Dependencia
Cermi: «la ley de dependencia, un intento fallido siete años después de su aprobación»
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo un balance negativo de los siete años que se cumplen este sábado de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Para el comité, este dispositivo normativo «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
La entidad que preside Luis Cayo Pérez señaló en un comunicado que «la falta de voluntad, los desencuentros y los crecientes recortes de los distintos gobiernos y administraciones públicas responsables de su puesta en marcha en estos siete años han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad».
«Siete años después de su entrada en vigor, el balance que hace el movimiento social de la discapacidad no puede ser más que negativo, ya que estamos lejos de ver implantado un sistema de protección social, con rango de auténtico derecho, que proporcione apoyos reales y efectivos para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad y mayores», afirma la nota.
El comité tiene una sensación «de oportunidad desaprovechada y de intento fallido, que revela la incapacidad de las estructuras de poder del país, para conectar con las necesidades genuinas de la población más expuesta a la vulneración de sus derechos y darles soluciones eficaces a la altura del problema».
Ante esta «triste» situación, el Cermi reclama «un auténtico pacto de Estado que revitalice la Ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada que no haga recaer el esfuerzo una vez más en las personas con discapacidad y mayores, y en sus familias».
Bienestar Social obliga a los dependientes a pagar por ir a centros ocupacionales y de día
Familiares de afectados han recibido una carta de la Conselleria en la que les comunican que a partir de enero de 2014 tendrán que abonar hasta 700 euros mensuales.
Maite Hernández acudió ayer a las puertas del edificio Prop de la Generalitat de Alicante empapelada con carteles sobre los recortes en la dependencia. Hoy se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la ley y, tal y como manifestaron desde la plataforma, no es momento de celebraciones. Un centenar de personas se concentró para denunciar la paralización de la normativa en la Comunitat. Más que indignados, Maite mostraba la carta que acaba de recibir de Bienestar Social.
Los dependientes que acuden a centros ocupacionales y de día deberán a partir de enero hacer más desembolso. Así ha empezado a comunicarlo esta semana la Conselleria. Entra en vigor un copago por estos recursos, -que se añade al farmacéutico- y que fue aprobado en agosto. En el caso de Maite asciende a 95,53 euros por 14 mensualidades. Es lo que deberá abonar si quiere que su hija Marina, de 28 años, siga acudiendo al centro ocupacional de Terramar en Apsa.
«Ella está llorando porque quiere ir», comentaba Maite, que ve muy difícil poder llevarla el próximo año cuando en su casa son familia numerosa, entra un ingreso de 426 euros y hay una persona mayor dependiente. «Además, nosotros ya estábamos pagando porque para ir al centro costeamos el servicio del autobús que son 135 euros», explicaba esta madre durante la protesta, quien añadía que Bienestar ha hecho el cálculo de la aportación según el nivel de renta de su hija. Un copago que, para la diputada autonómica de EU, Esther López, es un «repago y que ahoga más a este sector que tanto necesita una administración que garantice los derechos sociales básicos».
López afirmó que ha preguntado por los costes reales de los servicios (que no han sido publicados en ninguna parte) y que «el Consell, hoy por hoy, no desvela», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Asunción Sánchez Zaplana, firmada el pasado 26 de noviembre del 2013.
Según los familiares, el copago es muy variable. Hay casos de 65 euros, de 100, de 187, de 375 y hasta de 725 euros al mes. Así se recoge en las cartas mostradas en la concentración que han llegado a usuarios del centro ocupacional Maigmó de San Vicente. Paulino López, trabajador en el sector, insistió en que todas estas familias ya están abonando un cuota mensual a las asociaciones, que puede rondar los 90 euros, para cubrir servicios a los que no se llega como son el transporte y el comedor. Sobre el caso de 700 euros, la explicación que dio es que hay padres que han puesto a nombre de sus hijos propiedades que tienen para «asegurarse en un futuro alguien va a hacer cargo de ellos».
En todas estas misivas, firmadas por la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, se explica la disposición adicional cuarta del Decreto 113/2012, de 2 de agosto del Consell por el que se establece la aportación en los centros y servicios que reciben financiación pública y que será abonando directamente al centro que lo presta.
Una medida que traerá consecuencias «graves», según manifestó el portavoz de la Plataforma de la Ley de la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, quien recordó también los problemas con el copago farmacéutico que se impuso. «Hay personas que no se están comprando la medicación porque tienen que hacer frente a los gastos de luz, agua, además de la vivienda».
Martorell lamentó que la Comunitat está a la cola del país en la aplicación de la normativa -«está totalmente paralizada», añadió-, y dio cifras. En un año ha habido un recorte de 10.046 derechos en teleasistencia en la Comunitat, de 638 usuarios en residencias, de 425 vinculados a prestación de servicios y 3.675 por prestación económica porque no hay reposición tras los fallecimientos. Además, 21.500 personas están en lista de espera y se adeudan 22 millones por retroactividad. Aun así, «vamos a resistir, tenemos dignidad, fuerza y lucharemos», concluyó el portavoz.
El IMAS colabora con la Universidad de Oviedo en un estudio se ACP para mejorar la atención a las personas mayores
Teresa Martínez
El proyecto, de ámbito nacional, se titula “Atención centrada en la persona con los servicios gerontológicos: modelos e instrumentos de evaluación”
El Institut Mallorquí d’Afers Socials ( IMAS ) colaborará con la Universidad de Oviedo para la realización de un proyecto de investigación , de ámbito nacional, titulado » Atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos: modelos e instrumentos de evaluación», en el que participarán las residencias y los centros de día gestionados por el IMAS .
El estudio consiste en la validación de carácter nacional de dos instrumentos de evaluación , adaptados a este entorno , que permitan evaluar y conocer en qué grado los centros ofrecen una atención personalizada . Se trata de instrumentos que hasta hoy no están disponibles para la población española y que pueden suponer un apoyo en el avance y mejora de la atención en los centros.
En el estudio participarán unos 80 centros ( residencias y centros de día ) de diferentes comunidades , tanto de titularidad pública como privada, conscientes de la necesidad de avanzar en la aplicación de un enfoque de atención orientado a las personas usuarias .
La investigación la ha coordinado la doctora Teresa Martínez, y ha estado dirigida por los doctores José Muñiz, catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo, y Javier Yanguas , director del Instituto Gerontológico de la Fundación Matía.
El IMAS participa en este estudio con el objetivo de mejorar la atención diaria a sus residencias y centros de día, lo que se encuadra dentro del Plan de impulso de la mejora continua que se está desarrollando desde la coordinación del área de personas mayores del IMAS con la implicación y participación activa de los profesionales de los centros.
Centros concertados de Cataluña denuncian que la Generalitat no ha abonado aún los pagos de octubre
Acad·Cat, patronal del sector de la dependencia en Cataluña, ha denunciado públicamente que «a fecha de hoy», algunas empresas proveedoras de servicios del sector de la dependencia de Cataluña en régimen de concierto «todavía no han cobrado las facturas correspondientes a servicios prestados en el mes de octubre de 2013».
Al respecto, han calificado de «deplorable» la situación que vive el sector y «más en las fechas en que se produce, a causa de que las empresas durante este mes tienen que hacer frente a gastos muy importantes como sueño las nóminas extras de sus trabajadores».
Además, portavoces de Acad·Cat critican que la Generalitat no se haya puesto en contacto con las entidades para advertirles de los atrasos en el pago de la deuda. «Creemos que no es de recibo la carencia de información a las empresas por parte de la Administración, puesto que en anteriores atrasos, esta siempre había comunicado a final de mes la fecha posible de cobro, cosa que en esta ocasión no se ha producido», manifestaron.
La asociación ha denunciado, asimismo, que «la falta de explicaciones en este tema deja indefensos a los centros y con un sentimiento de desprecio que, sinceramente, ni empresarios, ni profesionales, creemos merecer».
Por su parte, la patronal defiende su «lucha» por la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia en Cataluña y por que «las empresas de este sector mantengan el máximo posible los puestos de trabajo».
Inician una recogida de firmas para pedir anulación acuerdo ICASS y patronal
La asociación Drets de la Gent Gran de Barcelona ha iniciado hoy una campaña para recoger firmas para pedir la abolición del acuerdo que firmó la consellería de Bienestar Social y la patronal de los geriátricos que redujo las horas de atención especializada de determinados profesionales a los ancianos.
La campaña de recogida de firmas, iniciada en la plataforma Change.org, quiere solicitar que se anule el acuerdo firmado por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) del departamento de Bienestar Social con las principales patronales del sector de las residencias, en el que se redujo la ratio de algunos profesionales, como psicólogos o terapeutas, en los centros residenciales.
Según los impulsores de la campaña, el ICASS «quiere aplicar un nuevo modelo asistencial en los centros de personas mayores, a través del cual se quiere reducir de manera drástica los tiempos de atención directa de los profesionales técnicos, responsables directos de todas estas necesidades, provocando una mayor dependencia y una peor calidad asistencial».
Pese a que el acuerdo del ICASS y las patronales asegura que la reducción de horas de dedicación no afectará a la calidad asistencial, la asociación considera que sí tendrá una afectación directa en el fomento del «ejercicio físico, la autonomía personal, la funcionalidad, el acompañamiento emocional, las relaciones sociales, la cultura y la diversión, la escucha, la movilidad, la atención centrada en la persona».
La Asociación de Esclerosis Múltiple anuncia que dejará sin tratamientos a los enfermos en 2014
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Getafe (AGEDEM) ha anunciado esta semana que dejará sin tratamientos a los enfermos a partir del próximo año por falta de recursos económicos, un servicio que se venían prestando en su sede de la calle Álvaro de Bazán desde 1996.
La asociación ha explicado que la causa de esta falta de recursos es debida al recorte sufrido de la Comunidad de Madrid, «que desde que modificó los requisitos para acceder a las subvenciones se ha rebajado año tras años la cantidad», pasando desde el año 2010 de recibir 23.559 euros hasta los 4.514 euros en 2013, «lo que supone una pérdida de subvención cercana al 80%, dejando inviable los proyectos relacionados con tratamientos que hasta el momento se venían realizando».
Asimismo, han señalado que solicitaron al Ayuntamiento de Getafe la ayuda económica necesaria para garantizar la continuidad de las terapias a enfermos sin que hasta la fecha les haya aportado ninguna solución, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad una moción en el pasado Pleno municipal de noviembre a este respecto.
En concreto, se instaba al Gobierno municipal a realizar las gestiones necesarias para otorgar de manera urgente, y antes de acabar el año en curso, la ayuda económica necesaria para evitar el cierre de AGEDEM y poder seguir prestando los servicios a los enfermos de esclerosis múltiple.
«Dicha moción ha sido obviada por el gobierno de Getafe, dejándonos al borde de la desaparición al no poder garantizar la continuidad de los pagos a los trabajadores encargados de realizar las terapias necesarias, por lo que nos vamos a ver tristemente obligados a prescindir de parte de la plantilla necesaria para aplicar los tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología que resultan imprescindibles para el estado de salud de los enfermos de esclerosis presentes y futuros en el pueblo de Getafe», han agregado.
Desde la asociación han responsabilizado de esta situación, «por un lado a la Comunidad de Madrid, y por otro lado al Gobierno municipal, que han mostrado su insensibilidad para los afectados de tan terrible enfermedad, dejándolos en el más absoluto abandono».
COMUNIDAD DE MADRID NIEGA RESPONSABILIDAD
Sin embargo, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, ha manifestado a Europa Press que la cuantía de la subvención se otorga en función del número de personas para las que se solicita y cumpliendo unos requisitos, «que no se han endurecido, sino que con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia las personas que tienen grado dos ya reciben una ayuda complementaria».
«Esta convocatoria es para ayudar a aquellas personas que, por no tener grado o un grado uno, nosotros, que somos de las pocas comunidades autónomas que ayudamos a las personas que están fuera de la Ley de Dependencia, les financiamos», ha agregado.
La directora general de Servicios Generales ha señalado que a AGEDEM «no se le ha bajado la cantidad, es que en el año 2010 pidieron subvención para 50 personas y en el año 2013 solicitaron subvención para siete porque esas otras personas recibían la prestación económica vinculada a la dependencia».
Asimismo, ha apuntado que además de esta subvención sobre las personas que ellos piden, «se les da una subvención desde hace muchísimos años para el servicio que gestionan de atención y orientación a personas con discapacidad, que no solo no se ha tocado sino que reciben la misma». «Madrid es la única comunidad en España que presta atención gratuita a personas con discapacidad», ha apostillado.
Pérez Anchuela ha subrayado que en las convocatorias de este año 2013 se han invertido más de 3,2 millones de euros para 120 proyectos y «ninguna entidad, tampoco AGEDEM, lo ha recurrido porque estaba en consonancia con lo que habían pedido».
Según la directora general de Servicios Sociales, no solo no se están haciendo recortes sino que existe un compromiso en la atención a las personas con discapacidad, ya que en el año 2014, el presupuesto aumentará en 33 millones de euros hasta un total de 338 millones.
Por último, ha afirmado que la situación de la asociación puede venir motivada, «no por el dinero que recibe de la Comunidad de Madrid, sino porque las personas a las que atienden han recibido otras prestaciones y tendrán menos personas que se dirijan a su centro para recibir tratamiento, pero no tiene nada que ver con la subvención que reciben».
Marcos destaca la figura del asistente personal para discapacitados, que recuerda tiene financiación de la Dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha destacado la figura del asistente personal como recurso de ayuda para los discapacitados que, ha recordado, cuenta con financiación a través del sistema de Dependencia.
Marcos, en el marco de la presentación de la Ley de Servicios Sociales en lectura fácil, se ha referido a este asunto en referencia a la ‘Encuesta Integración Social y Salud’ publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que se refleja que el 44,1 por ciento de las personas con discapacidad en Castilla y León afirma no tener ayudas personales y técnicas para poder participar en actividades cotidianas, menos que la media nacional, que se sitúa en el 50,4 por ciento.
A este respecto, la consejera ha señalado que precisamente para paliar este problema se trata de potenciar la figura del asistente personal y se trabaja con las entidades del Cermi para que las personas con discapacidad sepan que existe este recurso.
Milagros Marcos ha incidido en que se han incrementado las cuantías de la Dependencia para acceder a los servicios profesionales, entre los que se encuentra el asistente personal.
La consejera ha insistido en la necesidad de dar a conocer este recurso y que las personas que lo puedan necesitar sepan que existe y que además cuenta con financiación de la Dependencia.
La profesionalización en la gestión de centros asistenciales pasa por la utilización de las herramientas adecuadas
Aegerus nace de la detección de que los centros de atención a la tercera edad, necesitan profesionalizar sus tareas asistenciales, administrativas y de gestión en general, sin que existiese una herramienta informática basada en tecnologías web y de altas prestaciones. Todo ello a costes contenidos y con rápidas implantaciones.
Las soluciones existentes eran adaptaciones de modelos hospitalarios o bien tenían notables limitaciones por obsoletismo tecnológico.
Este proyecto inicial para los centros de Tercera Edad, se amplía a centros de atención a persones con dependencia en general. Cubriendo los requerimientos de centros de días, residencias sociales, centros sociosanitarios, servicios de atención domiciliaria, centros especiales para personas con discapacidades, asociaciones de cuidados a personas con problemas psíquicos o físicos, etc…
El crecimiento y grado de profesionalización que han tenido que aplicar este tipo de entidades en los últimos años ha propiciado al tiempo el crecimiento de Aegerus, adaptando de forma constante sus funciones a las necesidades que los centros le proponen y siendo el referente del sector por el vanguardismo de sus aplicaciones.
En su primer año completo de actividad, 2007, Aegerus daba servicio a 25 centros. En la fecha actual son 640 los centros usuarios de este software. Estos valores suponen que más de 50.000 persones son tratados a través de Aegerus por más de 5.000 profesionales del sector. Las diferentes versiones adaptadas a los sectores relacionados con la dependencia suponen una garantía de presente y futuro para la empresa.
Aegerus cuenta con tres líneas de producto: Residencias Asistidas y Socio-sanitarios, Servicios de Atención Domiciliaria y Centros de Atención de Discapacitados. Con estas tres líneas cubren las totalidad de necesidades que puedan surgir en una gestión profesional de los distintos tipos de centros.
Actualmente, Aegerus ha iniciado su presencia en las redes sociales, podéis recibir sus noticias:
Siguiendo su cuenta de Twitter: @Aegerus_cat (https://twitter.com/aegerus_cat)
En Facebook: https://www.facebook.com/Aegerus
Unas 20.000 familias andaluzas con atrasos en retroactividad en Dependencia cobran 2012 a cargo del plan a proveedores
Unas 20.000 familias andaluzas de las 24.500 afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia han cobrado lo correspondiente al año 2012 con cargo al plan de pago a proveedores aprobado en junio por el Gobierno central, según los datos oficiales aportados por la portavoz del grupo formado por unas 1.266 familias agrupadas a través de Facebook bajo el nombre de ‘Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía’, Rosa María Guijo Curado.
En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Guijo Curado ha explicado que «en el descuadre de 4.500 dependientes pueden entrar los fallecidos que tienen que cobrar en concepto de herencia en un solo pago; o puede deberse a problemas con los traslados de expediente en los dependientes que se han mudado a otras localidades; o los niños dependientes por problemas de identificación, un caso que sucede porque al tramitar la dependencia de estos niños, como no era obligatorio el carné de identidad, se les puso un DNI ficticio, de manera que ahora, al meter dicho DNI del menor en el sistema, sale que no existe».
«Esto ha hecho que no hayan podido acogerse al plan de pago de proveedores, y lo único que han podido hacer es una reclamación que parece ser resuelto con un parte de incidencias», añade al respecto de esto último Guijo Curado, que apunta que otro de los problemas tiene que ver con aquellas personas que «no han tenido noticias del acogimiento a ese plan de pago porque no se les ha notificado». «Todos estos casos están pendientes de pago a lo largo de lo que queda de diciembre», añade.
Por último, la portavoz ha asegurado que se sienten «esperanzados» tras empezar a cobrar los atrasos de las retroactividad correspondiente al año 2012, al tiempo que afirma que «seguirán luchando por cobrar el 2013», que «se debió de haber pagado en marzo y todavía no se ha pagado». En este sentido, hay que recordar que el plan de pagos establecido por la propia Administración se prolongaba por un periodo de cinco años desde 2012 a 2016.
La administración valenciana, una vez más, da la espalda al sector de la dependencia, no recoge el manifiesto leído hoy ante el Palau de la Generalitat valenciana
MÁS DE 250 CENTROS DE AERTE Y LARES PARTICIPAN EN LA MARCHA SOCIAL QUE HA REUNIDO A MÁS DE 3000 PERSONAS, ENTRE USUARIOS, FAMILIARES, TRABAJADORES Y CENTROS PARA RECLAMAR EL FIN DE LA MARGINALIDAD DEL GOBIERNO VALENCIANO A LA DEPENDENCIA
La deuda acumulada pendiente se cifra en torno a 110 millones. 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (LARES), han participado en la masiva marcha social que ha congregado a más de 3.000 personas entre usuarios, familiares, trabajadores y centros para solicitar, una vez más, el fin de la marginalidad que el Gobierno valenciano y central están practicando desde hace años al sector de la dependencia y atención a mayores de la Comunidad Valenciana.
La manifestación, que ha contado con el apoyo de las principales asociaciones del sector, de los sindicatos mayoritarios, usuarios familiares, y otras entidades afectadas por esta situación se ha iniciado desde distintos puntos de la ciudad de Valencia, finalizando con la lectura de un manifiesto conjunto ante el Palau de la Generalitat. La Administración valenciana ha vuelto a dar la espalda al sector de la dependencia al no atender ni recoger el mencionado manifiesto.
La participación de AERTE y LARES, ha estado representada por los más de sus 250 centros de las tres provincias. Por parte de AERTE se ha solicitado, entre otros aspectos, la actuación urgente de la Generalitat Valenciana para el desbloqueo, por igual y a todos los centros, de la deuda pendiente, cifrada en torno a 110 millones, y el compromiso de no seguir aumentándola: cada mes de impago, supone alrededor de 10 millones de deuda. Se ha insistido además en la resolución urgente de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que, sin embargo, no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
María José Mira, directora general de AERTE, ha manifestado: “consideramos muy grave y decepcionante la falta continuada de palabra y compromiso del Gobierno valenciano hacia la dependencia, y en particular con los más de 30.000 dependientes que reciben atención y cuidados cada día en los más de 300 centros y entidades”. Y señaló que “el sector, que atiende al segmento más débil y vulnerable de la sociedad, no tiene por qué asumir por más tiempo las obligaciones que incumple la Administración. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no ha resuelto la asfixiante situación. Existen residencias que no cobran nada desde hace más trece meses y todo apunta a que seguirán así: esto es insostenible”.
En lo que va de año, cinco centros asociados a AERTE han cesado su actividad: 300 plazas cerradas y 150 puestos de trabajo perdidos. La situación insostenible hace que 13.000 de los 15.000 puestos de trabajo directos del sector peligren a corto plazo.
Aerte ha manifestado en muchas ocasiones las dificultades por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, la mayoría de los cuales llevan más de un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal. Y todo ello en el mejor de los casos, que es cuando las entidades financieras pueden adelantar ese crédito ya que la deuda con la administración valenciana les ha llegado al límite.
No por repetido el discurso, deja de ser menos grave. La situación se agrava cada mes. Con su participación en la marcha social de ayer, Aerte desea trasladar al conjunto de la sociedad valenciana la injusta y desesperada situación por la que atraviesan las empresas responsables de la atención a la población dependiente en la Comunidad Valenciana, cuyos problemas generados por los impagos de la Administración Valencia van a desembocar inevitablemente en más cierres de centros y entidades, si desde la administración no se ponen medidas que de una inmediata solución.
SARquavitae reduce un 52% las visitas médicas a Atención Primaria mediante un sistema de telemonitorización del paciente crónico
Una experiencia de control y seguimiento a personas con enfermedades crónicas realizada por SARquavitae, en la que han intervenido SARdomus (su división sanitaria), Teleasistencia y Residencial, ha conseguido reducir en más de un 52% las visitas a los centros de salud de Atención Primaria. El servicio se prestó gracias a la tecnología TeleMedCare, plataforma online de telemedicina desarrollada con Grupo Neat. El estudio de SARquavitae, enmarcado en su estrategia de gestión integral de la cronicidad, se ha realizado durante 6 meses, con 45 personas usuarias habituales del servicio de Teleasistencia. Este es uno de los proyectos que recientemente SARquavitae ha puesto en marcha, para la gestión integral y personalizada de las personas con enfermedades crónicas.
El Quiosco de Salud es un dispositivo que mide las constantes vitales, tales como presión arterial no invasiva, temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en sangre, peso, niveles de glucosa y espirometría, y envía los resultados a la central de SARDomus, donde un equipo médico de SARquavitae telemonitoriza toda la actividad registrada en el dispositivo y contacta telefónicamente con los pacientes en caso de necesidad. Por su parte, la división de Teleasistencia se responsabiliza de la gestión de agendas y del seguimiento proactivo de los pacientes, 24 horas al día 7 días a la semana.
Los dispositivos fueron instalados en dos centros SARquavitae, en Zaragoza y Sevilla, a los que los integrantes del grupo experimental acudieron de forma periódica para medir sus constantes con la ayuda de una auxiliar. En total fueron realizadas 2.069 mediciones, de las cuales el 8% generaron alertas. Las alertas generadas correspondieron a glucemias en un 61% de los casos y a la tensión arterial en un 33%.
Cabe destacar que el 84% de las alertas fue resuelto a distancia por el equipo médico y de enfermeras de SARquavitae. El 16% restante fue debidamente gestionado por la gestora de casos para ser atendidos en el sistema sanitario público.
Los primeros resultados de esta prueba piloto corroboran y ponen de manifiesto que este tipo de soluciones basadas en el control y prevención que promueven el autocuidado y elevan el grado de autonomía de los pacientes no sólo pueden ayudar a la optimización de recursos, premisa fundamental para conseguir la sostenibilidad del sistema sanitario, sino que garantizan calidad de vida al paciente. En esta línea, SARquavitae ha diseñado diferentes programas con carácter personalizado para la gestión integral de las personas con enfermedades crónicas.
Los profesionales de salud de SARquavitae que participaron en este programa, manifestaron que este tipo de soluciones permite prestar una atención eficiente y de calidad, disminuye la carga de trabajo, proporcionan tranquilidad y seguridad a todas las partes, y optimiza las visitas al centro de salud.
Por otra parte, los cuestionarios de calidad y satisfacción completados por los usuarios del Quiosco de Salud indican que éstos tienen una mejor percepción de su salud, que conocen y tienen un mayor control sobre su enfermedad y, además, que el 82% de los usuarios recomendaría el servicio. En cuanto a la usabilidad, si bien al inicio sólo un 35% de los usuarios era capaz de tomar sus propias mediciones sin ayuda de una auxiliar, al final de la prueba prácticamente el 72% de los usuarios realizaba las mediciones de forma autónoma.
SARquavitae (www.sarquavitae.es), plataforma integral de centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las personas, líder en España, tiene una plantilla formada por más de 10.000 profesionales y atiende a unas 200.000 personas al año. Con este nuevo centro, la compañía dispone de 52 centros residenciales, 14 centros de atención a la discapacidad, 58 centros de día y 3 complejos de viviendas con servicios, con un total de 10.760 plazas. Además, también ofrece diariamente un servicio de ayuda a domicilio a más de 13.102 personas, realiza anualmente 76.600 visitas de urgencias médicas y de enfermería, atiende diariamente a 26.500 usuarios de teleasistencia y ofrece un servicio de call center médico y social de 96.716 llamadas anuales. La facturación de año 2012 fue de 280 M €.
Cataluña apuesta por aumentar el copago de los dependientes ante los recortes
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha apostado este miércoles por aumentar la «corresponsabilidad» de los beneficiarios de la Ley de la dependencia para poder hacer frente a los recortes del Estado en esta materia.
Durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración del Parlament, Munté ha informado de que su Conselleria ha presupuestado 1.630,5 millones para 2014, un 15,5% menos que en 2012, una caída que se debe principalmente a los ajustes que el Ejecutivo español ha aplicado a la dependencia y la discapacidad, ámbitos que concentran más de un 70% del peso total de este departamento, con 1.401,9 millones.
Para poder hacer frente a esta situación y seguir garantizando la protección social de todos los dependientes y discapacitados, Munté ha abogado por aumentar el copago en función de la renta y del patrimonio de los beneficiarios, a través de un sistema que «siempre garantice la equidad».
«Estos no son los presupuestos que quiere presentar el Govern, pero son los que se pueden hacer con el objetivo de déficit impuesto por el Estado», ha afirmado la consellera, que ha cifrado en un 93,4% el recorte del Gobierno español en políticas sociales en cuatro años.
Pese a que caen la mayoría de partidas políticas del departamento respecto al presupuesto de 2012, Munté ha apostado por priorizar la lucha contra la pobreza y la inclusión social con un montante de 192,4 millones de euros, 2,2 más que hace dos años, con especial incidencia en la protección de la infancia más vulnerable.
Las cuentas prevén, entre otras medidas para 2014, la reconversión a concierto de todas las plazas residenciales, el despliegue del Plan integral de apoyo a las familias, el impulso de la Ley del voluntariado, la aprobación del Plan de Ciudadanía y Migraciones, y la elaboración del Plan de atención integral a la infancia y la adolescencia 2014-2017.
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
Ni CiU ni ERC han presentado enmiendas a la totalidad a las cuentas del departamento que lidera Munté para 2014, mientras que sí lo han hecho el resto de grupos del arco parlamentario –PSC, PP, ICV-EUiA, C’s y CUP–.
La portavoz del PSC en la Comisión, Eva Granados, ha alertado de que 2014 será el «año negro» de la dependencia en Catalunya, tras alertar de una reducción de 3.572 plazas de residencia y de 20.832 prestaciones menos para cuidadores familiares, entre otros recortes.
El diputado del PP Rafa López ha criticado que el Govern haya «pactado los recortes en un despacho con ERC», y ha criticado la reducción de las partidas de ayuda a la familia, los jóvenes y los dependientes.
«Con estas cuentas está claro que el Govern comparte las ideas de la Troika», ha sentenciado la diputada de ICV-EUiA Laura Massana, que ha deplorado los recortes sociales y ha criticado la opacidad del departamento que lidera Munté.
EXCUSAS DEL GOVERN
El diputado de C’s José María Espejo ha criticado que la Conselleria «haya construido un relato basado en culpar al Estado para justificar los recortes», aunque ha alertado de que las entidades sociales ya no confían en las excusas del Govern.
La portavoz de la CUP en la Comisión, Isabel Vallet, ha afirmado que el presupuesto global con el que cuenta la Conselleria para 2014 es inferior a los intereses que el Govern paga por la deuda, y ha criticado que el Ejecutivo catalán «no se dé cuenta de lo que pasa de verdad en la calle» e intente justificar los recortes sociales.
Todos los partidos de la oposición, a excepción de ERC, han reprochado a Munté que haya decidido eliminar el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) sin previo aviso, y han coincidido en alertar de un retroceso de diez años en materia de protección social.
El diputado de ERC Pere Bosch ha destacado el «esfuerzo notable» del Govern para aumentar el gasto en materia de becas comedor y renta mínima de inserción (RMI), y ha destacado la incidencia de las cuentas en la lucha contra la pobreza.
Psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales claman contra los recortes en residencias de Cataluña
Los colegios profesionales de psicólogos, fisioterapuetas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y educadores sociales catalanes han clamado contra los recortes en horas que sufrirán sus especialidades en las residencias catalanas, tras un acuerdo entre las patronales y la Generalitat en el que critican que no han sido consultados.
En un comunicado conjunto, han deplorado el citado pacto porque, a su juicio, favorecerá el aumento de la dependencia de los usuarios de centros residenciales y disminuirá la atención y calidad de vida de los ancianos.
Esta medida provocará la existencia de «dos modelos diferenciados de atención», entre los de titularidad pública del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), donde no se aplicarán estas medidas, y los centros concertados y colaboradores, donde sí se podrán aplicar.
Han manifestado comprender la situación económica del sector, pero han criticado que esta política perjudicará la atención de los usuarios y los programas de autonomía.
También han alertado de que este pacto no se puede aplicar hasta que no se modifique la cartera de servicios, lo que se puede hacer con una orden del Govern o bien con un decreto ley debatido en el Parlament.
Han apoyado la segunda opción por entender que deben ser los representantes de los ciudadanos quienes decidan si el pacto alcanzado entre Generalitat y patronal es bueno.
Han firmado el documento el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya y el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya.
Campaña para pedir a la Generalitat las ayudas de la Dependencia
El colectivo Pendientes de la Ley de la Dependencia ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas en Internet, a través del portal Change.org, para solicitar al Gobierno catalán el pago de las ayudas reconocidas y todavía no abonadas.
El colectivo asegura que muchas familias catalanas tienen reconocida una prestación por ley pero a pesar de ello no la cobran, con diferentes casuísticas que incluyen personas con mayores a cargo, familias que deben pagar una plaza de residencia y viudos que no han cobrado las ayudas que tenían reconocidas sus parejas, entre otras.
Por ello, la iniciativa pide a la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y a los partidos con representación en el Parlamento catalán que resuelvan esta situación y cumplan con sus compromisos.
De este modo, confían en visualizar la situación actual de las familias con personas dependientes a cargo, reunir el apoyo social necesario para presionar a la Generalitat para que haga de esta reivindicación una prioridad y «agrupar a las familias para hacer una queja colectiva» al Portavoz de Greuges.
Pendientes de la Ley de la Dependencia ha animado así a todas las familias afectadas a sumarse a su iniciativa y dar a conocer a través de las redes sociales cada situación concreta.
Parkinson Valencia se entrena en la playa para hacer el Camino de Santiago
Enmarcado en el proyecto #QueTiembleElCamino, los diez afectados de párkinson que van a recorrer en junio de 2014 el Camino de Santiago han hecho el segundo de los entrenamientos en grupo. A las 10 de la mañana han iniciado un recorrido circular desde el principio de la playa de La Malvarrosa hasta la playa de La Patacona.
En el punto de partida, los peregrinos han estado acompañados por el presidente de APV, Enrique Macías, el vicepresidente de la Asociación, Vicente Rodrigo y algunos de sus familiares. Antes de iniciarse la marcha, el presidente se ha dirigido al grupo para animarles a seguir adelante con el mismo tesón que han demostrado hasta ahora.
Los primeros 4 kilómetros se han hecho por la playa, mientras que el camino de vuelta ha discurrido por el Paseo Marítimo. En total, 8 kilómetros de recorrido circular que se han completado en poco más de una hora. A lo largo del recorrido los peregrinos han estado supervisados por el fisioterapeuta de APV, Nelo Villanueva, que se ha encargado de controlar los tiempos y la evolución de cada uno de los participantes. “El circuito se ha completado en un tiempo muy bueno, teniendo en cuenta que la primera mitad se ha hecho por la arena, con la dificultad añadida que ha supuesto para los peregrinos”, ha comentado el fisioterapeuta, que es el responsable de entrenar al grupo de peregrinos, preparar las etapas y supervisar en junio el Camino de Santiago.
Al final del recorrido, el grupo de peregrinos ha sido recibido entre aplausos por familiares y miembros de APV que han querido transmitir su apoyo y reconocer el esfuerzo de los participantes en el entrenamiento.
La productora Barret Films ha grabado este segundo entrenamiento para preparar el próximo capítulo del documental sobre la preparación y el viaje de los peregrinos que está previsto se emita una vez realizado el Camino. Por el momento, el capítulo cero de #QueTiembleElCamino se puede ver en el siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=MqjMD-hO_cM.
La Asociación Parkinson Valencia nace del esfuerzo de un grupo de afectados de párkinson y familiares, quienes en 1994 deciden crear una entidad con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los afectados de párkinson y sus familiares. Desde ese momento, trabaja para evitar la exclusión, el aislamiento y la soledad del colectivo de afectados de párkinson y sus familiares, en favor de su integración social. Es una entidad especializada donde se aborda esta patología de forma multidisciplinar, con la intervención coordinada de trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas y logopedas, entre otros profesionales, contando siempre con el apoyo inestimable de las familias. Parkinson Valencia, entidad declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, está integrada en la Federación Española de Párkinson (FEP).
Trabajadores sociales de Málaga alertan de que los impagos podrían afectar a unos 13.000 usuarios de ayuda a domicilio
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga ha advertido de que a partir de diciembre se podrían ver afectados en la provincia malagueña casi 13.000 usuarios del servicio de asistencia a domicilio, incluido en la cartera de programas que se financian con cargo a la Ley de Dependencia, así como 3.526 auxiliares, debido a «los recortes del Gobierno central y los impagos de las administraciones públicas».
En el caso de la capital malagueña, esas cifras serían de 7.042 usuarios afectados y 1.173 trabajadores, según ha señalado el presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga, Rafael Arredondo. Así, ha lamentado «profundamente» esta situación, que se está viviendo ya en puntos de Andalucía como Jaén, donde a partir del 4 de diciembre la Junta se hará cargo directamente de la prestación por la renuncia municipal debido a los impagos de la Administración autonómica.
«Si continúa la estrategia del Gobierno de desmantelar el sistema público de la prestación del servicio de ayuda a domicilio y esta situación se generaliza por toda Andalucía, a partir del 4 de diciembre pueden verse afectados unos 135.000 usuarios y unos 42.000 auxiliares en la Comunidad», ha manifestado a Europa Press Arredondo.
Igualmente, ha alertado el representante de los trabajadores sociales malagueños, «padecerán esta situación las familias de las personas que necesitan este servicio para compatibilizar su vida personal y laboral», lo que, por tanto, «podría tener consecuencias en sus empleos».
Arredondo ha rechazado la reforma local que impulsa el Gobierno central, denunciada reiteradamente por el Consejo General del Trabajo Social y por el Consejo Andaluz, así como por los colegios que los integran, por considerarla «una estrategia para desmantelar el sistema del bienestar social público».
Según ha indicado, «para que existan unos servicios sociales fuertes es imprescindible que se presten desde las corporaciones locales, por ser las administraciones que están más cerca de los ciudadanos y de sus necesidades», de modo que «se garanticen los principios de justicia social, igualdad de oportunidades y equidad». Para ello, ha resaltado, «deben contar con la financiación correspondiente».
En este sentido, Arredondo ha dejado claro que «el servicio de ayuda a domicilio es una prestación básica de los servicios sociales comunitarios», por lo que, en nombre del Colegio de Trabajo Social de Málaga, ha confiado en que «pronto se llegue a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos de la provincia y del conjunto de la Comunidad andaluza».
Sólo un tercio de los 7.380 enfermos mentales de Cantabria están reconocidos como dependientes
Sólo un tercio de las 7.380 personas que en Cantabria tienen una discapacidad atribuida a una enfermedad mental están reconocidas como dependientes, es decir, tienen derecho a una prestación. ¿El motivo? Los baremos por los que se rige la actual Ley de Dependencia estatal valoran el grado de dependencia física, pero no tienen en cuenta la enfermedad mental por sí sola.
Según los datos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), a fecha de mayo de 2013, la cifra de dependientes como consecuencia de una enfermedad mental crónica es de 2.326, siendo en su mayoría (1.637) grandes dependientes o con dependencia severa -grados 2 y 3-. Los 699 restantes tienen reconocido el grado 1 -moderado o leve-, pero porque fueron valorados antes de la moratoria de julio de 2012. El decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy impide la incorporación al sistema de dependencia de las personas con dependencia moderada hasta el año 2015.
La reivindicación de colectivos como Ascasam (Asociación Cántabra de Salud Mental) y Amica es que «estos filtros desaparezcan», como se ha hecho ya en otras comunidades autónomas, para que los afectados por trastornos mentales puedan acceder a los recursos de rehabilitación psicosocial, ocupacionales y residenciales y recibir el apoyo terapéutico que precisan para que la enfermedad esté controlada y evitar su deterioro. En definitiva, que puedan beneficiarse de una atención sociosanitaria para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones y facilitar su reinserción social.
El Gobierno cántabro espera dar respuesta a esta situación con el Plan de Salud Mental, que prevé esté listo en marzo. La Consejería ultima ya el documento, en el que un amplio grupo de expertos ha trabajado durante meses. En él quedan bien definidos los objetivos y las líneas estratégicas de este proyecto, que integrará en una única red todos los dispositivos sanitarios asistenciales, ahora dispersos. Jesús Artal, jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla y coordinador del grupo de trabajo de salud mental, confirma que el primer paso de esta nueva etapa será la integración, en los próximos meses, del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas, que ahora depende de la Consejería de Sanidad, en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). «Uno de los objetivos de este plan es unificar las redes, que todos los instrumentos sanitarios, que ahora tenemos bastante dispersos, dando lugar a áreas de nadie y a duplicidades, se integren en una sola. Será bueno para los profesionales y para los pacientes y familiares, que ya no saben a veces dónde tienen que acudir», explica.
Parayas es el único centro psiquiátrico público de Cantabria, donde se atiende la patología mental más grave, que es la que requiere de una estancia más prolongada. Con un centenar de profesionales y 60 camas operativas, el año pasado registró un centenar de ingresos, con un balance de 17.615 estancias. En sus instalaciones dispone, además, de un centro de día para rehabilitación psiquiátrica ambulatoria, cuyo balance en 2012 fue de 2.580 estancias
El SCS es el principal proveedor de servicios que atienden a las personas con enfermedad mental. El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla presta atención hospitalaria para patología aguda (708 ingresos el año pasado), atención en hospital de día (225 ingresos) y de urgencia (1.409 intervenciones). Además, tiene a su disposición 30 camas concertadas con el SCS para la media estancia sanitaria en el Hospital Padre Menni. Asimismo, la Consejería, a través del Icass, cuenta con varios dispositivos de rehabilitación psicosocial concertados en Santander, Torrelavega, Reinosa y Colindres y recursos para atención en régimen de 24 horas.
El jefe de Psiquiatría destaca la importancia de disponer en Cantabria de un programa regional para atender al enfermo mental grave, en cada uno de los pasos de su tratamiento: el ingreso hospitalario, el acceso a tratamientos ambulatorios y a la rehabilitación psicosocial y las estancias de media estancia? El objetivo es que la integración de todos estos dispositivos en una única red facilite la gestión de los casos y el establecimiento del circuito asistencial, con una historia clínica única y accesible desde el sistema en su conjunto. «En la práctica habitual tenemos que mejorar los protocolos, para que cada profesional tenga elementos para decidir cuándo debe derivar al paciente y qué tipo de atención necesita. La clave es que tengamos una buena continuidad de cuidados», señala.
El Servicio de Psiquiatría de Valdecilla va a ser el motor de este plan, aunque Artal hace hincapié en que debe ser la Unidad de Salud Mental, y no el hospital, quien supervise todo el recorrido del paciente. «Más del 90% de los pacientes psiquiátricos no tienen que hacer ningún recorrido, les basta con ser atendidos una o varias veces en la Unidad de Salud Mental, porque jamás van a precisar ingreso ni van a tener que ir al hospital de día, ni tendrán consideración de enfermos crónicos. Pero hay un 10% de enfermos que tenemos que conocer, tener registrados y acompañar, porque en algún momento van a necesitar la unidad de agudos, ingresos de media estancia?». Lo que se pretende es proporcionar a las personas con trastorno mental grave un plan individualizado de intervención, que se despliegue desde la atención psiquiátrica hacia los otros niveles, especialmente a Atención Primaria y Servicios Sociales. «Aspiramos a que ningún paciente esté ingresado toda su vida. La idea del manicomio la tenemos que erradicar», subraya Artal. Otra de las prioridades del plan es «atender la patología psiquiátrica mayor, mejorando y apoyando programas que ya tenemos para tratar enfermedades graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad y las depresiones. También estamos trabajando en el tema del suicidio». El proceso de integración que contempla el plan incluye las unidades de atención ambulatoria a drogodependientes, presentes en Santander, Torrelavega y Laredo, y se reforzarán los dispositivos de atención a la salud mental de niños y adolescentes.
Los familiares de personas con dependencia heredarán el copago
Los familiares de personas con dependencia heredarán el copago. Al menos, quienes tengan a sus parientes como usuarios de plazas geriátricas públicas en Asturias. La Consejería de Bienestar Social y Vivienda ultima una resolución para evitar que sean los beneficiarios de la Ley de la Dependencia quienes tengan que hacer frente «al copago impuesto por el Gobierno central para las personas con dependencia». La fórmula elegida consiste en no cobrar ahora el suplemento, sino que será incluido en la deuda a la que tendrán que hacer frente sus herederos en el momento en el que el beneficiario deje de ser usuario de la plaza geriátrica pública.
Así lo decidió ayer el consejo de administración del organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) y así lo explicó a EL COMERCIO el gerente del mismo, Jesús Suárez. «Cuando empezamos a examinar cómo aplicar la resolución de copago del Consejo Territorial nos dimos cuenta que muchos usuarios quedaban con 3 euros de pensión. O con 5. O con nada. Y eso no es aceptable, ya que todas las personas tienen derecho a disponer de un mínimo para gastos».
«Podían perder la plaza»
Por ese motivo, en la reunión celebrada ayer, y presidida por la consejera de Bienestar, Esther Díaz, «acordamos aprobar una resolución para que los usuarios de las plazas geriátricas sigan disponiendo de dinero en efectivo para atender sus necesidades», y que ese incremento se derive «a la liquidación de la deuda generada» a la que tendrán que hacer frente los herederos.
Suárez desconoce el número de afectados, pero asegura que «son muchos e, incluso, algunos podrían renunciar a la plaza, por no poder pagarla. Eso no lo podemos consentir. Son la prioridad».