Más de un millar de trabajadores se concentran a las puertas de las sedes del gobierno valenciano en las tres provincias para exigir el cobro de sus sueldos

V1Después de casi un año sin que el Gobierno Valenciano pague a los operadores y 110 millones de deuda acumulada, la nómina de la mayoría de los trabajadores de las residencias y centros de atención a personas mayores se vera afectada el próximo mes.

Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.

El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores y dependientes desde hace casi un año, ha congregado a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia. Concentraciones que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad, que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios.

De las tres concentraciones realizadas hoy, dos de ellas antes las sedes de las delegaciones del Consell de Alicante y Castellón; y una tercera que comenzó en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, sita en Valencia, y que ha culminado en una marcha hasta el Palau de la Generalitat, ésta última ha sido la más numerosa y en la que se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”

Tras no ser recibidos en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que ni siquiera ha abierto las puertas de acceso, una delegación de la plataforma ha sido recibida por una asesora del President de la Generalitat, que ha señalado que realizará un informe de las reivindicaciones a Alberto Fabra y hablará con Hacienda para que reciba a los representantes del sector.

No obstante, sindicatos y empresas han advertido que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.

 

Trabajadores sin sueldos

A fecha de hoy, la Administración Valenciana adeuda cerca de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y/o pagar a los proveedores. Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red socio-sanitaria de atención a mayores en esta autonomía.

En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.

En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS),  la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.

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