niveles, especialmente a Atención Primaria y Servicios Sociales. «Aspiramos a que ningún paciente esté ingresado toda su vida. La idea del manicomio la tenemos que erradicar», subraya Artal. Otra de las prioridades del plan es «atender la patología psiquiátrica mayor, mejorando y apoyando programas que ya tenemos para tratar enfermedades graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad y las depresiones. También estamos trabajando en el tema del suicidio». El proceso de integración que contempla el plan incluye las unidades de atención ambulatoria a drogodependientes, presentes en Santander, Torrelavega y Laredo, y se reforzarán los dispositivos de atención a la salud mental de niños y adolescentes.
Los beneficiarios de la Ley de la Dependencia aumentan en Extremadura un 6,1% entre mayo de 2011 y septiembre de 2013
Extremadura ha superado por primera vez los 20.000 beneficiarios de la Ley de la Dependencia, en concreto el número de beneficiarios ha aumentado un 6,1 por ciento entre mayo de 2011 y septiembre de 2013, al haber pasado de 18.874 a 20.024.
Estos datos han sido expuestos por el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno ha dado a conocer el último informe del Sepad sobre la evolución de la implantación de la Ley de la Dependencia en la comunidad.
Para el responsable autonómico, este hecho pone en evidencia que, frente a «voces agoreras» que hablaban de «derogación encubierta» de esta ley en la región, se ha conseguido «mejorar» los resultados.
Este incremento experimentado por la región en su número de beneficiarios supera «con creces» el dato registrado en el conjunto del Estado. Así, mientras que en España ha aumentado un 0,1 por ciento, en Extremadura lo ha hecho en más de un 6 por ciento, cifra regional que «ha permitido que la media nacional tenga un signo positivo».
Carrón también ha indicado que la lista de espera en la tramitación de las solicitudes presentadas se ha reducido en un 68 por ciento entre mayo de 2011 y septiembre de 2013, pasando de 6.339 solicitudes pendientes de valoración en 2011 a las 2.056 que hay en la actualidad. Todo ello en un momento en el que el número de solicitudes también ha aumentado en más de 1.000 en este periodo.
Asimismo, Carrón ha indicado que en mayo de 2011 en Extremadura existía un 36 por ciento de dependientes con derecho reconocido y pendientes de recibir prestación, en concreto 10.409 personas, mientras que a fecha de septiembre de 2013, tras dos años de «reforma» y «mejoras» en la tramitación de los expedientes, esta cifra se ha reducido en un 49 por ciento, hasta las 5.272 personas.
De esta manera, si se comparan estas cifras con lo que ha sucedido en el entorno nacional, en mayo de 2011 Extremadura superaba la media española en personas con derecho reconocido y pendientes de recibir una prestación. Mientras que en España la media era de un 32 por ciento en 2011, en Extremadura esta media alcanzaba un 36 por ciento.
Dos años después, Luis Alfonso Hernández Carrón ha explicado que esos datos se han invertido «por primera vez», ya que también «por primera vez» la región está por debajo de la media nacional. Así, mientras que en España la media supera el 21 por ciento, Extremadura ha conseguido reducirla en casi 16 puntos, hasta el 20 por ciento.
«Esto ha sido así porque el Gobierno de Extremadura se ha situado al lado de las personas en situación de dependencia, paliando la reducción presupuestaria estatal con los recursos de la comunidad autónoma», ha puesto en valor el consejero extremeño.
El responsable autonómico ha recalcado que estos datos positivos suponen un «aliciente» para continuar en la senda de trabajo iniciada, que se verá «fortalecida» en 2014 «gracias al compromiso» del Ejecutivo regional con las personas en situación de dependencia, tal y como se refleja en el proyecto de presupuestos, ha dicho.
Carrón también ha resaltado que, desde enero de 2013 a septiembre de 2013, Extremadura ha avanzado tres puestos en el ranking de comunidades autónomas relativo al número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia en función de la población. Así, si a principio de año la región empezó en el noveno puesto ahora se encuentra en el sexto lugar.
RENTA BÁSICA Y PAC
A preguntas de los periodistas, Carrón ha recalcado que las primeras prestaciones de la Renta Básica se empezarán a pagar «a partir de primeros de noviembre».
De igual forma, y sobre la reapertura de algunos PAC, el consejo ha indicado que no puede «afinar más» en cuanto a la fecha que ya dijo en su momento, a lo que ha añadido que se trabaja en que puedan estar listos «a mitad del mes de noviembre».
Gerentes de Servicios Sociales piden impulsar la Ley de Dependencia
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone revisar «en profundidad» el modelo de relaciones laborales, llevar a cabo una reforma fiscal «justa y progresista» e impulsar la Ley de Dependencia, en el documento con las conclusiones del Debate sobre el Estado social de la nación 2013.
Estas propuestas, según adelantan, están destinadas a reducir las desigualdades que, a su juicio, «son la causa de que España tenga tantas dificultades para salir de la crisis y para que las mejoras económicas repercutan en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población».
En primer lugar, ante las «ineficaces» reformas para crear empleo, sugieren modificar «de manera radical» el modelo de relaciones laborales con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias en España y de «evitar que se siga agudizando la pobreza y la exclusión social».
Concretamente, proponen una mayor regulación y protección de los derechos de los trabajadores y defienden que la estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos no son incompatibles con el desarrollo económico.
Otra de las conclusiones pone el acento en la necesidad de «corregir los desajustes estructurales que afectan a la fiscalidad en España»; de reducir la brecha de nueve puntos porcentuales que separa al país de la media europea en ingresos fiscales en relación con el PIB; y de avanzar en una fiscalidad «donde cada cual contribuya en función de su capacidad económica».
Asimismo, alertan de «los cantos de sirena» de las bajadas de impuestos generalizadas que, a su juicio, «se han de compensar con el incremento de la fiscalidad a las grandes fortunas, a los beneficios de las sociedades y, sobre todo, al capital financiero y sus actuaciones especulativas».
Por ello, entre sus propuestas para la Reforma Fiscal en España se encuentran: suprimir los regímenes privilegiados en el Impuesto de Sociedades; establecer un sistema de tributación objetiva para grandes empresas; recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones; establecer medidas que penalicen la utilización de entidades radicadas en paraísos fiscales; crear un impuesto de transacciones financieras que penalice la especulación; crear ecotasas medioambientales; rebajar los tipos de IVA general y reducido; incrementar las plantillas de inspectores y técnicos de Hacienda; y reforzar los sistemas públicos de participación de los ciudadanos en la lucha contra el fraude.
ENMIENDAS A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
No obstante, los directores de Servicios Sociales aseguran que la «mayor amenaza» que se cierne sobre ellos es el proyecto de reforma local que se está debatiendo actualmente en el Congreso que «extirpará las competencias en servicios sociales y promoción social de los ayuntamientos españoles».
«Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios, como se plantea», apuntan, para añadir que «cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial.
Ante esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados dos propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Racionalidación y Sostenibilidad de la Administración Local, en las que reclaman «aclarar el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales» y «ampliar a cinco años el plazo para que las entidades locales realicen la transferencia a las Comunidades Autónomas».
Finalmente, consideran necesario un Pacto de Estado para la aplicación y el mantenimiento de la Ley de la Dependencia, cuyos ejes serían: el mantenimiento de la tasa de reposición, es decir, que el Sistema incorpore al menos un nuevo beneficiario por cada beneficiario que cause baja en el mismo, y el impulso de servicios profesionales como la Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y las Plazas residenciales.
Becerril: se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la ley de dependencia
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró hoy que se están produciendo muchos retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a RNE, recogidas por Servimedia, Becerril dijo que la crisis económica no ha traído en España recorte de derechos, pero sí recortes en la prestación de servicios, de cosas a las que nos hemos acostumbrado porque hemos vivido momentos de bonanza y alto grado de bienestar.
Es el caso, dijo, de la Ley de Dependencia se están produciendo muchos retrasos a la hora de evaluar y hacer efectivo el pago para un cuidador, y es que ha habido un momento en que todo eso se conseguía pronto, pero ahora los ayuntamientos y las comunidades no tienen fondos suficientes.
Son retrasos de los que espero que podamos irnos recuperando. Entiendo perfectamente el lamento y también el de las comunidades y los ayuntamientos que prestan los servicios sociales, agregó Becerril.
“Transferir lo social a las autonomías duplica el gasto”
Desde la “lealtad”, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, del PP, se muestra contundente a la hora de valorar las consecuencias que tendrá la reforma de la Administración local en el sistema de servicios sociales de su territorio, entre las que destaca la duplicidad de funciones y de gasto; precisamente lo que pretende combatir la ley. Esta comunidad ha elaborado distintas enmiendas al proyecto del Gobierno para que “dentro del margen que ofrece la ley se respeten los modelos que han mostrado ser eficientes”.
Pregunta. La ley plantea que los municipios solo puedan ocuparse de labores de evaluación, información y atención inmediata, por lo que los Ayuntamientos dejarían de tener el peso de los servicios sociales de base, que pasarían a ser competencia autonómica. ¿Qué supone este cambio?
Respuesta. Nosotros tenemos un sistema de integración total entre municipios y autonomía en el que los trabajadores sociales de proximidad tienen la capacidad suficiente para atender las necesidades de forma integral. Es el modelo más eficiente del país porque la coordinación evita esfuerzos duplicados. Hay que tener en cuenta que los servicios sociales necesitan personal de cercanía. Si se transfiere la competencia a las autonomías y asumen estas actuaciones, con su correspondiente personal e instalaciones, se duplicará el gasto, lo que no tiene ningún sentido. Lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros —los 1.500 empleos de Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes— pasará a costar el doble.
Milagros Marcos explica esta duplicidad de empleos y gasto: no se trata solo de cambiar de sitio las competencias, hay empleos que mantener en el ámbito local: “Un trabajador social de un municipio ahora gestiona las cuestiones de emergencia y las que no son urgentes, en un trabajo integrado; con la reforma solo podrá encargarse de las urgentes, por tanto, habrá que poner a otro para lo demás”. Y eso lo tendrá que asumir la comunidad autónoma.
P. Dos trabajadores de Administraciones distintas para un mismo problema puede romper ese tratamiento integral.
R. Pero, además, ¿dónde está la línea entre lo urgente y lo no urgente? Nosotros contamos con un sistema integral. En una familia con dificultades puede haber un problema de drogas, de violencia familiar, de mayores en situación de dependencia… Nuestros profesionales atienden estos casos en conjunto, sin segmentar, y desde la atención cercana. Esta gente necesita a una persona de referencia próxima. Son los servicios sociales de barrio quienes conocen las necesidades de esta gente. Si se nos fuerza a duplicar servicios, duplicamos estructuras y gasto y perjudicamos a los usuarios. [La reforma] penaliza a las Administraciones que no tenemos duplicidades
P. ¿Qué va a pasar con las residencias de ancianos? También tendrán las comunidades que asumir esta gestión.
R. Este es otro tema. Se puede transferir el control de las residencias municipales a las autonomías. Pero en un año [el plazo previsto en el anteproyecto] y sin presupuesto no se puede hacer. ¿Cómo voy a asumir 10.000 plazas de golpe? Cuestión distinta es afrontar este proceso con tiempo; en cinco años se podría hacer con tranquilidad. Entre esta cuestión y los servicios de proximidad que mencionaba antes, el incremento de gasto en Castilla y León sería de 200 millones de euros.
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Cáritas alerta de que la reforma local aleja a los más vulnerables del acceso a los servicios sociales
Cáritas alerta de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda aleja a las personas más vulnerables del acceso a los servicios sociales, sobre todo en las zonas rurales, y aboga por consensuar una reforma que ponga a este colectivo «en el centro».
Esta organización considera que es posible introducir algunos cambios en el texto legislativo, que este viernes se abre al trámite de enmiendas. En este sentido, apela tanto al Gobierno y al Grupo Popular en el Congreso, como al resto de grupos parlamentarios, a que valoren las reiteradas peticiones formuladas al respecto por el conjunto de las entidades del tercer sector.
De manera concreta, Cáritas propone que se permita desarrollar una organización técnica y competencial que ponga en el centro de sus objetivos a las personas en situación social más precaria, a través de dos niveles de atención (primario y secundario) y con un criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual de los ciudadanos.
Por otro lado, plantea la necesidad de que el Estado garantice unos derechos mínimos, determine quién es la población titular de los mismos y qué tipo de atención queda garantizada.
Cáritas muestra también su preocupación por la introducción dentro de esta reforma de una nueva restricción en el acceso al empadronamiento por parte de las persona extranjeras no comunitarias, una medida, que, a su juicio, «debe ser suprimida» del proyecto «por cuanto desvirtúa la naturaleza del empadronamiento y condena todavía más a la invisibilidad a un sector de la población».
Botella propone una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener servicios
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha propuesto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener en el ámbito de las competencias de la ciudad el Samur y los servicios sociales no afectados por la Ley de Dependencia.