Dependencia
La mitad de las personas que ingresan en una residencia tiene problemas neurológicos o desordenes mentales
La mitad de las personas que ingresan en centros residenciales en España posee problemas neurológicos o desordenes mentales, según señala el informe Bupa Census 2012, presentado en la Sociedad Española de Neurología (SEN) y que ha contado con la participación de Sanitas Residencial.
«Entre las razones para optar por el ingreso en un centro residencial, el 90,5 por ciento de los españoles busca un plan de cuidados de larga duración y el 4,3 por ciento lo escogen para procesos de rehabilitación y convalecencia», ha destacado el jefe de Gestión Asistencial de Sanitas Residencial, David Curto i Prieto.
El informe, elaborado por Bupa -empresa matriz de Sanitas Residencial-, ha revelado que Australia (65%), Nueva Zelanda (65%) y Reino Unido(57%), superan a España en el número de personas que ingresan por depresión, demencia, Parkinson o infarto cerebral.
En cuanto a la demencia, España es el país con menor porcentaje de residentes que ingresan a causa de la demencia (38,9%), un dato por debajo de países como Australia (49,4%), Nueva Zelanda (52,8%) y Reino Unido (45,6%).
En cuanto al resto de causas, en general, los derrames cerebrales ocupan el primer lugar (13,8%), seguido de los problemas de corazón (11,9%), la diabetes (9%) y las dificultades en la visión (5,9%).
En España, el informe destaca que es el país donde menos ingresos se registran por haber padecido un derrame cerebral (4,7%). De este modo, Curto i Prieto señala que «entre las causas de ingreso de los españoles no relacionada con las patologías neurológicas, las enfermedades del corazón (2%) se sitúan en el primer puesto».
Por otro lado, destaca que Australia y Nueva Zelanda son los países con más ingresos por diabetes, con un 13,8 y un 11,6 por ciento, respectivamente, mientras que España es el país con menor proporción situándose en el 1 por ciento.
MÁS MUJERES QUE HOMBRES
En cuanto a los ingresos, en España el 73,8 por ciento corresponde a mujeres, un porcentaje que supera el dato de Australia (65,9%), Nueva Zelanda (64,9%) y Reino Unido (68%). No obstante, estas cifras descienden una media de dos puntos si se comparan con los registrados en 2009 cuando la prevalencia de las mujeres se situaba en el 75,4 por ciento en España, el 71,7 por ciento en Reino Unido, el 67,3 por ciento en Australia y el 66,5 por ciento en Nueva Zelanda.
Por otro lado, se observa que las mujeres en España siguen teniendo una mayor esperanza de vida frente a los hombres. Se nota especialmente a partir de los 75 años cuando el porcentaje de mujeres que viven en residencias se sitúa en una media del 78,2 por ciento. Este porcentaje se acentúa aún más en el grupo de edad de mayores de 95 años, donde el 86,3 por ciento de las personas son mujeres frente al 13,7 por ciento de los hombres.
«Por edad, España, es el único país donde crece el número de residentes de entre 85 y 94 años y baja la cifra de personas de entre 75 y 84 años. En el resto de países apenas se registran cambios desde 2009 siendo el principal grupo de edad el de 85 a 94 años», destacan.
Por otro lado, España, el país donde más se ha reducido el uso de sujeciones. «Australia y Reino Unido son los países con mayor proporción de residentes que necesitan utilizar sujeciones. En todos los países se reduce este porcentaje pero son los residentes españoles los que registran una mayor caída», concluye el jefe de Gestión Asistencial.
Bauzá destaca el nivel de asistencia «realmente alto» que hay en Baleares para personas discapacitadas
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha destacado en su discurso de inauguración del X Congreso Balear de Familias de Personas con Discapacidad organizado por Amadiba, que «en general» Baleares tiene un nivel de asistencia a personas discapacitadas «realmente alto» y es «en su mayor parte», por el trabajo que hacen las entidades del sector.
«Desde el Govern, ha asegurado el líder del Ejecutivo, sabemos que lo mejor que podemos hacer por las personas que tienen algún tipo de discapacidad es estar a vuestro lado y ofreceros todo el apoyo que esté en nuestra mano» ya que, según ha dicho, lo «verdaderamente importante» es «asegurar el mejor bienestar posible».
En este sentido, Bauzá ha celebrado la modificación realizada en la Ley de Servicios Sociales, que fue anunciada hace unas semanas y mediante la cual los usuarios de determinados servicios sociales con un componente de arraigo «no tendrán que estar cambiando de entidad concesionaria periódicamente» debido a la creación de un concierto diferenciado».
Además, Bauzá ha mencionado «el incremento» presupuestario de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales para 2014, que es de un 7,16%, y que incluye un aumento para la partida destinada a discapacidad.
«Esto significa, ha incidido, que en 2014 habrá 3,8 millones de euros, es decir un 24% más que el año pasado, lo que permitirá incrementar el concierto de plazas para personas con discapacidad, ya sea en centros de día, viviendas tuteladas, residencias o centros ocupacionales».
Cabe destacar que a la inauguración del Congreso también han asistido la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, y el alcalde de Palma, Mateo Isern, autoridades que también han estado presentes –junto a Bauzá y la delegada del Gobierno, Teresa Palmer–, en la apertura del rastrillo solidario que la Asociación Nuevo Futuro.
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Ayuntamientos y diputaciones andaluzas del PP se plantean no renovar los convenios de dependencia hasta que Junta les pague
Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide «por completo» la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán «en función de cada caso» y de la situación económica en que se encuentre cada corporación.
Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de «herir de muerte» los servicios de dependencia en la Comunidad «por la vía de los impagos», cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.
Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como «financieras» de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. «Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta», ha añadido.
La dirigente ‘popular’ ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). «A partir de ahí es competencia de la Junta», ha precisado.
En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.
Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que «generan titulares». Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.
RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES
La dirigente ‘popular’ ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido «drásticamente» las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo «en riesgo» la prestación de estos servicios. «La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario», ha enfatizado.
Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un «gobierno retrógrada», que no tiene «ni un atisbo de progresismo» y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.
En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.
La Junta reitera que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén
La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén, aunque no ha precisado cómo a la espera de la reunión que este mismo lunes va a tener con el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), «con la idea de buscar alguna solución» para que se preste «como se había venido haciendo hasta ahora», por el Ayuntamiento mediante concesión a una empresa.
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas antes de participar en la celebración del décimo aniversario de Salud Responde, donde ha confirmado el posterior encuentro con el regidor, después de que denunciara el convenio, «fuera de plazo», a juicio del Gobiernoautonómico.
«Pero lo más importante no es si está o no fuera de plazo, sino que ellos manifiestan la voluntad de no prestar el servicio y lo que nosotros queremos es llevarle a su ánimo que lo siga haciendo», ha matizado la consejera, para la que tanto los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes como las diputaciones son «instrumento fundamental» para la gestión de los servicios vinculados a la Dependencia «desde el ámbito público».
En este sentido y a la espera de lo que Fernández de Moya le transmita, ha dicho que «en primer lugar la propuesta» que le hará es que «siga manteniéndose el servicio» como hasta el momento, aunque no ha entrado en si planteará un calendario de pago sobre la deuda que la Junta mantiene con el Consistorio. «De ese tema hablaré después con él», ha declarado la consejera, quien ha recordado que ha recibido ya en torno a 630.000 euros y «en estos días» recibirá unos 800.000 euros con cargo al plan de proveedores, de modo que «será 1,4 millones de euros a finales de año» y el objetivo «es liquidar lo más posible».
«Queremos que sea a través del Ayuntamiento. Esperemos que no le vaya a pasar con las personas como le ha pasado con el metro (en alusión al tranvía). No es lo mismo», ha apostillado. En cualquier caso, la titular de Igualdad, Salud y Bienestar Social ha querido lanzar un mensaje para «quitarles esa ansiedad que se genera» entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, así como a sus familias y quienes la prestan, «porque al final, de una u otra forma, ellos van a seguir recibiendo la prestación», si bien no ha precisado cómo sería. «Vamos a esperar a esa reunión y espero que lo sigan haciendo desde el Ayuntamiento y, si no, buscaremos una fórmula», ha recalcado.
COLABORACIÓN
Además y preguntada por si le preocupa que el planteamiento del Ayuntamiento jiennense pueda extenderse por la comunidad, ha dicho confiar en que «no», puesto que se ha venido trabajando «en colaboración muy estrecha con las corporaciones locales» y «existe una red de profesionales que se financian precisamente para que se pueda prestar» a través de esta administración.
«Sí que es cierto que vamos a ir manteniendo una serie de reuniones a lo largo del martes y miércoles con todos los ayuntamientos y diputaciones para ver las preocupaciones y los problemas que plantean, con el tema de los pagos, fundamentalmente», ha señalado Sánchez Rubio, para la que «el mejor sistema de trabajar» es el actual y se va «a buscar la mayor celeridad al tema de los pagos».
Sanidad retira la ayuda a la medicación a un niño con una enfermedad rara
Cuando Carmelo Alventosa Calatayud cumplió cuatro años, un especialista setabense descubrió que el niño no sufría una parálisis cerebral, tal como los médicos le habían dicho a sus padres al nacer, sino que, padecía el Síndrome de Lesch-Nyhan, una enfermedad rara que solo sufren dieciocho personas en España. Hoy Carmelo tiene doce años de edad y ha dejado de recibir las escasas ayudas que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana le ofrecían. «No es justo que gasten dinero con la visita del Papa y en la Fórmula 1 y no tengan ayudas para hacer frente a la enfermedad de mi hijo», protesta el padre del niño, Carmelo Alventosa.
El síndrome que padece el adolescente de Canals solo puede ser tratado en el Hospital de La Paz, en Madrid, y la familia se ve obligada a desplazarse unas tres o cuatro veces al año hasta la capital, lo que su pone un gran gasto. además de asistir a chequeos mensuales en el hospital de La Fe.
En un principio, la Conselleria de Sanidad pagaba parte de esta movilidad y la totalidad de la medicación del niño. Pero hace tres años paralizó las ayudas y les ha dejado de pagar la totalidad de los gastos en medicación (ahora los padres tienen que abonar el 40%). También Sanidad le debe a la familia dos meses de dependencia, que percibe la madre como cuidadora. «Mi hijo necesita alguien a su lado siempre porque tiene dependencia de Nivel 3», afirma Alventosa.
Carmelo precisa de una silla de ruedas muy concreta, ya que los niños con el síndrome se autolesionan y requieren estar amarrados. De este modo, familias como la de Carmelo han de hacer frente, además de los gastos normales, a los pagos extra que conlleva una persona dependiente. Con el Plan Nacional de Reformas 2013, que prevé ahorrar 1.108 millones de euros en el sistema de ayuda a las personas dependientes, los recursos quedan paralizados salvo si es «urgencia social». Por ello, su madre abandonó su trabajo para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo.
La familia también tuvo que cambiar de casa porque necesita una vivienda hecha a la medida de los problemas que presenta Carmelo. «Intenté conseguir ayudas para poder financiar la construcción de una casa adaptada para mi hijo y en conselleria me dieron largas», declara el padre.
Los cuidadores
Con la reforma de la Ley de Dependencia, los cuidadores familiares no profesionales, como la madre del afectado, han perdido las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno. A pesar de que todo se dificulta para la familia, Carmelo siempre ha estado «rodeado de grandes profesionales de la medicina», como a investigadora del laboratorio de bioquímica del hospital de La Paz, Rosa Torres, una de las encargadas de mejorar el diagnóstico de la enfermedad junto al doctor Juan garcía Puig. «Hemos notado mucho los recortes. Cada vez las autonomías nos ponen más dificultades administrativas para poder hacer nuestro trabajo», manifiesta la científica.
Durante todos estos años tanto Toñi como Carmelo se han movido para que su hijo viva de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, en el antiguo colegio del niño consiguieron que los dependientes contaran con un cuidador personal.
Ahora Carmelo es el primer afectado por el síndrome que lleva una bomba de bacloceno, un tipo de medicación intravenosa que reduce su espasticidad (rigidez de los músculos). Este mecanismo se lo pusieron el pasado mes de junio en el hospital de La Fe después de un par de meses de negociaciones con varios especialistas. Gracias a este avance,« Carmelo puede hablar mejor y ya duerme de un tirón» y ha mejorado un ápice su calidad de vida.
Más de un millar de trabajadores se concentran a las puertas de las sedes del gobierno valenciano en las tres provincias para exigir el cobro de sus sueldos
Después de casi un año sin que el Gobierno Valenciano pague a los operadores y 110 millones de deuda acumulada, la nómina de la mayoría de los trabajadores de las residencias y centros de atención a personas mayores se vera afectada el próximo mes.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores y dependientes desde hace casi un año, ha congregado a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia. Concentraciones que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad, que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios.
De las tres concentraciones realizadas hoy, dos de ellas antes las sedes de las delegaciones del Consell de Alicante y Castellón; y una tercera que comenzó en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, sita en Valencia, y que ha culminado en una marcha hasta el Palau de la Generalitat, ésta última ha sido la más numerosa y en la que se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Tras no ser recibidos en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que ni siquiera ha abierto las puertas de acceso, una delegación de la plataforma ha sido recibida por una asesora del President de la Generalitat, que ha señalado que realizará un informe de las reivindicaciones a Alberto Fabra y hablará con Hacienda para que reciba a los representantes del sector.
No obstante, sindicatos y empresas han advertido que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.
Trabajadores sin sueldos
A fecha de hoy, la Administración Valenciana adeuda cerca de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y/o pagar a los proveedores. Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red socio-sanitaria de atención a mayores en esta autonomía.
En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.
En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Denuncian que el Consell no paga a la residencia Virgen del Remedio
EU denunció ayer que la Conselleria de Bienestar Social lleva diez meses sin pagar las plazas de mayores en la residencia Virgen del Remedio, lo que afecta a 47 plazas subvencionadas.
Desde EU acusaron a la consellera Asunción Sánchez Zaplana de permitir que se produzcan estas «situaciones de riesgo en los sectores de población más vulnerables».
La diputada Esther López Barceló ha elevado una pregunta a Les Corts para denunciar la incertidumbre a la que trabajadores y residentes se ven abocados debido a la «insostenible» situación financiera del centro.
Desde EU explican que una de las medidas para paliar las desigualdades sociales consiste en la financiación de plazas en residencias de mayores para personas con graves dificultades. La residencia Virgen del Remedio, antiguamente ubicada en el Asilo de Benalúa, cuenta con 47 plazas subvencionadas de las casi 90 de las que dispone.
«En Alicante existe un déficit notable en recursos para nuestros mayores, y los más perjudicados están resultando ser aquellos que mayor grado de dependencia presentan, en el caso de los residentes de Virgen del Remedio, hablamos de personas a las que la administración tiene el deber de amparar, dadas sus condiciones», señala el concejal de EU Daniel Simón. «No permitiremos que se lesionen derechos fundamentales», añadió.
«Todavía estamos esperando saber qué va a ocurrir con el bloque terminado y reformado que ocupaba la Residencia Aitana en la calle Capitán Segarra y que lleva varios años cerrado a cal y canto. ¿A qué espera Conselleria, a que se caiga por desuso?», se pregunta el edil. Simón explica que «desde que en 2009 cerraron la única residencia céntrica que tenía la ciudad, nos hemos quedado con únicamente dos centros públicos y es inexcusable que no se paguen las plazas».
Munté abonará la mayor parte de su deuda a las entidades sociales esta semana
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha anunciado este viernes que su departamento pagará la semana que viene –el 20 y 21 de noviembre– cerca del 70% de los 70 millones de euros que la Generalitat debía a las entidades sociales y mercantiles en julio de 2012.
Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, Munté ha remarcado que la segunda fase del pago está prevista para 2014, según ha reiterado en la inauguración en Lleida de las nuevas instalaciones de la Asociación Antisida
«Nos felicitamos de que finalmente lleguen estos pagos aunque consideramos que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo por el camino», ha afirmado la consellera, en un acto en el que han participado el alcalde, Àngel Ros y el presidente de la Diputación, Joan Reñé.
PEDERASTA DE CASTELLDANS
Munté ha evitado concretar la evolución del expediente abierto por su Conselleria a la Fundació Concepció Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados por la Generalitat del presunto pederasta de Castelldans detenido en junio.
«Sobre eso no contestaré, no hay ninguna novedad», ha señalado la consellera a los periodistas que le han preguntado sobre el caso, precisando que este viernes se había desplazado a Lleida para otras cuestiones.
Lo ha dicho en alusión a la sede de la Asociación Antisida y a los actos de Asociación Down Lleida, que este viernes ha entregado los premios anuales a las empresas que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Las cifras de la dependencia tras el tijeretazo de 2012: 100 millones más de gasto, 40.000 ayudas menos
El BOE recoge las cuentas de 2012 del Instituto de Mayores y Servicios sociales, encargado de gestionar las pensiones no contributivas y las de invalidez, las ayudas a la dependencia y los programas para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, entre otras partidas. En total, el organismo ha gastado más de 5 mil millones (mil más que en 2011) entre el pago de ayudas, subvenciones y pensiones y su funcionamiento ordinario (nóminas, suministros). Detallamos algunas de las cifras más significativas:
1. Las personas que recibieron el nivel mínimo de protección establecido en la ley de dependencia fueron 751.364, 10.000 más que en 2011. Pero en realidad el número de beneficiarios es menor de lo que marcaba la previsión inicial: 790.000 personas. La memoria de las cuentas lo justifica por el «descenso de nuevos reconocimientos» por parte de las comunidades autónomas, es decir, porque aprueban menos nuevas altas de las esperadas.
2. El recorte de estas ayudas para cada grado y nivel, tras el tijeretazo incluido en el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, fue de un 13%. Pese al recorte y a que el número de beneficiarios no cumplió las expectativas, el gasto en ayudas del nivel mínimo de protección fue de 1.404 millones, 117 más de lo presupuestado, ya que el Gobierno suponía que el gasto se iba a mantener estable con respecto a 2011 (1.280 millones).
3. Los cuidadores no profesionales (familiares o cercanos sin trabajo que reciben una ayuda por hacerse cargo de una persona dependiente) que firmaron el convenio para que ese trabajo cotizara en la Seguridad Social fueron 23.933, cuando la previsión era muchísimo mayor: de 193.000 personas. ¿A qué se debe ese desajuste entre las previsiones y lo que finalmente ocurrió? Hasta el 1 de agosto de 2012, esos cuidadores cotizaban a la Seguridad Social a cargo del Estado. A partir de entonces, gracias de nuevo al recorte aprobado en julio, si querían cotizar debían pagar el 85% de su bolsillo (a partir del 1 de enero de 2013 pagan el 100%). Además, la paga que recibían por cuidar de sus familiares también sufrió un drástico recorte.
4. Buena parte del presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se destina a pagar laspensiones no contributivas y las pensiones por invalidez, que sumaron 2.152 millones en 2012, 29 más que en 2011.
5. A cierre de año, en España recibían pensión por invalidez 194.896 personas (casi 200 más que en 2011) y las pensiones no contributivas sumaban un total de 250.382 (3.000 menos que en 2011).
La Generalitat reclamará deudas a 600 ancianos con recursos que se niegan a copagar la residencia
La Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.
Así lo ha anunciado la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, a la salida de una reunión entre el departamento, las patronales sociales y el sector de las residencias catalanas, donde han aprobado un protocolo para que sea la administración la que reclame a estas personas mayores las deudas pendientes por una cuestión de «justicia social».
El importe impagado asciende a 2 millones de euros, lo que significa el 0,68% de la facturación del Icass, y esta persecución pondrá fin a una «gran reivindicación» del sector de las residencias a la administración, ha indicado Fortuny, que ha admitido que hasta ahora no se había actuado.
El protocolo constata una «tendencia al alza» de las negativas a pagar, por lo que ahora la administración se propone hacer frente a las deudas acumuladas y exigir la obligatoriedad de la aportación.
Sobre la posibilidad de expulsar de la residencia a un anciano que se niegue a pagar, la directora del Icass ha dicho que esta opción «es posible, pero no es la voluntad» tener que llegar a este extremo, por lo que la administración emitirá varios advertimientos, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.
A partir del protocolo firmado, la Generalitat empezará a actuar con todas las vías legalmente establecidas, aunque Fortuny ha reiterado: «Iremos más por la vía de la pedagogía, de la insistencia y en colaboración con las residencias».
«Nos podemos encontrar casos en que la persona no paga porque es la familia la que le quita el dinero, y esto tenemos que ir con mucho cuidado y mirar los casos de forma singular», ha advertido la directora del Icass, que ha recordado que generalmente el copago de la plaza pública es del 33%, aunque depende de la situación económica de cada uno.
Se trata de un «procedimiento largo y con muchos mecanismos jurídicos», ha insistido Fortuny, que ha remarcado que los casos son complejos y no se reducen a una mera negativa de pagar, por lo que se someterá a estudio cada situación.
Por otro lado, el sector ha aprobado reducir el número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de «adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias», en que una media del 73% de los usuarios son grandes dependientes –de grado II o III–, ha defendido Fortuny.
Según Fortuny, el objetivo de la medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, trata de dar un balón de «oxígeno» a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.
La directora del Icass ha explicado que los profesionales afectados mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.
47 HORAS MENOS DE ATENCIÓN
En concreto, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas.
«Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada», ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.
Más de 9000 trabajadores se concentran a la puertas de los centros socio-sanitarios para exigir el cobro de sus sueldos a la Generalitat Valenciana
El Gobierno autonómico debe casi 110 millones de euros al sector de las residencias y centros de atención a personas mayores, tras casi un año sin pagar a los operadores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Más de 9.000 trabajadores se han concentrado hoy a las puertas de 300 residencias y centros de día de Alicante, Castellón y Valencia para exigir a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda que mantiene con el sector desde hace casi un año, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de estos trabajadores.
En cada una de estas concentraciones se ha leído un comunicado en defensa de la red socio-sanitaria y de los salarios de los trabajadores, especialmente de los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina desde hace ya varios meses. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
A fecha de hoy, se acumulan ya más de 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, cifra que se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación. En total, la deuda que mantiene el Consell con los operadores afecta a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes.
En este sentido, desde la plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a servicios profesionales y una calidad contrastada, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos.
Por ello, las concentraciones de 5 minutos realizadas hoy, primeras de un calendario de actuaciones que prevé manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, ha sido seguida por el 100% de los centros vinculados a las asociaciones mayoritaria del sector.
Reivindicaciones legítimas
Por otra parte, los portavoces de cada centro han destacado en sus intervenciones la necesidad de un compromiso por parte la Generalitat valenciana “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Del mismo modo, han señalado que, después de casi tres años de impagos, “no se puede esperar más” y, por tanto, han afirmado que “no se abandonarán las movilizaciones hasta conseguir que el President de la Generalitat se reúna con nuestros representantes y los de las empresas y dé respuesta a nuestras legítimas reivindicaciones”. En esta línea, en las intervenciones se ha exigido que la Generalitat Valenciana que “de el mismo trato en cuanto a pagos que a otros servicios básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.”
Además, los portavoces han emplazado a los representantes de los centros, trabajadores y familiares a apoyar las movilizaciones previstas para el día 18 de noviembre, frente a la Consellería de Hacienda, en Valencia; y frente a las delegaciones de gobierno, en Castellón y Alicante. Asimismo, han advertido que, de no mediar una solución, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores.
Como muestra de las concentraciones de hoy, una representación de delegados sindicales de las empresas operadoras se ha concentrado esta mañana ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia para reclamar el pago de la citada deuda y presentar un nuevo paquete de quejas de los trabajadores al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al igual que hicieron la semana pasada cuando entregaron un primer paquete de 4.000 reclamaciones de profesionales del sector.
Desciende un 93% el número de cuidadores no profesionales de dependientes en Andalucía
El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes cotizantes a la Seguridad Social pasó de 55.182 en julio de 2012 a 3.737 en agosto de 2013 en Andalucía, un 93 por ciento menos, según datos aportados por el Gobierno al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que ha denunciado el «hachazo» producido y la «voladura» de la Ley de Dependencia.
En una rueda de prensa en el Congreso, el coordinador de la interparlamentaria del PSOE-A ha señalado que, además, en los últimos cinco meses, en la región se ha producido un descenso del 15 por ciento de los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, es decir, «un recorte progresivo y mayor».
A nivel nacional, el número de cuidadores no profesionales cotizantes pasó de 179.800 en julio de 2012 a 18.191, un 89 por ciento menos; mientras que en el último mes con datos, septiembre, hubo 116 beneficiarios y 800 trabajadores menos cada día.
A la vista de los datos, el PSOE denuncia «el fin de la ley de dependencia tal y como la plantó Zapatero en 2007» y dan por «seguro» la demolición del cuarto pilar del Estado de Bienestar». «La voladura de la Ley de Dependencia se ha culminado, en un solo año el PP ha acabado con la práctica totalidad de la cotización a la Seguridad Social», ha lamentado.
Pero, además, el PSOE atribuye estos recortes «no al dogma de la austeridad y el déficit» sino a un «nicho de negocio para las empresas, quien sabe si cercanas a quienes dictan las leyes, como hemos podido comprobar en la privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid».
En ese punto, el también secretario del PSOE de Málaga ha criticado que el PP vea la Dependencia «como un gasto» y, en último caso, como «un negocio para empresarios y amigos». «Al ritmo que vamos, cuando acabe la legislatura no va a quedar ni un solo cuidador no profesional dado de alta en la Seguridad Social», ha añadido el diputado adelantando que el próximo Gobierno socialista «recuperará» esta Ley.
Heredia ha explicado que su grupo pedirá la comparecencia de la ministra Ana Mato para que explique por qué si la ley fija la cofinanciación al 50 por ciento, la Junta tiene que pagar el 72 por ciento y el Gobierno central solo contribuye con el 28 por ciento y por qué en tres años ha recortado en 314 millones de euros el presupuesto.
«NO TODOS SOMOS IGUALES»
En ese sentido, Heredia ha defendido que «no todos somos iguales» y mientras que el Gobierno de Rajoy ha recortado en un 47 por ciento el presupuesto para la Ley de Dependencia, la Junta incrementará el suyo hasta un total de 1.115 millones de euros, 2,8 millones más que en 2013.
«El Gobierno no cumple con lo que se fija por ley y es importante ver el esfuerzo de la Junta para no dejar en la estacada a los dependientes, sobre todo, teniendo en cuenta la asfixia a la que somete a Andalucía el Ejecutivo», ha denunciado el diputado, que ha recortado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año próximo «obligan» a Andalucía a un recorte extra no previsto, cantidad que es lo que destina la Junta a dependencia y discapacidad.
Andalucía tiene el 24 por ciento de las personas atendidas por la Ley de Dependencia en toda España, el 26 por ciento de las prestaciones y el 37 por ciento de la ayuda a domicilio, porcentajes muy por encima de su peso poblacional en el conjunto del país, casi el 17,9 por ciento.
DENUNCIA DEL CONVENIO EN JAÉN
Por último, Heredia ha calificado de «intolerable» que el alcalde de Jaén, Enrique Fernández de Moya (PP), denuncie el convenio de ayuda a domicilio en la ciudad ya que «sabe perfectamente los recortes a los que el Gobierno somete a la Junta» y que, a pesar de ello, la Administración autonómica hace un «esfuerzo extraordinario» en defender la ley.
«Le pido al alcalde de Jaén y al señor Zoido que tengan la valentía de pedirle al Gobierno de su mismo partido que defienda la Ley de Dependencia y nos dé lo que nos corresponde para desarrollar la ley», ha concluido.
El gasto en dependencia disminuye y el plazo para las ayudas se incumple
El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.
Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.
Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70% del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.
Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.
Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP).
De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes.
En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.
A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.
El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que «ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo» (antes el plazo era de once meses).
En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.
El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.
En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.
Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.
En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.
Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado «sustancialmente», aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.
La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.
Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que «el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia».
El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.
Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a «la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros», afirmó que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, «la crisis no fue la causa fue la excusa», en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.
La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque reconoció que ha habido una «leve mejora», remarcó su preocupación porque hay una «mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia».
Amaya Zarranz (PPN), quien reconoció que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley «ya no las tiene».
Medio centenar de delegados sindicales se concentran hoy ante la Dirección Territorial de Bienestar Social para exigir el pago de la deuda a las empresas de atención a mayores
Estas concentraciones a las puertas de los centros asistenciales se reproducirán en cerca de 300 instalaciones por toda la Comunidad Valenciana.
Se reclama a la Generalitat Valenciana una deuda cercana a los 110 millones de euros y una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Una representación de delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia (Avda. Barón De Carcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas del sector. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana para mostrar a la sociedad la unión de trabajadores, empresarios, sindicatos y familiares en la defensa de la atención a los mayores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector – la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES) y las organizaciones sindicales CCOO y UGT- respaldan estas concentraciones que sacarán a las puertas de las residencias y centros de día a miles de trabajadores en defensa de sus salarios y en apoyo a los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
La plataforma que agrupa a los representantes sindicales y empresariales reclama a la Generalitat valenciana el desbloqueo urgente de la deuda comprometida con un sector necesario socialmente, así como una reunión con el President de la Generalitat para concretar una respuesta a las legítimas reivindicaciones de los operadores y sus trabajadores.
Delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores se concentrarán hoy jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante la Dirección Territorial de Bienestar Social (Avda. Barón De Cárcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana.
Unos 8.400 ancianos catalanes están en lista de espera para una plaza pública de residencia
Un total de 8.437 ancianos catalanes estaban en lista de espera el 7 de agosto de este año para poder acceder a una plaza pública en una residencia, de las que 5.816 constaban ingresadas en otros centros pero habían solicitado un traslado.
Lo ha explicado este martes la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, en la que ha añadido que en la misma fecha constaban 557 personas informadas en la lista de espera para acceder a una plaza de centro de día, de las que 424 ya estaban en otros centros pero habían pedido un cambio.
Munté ha concretado que todas las personas que están en lista de espera son beneficiarias de alguna prestación en el marco de la Ley de dependencia, y ha explicado que los ancianos pueden seguir apuntados en una lista de espera pese a estar ya en un centro si desean estar en otra residencia.
El Ayuntamiento de Jaén renuncia a la prestación de la dependencia
El secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT-Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, ha lamentado que el Ayuntamiento de la capital «abandona a su suerte» a los usuarios de la Dependencia de la capital al haber «presentado la renuncia» a este servicio mediante un escrito presentado ante la Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Con ello, según ha informado el sindicato en una nota, el Consistorio el sindicato demuestra su «total falta de interés y ausencia de compromiso con las personas más necesitadas», llegando incluso a plantear, como es el caso, el «abandono de una prestación a la que por ley están obligados a prestar, como el resto de municipios de más de 20.000 habitantes».
Cazalilla ha criticado que la solución pase por dejar de prestar este servicio y ha pedido al alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), que explique a los usuarios y a sus familiares los motivos que le han llevado a esta decisión y sus posibles consecuencias. Del mismo modo, ha advertido de la «posible irregularidad» de esta medida no sin insistir en la «falta de sensibilidad tanto para los alrededor de 800 usuarios de la capital como para las 200 trabajadoras», al tiempo que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se pronuncie al respecto.
Junto a ello, ha recordado que desde UGT se viene denunciando la deuda que la empresa concesionaria (Multiservicios Jabalcuz) mantiene con las trabajadoras, a las que se «deben las nóminas de septiembre y octubre». Asimismo, ha dicho tener «constancia de la utilización de algunas partidas del dinero pagado por la Junta de Andalucía para este servicio y que se han utilizado para otros «menesteres».
Madrid realiza 2.400 dicatámenes de la ley de dependencia en cinco meses
La atención a personas dependientes tendrá un presupuesto de 990 millones en 2014, 50 más que este año, según ha señalado el Consejero de Familia y Asuntos Sociales. Jesús Fermosel ha hecho balance en la Asamblea de los dictámenes y nuevos beneficiarios en los últimos cinco meses.
En una comparencia en la Asamblea a petición del grupo socialista, el consejero ha informado de que entre mayo y septiembre, en la Comunidad, la teleasistencia llega a 52 personas más (se espera un crecimiento importante este mes), las prestaciones para servicios en centros externos han pasado de 5.400 a 6.200 y para cuidados en el entorno familiar de 13.832 a 23.555. Los dictámenes, por su parte, han subido en 2.412 personas hasta las 170.266. Fermosel ha explicado que el periodo elegido para dar los datos está relacionado con el informe del Tribunal de Cuentas que descubrió que había miles de prestaciones con irregularidades. En el caso de Madrid, 2.400 expedientes. «Esto signfica que nos creímos la ley. Mire las estadísticas y vea quién se cree la ley», ha asegurado Fermosel tras aportar datos también de Andalucía, donde desde mayo ha crecido en menor grado el número de nuevos evaluados y beneficiarios de la ley de dependencia.
El consejero también ha destacado que el presupuesto para 2014 será de 990 millones sumando todas las partidas destinadas a dependencia y que su departamento está trabajando en nuevos convenios marco que unifiquen los convenios con residencias o la teleasistencia, que antes se prestaba desde cada municipio y ahora la ha agrupado la Comunidad en un único contrato para toda la región.
En su turno, la oposición ha mostrado su preocupación por la aplicación del decreto de 2012 que modifica la ley de dependencia y por el recorte de más de 1.000 millones del Gobierno central para 2014, pues afectarán a la aplicación de la ley en las comunidades. Se ha rebajado la aportación a los cuidadores, se pasa de los seis meses a los dos años como plazo para el dictamen y sin derecho a retroactividad, y aumenta el copago, según ha detallado Mauricio Valiente, de IU.
El portavoz de UPyD, Alberto Reyero, ha criticado que, según los datos de los últimos años hay unas 30.000 personas que solicitan esta ayuda y «siguen a la espera». La portavoz del PSOE, Matilde Fernández, ha añadido que en Madrid hay 98.589 personas beneficiarias, pero 82.363 que reciben la ayuda.
Por otra parte, el parlamentario de UPyD ha llamado la atención sobre el aumento de las prestaciones para el servicio en el entorno familiar, frente a las residencias. «Hace dos años éramos la comunidad con más plazas residenciales y hoy nos superan Cataluña y Andalucía», ha dicho. El PSOE también ha mostrado su preocupación por la congelación en las inversiones los centros de día y residencias. «En lo importante no va a haber crecimiento. No se quiere incorporar plantillas», ha indicado Fernández. La diputada socialista también ha asegurado que se hace crecer los beneficiarios de cuidados familiares porque la Administración tendrá que aportar menos a esta fórmula si se aplica el decreto del Gobierno central. Y también le ha recordado al responsable regional de Servicios Sociales que Andalucía tiene 171.013 personas beneficiarios y Madrid 82.363.
Fermosel ha explicado este aumento de ayudas en el entorno debido a que la Comunidad ofrece esta opción a quines están esperando una residencia, algo que, según ha destacado, solo hace Madrid. En estos momentos, esta asistencia se le ofrece a un 23 por ciento de los solicitantes, frente a comunidades que llegan al 70.
La Generalitat valenciana blinda por ley los fondos para la Dependencia, que no podrán desviarse a otro fin
Las transferencias del Estado o de cualquier ente que reciba el Consell para financiar la Dependencia estarán blindadas el próximo año legalmente y no podrán destinarse a otros fines, según una cláusula introducida en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014. Es la principal novedad de las cuentas de la Conselleria de Bienestar Social que ayer presentó en la comisión de Economía de las Corts la titular del departamento, Asunción Sánchez Zaplana. La citada cláusula establece de forma taxtativa que «durante 2014, todas las aportaciones, ya sean del Estado o de cualquier otro sujeto, público o privado, para financiar las prestaciones de la ley 39/2066 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de ésta».
Pero además añade: «En el supuesto de tratarse de ingresos superiores sobre los totales previstos, así como de ingresos no previstos, y que estén vinculados en origen a la materia, habrá de tramitarse la correspondiente generación de créditos con vistas a formalizar la mencionada afectación». De este modo, se pretende impedir legalmente una práctica del pasado, que permitía gestionar temporalmente a lo largo del ejercicio transferencias recibidas para financiar la Dependencia con el fin de cubrir otros huecos. Aunque a finales de año esos recursos se dedicaran finalmente a la Dependencia, la inversión se producía con un retraso de meses. No obstante, como no eran fondos finalistas, podía desviarse una parte a otros objetivos. La consellera Sánchez Zaplana ha peleado por la inclusión de esta cláusula que blinda por ley los recursos de que dispondrá para Dependencia.
En la comisión, Sánchez Zaplana defendió que su conselleria incrementa su presupuesto para 2014 en un 2,1 % para «mejorar la gestión y mantener los niveles de atención social a los colectivos más vulnerables». Con 703,8 millones, centrará su actuación en discapacidad, menores, cooperación e integración. Admitió que le hubiera gustado que sus presupuestos de 2014 «subieran más» pero defendió que son «ajustados a la realidad social».
El socialista José Manuel Sánchez calificó las cuentas de «decepcionantes, ineficientes e injustas con los más débiles» y lamentó que la Cooperación suponga un «exiguo» 0,4 %, así como que no añadan «ni un euro más» para la violencia de género. Según el socialista, pese a los «datos dramáticos» de paro y pobreza, el presupuesto es «más de lo mismo: lleno de recortes».